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Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo
El Gobierno autonómico expone en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife que la llegada de menores migrantes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 587 en 2019 a 7.398 en 2023. El Ejecutivo pide a todas las autonomías que se sumen a la reforma de la Ley de Extranjería y recoge sus aportaciones a la propuesta consensuada entre las islas y el Estado
El Gobierno de Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus costas. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, explicó en su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Tenerife y en la que han participado las comunidades autónomas, el incremento exponencial de llegadas que se ha producido desde 2019 y que ha saturado el sistema autonómico de acogida.
“En 2019 año llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario. Las competencias en materia de Infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta. Por ello, pedimos a las comunidades autónomas unidad para afrontar esta situación como país del primer mundo que es consciente de que el fenómeno migratorio es una realidad con la que tenemos que convivir”, precisó.
En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado: “Hoy es Canarias la puerta de entrada para miles de niños, niñas y adolescentes, pero mañana puede ser otra comunidad autónoma. Tenemos que trabajar unidas para darles la mejor atención a estos menores, siempre en colaboración con Europa. Si no lo hacemos, estaremos fallándoles a ellos, pero también a nosotros mismos y a los valores europeos. Por ello, es prioritario que el texto de reforma de la Ley de Extranjería que ha trabajado el Gobierno canario con el Estado se tramite como real decreto ley y que, una vez llegue a las Cortes, continúe su proceso, momento en el que podrían ser añadidos los matices o apreciaciones de los distintos grupos parlamentarios”.
La Conferencia Sectorial, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, fue convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia y contó con la participación del Gobierno de Canarias y representantes del área de Infancia y Juventud de las distintas comunidades autónomas. El Ejecutivo canario había solicitado al Ministerio que se celebrara en el archipiélago para que los responsables autonómicos de Infancia pudieran conocer en detalle la propuesta de reforma legislativa y, al mismo tiempo, la realidad de estos menores. Para ello, de manera previa a la celebración de la Conferencia Sectorial se llevó a cabo una visita a uno de los centros que se encuentran abiertos en las islas para atender a estos niños, niñas y adolescentes.
El primer punto del orden del día de la Conferencia Sectorial consistió en la exposición de la propuesta consensuada entre el Gobierno de Canarias y el Estado para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En ese punto, las comunidades hicieron sus apreciaciones de cara a que sean tenidas en cuenta cuando se tramite en el Congreso de los Diputados. Canarias cuenta en estos momentos con unos 5.500 menores migrantes tutelados, una cifra inferior a la de llegadas por las mayorías de edad cumplidas o decretadas a migrantes que inicialmente se declararon como menores y eran adultos. La propuesta que se ha acordado con el Ministerio es que el archipiélago acoja a un máximo de 3.000 y el resto sean derivados a otras comunidades autónomas.
Desde que empezó la legislatura, Canarias ha abierto 50 centros nuevos para atender a menores migrantes, lo que ha supuesto que se haya pasado de 30 a 80 dispositivos.
En segundo lugar, se acordó el reparto de menores migrantes no acompañados por el territorio español correspondiente a 2024, así como la distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas y a la Ciudad de Ceuta, a excepción del País Vasco y Navarra, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 20 millones de euros. Desde 2021 las comunidades autónomas han acordado en diferentes conferencias sectoriales la derivación de menores migrantes que están bajo tutela del Gobierno canario a otras comunidades autónomas.
El acuerdo alcanzado contempla el traslado de un total de 400 personas migrantes menores (300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y 100 menores tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta).
“Valoramos el acuerdo alcanzado, pero hay que recordar que la presión para Canarias, con más de 5.500 menores acogidos en una red de 80 dispositivos de emergencia, sigue siendo insostenible”, afirmó Delgado. “Seguimos sin encontrar recursos ni inmuebles en los que poder ubicar a estos chicos con las garantías de seguridad y salubridad que se merecen. Estamos hablando de menores y, por tanto, son sujetos de protección, y nosotros, como administración, estamos obligados a velar por su bien superior por encima de otras consideraciones. Por ello, seguimos reivindicando la reforma de la Ley de Extranjería, que es la forma de que la corresponsabilidad se instaure por ley. De esta manera, en Canarias quedarían siempre un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados y el resto serían derivados a otros territorios”.
Delgado insistió en que las dificultades para encontrar instalaciones en las que brindar una acogida digna a estos chicos y chicas es muy preocupante ya, pero más aún si se tienen en cuenta las previsiones futuras. “Se estima que la llegada de niños y niñas hasta las costas canarias en pateras y cayucos en los próximos meses pueda ser de 11.000 menores más. Estamos en una situación absolutamente crítica”.
