Un emotivo homenaje a los desaparecidos se llevará a cabo este sábado en el Pozo del Puente, con ofrenda floral y la intervención de Pino Sosa Sosa

El domingo, el Pozo del Barranco de Tenoya acoge otro emotivo tributo a las personas desaparecidas, organizado por la Asociación de Vecinos Atis

La Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) da inicio a las jornadas Los Pozos del Olvido, un ciclo de actos conmemorativos que se celebrarán hasta el 11 de abril de 2025.

Esta iniciativa busca recordar a las personas desaparecidas durante la dictadura, promoviendo la reflexión sobre la memoria histórica y la justicia social.

Este sábado 22 de marzo, a las 11:00 h., tendrá lugar un homenaje en el Pozo del Puente de Arucas, situado junto al Cementerio Municipal. Durante este acto, se rendirá tributo a los desaparecidos con una ofrenda floral, que será colocada en memoria de quienes sufrieron la represión. En el evento intervendrá Pino Sosa Sosa, presidenta de la AMHA, quien destacará la importancia de preservar la memoria colectiva para evitar que el olvido predomine.

El homenaje continuará el domingo 23 de marzo, también a las 11:00 h., en el Pozo del Barranco de Tenoya, bajo el puente que da nombre al lugar. En esta ocasión, la Asociación de Vecinos Atis (San Francisco Javier – Arucas) será la encargada de organizar este acto de homenaje, en el que se llevará a cabo otra ofrenda floral en honor a los desaparecidos.

Estas jornadas son una oportunidad para reflexionar sobre los hechos históricos que marcaron la vida de muchas familias en nuestro municipio, manteniendo viva la memoria de quienes lucharon por la libertad y la justicia.

AMHA cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arucas, Cabildo de Gran Canaria y AAVV Atis Tirma de San Francisco Javier.

El proyecto, con un coste de 170.000 euros, incluye la búsqueda de represaliados y el acondicionamiento del entorno del pino como lugar de reconocimiento

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se ha reunido en Madrid con el ministro Ángel Víctor Torres para abordar varios asuntos en materia de memoria histórica. Ambos responsables han acordado la firma de un protocolo y un convenio de colaboración para asumir de manera conjunta la excavación completa de la parcela del Pino del Consuelo, en Fuencaliente.

El coste de los trabajos de excavación y del acondicionamiento del entorno del pino como lugar de reconocimiento de memoria histórica se ha calculado en 170.000 euros, de los que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aportará 100.000 euros y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, 70.000.

“Es una parcela de gran tamaño en la que se han venido haciendo excavaciones puntuales desde 1994, cuando se encontraron los primeros restos humanos. Tanto el ministro Torres como yo coincidimos en que, tras 30 años de trabajos parciales, urge asumir un proyecto completo para toda la zona”, explica la consejera.

“El paso del tiempo está poniendo en riesgo una parte fundamental de la memoria histórica, que es reparar el daño moral de las familias de los represaliados. Es por eso que hemos decidido asumir un proyecto completo, que incluye, además, la adecuación del entorno del Pino del Consuelo como lugar de reconocimiento, para lo que invitaremos también a incorporarse a este convenio al Ayuntamiento de Fuencaliente, que ya tiene un proyecto redactado, y al Cabildo de La Palma”.

Pino Sosa, presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, tuvo que esperar casi 81 años para poder encontrar a su padre. José Sosa Déniz, latonero y vecino de Arucas, fue arrancado de su casa en 1937, a los 33 años y arrojado al pozo de Tenoya

El suyo fue el primer ADN identificado en 2018, tras las excavaciones financiadas por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. La Casa-Museo León y Castillo de Telde propone un encuentro con una de las protagonistas de la historia cultural de Canarias a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI. El ciclo ‘Mas que musas’ recibe a Pino Sosa Sosa el día 26 de octubre, a las 19:00 horas, en el centro museístico teldense. La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo.

A través de estas charlas entre una periodista, (en este caso, Carmen Delia Aranda, redactora del periódico Canarias7), y una invitada, (en octubre, Pino Sosa), ‘Más que musas. Mujeres de la cultura en Canarias’ quiere poner de relieve el papel jugado por las mujeres del archipiélago en ámbitos como la música, la poesía, la danza, el periodismo, la literatura y las artes visuales.

