El vicepresidente lamenta que el Estado siga abandonando a la isla “al no concretar aún el 60% de la reducción del IRPF, ni la aportación de los 100 millones que estaban comprometidos desde 2024”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, resaltó este jueves el compromiso real en materia de inversión que ha realizado el Gobierno de Canarias en La Palma durante este mandato.

Durante su visita oficial a la capital de la isla, en la que también participó el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber, Domínguez departió con el alcalde Asier Antona y otros miembros de la corporación municipal sobre comercio y desarrollo económico. En este sentido, el vicepresidente tomó nota de las peticiones y sugerencias realizadas por el sector comercial de cara a la inclusión de determinadas partidas en los Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2026.

“El Gobierno de Canarias, durante este mandato, ha mantenido un compromiso real e inquebrantable hacia la isla de La Palma. Una situación que, sin duda, contrasta con el abandono al que la ha sometido el Gobierno de España. En estos momentos, sigue sin concretarse la reducción del 60% del IRPF, que depende exclusivamente del Estado, y también hay que recordar que, desde 2024, no ha habido aportación para la recuperación de la isla de esos 100 millones que estaban comprometidos por parte del Gobierno central”, recordó Domínguez.

En este punto, el vicepresidente reiteró el compromiso del Ejecutivo regional “para que, si el Estado no llevaba a cabo dicha inversión, lo haríamos desde el Gobierno de Canarias, en la cuantía de 50 millones que ya estamos realizando, para poder suplir la necesidad que se tiene en La Palma. Una vez más, tenemos que llegar donde no llega el Gobierno de España y en situaciones que, aunque no nos competan, no podemos mirar para otro lado”.

Manuel Domínguez insistió en el esfuerzo inversor realizado en este 2025 por parte del Gobierno regional, con prácticamente 120 millones de euros consignados para La Palma, y también hizo referencia a los 600.000 euros aportados para la Bajada de la Virgen de las Nieves.

También hizo referencia a otros aspectos, puestos en marcha desde el Gobierno de Canarias en este mandato, como la bonificación al combustible para las islas verdes “donde el trabajo conjunto entre Hacienda y Transición Ecológica ha posibilitado una bonificación de 20 céntimos, que es justa, y que, anteriormente, se nos decía que no podía llevarse a cabo”.

Del mismo modo, el vicepresidente indicó que “recibimos muchas críticas cuando creamos la Dirección General de Autónomos, que ha posibilitado que La Palma tenga, en este último año, casi 300 nuevos autónomos y que hayan podido beneficiarse de la cuota cero. La economía, en esta isla, empieza a recuperarse y, de hecho, el desempleo ha bajado casi un 10 por ciento en La Palma desde que llegamos al Gobierno de Canarias”, concluyó.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, agradeció la visita de Manuel Domínguez y aseguró que este Gobierno “tiene un compromiso inversor con la isla y con esta capital como ningún otro en la historia”. Al mismo tiempo, incidió en “la dinamización y la transformación de nuestra ciudad, ya que no podemos quedarnos en el éxito de la última Bajada de la Virgen. Vamos a continuar avanzando, de la mano del sector productivo, para construir nuevas iniciativas”.

Mariano Hernández Zapata, por su parte, comentó cómo está la situación energética con el sector comercial. “Nos hemos puesto al día con cada uno de los proyectos eléctricos que estamos impulsando desde la Consejería de Transición Ecológica para planificar los próximos 30 años con el concurso de las centrales térmicas, la zona de aceleración de renovables y otras inversiones en materia de residuos en la que vamos de la mano con el Cabildo de La Palma”, concluyó.

El Gobierno de Canarias y Cabildo de la isla suscriben un convenio para la reconstrucción del centro, gravemente afectado tras la erupción del volcán

Las obras, financiadas a través de la Consejería de Educación, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, serán ejecutadas por la institución insular para que se desarrollen con la máxima celeridad

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado hoy su deseo de que el nuevo CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, sea un símbolo de la resiliencia y recuperación de La Palma. Esta obra “supone el primer paso para devolver a la comunidad educativa parte de la normalidad perdida”, al tiempo que “simboliza la voluntad de este Gobierno de seguir cumpliendo con familias que sufrieron directamente las consecuencias de la erupción y seguir dando pasos para recuperar aquellos espacios esenciales, como este, en el que se forjará el futuro de sus próximas generaciones”, destacó.