El traslado y distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas españolas cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Parlamento canario -excepto de Vox-, de la Federación Canaria de Islas, de la Federación Canaria de Municipios y de las entidades dedicadas a la atención de la infancia.
Clavijo confía en que la posición común de Canarias para distribuir a los menores sea decisiva para el acuerdo
El presidente no concibe el fracaso de la Conferencia Sectorial de Infancia, “porque fracasaríamos como sociedad y los esfuerzos de los canarios, y su solidaridad, serían en balde”
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó hoy en la sesión de control del Parlamento, su confianza confía que la posición común de Canarias, rubricada ayer tras la reunión del Gobierno con los partidos políticos, cabildos, municipios y entidades del tercer sector, “hará posible el acuerdo de la Conferencia Sectorial para la distribución de menores”.
Ante este paso adelante, Clavijo quiso agradecer a todas las instituciones haberse adherido al acuerdo, que “confiamos, sea atendido por el resto de territorios”. No se trata “de un acuerdo de este Ejecutivo ni del Estado, ni siquiera de una fuerza política, es el acuerdo de los más de 5.500 niños y niñas que esperan una oportunidad en centros colapsados y que no tienen más capacidad de acogida”.
En el caso de que no se llegara a un acuerdo, como le plantearon los grupos de AHI y ASG; “habríamos fracasado como sociedad, y la solidaridad y los esfuerzos de la sociedad canaria no tendrían respaldo y la situación se agravaría”, advirtió. La situación sería tan grave que “tendríamos que advertir al Estado, la Fiscalía, a la Unión Europea, a la Delegación del Gobierno de España de nuestra incapacidad para atender a los menores y estaríamos dejando tirados a los más débiles entre los débiles”.
Clavijo recordó que “tenemos la obligación de dar respuesta a los niños que llegan a las islas, principalmente por humanidad, muchos de ellos ven como sus padres o madres mueren en alta mar y los tienen tirar por la borda; ¿en qué situación llegan estos niños, quién puede negarles un trato digno? Para el presidente, “ha habido una dejación histórica en las competencias en materia de cooperación con los países de África por parte de La Unión Europea y de España, pero ahora, en este momento, tenemos que dar una respuesta conjunta, porque Canarias no puede seguir afrontando esta situación sola”.
“Hay que dar respuesta a la realidad actual. Mientras, seguiremos insistiendo en que se cumplan los tratados internacionales y se mejore la cooperación con los países origen, sin dejar sola a Canarias en la atención de más de cinco mil menores”, aseguró.
Acuerdo
El presidente de Canarias destacó la importancia de contar con un texto avanzado para la modificación de la Ley de Extranjería, que haría posible el reparto, “cuyo recorrido ha sido duro y largo y en el que todos los partidos y comunidades autónomas han podido participar”.
En este sentido, hizo referencia a las reuniones que mantuvo con todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, porque “es muy importante que el acuerdo sea aceptado por una mayoría amplia para garantizar que se lleve a la práctica, no puede quedarse solo en el papel”. “Nos enfrentamos a un problema humanitario que se responde desde el corazón no desde la política y los intereses electorales o territoriales”, insistió el presidente.
Canarias se une en un “frente sin precedentes” para reclamar soluciones a la crisis de los menores no acompañados
Todas las instituciones públicas, entidades del tercer sector y fuerzas políticas, salvo Vox, conminan al conjunto del Estado a “garantizar la solidaridad con una distribución equitativa” de los niños y niñas que llegan a las islas
El presidente de Canarias advierte que de no salir un acuerdo en la Comisión Intersectorial de Infancia del miércoles la situación en las islas “será insostenible”
Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, a excepción de Vox, y entidades del tercer sector hicieron este lunes un “frente sin precedentes” en defensa del acuerdo para la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas y que será debatido en la Comisión Sectorial de la Infancia que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife este miércoles.
De esta forma, medio centenar de representantes públicos, políticos y sociales respaldaron el acuerdo impulsado por el Gobierno de Canarias junto al Gobierno del Estado y presentado a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados el 25 y 26 de junio “para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores; y reclamen el apoyo y su aprobación por parte del Gobierno de España y la Cortes Generales”.
En definitiva, el frente canario apoyó la propuesta presentada a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados el 25 y 26 de junio “para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores; y reclamen el apoyo y su aprobación por parte del Gobierno de España y la Cortes Generales”.