La hija del latonero

María del Pino Sosa Sosa nace en Arucas, en el barrio de las Chorreras, el 25 de enero de 1937. Los hechos acontecidos tras el Golpe de Estado de 1936 marcarían enormemente su vida. Su padre, José Sosa Déniz, era hojalatero. Lo detuvieron y se lo llevaron al campo de concentración de Gando. Su madre, Balbina Sosa Batista, iba a verlo, embarazada de ella. Llegaba hasta allí caminando desde Las Chorreras con otras mujeres en similar situación.

El 25 de enero 1937 nació Pino; el 10 de marzo dejaron a su padre en libertad, porque no había causa contra él, pero el 19 llegó a su casa un grupo de falangistas y se lo llevaron para siempre.

La madre de Pino Sosa nunca quiso firmar nada ni dar por buena el acta de defunción de su marido. "Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba", decía Pino que afirmaba su madre. Ante los jueces del Tribunal Supremo que juzgaron al juez Baltasar Garzón por abrir una causa contra el franquismo, Pino Sosa describió que el día en que se llevaron a su padre "nos quitaron el pan y la sal".

Antes del golpe de Estado del 23-F, el de Tejero, Pino Sosa ya se había atrevido a decir en el pleno del Ayuntamiento de Arucas, donde fue concejala (entre 1983-1987, con el PSOE), que quería abrir los pozos. Familiares de los desaparecidos, escritores e historiadores ya llevaban años recopilando información sobre los mismos. La primera denuncia que se presentó ante la Audiencia Nacional contenía los nombres de más de 500 desaparecidos, solo de Canarias. Desde entonces la lista ha crecido bastante.

"Todos los desaparecidos del franquismo son ahora mis padres”, llegó a declarar Pino Sosa. “Vamos a seguir buscándolos, la lucha sigue, todavía nos faltan muchos demócratas por encontrar", dijo la aruquense.

En 2003, con su prima Balbina Sosa y un grupo de familiares de desaparecidos, personas simpatizantes y voluntarias se convierte en una de las fundadoras de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), de la que es nombrada Presidenta, hasta la actualidad. La AMHA es la segunda asociación en crearse en España y una de las más importantes en llevar adelante la Ley de Memoria Histórica. Es, sin lugar a dudas, el colectivo más importante en Canarias para impulsar la lucha por la búsqueda de las personas desaparecidas en la Guerra Civil, además del rescate de los cuerpos de los desaparecidos en los llamados ‘Pozos del Olvido’.

Al fallecer su madre, con la que siempre había vivido, le hace la promesa de que no pararía de buscar a su padre hasta encontrarlo para darle justa sepultura. Todos estos años han sido una constante en la búsqueda de datos sobre su padre y los desaparecidos. En 2008 se encontraron 24 cadáveres en el Llano de Las Brujas, y en el 2017 se hallan los restos de su padre en el pozo de Tenoya junto a los de otras 14 personas. Ella siempre dice que tiene que ayudar a encontrar a muchos padres que, como el de ella, siguen desaparecidos en los ‘Pozos del Olvido’ y en la fosa de la Sima de Jinamar, en Gran Canaria.

El documento recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia

Su propósito principal es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares

Contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativas a esta materia, en los próximos dos años.

El propósito principal de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares.

Para ello, establece los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia. El documento contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 33 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Entre esos proyectos se encuentran el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

Antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, este documento ha sido informado de forma favorable por de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, tal y como está previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica, con el objetivo de lograr una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas. Asimismo, ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que cumple los mandatos de la ley canaria de Memoria Histórica y la estatal de Memoria Democrática para lograr los fines fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición

Señala que es un plan con un conjunto ordenado de 33 proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, con una metodología que trata de asegurar la corrección técnica y con propuestas concretas que tienen definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento

Confía en que sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido y odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este lunes en el Parlamento de Canarias que la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es un conjunto ordenado de proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, para cumplir los mandatos de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, y para alcanzar, con rigor y sin rencor, los fines y propósitos fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Julio Pérez, que ha presentado este documento en la Cámara autonómica, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha resaltado que las actuaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, en aplicación de las leyes, podrían ser resumidas en un breve lema “con rigor y sin rencor”, pues, en su opinión, de no ser así, no podrían alcanzarse ni buscarse los objetivos de verdad y de justicia, especialmente.

Durante su intervención se ha referido al marco legal que sustenta esta Estrategia –Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática–, y a alguna de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la presente legislatura, cono la aprobación del reglamento y la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, el protocolo de fosas, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y el inicio de otros catálogos.