Clavijo hizo estas declaraciones en la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para la reconstrucción de este centro, cuyas instalaciones quedaron inutilizadas tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. El acto, con un carácter simbólico, tuvo lugar en el propio solar del centro y en el participaron, además, el presidente del Cabildo insular palmero, Sergio Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández; y el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas.

El presidente recordó que el compromiso del Gobierno de Canarias “está claro y seguimos trabajando para lograr que el Estado cumpla su parte”. En este sentido, recordó como ya se había completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual, “y seguimos a la espera de poder abonar el coste de las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava, para lo que el Gobierno de España tiene que aportar los 100 millones de euros correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025”, subrayó.

Acuerdo

El acuerdo, firmado hoy, establece que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Educación, financiará íntegramente la obra de reconstrucción del centro, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, mientras que el Cabildo asumirá la licitación y ejecución de los trabajos, con el objetivo de dotar al proceso de la mayor celeridad posible. El proyecto contempla la demolición del inmueble dañado por la lava y la construcción de una nueva infraestructura, compuesta por nueve unidades, que además estarán dotadas de aulas específicas para música, idiomas, pedagogía terapéutica y multisensorial, además de biblioteca, comedor, gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto escolar.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, aseguró que “este convenio supone avanzar en el futuro de La Palma y con la recuperación de uno de sus símbolos más importantes, como es el CEIP La Laguna. Gracias a la colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias damos un paso decisivo para que esta seña de identidad de un barrio pueda volver a acoger al alumnado en un centro reconocido por su excelencia educativa y la calidad de su equipo docente. Es imprescindible que nuestra comunidad siga reforzando lazos, y para ello, necesitamos que el alumnado regrese a su escuela.”

Asimismo, Poli Suárez resaltó que con esta rúbrica “se materializa lo anunciado por este Gobierno durante mi primera visita a la isla, cuando me reuní con familias y docentes que reclamaban recuperar su colegio”. Además, el consejero de Educación recordó que el diseño del proyecto “es fruto de un trabajo conjunto, no solo entre las administraciones, sino que también ha incorporado las aportaciones de la propia comunidad educativa, lo que asegura que el centro responda a las necesidades reales de su alumnado y de su entorno, garantizando, en última instancia la mejora de la calidad en la enseñanza”.

La financiación prevista para esta obra será plurianual, distribuida en tres ejercicios, lo que permitirá avanzar en la reconstrucción con seguridad jurídica y presupuestaria: 500.000 euros este 2025; 2.357.490,45 euros en 2026, y finalmente, 2.357.490,45 en 2027. De este modo, el nuevo CEIP La Laguna se levantará en el mismo solar donde se ubicaba el edificio dañado por la erupción y recuperará su papel como punto de referencia para la vida escolar y vecinal del barrio. La firma del convenio constituye un paso importante en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por el volcán y refuerza la cooperación entre administraciones para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía palmera.

Gobierno y Cabildos acuerdan la financiación para la conservación de las carreteras de interés regional transferidas

El contrato tiene como objetivo garantizar la propuesta técnica actualizada que responda a las necesidades de movilidad en la isla de La Palma

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 25 de septiembre, a las 14:00 horas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, ha sacado a licitación el contrato para la actualización del proyecto de trazado y la redacción del proyecto de construcción de la carretera LP-5, Fase I, en el tramo entre La Caldereta y La Grama, en el acceso al norte de la isla de La Palma.

La actuación, incluida en el Convenio de Carreteras 2018-2027 entre el Estado y Canarias, cuenta con un presupuesto base de licitación de 513.726,87 euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

La actualización del proyecto responde a la necesidad de adaptarlo a la nueva realidad del tráfico en la zona, marcada por el crecimiento de áreas comerciales que han generado un aumento sustancial de los flujos de vehículos y nuevas demandas de movilidad, con el objetivo de avanzar hacia una mejora de la movilidad sostenible en la isla.