Asimismo, con la firma de hoy “se suman, además, a todas aquellas iniciativas que se emprendan por parte del Gobierno de Canarias para garantizar dicha distribución y asegurar debidamente la protección del interés superior de los menores”.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló al término del encuentro que “Canarias acaba de demostrar que solo tiene una voz en la gestión migratoria” y abogó por que “esa voz sea escuchada y atendida por el resto de Comunidades Autónomas, por el Estado y por la Unión Europea”.
El presidente Clavijo clamó, junto a todas las instituciones, fuerzas políticas y entidades del tercer sector por “un acuerdo que esté a la altura de la peor crisis humanitaria de España y de la Unión Europea”. Al respecto, señaló “se lo debemos a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas y también a un territorio que ha demostrado con creces ser una tierra solidaria y que tiene sobre sus espaldas todo el peso de la Frontera Sur de España y de Europa”.
El jefe del Ejecutivo canario subrayó que el próximo miércoles -durante la Comisión Intersectorial de Infancia- “lo que está a prueba es si somos un país capaz de dar respuesta a una crisis humanitaria o si seguimos viviendo de espaldas al fenómeno migratorio dejando sola a Canarias”.
Precisamente, en este contexto el presidente Clavijo reconoció durante el encuentro la “gravedad” de la situación con una red de acogida “totalmente desbordada y que no tiene capacidad para seguir incrementando plazas de acogida. Canarias -señaló- ha llegado a su techo y este acuerdo es la única respuesta para garantizar que estos niños y niñas tengan un presente y un proyecto vital”.
Reconocimiento
Asimismo, el presidente de Canarias trasladó su agradecimiento a Cabildos, ayuntamientos, representados en la reunión por la Federación Canaria de Municipios, FECAM, fuerzas políticas y entidades del tercer sector por “estar arrimar el hombro junto al Gobierno de Canarias en la gestión migratoria, hoy una vez más al suscribir este acuerdo que, confiamos, sea atendido por el resto de territorios porque no es el acuerdo de este Ejecutivo ni del Estado, ni de una fuerza política, es el acuerdo -incidió- de los más de 5.500 niños y niñas que esperan una oportunidad en centros en Canarias que están colapsados y que no tienen más capacidad de acogida”.
Al encuentro, presidido por el presidente, Fernando Clavijo, también asistió el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, José María Riestra, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Por parte de los Cabildos rubricaron el acuerdo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Gran Canaria, Antonio Morales, de La Palma, Sergio Rodríguez, de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Fuerteventura, Lola García, de El Hierro, Alpidio Armas y el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes.
Asimismo, los 88 ayuntamientos canarios estaban representados por la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, Mari Brito, los vicepresidentes, Ana Dorta, Armando Raúl Dorta y Rosa María Chinea, y el vocal del Comité Ejecutivo de la FECAM, Francisco Atta. En cuanto a los grupos parlamentarios asistieron a la reunión el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, del Partido Popular, Luz Reverón, del Partido Socialista, Sebastián Franquis, de Nueva Canarias, Luis Campos, de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, del Grupo Mixto, Raúl Acosta, y del Grupo Vox, Paula Jover, único grupo que declinó suscribir el acuerdo.
Dieciséis entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de los menores no acompañados rubricaron el acuerdo para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería a excepción de UNICEF y ACNUR que no firmaron por formar parte de Naciones Unidas, y Save the Children y Cruz Roja, que no lo hicieron al no estar presentes en la reunión los representantes legales de estas dos entidades, no obstante, las cuatro ongs mostraron su respaldo total al documento. El resto de entidades fueron Cruz Blanca, Nuevo Mundo, Nuevo Futuro, Quorum, SAMU, Coliseo, ASPROINFA, FEPAS, Siglo XXI, ACCEM, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fundación CEPAIM.
Acuerdo
La base de acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería acordado entre el Gobierno de Canarias y el Estado reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla. En la situación actual supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
Canarias propone un protocolo para atender a menores migrantes y crear un banco de familias acogentes en Europa
Candelaria Delgado mantuvo un encuentro con el director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo en la Dirección general de Migración y Asuntos del Interior de la Comisión Europea
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, presentó en Bruselas un protocolo con 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante durante un encuentro que mantuvo con el director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo en la Dirección general de Migración y Asuntos del Interior de la Comisión Europea, Michael Shotter. La consejera planteó que debe adoptarse un marco común de atención y protección a la infancia no acompañada que vele por sus derechos en todo el territorio europeo y puso el acento en la necesidad de crear un banco europeo de familias acogentes que “mejore la integración de menores extranjeros no acompañados y pueden salir de las instituciones”.