Ha insistido en la metodología utilizada para elaborar este plan, que trata de asegurar la corrección técnica, como queda constatado en sus páginas 8, 9 y 23, el análisis que se ha desarrollado de los trabajos realizados en otras comunidades autónomas, para identificar sus buenas prácticas y tendencias, y que el documento recoge propuestas concretas de proyectos concretos, con definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento, ya que, tal y como establece la ley, la estrategia requiere una evaluación bianual.

Se ha referido, igualmente, a su la naturaleza ordenada y sistemática de las actuaciones, enmarcadas dentro de tres objetivos, siete líneas estratégicas, dieciséis líneas operativas y 33 proyectos, y ha hecho hincapié en la atención pormenorizada que se presta a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano, como la comunidad LGTBIQA+.

Julio Pérez ha enumerado alguno de los 33 proyectos que recoge la estrategia, destacando el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su confianza en que este documento sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido ni de odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia. Para ello, ha considerado que la educación y la divulgación deben constituir el eje fundamental.

En respuesta a alguno de los diputados que han participado en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, ha aclarado que esta no es una estrategia para este Gobierno, pues su periodo de aplicación son los dos próximos años, ni tampoco se trata de una política de una ideología determinada pues parte de la neutralidad y es fruto de la participación de muchas personas, más de 400 solo en el periodo abierto en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

El propósito principal de este documento es garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

Entre sus grandes objetivos está promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica, y asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática

De ellos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta 35 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un grado avanzado de desarrollo

Antes de su elaboración se planteó un cuestionario, que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado esta semana, de forma unánime, el informe sobre la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reconocimiento y reparación

Según la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, “no es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la realidad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria…)”. Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.

Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho artículo se establece, en primer lugar, que “el Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Además, indica que “elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas”.

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Junto al consejero Julio Pérez y la viceconsejera Carla Vallejo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también han asistido a la Comisión Técnica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de la Sección de Mediación de esta Dirección General, Elisa Santiago, que ha actuado como secretaria del citado órgano.

Además, han participado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, vía online; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez; su homólogo de La Palma, Félix González; el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); la profesora adscrita al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) Candelaria González, vía online; la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL), María Isabel Navarro, vía online; el director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF), José Juan Pestano; y el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, vía online.

El Cabildo de Gran Canaria ya ha identificado a 35 personas que formaban parte del personal de la Corporación insular que fueron víctimas de algún proceso de depuración por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, por defender la legalidad institucional y que resultaron sancionadas de forma ilegítima y privadas de sus puestos de trabajo

El propósito de la Institución es reconocer y reparar las figuras de las y los afectados, un proceso iniciado a finales de 2021 y que coordinaba Pino Sánchez Bogatell, quien falleció prematuramente en agosto del año pasado

El proceso de identificación de las y los represaliados se inició tras el Pleno insular celebrado en mayo de 2021, en el que se aprobó una moción auspiciada por los grupos políticos Nueva Canarias, Socialista PSC-PSOE y Sí Podemos para la declaración de reparación y reconocimiento de las personas afectadas por estas depuraciones.

Como argumentaron las tres formaciones políticas en su propuesta, el propósito es "reparar la injusticia histórica y el atentado a los derechos fundamentales del personal del Cabildo de Gran Canaria que perdió su puesto de trabajo o fue suspendido de empleo y sueldo como víctima de la depuración ejercida por el Régimen Franquista".

Así, de la mano de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia que conduce Sara Ramírez, se puso en marcha el estudio de los expedientes de las posibles víctimas en el Archivo General de la Institución, para lo que se contó con un listado aportado por el historiador José Alcaraz Abellán en su tesis 'El Cabildo y la institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: Poder Político y relaciones sociales entre 1936 y 1960', así como con la colaboración del también historiador Sergio Millares.

Como resultado de ese trabajo, se ha elaborado una relación con todas las personas que fueron objeto de investigación y se les abrió expediente, de las cuales han quedado 35 nombres, una lista que es susceptible de ser ampliada en caso de que alguna persona pueda aportar información que no figure en los archivos del Cabildo. De las personas investigadas en su momento por los órganos represores, hay constancia de que hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras que fueron expedientados en la misma época por sus vínculos o manifestaciones políticas, e incluso de personas que fueron víctimas de los asesinatos que se perpetraron en La Marfea.