Con respecto al procedimiento de adjudicación, será abierto con varios criterios de valoración, sin admisión de variantes ni división de lotes. Además, estará sujeto a regulación armonizada conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

Aquellas empresas que estén interesadas podrán presentar sus solicitudes de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) hasta el 25 de septiembre de 2025, a las 14:00 horas (hora canaria).

La información y documentación necesaria para participar están disponibles en el perfil del contratante de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En un año se han emitido 16 órdenes de pago para un total de 1.415 beneficiarios

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual por el volcán de Tajogaite, en La Palma. Quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares (herencias, localización de propietarios, etc.). Una vez resueltos esos problemas, se abonarán.

Entre julio de 2024, cuando se puso en marcha el primer Plan de Pagos, hasta julio de 2025, desde la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma se han emitido un total de 16 órdenes de pago para abonar las compensaciones por 800 viviendas habituales. Son, en total, 1415 personas beneficiadas.

Para afrontar el pago de las compensaciones, el Gobierno de Canarias ha aportado 50 millones de euros con cargo a los presupuestos autonómicos de 2024 y otros 50 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2025, a lo que se suman 100 millones de euros aportados por el Gobierno de España con cargo a los PGE de 2023, que fueron transferidos en enero de 2024.

Una vez firmada la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevó el volcán, la Consejería de Presidencia inició el pasado 31 de julio en El Paso la retirada de las dos primeras casas de madera ya vacías, y el 19 de agosto empezó con la retirada en Los Llanos de Aridane de las casas contenedor también vacías, proceso que se irá desarrollando a medida que estas viviendas provisionales, propiedad del ICAVI, se vayan desalojando.

A partir de ahora, a través del ICAVI, se dará a las personas allí alojadas un plazo razonable para que puedan ir buscando una solución habitacional propia. Aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, la cuantía no les permita acceder a una vivienda, tendrán la oportunidad de optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas compradas recientemente por el Cabildo de La Palma, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane, que están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.

Desde la Consejería de Presidencia se han transferido 24 millones de euros al Cabildo de La Palma para la construcción o compra de vivienda pública; 28,7 millones al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 euros al Ayuntamiento de El Paso. A esto se suman 22 millones del ICAV también para la construcción de viviendas en la isla. Estas viviendas darán respuesta tanto a personas afectadas por el volcán, como al resto de personas que están inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

Segundas viviendas y fincas

Completadas las compensaciones por las viviendas habituales, el Gobierno de Canarias iniciará en septiembre la tramitación de los expedientes para abonar las compensaciones por las segundas viviendas en 2026 y seguirá reclamando al Gobierno de España que aporte los 100 millones correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025 para poder abonar las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava.

A través del convenio establecido entre la Dirección General de Discapacidad y el Cabildo insular se ha invertido cerca de 200.000 euros destinados al abono de los informes que debe emitir cada profesional

La Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está cualificando a 33 profesionales de la plantilla del Cabildo de La Palma que reforzarán al equipo de valoración del grado de discapacidad con el que cuenta la isla en la actualidad. En concreto, a través del convenio establecido con el Cabildo, el Gobierno ha invertido un total de 198.302 euros destinados al abono de los informes que deben emitir profesionales. Sin embargo, y en aras de garantizar una estabilidad en todo el proceso de valoración, se ha acordado con el Cabildo insular proceder a la cualificación de 15 trabajadoras y trabajadores sociales, además de 18 psicólogas y psicólogos que forman parte del personal del Cabildo, para la realización de las valoraciones del grado de discapacidad en La Palma, en los periodos que sea preciso.

“Esto permitirá que las valoraciones sean continuas, sin que unas vacaciones, una baja o cualquier circunstancia imprevista pueda influir en el ritmo de las valoraciones de cada solicitante, es evidente que cuantas más personas haya formadas, más posibilidades tendremos para atender todas las solicitudes que recibimos con mayor agilidad temporal” asegura la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Gutiérrez, que insiste en que el objetivo es “garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía”.