La consejera contextualizó la presentación de este borrador del protocolo canario “en el marco de la implementación del Pacto de Inmigración y Asilo, una propuesta de la Comisión Europea para todos los países y donde cada país tendrá que hacer su plan de implementación nacional”. “Ha tenido muy buena acogida por parte del director general de Migraciones de la Comisión Europea porque las medidas van en la línea que están abordando para la implementación del pacto y porque comprenden que creación de una red de recursos de primera acogida debe ser estable y cubrir todas la necesidades de niños y niñas que llegan”.
Como detalla el documento presentado como base para negociar un protocolo común, “es necesaria la voluntad política por parte de los gobiernos de diferentes tendencias para mejorar y establecer nuevas herramientas de política pública en la atención a menores”.
Las 18 medidas que Canarias propone a Europa son: crear una red de recursos de primera acogida en zonas fronterizas; la habilitación de fondos de financiación comunitarios y plurianuales; la declaración de la emergencia social en territorios fronterizos; agilizar la determinación de la mayoría o minoría de edad así como dotar de los medios necesarios para realizarse; la atención a la diversidad; la atención a la salud mental con enfoque de infancia y culturalmente competente; la creación de itinerarios formativos para niñas y niños extranjeros; la creación del banco de familias de acogida; la formación especializada para detección y actuación en violencia sexual; cobertura jurídica a los niños y niñas; la creación de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de formación a personal en materia de atención a la infancia; plan de retornos con garantías; un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE; ayuda oficial al desarrollo (AOD) con perspectiva en materia de infancia y juventud; sistema integral de información; plan contra el racismo y la xenofobia; la creación de mecanismos de identificación y por último, el acompañamiento a las víctimas.
La consejera mantuvo este encuentro coincidiendo con su desplazamiento a Bruselas para intervenir en el Consejo de la UE de Educación, Juventud, Cultura y Deporte como portavoz de todas las comunidades autónomas.
Gobierno de Canarias y Estado ultiman el acuerdo para la distribución de los menores no acompañados
Ambos Gobiernos se emplazan a definir en los próximos días si la fórmula se hará vía real decreto ley, como reclama el Gobierno de Canarias, o proposición de ley, como propone el Estado
La reforma solo afectará a los territorios en situación de emergencia migratoria, es decir, en estos momentos a Canarias, Ceuta y Melilla
El acuerdo permitirá la distribución de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses
El presidente de Canarias trasladará en los próximos días a los representantes del Pacto de Migración el acuerdo
Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado ultimaron este lunes el acuerdo para la distribución de los menores no acompañados entre todos los territorios y se emplazaron a definir en un plazo de 15 días la fórmula si será vía real decreto ley como defiende el Gobierno de Canarias, que podría resolver en el plazo de un mes el colapso de la red de acogida en las islas que alberga ahora mismo a 5.477 menores, o proposición de ley como propone el Estado, y que alargaría la situación mínimo tres meses.
Esta precisamente es una de las diferencias que mantienen ambos Gobiernos, según trasladó el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida hoy con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que también intervinieron vía telemática, las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, así como, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que defendió la figura del real decreto ley que “permitiría sacar adelante la reforma en un tiempo menor y nos va a permitir tener a los niños y niñas mejor atendidos y más protegidos, que es el objetivo que no debemos perder de vista”.
El acuerdo alcanzado hoy entre ambos Gobiernos se aplicará solo a los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, es decir, en estos momentos a Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que sí se ha confirmado es que en todo caso supondría la salida de las islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio es cuando supere en un 150 % su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otra comunidad autónoma. Esta precisamente es otra de las diferencias que mantienen Gobierno de Canarias y Estado, el primero defiende que ese traslado sea en un plazo máximo de quince días, mientras que el Ejecutivo estatal propone que sea en un plazo de tres meses.
La tercera diferencia entre ambas administraciones radica en el procedimiento de asignación una vez el menor es acogido. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió que el Estado “realice esa asignación junto a la tutela a la comunidad autónoma que le corresponda desde un primer momento”, tal y como se ha defendido también en el seno del Pacto por la Migración.
En los próximos 15 días deberían quedar resueltas estas tres diferencias. Al respecto, el presidente canario valoró “la voluntad de llegar a acuerdos, lejos del ruido de Madrid se ha impuesto el modo canario para dar respuesta al drama humanitario que vive Canarias y garantizar un presente y un proyecto de vida a los menores que llegan a Europa a través de las islas”, concluyó.