Julio de 1936, comienzan las represalias

En su tesis, José Alcaraz Abellán narraba que "las depuraciones de funcionarios considerados desafectos, dado lo temprano de la imposición del nuevo poder militar, comenzarán desde julio de 1936 en aplicación del bando declaratorio del estado de guerra. Precisamente, en agosto de 1936 se le exige a todo el personal la firma de un documento personal de adhesión al levantamiento armado. Inicialmente son cesadas, incoándoseles a continuación expediente de depuración, todas aquellas personas al servicio de los establecimientos insulares detenidas por las autoridades militares. Posteriormente, también lo serán aquellas sometidas a consejos de guerra, existiendo además casos de depuraciones por situaciones concretas, tales como: denuncias, encontrarse en la llamada 'zona roja' el 18 de julio, permaneciendo en unos casos o regresando en otros".

El Gobierno insular ha considerado que estos hechos están contemplados en el artículo 3.3 de la Ley de Memoria Histórica sobre Declaración de ilegitimidad las sanciones impuestas por la Comisión Gestora del Cabildo de Gran Canaria y recogidas en las actas y decretos que constan en el Archivo General del Cabildo de Gran Canaria.

Y es que el objetivo de la Ley de Memoria Histórica es reconocer y ampliar los derechos a favor de quienes padecieron este tipo de persecución y violencia, en aras de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, además de fomentar los valores y principios democráticos, mediante el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Con esa base, el Cabildo de Gran Canaria solicitará al Ministerio de Justicia del Gobierno de España la expedición de la Declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, para las y los empleados públicos de la Institución que fueron sancionados y depurados por estos motivos por la Comisión Gestora Militar, en relación a aquellas personas que hayan fallecido y que carezcan de familiares que puedan ejercitar este derecho.

Una vez obtenida esa declaración, se incorporará a los expedientes personales que se encuentran en el Archivo General, para que quede constancia de su reconocimiento como víctimas del franquismo y de cómo su defensa de la libertad y la legalidad democrática les llevó a perder y sus puestos de trabajo. Finalmente, se han iniciado los trámites para celebrar un homenaje público a quienes fueron víctimas de represalias.

Las víctimas

Las personas represaliadas que se conocen actualmente trabajaban, en su mayoría, en los servicios sociosanitarios del Cabildo y son: Teófilo Alfaro Alonso; Jacinto Alzola Cabrera; José Barrera Barrera; Antonio Cardona Arencibia; María Fernández Jesús; Lorenzo Figueroa Fernández; Felipe Figueroa Padrón; Carlos Franchy Aduain de Zumalave; Ángel García Mendoza; Julia Emilia González Ojeda; Francisco Hernández Guerra; Antonio Junco Toral; Aurelio Lisón Lorenzo; Manuel López Díaz; Pablo María de la Luz; Domingo Marrero Ruiz; Antonio Mejías Ascanio; Agustín Melián Cabrera; Fernando Morales González; Francisco Moreno Hernández; Francisco Navarro Verdú; Sebastián Ojeda Domínguez; Rafael Pérez León; Diego Quintana Quintana; Juan Ramírez Llarena; Remedios Rivero Avivar; Luis Rivero Luzardo; Florentino Rodríguez Santana; Narciso Roque Lorenzo; Francisco Santana Almeida; Asunción Santaugini Mestres; Julia Soler Córdoba; José Suárez Saavedra; Antonio Trujillo García; Emilio Valle y Gracia.

Aquellas personas que puedan aportar información sobre personal del Cabildo que pudo ser represaliado por sus ideas políticas o actividad sindical, tras la sublevación militar, podrán dirigirse al siguiente correo electrónico: memoriademocratica @ grancanaria.com. 

Miembros de su Junta Directiva se reúnen con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para darle a conocer las líneas de actuación y la propuesta de declarar monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife

También subrayan la importancia de poner en marcha el Centro Virtual de la Memoria Histórica y elaborar la estrategia de esta materia que mandata la propia Ley

Julio Pérez toma nota de las iniciativas planteadas y afirma que algunas de ellas están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se ha reunido esta semana con Emilio Fresco, Eva Tobar, Carlos Berástegui, Víctor Berástegui y Jorge García Prieto, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, con el propósito de conocer los objetivos de este colectivo y las líneas de actuación en las que está trabajando.