La directora recuerda los importantes cambios estructurales que está implantando desde el área que dirige, como el refuerzo del personal, la creación de nuevos equipos técnicos de valoración en áreas rurales e islas no capitalinas o medidas innovadoras como la introducción de la Inteligencia Artificial en la gestión inicial de expedientes, en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de Valoración del Grado de Discapacidad.

Dulce Gutiérrez manifestó que el primer compromiso del Gobierno de Canarias en esta legislatura se materializó con la creación de la nueva Dirección General de Discapacidad y, a partir de ahí, “las medidas adoptadas han buscado transformar estructuralmente el sistema, reducir las demoras, optimizar recursos y garantizar una respuesta más ágil, justa y accesible para las personas con discapacidad en el Archipiélago”.

Entre otras acciones, la Dirección General ha emprendido la digitalización total del procedimiento, la incorporación de inteligencia artificial y robotización de trámites, se han reforzado los equipos profesionales en colaboración con FUCAS (Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social), se ha desarrollado una aplicación móvil para la ciudadanía, y se ha tramitado el nuevo Decreto Ley de Gestión de la Discapacidad.

En este año, desde la Consejería se han destinado 4,8 millones de euros a la prevención, integración y autonomía de las personas con discapacidad a través de la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva; otros 3,3 millones a través de la convocatoria de subvenciones por el IRPF; 69.859 euros en subvenciones directas, y otros 2.618.724 euros en subvenciones nominadas para entidades sin ánimo de lucro que se dedican al apoyo familiar de las personas con discapacidad.

Otra actuación dirigida a la mejora de la accesibilidad ha sido la inversión de fondos europeos en la compra de 252 bucles magnéticos para facilitar en los organismos públicos la comunicación a las personas con déficit auditivo y la compra de 76 sillas anfibias que se instalarán en distintas playas de las Islas.

Transición Ecológica avanza en los trabajos para retirar residuos diseminados en los barrancos adyacentes a estos antiguos vertederos de Fernando Porto y Montaña Negra, así como en su correcto sellado, tras verse afectados por lluvias torrenciales registrados a finales del año pasado

Este área ha destinado hasta ahora un total de 2,5 millones de euros en ambos municipios para estas intervenciones, que no solo responden a la emergencia generada por los temporales, sino que forman parte de la estrategia de la Consejería para recuperar espacios degradados en todo el Archipiélago y prevenir futuras incidencias

Las obras de recuperación y sellado definitivo de los antiguos vertederos de Garafía y Puntagorda, impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, avanzan de forma considerable desde su inicio, en mayo de este año.

Estas actuaciones, declaradas de emergencia tras los graves daños ocasionados por varios temporales registrados a partir de diciembre de 2024, suponen una inversión global de 2.571.962,68 euros —2.153.277,68 euros en Garafía y 370.000 euros en Puntagorda—.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, subrayó que “el buen ritmo de estas obras demuestra el compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación ambiental y la seguridad de la isla de La Palma”, apuntando que “desde esta Consejería lideramos esta actuación porque no podíamos mirar hacia otro lado ante esta catastrófica situación”.

“Estamos actuando con rapidez para corregir una situación de alto riesgo ambiental que ponía en peligro nuestros barrancos y entornos naturales, y lo hacemos pensando en el presente, pero también en la prevención futura, ya que se trata de proteger el patrimonio natural de Canarias”, aseguró Zapata.

En Garafía, los trabajos se centran en la retirada de residuos arrastrados por las lluvias hasta una distancia de 2 kilómetros y el sellado definitivo del vertedero, incluyendo la construcción de un muro para proteger el cauce del Barranco de Fernando Porto, además de la mejora de accesos. El alcalde del municipio, José Ángel Sánchez, destacó “la implicación constante de la Consejería y la rápida respuesta que ha permitido actuar con eficacia en un problema que ponía en serio riesgo nuestro entorno. Es una inversión muy importante para la recuperación ambiental y para la seguridad ecológica del entorno natural que rodea el vertedero ubicado en nuestro municipio”.

En Puntagorda, la intervención consiste también en la retirada masiva de residuos dispersos en el barranco adyacente al antiguo vertedero de Montaña Negra y en la corrección del sellado, así como en la mejora de pistas de acceso para canalizar aguas y facilitar las labores de recogida y encapsulamiento. El alcalde, Vicente Rodríguez Lorenzo, valoró “la rapidez y el compromiso del Gobierno de Canarias para dar una solución urgente a un problema generado por unas lluvias sin precedentes en nuestra zona. Seguiremos colaborando con todos los medios municipales disponibles para garantizar que esta actuación se complete con éxito y que nuestra actividad agrícola y ganadera no se vea afectada”.

Zapata recordó que “estas obras no solo responden a la emergencia generada por los temporales, sino que forman parte de la estrategia de la Consejería para recuperar espacios degradados en todo el Archipiélago y prevenir futuras incidencias que generen daños ambientales en la zona. Con esta inversión, estamos cerrando una deficiencia histórica en la gestión de residuos en la isla y protegiendo nuestros recursos naturales frente a los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático”, explicó.

Además, señaló que todos los residuos recogidos en estas intervenciones serán depositados nuevamente en los vertederos de procedencia salvo aquellos clasificados como peligrosos.

Las estructuras, propiedad del ICAVI, serán utilizadas en futuras emergencias

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, en coordinación con el ICAVI, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma, ha iniciado hoy la retirada de las primeras casas contenedor ya vacías. Varias de estas estructuras, propiedad del ICAVI, serán destinadas a petición del Cabildo de La Palma a ubicar el futuro centro de control y vigilancia de gases para la zona de Puerto Naos y La Bombilla, que forma parte de la emergencia volcánica; el resto serán utilizadas para futuras emergencias en Canarias.

La Consejería inició el pasado 31 de julio en El Paso la retirada de las viviendas provisionales y continuará con el proceso, tanto en El Paso como en Los Llanos de Aridane, a medida que las casas contenedor y de madera vayan quedando vacías, una vez que ya se ha firmado la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevó el volcán. Quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares (herencias, localización de propietarios, etc.). Una vez resueltos esos problemas, se abonarán.

Algunas de las casas contenedor y de madera ya han sido desalojadas por las personas que han cobrado el valor de la propiedad que perdieron. A partir de ahora, a través del ICAVI, se dará un plazo razonable para que el resto de las personas todavía alojadas puedan ir buscando una solución habitacional propia.

Aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, la cuantía no les permita acceder a una vivienda, tendrán la oportunidad de optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas compradas recientemente por el Cabildo, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane, que están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.

El proyecto incluye una plaza y zona de aparcamiento con capacidad para 100 vehículos

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la alcaldesa accidental de Santa Cruz de La Palma, Yéssica Pérez, cerraron hoy el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para el proyecto del Palacio de la Justicia de Santa Cruz de La Palma. El acuerdo contempla la cesión por parte del Consistorio de una parcela de 2652 metros cuadrados en la entrada sur de la capital para que el Gobierno de Canarias construya un palacio de justicia con una plaza aledaña y una zona de aparcamiento con capacidad para 100 vehículos. Se contempla, además, la posibilidad de que el ayuntamiento amplíe la superficie cedida si lo requiere el proyecto.

En la firma del acuerdo estuvieron también el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y los concejales Juan José Cabrera, Juan Guerra y Jesús Pérez.

Nieves Lady Barreto anunció que “con el suelo ya cedido formalmente por el ayuntamiento, desde la Consejería empezaremos a tramitar la licitación para la redacción del proyecto del Palacio de Justicia, la plaza y el aparcamiento”. El proyecto inicial del edificio principal tiene un coste estimado de 10 millones de euros, a falta de añadir el presupuesto del resto del complejo.

Por su parte la alcaldesa accidental, Yéssica Pérez, agradeció “esta apuesta de envergadura del Gobierno de Canarias para que el desarrollo de Santa Cruz de la Palma no se frene y que sigamos sumando infraestructuras y servicios”.

Nieves Lady Barreto adelantó que, a partir de ahora, se empieza a trabajar para licitar la redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución y que se hará de forma conjunta para ahorrar tiempo.