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, Emilio Fresco, ha planteado a Julio Pérez el interés existente en colaborar con todas las asociaciones de memoria histórica, con la finalidad de ir dando pasos en la ejecución material de lo que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Tras felicitar a todos ellos por la constitución de la Asociación, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que la memoria de la actividad de los grupos de la masonería en la historia de Santa Cruz de Tenerife, y de Canarias, en general, es muy intensa. Ha tomado nota de las iniciativas planteadas, algunas de las cuales, según ha dicho, están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Julio Pérez se ha comprometido a mantenerlos informados de las actuaciones que en materia de memoria histórica desarrolle la Consejería.

Emilio Fresco ha destacado la necesidad de elaborar la Estrategia de la Memoria Histórica de Canarias, un documento “clave” con carácter bienal, en el que se recogen los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la Junta Directiva han resaltado también la importancia de llevar a cabo el Centro Virtual de la Memoria Histórica, con la finalidad de recopilar, recuperar, estudiar, difundir y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias, así como dar respaldo y fundamento documental e histórico a las actuaciones, iniciativas y estrategias relativas a esta materia puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, o por cualquier Administración pública, entidad dependiente de la misma o de entidades privadas con fines sociales análogos a los de la citada Ley.

Igualmente, han explicado su propuesta de declarar lugar o monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, inmueble ubicado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña.

Al término de la reunión, Fresco ha mostrado su satisfacción, pues, según ha apuntado, “hemos cumplido nuestras expectativas de hacer llegar al Gobierno de Canarias nuestras aspiraciones en esta materia”.

Las jornadas se enmarcan en la ley de memoria histórica aprobada en Canarias y que también contempla la reparación de los daños de todo tipo que el franquismo ocasionó a muchas personas por su orientación sexual o expresión de género

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la directora general de Diversidad y Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García, inauguraron este jueves las Jornadas estatales de memoria histórica de la disidencia sexo. Archivos e investigación sobre represión franquista y vidas disidentes, que entre hoy y mañana viernes se desarrollarán en la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Boti García aseguró que “es necesario, imprescindible, que se refleje la memoria de las personas LGTBI, porque sin saber de donde venimos no podemos establecer hacia donde queremos ir”. “La sociedad -recalcó- debe saber lo que han sufrido personas disidentes de género, la historia de la represión durante el franquismo, porque nos han invisibilizado y ni siquiera nos han visibilizado como víctimas, un capítulo que se ha cerrado en falso y que la democracia no puede obviar”.

Noemí Santana se expresó en el mismo sentido que “debemos hacer memoria de la persecución que ha sufrido el colectivo LGTBI y las heridas abiertas que ha dejado ese periodo tan oscuro, reflexionar en conjunto de donde venimos y hacia donde queremos ir para sacar conclusiones que nos ayuden a avanzar”.

La consejera explicó que estas jornadas se enmarcan en el mandato de la ley de memoria histórica aprobada en Canarias y que también contempla la reparación de los daños de todo tipo que el franquismo ocasionó a muchas personas por su orientación sexual o expresión de género. “Personas que fueron condenadas por el delito de escándalo público, procesadas por ser consideradas un peligro social y que incluso llegaron a pagar penas de prisión o reclusiones con el fin de ser presuntamente rehabilitadas, como ocurrió en Tefía”.

Tras la inauguración, a las 10:15 horas, se puso en escena la obra teatral “Mi nombre es Octavio García”, un homenaje a la vida del ex-preso de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía.

La consejera recordó que en este tiempo, además de señalizar lugares emblemáticos para el colectivo, editar publicaciones o realizar jornadas en las que exponer investigaciones sobre la materia, se ha entregado numeroso material a los archivos provinciales de Canarias, “cedido por las personas que padecieron esta opresión, y que permiten obtener información sobre los lugares de encuentro, las redes de apoyo que se crearon y documentan numerosas acciones represivas que se ejercieron contra ellas”.

Las jornadas, organizadas conjuntamente por la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Diversidad y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, abordarán durante estos dos días la represión de las disidencias sexuales y de género durante el franquismo a través de estudios académicos de especialistas de diversas comunidades autónomas y testimonios directos.

Podrán seguirse también online a través del canal Youtube de la Consejería y previa inscripción en: https://event.meetmaps.com/jmhdsg/es/registration

Manuela Armas y Rosa Aguilar firman un convenio para el desempeño de estas investigaciones, lideradas por María Isabel Navarro

El documento tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación cuyo fin es el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, trabajos que conformarán el Catálogo de vestigios franquistas de todas las islas.