La consejera también agradeció al Ayuntamiento todos los esfuerzos realizados para desbloquear los trámites técnicos e informó de que ahora comienza una nueva tarea con una mesa técnica, con técnicos de la Consejería y del Consistorio, que se podrá en marcha para que todo el conjunto, que se sitúa en la entrada de la ciudad, sea acorde con la zona, el entorno y emblemático para la ciudad.

Es la la cuarta oficina conjunta de información y atención presencial de la isla para facilitar los trámites y el registro de solicitudes de los servicios públicos

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, señaló que con la apertura de la oficina de información y atención presencial en Tijarafe se avanza en el objetivo de hacer accesibles los servicios públicos en todas las islas y se da un impulso a la mejora de la atención presencial en La Palma. “Tanto el Gobierno de Canarias como los Cabildos insulares estamos comprometidos con la calidad en la prestación del servicio de atención a la ciudadanía, evitando que la brecha digital o la dispersión geográfica sean un impedimento para la atención a las personas y el ejercicio de sus derechos”, dijo.

Nieves Lady Barreto inauguró la nueva oficina conjunta del Gobierno con el Cabildo, junto al presidente de la Corporación Insular, Sergio Rodríguez y la alcaldesa, Yaiza Cáceres. Durante el acto, la consejera agradeció la voluntad del ayuntamiento para adecuar el espacio necesario donde ubicar la oficina, también al Cabildo por costear al personal, y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios públicos de esta Consejería por su labor de coordinación entre las administraciones.

Con Tijarafe son cuatro oficinas en La Palma, sumando las ubicadas en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces. La actividad en 2024 que superó las 10.400 atenciones.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, manifestó que esta oficina refuerza la estrategia del Cabildo por “descentralizar los servicios y acercar la Administración a los ciudadanos para que tengan las mismas oportunidades”, como ya han hecho en los municipios más alejados como Fuencaliente, Los Sauces y Puntagorda.

Por su parte, la alcaldesa de Tijarafe mostró su satisfacción por la puesta en marcha de la oficina en su municipio porque “da respuesta a una demanda histórica de la comarca y facilitará la vida a los vecinos y vecinas”, evitando desplazamientos para hacer los trámites con la Administración.

Como explicó Nieves Lady Barreto, la oficina conjunta es un punto de atención integral de ambas administraciones a la ciudadanía en la que se prestan servicios de información, orientación y asistencia. Además, permite el registro de solicitudes dirigidas a cualquier administración pública y trámites de respuesta inmediata como son las licencias de pesca, tarjeta de discapacidad, duplicado del carné de familia numerosa o certificados, entre otros.

La consejera añadió que estas oficinas son el resultado de los convenios de colaboración con los Cabildos de las islas no capitalinas en el marco del principio de cooperación, especialmente importante en un territorio fragmentado en el que coexisten diversas administraciones públicas.

Junto a esta oficina de Tijarafe y la que se abrió en La Graciosa el año pasado, ya son 12 las que operan en las islas no capitalinas de forma conjunta.

La corporación insular acumula anuncios inconexos y carentes de diagnóstico, mientras el campo palmero sufre abandono, precariedad e ineficiencia hídrica

Sara Hernández, portavoz de Drago Canarias en La Palma: “No basta con repartir dinero, necesitamos una estrategia construida con el sector, pensada para quienes trabajan la tierra”

Drago Canarias en La Palma denuncia la ausencia de planificación estratégica por parte del Cabildo Insular con respecto al sector primario y la gestión del agua en la isla. Esta reacción se produce tras el anuncio de varias actuaciones institucionales que “lejos de mostrar una hoja de ruta clara reflejan una gestión basada en la improvisación, el marketing político y el despilfarro público”, aseguró la portavoz de Drago Canarias en La Palma, Sara Hernández.

Por un lado, el Área de Agricultura, Ganadería, Pesca, Bienestar Animal y Soberanía Alimentaria ha anunciado ayudas por valor de 80.000 euros para promoción en ferias, 201.500 para producción agroindustrial y apenas 24.000 para recuperar tierras en abandono. Por otro lado, el Consejo Insular de Aguas impulsa una obra de emergencia de más de seis millones de euros para ampliar el túnel de trasvase, con el objetivo de mejorar la calidad del agua en el Valle tras la erupción volcánica de 2021.

Para Drago Canarias, estos anuncios responden a un modelo agotado que sigue operando desde la lógica del clientelismo, priorizando la imagen por encima de la necesidad de una transformación profunda. “No basta con repartir dinero, necesitamos una estrategia construida con el sector, pensada para quienes trabajan la tierra y comprometida con que en La Palma podamos producir y alimentarnos dignamente”, afirmó Hernández.

En este sentido, la portavoz de Drago Canarias en La Palma advirtió de que “se sigue actuando a golpe de parche, sin planificación, sin diálogo con el campo y sin voluntad de cuestionar los privilegios de siempre” y señaló que, mientras tanto, “la ciudadanía y quienes trabajan la tierra son quienes sufren las consecuencias y pagan el precio de esta falta de estrategia”.

Las ayudas sin rumbo no salvan el campo

Las ayudas anunciadas por el Cabildo de La Palma vuelven a evidenciar la falta de una estrategia real para garantizar el futuro del campo palmero. Son medidas fragmentadas, sin diagnóstico previo ni conexión entre sí, que no responden a los problemas estructurales que enfrenta hoy el campo palmero.

No han sido diseñadas desde el diálogo con quienes viven de la agricultura ni responden a los retos clave del sector: acceso a la tierra, relevo generacional, rentabilidad, uso sostenible del agua o diversificación de cultivos. En lugar de una planificación a medio y largo plazo, el Cabildo sigue optando por repartir pequeñas partidas que funcionan como parches, muchas veces más simbólicas que transformadoras.

“En Drago Canarias creemos que el problema no es únicamente el importe de las ayudas, sino su desconexión de una política pública coherente y valiente. Mientras el consejero se pasea por ferias y cuelga fotos promocionando productos locales (cada vez más escasos), el sector sigue esperando respuestas reales. No basta con asignar fondos puntuales, sino que hay que construir con el sector una visión común para el campo palmero, y eso no se está haciendo”, lamenta Hernández.

Obras millonarias para no hablar de lo importante

La otra cara del problema es la gestión del agua. La obra del túnel de trasvase, cuyo objetivo es mejorar la calidad del agua en el Valle tras la erupción del volcán, se presenta como urgente tras dos años de inacción institucional, pese a que los efectos de los gases volcánicos en el agua subterránea se conocían desde 2021.

“¿Por qué no se plantea si esa mejora podría lograrse con una gestión más eficiente del agua que ya usamos? ¿Por qué no se actúa sobre el desperdicio o las pérdidas antes de invertir millones?”, cuestiona Hernández.

En La Palma, el 80 % del agua se destina al cultivo de platanera, y buena parte de ella se gestiona de forma ineficiente por, entre otros aspectos, la rigidez de los turnos de riego impuestos por comunidades y heredamientos.

“Una flexibilización en las dotaciones permitiría ahorrar hasta un 30 % del agua que se consume actualmente”, explica Hernández. “Bastaría con adaptar las dulas a las necesidades reales de la planta: más frecuencia y menos cantidad, y con más inversión se podría dar el salto al riego por goteo, que es el sistema más eficiente, pero claro, eso implicaría abrir el melón del modelo actual de gestión del agua y al parecer el Cabildo no está dispuesto a tocar a los intocables”.

Pese a ello, el Consejo Insular de Aguas ha preferido celebrar que los embalses “casi duplicaron” su almacenamiento en julio respecto al año anterior. Sin embargo, la realidad es que las balsas están apenas al 42  % de su capacidad, que en zonas como Fuencaliente se han impuesto recortes del 35  % desde hace semanas y que en la zona alta de El Paso llevan veinte días sin poder regar.

“No hay planificación, ni transparencia, ni control, ni voluntad de cambiar el modelo, lo que sí hay, y en abundancia, es propaganda. Mientras los cultivos se secan, el Cabildo celebra cifras que maquillan la realidad y los agricultores siguen esperando una política hidráulica seria, democrática y eficaz”, concluye Hernández.