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, tiene encomendada la realización de estos trabajos, encargados a la Universidad de La Laguna, inventariando los símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del archipiélago, tal y como establece la Ley 5/2018, de 14 de diciembre de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Durante su intervención, la consejera remarcó la necesidad de “recordar para no repetir errores y avanzar” y, en este sentido, destacó otras iniciativas que impulsa la Consejería, como el proyecto “Archipiélago Memoria”, cuyo objetivo es la promoción entre alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional del análisis de la historia reciente de Canarias, así como fomentar principios y valores democráticos, propios de una ciudadanía crítica, para contribuir al conocimiento del pasado y la reflexión sobre el presente.

Son los mismos principios, insistió Armas, que forman parte del objetivo general del convenio que sellamos hoy la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias, interpeladas por la necesidad de investigar en materia de memoria histórica y para el reconocimiento y reparación moral de las víctimas. Añadió que “no se trata de abrir viejas heridas, sino de cerrarlas, ni de agitar banderas ideológicas, sino de engranar las herramientas de una convivencia pacífica con conocimiento y pedagogía”.

El viceconsejero, Juan Márquez, señaló que, con esta firma, se da continuidad a un trabajo que empezó por Santa Cruz de Tenerife y que se quiere continuar “con la misma metodología y rigor científico con el que se hizo este catálogo”. Este convenio, agregó, “nos va a permitir trabajar en toda Canarias con un grupo de profesorado especializado”, una labor que se prevé “compleja” y que se prolongará hasta 2025, en la que la Dirección General de Patrimonio Cultural se compromete también con una aportación económica dirigida a todos aquellos recursos humanos y materiales “que necesitamos para elaborar ese catálogo”.

De este convenio, Márquez puso en valor que “dignifique la memoria, la reparación y el reconocimiento de víctimas del franquismo; lo tiene que estar por encima de cualquier otro interés político, electoral, o de cualquier intento de enfrentamiento insularista o territorial”, y agregó que “no se trata de abrir heridas, si no de poder cerrarlas dignamente”.

Por su parte, la rectora agradeció la sensibilidad de la Consejería en este asunto y que recurra al conocimiento científico en el entorno universitario para conocer la impronta del régimen franquista en las islas. El primer paso, explicó, será la catalogación que llevarán a cabo los científicos del ámbito de la historiografía sobre la intervención realizada en el patrimonio urbano por este régimen. “No se trata de una cuestión ideológica, subjetiva ni opinable”, manifestó al tiempo que anticipó que la ULL llevará a cabo un “estudio riguroso”.

María Isabel Navarro, en calidad de Investigadora Principal, el Dr. Ricardo Guerra Palmero, y los investigadores Jesús Pérez Morera, Profesor Titular de Historia del Arte, Domingo Gari-Montllor Hayek, Profesor Titular de Historia Contemporánea y la Dra. Yolanda Peralta Sierra, forman el equipo de investigación y para la elaboración de los contenidos previstos en la Ley, aplicando los aspectos definidos en los artículos 12, 16 y 17, esto es, la investigación y elaboración del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, así como su preparación para ser hecho público a través de la web corporativa del Gobierno de Canarias. Así mismo, los resultados se incluirán en los fondos del Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de Canarias y se crearán contenidos curriculares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, orientados a la divulgación de los principios y valores expresados en dicha norma; además de la elaboración de contenidos para las titulaciones universitarias, así como el fomento de la investigación científica sobre estos.

Dicha investigación conllevará, entre otros aspectos, la consulta de fuentes documentales, entre otras, actas y acuerdos municipales, en especial del periodo 1936-1945 o de las fechas que se requieran, expedientes de depuración de empleados, con los respectivos testimonios de los acuerdos adoptados en comisión permanente o plenos; expedientes de concesión de honores y distinciones y administrativos personales sobre alcaldes y concejales, así como documentación, si la hubiere, sobre la toma del poder municipal por las distintas gestoras entre 1936 y 1945. También se consultarán documentos de las comisiones encargadas de la denominación de calles, espacios públicos e iniciativas monumentales o memorialísticas. Comunicaciones con cabildos, Gobierno Civil, Comandancia-Capitanía o Mando Económico y otras autoridades (FET-JONS, asociaciones de excombatientes, etc.) sobre obras, fiestas, actos, solicitudes o colaboración con prácticas de depuración o represión y otras fuentes documentales que pudieran aportar información sobre los contenidos previstos en la Ley 5/2018.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros