El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó en Lanzarote a los técnicos insulares y municipales el borrador del anteproyecto de ley en cuya redacción participaron

La actualización de la Ley del Suelo facilitará sustancialmente los instrumentos de planeamiento destinados a la renovación urbanística del suelo consolidado, para responder a los desafíos del desarrollo económico y social de las islas sin ocupar más territorio. Este es uno de los objetivos estratégicos del borrador del anteproyecto de ley que esta semana salió a información pública, y que el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó a los técnicos insulares y municipales de Lanzarote.

En un encuentro celebrado en el Cabildo conejero, al que también asistió el consejero insular de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, el director general agradeció a los funcionarios y personal de las oficinas técnicas, de ordenación, ambientalistas y juristas, su participación en el proceso de análisis y redacción del anteproyecto de ley que ahora culmina tras un año de trabajos.

“Nos comprometimos no solo a escuchar a los técnicos y técnicas de todos los municipios y cabildos canarios para incorporar su experiencia en la actualización de la Ley del Suelo, sino también a presentarles el resultado de sus aportaciones al borrador del anteproyecto de ley antes de aprobarlo definitivamente, y eso es lo que estamos haciendo estos días, isla por isla y con total transparencia”, aseguró el director general.

Según explicó Onán Cruz, “la actualización de la Ley del Suelo gira en torno a ocho principios básicos, uno de los cuales es el fomento e impulso de la renovación urbana, porque somos islas con un territorio disponible muy escaso, cuya protección debe ser compatible con responder a la escasez de vivienda, facilitar la actividad económica y la creación de empleo, y la mejor forma de conseguirlo es transformar, adaptar y reformar el suelo ya ocupado”.

Para facilitar el uso del suelo ya consolidado, la actualización de la ley permitirá, entre otras medidas, simplificar los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales. Además, se permitirá un mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. También se reducirán las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, promoviendo la inversión privada en mejoras urbanísticas.

En este mismo sentido, la actualización de la Ley del Suelo introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias, similar a los actuales planes turísticos de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad.

Durante el encuentro informativo, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, expuso al personal técnico de las administraciones de Lanzarote los avances incluidos en la actualización, basados fundamentalmente en una reducción de los contenidos de los instrumentos de planificación, la reducción de los plazos de tramitación, más facilidades para la renovación urbanística y construcción de viviendas, y un endurecimiento de las medidas de protección del territorio, organizados en ocho ejes principales:

1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación

Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.

2.- Simplificación de trámites urbanísticos

Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.

3.- Mayor protección del territorio

Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.
Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.

4.- Mejora de la gestión urbanística

Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.

5. Renovación y modernización urbana

Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.
Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.

6. Fomento de la vivienda pública

Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.

7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico

Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.
Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.

8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)

Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, presenta a los técnicos insulares y municipales el borrador del anteproyecto de ley

La presidenta del Cabildo, Lola García, insiste en la importancia de atender “a la realidad de cada isla para mantener la cohesión social”

La representante de la FECAM, Candelaria Umpiérrez, destaca “las aportaciones desde los ayuntamientos en el proceso de actualización»

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó hoy en la isla de Fuerteventura las principales mejoras incluidas en la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuyo borrador de anteproyecto fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias, comenzando así el proceso de información pública. La presentación tuvo lugar en un encuentro mantenido con los técnicos insulares y municipales de la isla majorera, al que asistieron además la presidenta del Cabildo, Lola García, y la representante de la FECAN en Fuerteventura y alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez.

El consejero Manuel Miranda agradeció el trabajo y las aportaciones que los técnicos urbanistas, ambientalistas y jurídicos de la isla han venido realizando durante el último año en la redacción de este borrador, y aseguró que “la actualización de la Ley del Suelo aportará sin duda mejores herramientas a los ayuntamientos y al Cabildo de Fuerteventura para proteger el territorio y planificar su desarrollo sostenible con más agilidad y eficacia».

La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó la importancia del “trabajo conjunto realizado entre administraciones para actualizar el texto de la ley, y adaptarlo a los nuevos desafíos del reto demográfico”, y recordó que desde el Cabildo siempre hemos recalcado la importancia que tiene la planificación territorial, atendiendo especialmente a la realidad de cada una de las islas para mantener la cohesión social, el respeto al territorio y priorizar el bienestar de los que aquí vivimos”.

Por su parte, la alcaldesa de Tuineje y representante insular de la FECAM, Candelaria Umpiérrez, puso en valor “las aportaciones realizadas desde los ayuntamientos majoreros en el proceso de actualización” y aseguró que “escuchar a los técnicos que trabajan a diario con el planeamiento y la ordenación ha sido un acierto para conseguir la mejor actualización posible de la ley”.

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán García, expuso al personal técnico de las administraciones majoreras los avances incluidos en la actualización, basados fundamentalmente en una reducción de los contenidos de los instrumentos de planificación, la reducción de los plazos de tramitación, más facilidades para la renovación urbanística y construcción de viviendas, y un endurecimiento de las medidas de protección del territorio, organizados en ocho ejes principales:

1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.

· Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
· Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
· Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.

2.- Simplificación de trámites urbanísticos

· Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
· Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
· Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.

3.- Mayor protección del territorio

· Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
· Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
· Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.
· Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
· Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
· Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.

4.- Mejora de la gestión urbanística

· Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
· Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
· Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
· Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.

5. Renovación y modernización urbana

· Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.
· Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
· Mayor aprovechamiento de las zonas consolidadas, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.

6. Fomento de la vivienda pública

· Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
· En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
· En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
· Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
· Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
· Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.

7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico

· Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
· Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
· Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
· Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.
· Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.

8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)

· Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
· Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
· Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
· Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.

El consejero de Política Territorial compareció a petición propia en el Parlamento para adelantar a los grupos políticos el borrador del anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo, que saldrá a información pública la próxima semana

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, tendió la mano hoy a los grupos de la oposición “para refrendar en el parlamento el amplio consenso técnico alcanzado en la actualización de la Ley del Suelo”, en la que han participado más de 700 especialistas de ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma, órganos ambientales y colegios profesionales a lo largo del último año.

Miranda compareció a petición propia en la Comisión de Política Territorial la cámara autonómica, en una sesión monográfica convocada para entregar a los grupos políticos el primer borrador del anteproyecto de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

“Los técnicos han hecho un minucioso trabajo de análisis, estudio y debate para actualizar la ley del suelo, clarificar su alcance y potenciar los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron hace ya ocho años, pero no podemos conformarnos con tener un buen texto, necesitamos la participación y el compromiso de todas las fuerzas políticas, si queremos que sea una herramienta útil para responder los nuevos desafíos del reto demográfico, el cambio climático o la crisis habitacional”, aseguró Manuel Miranda.

En su comparecencia, el consejero estuvo acompañado por la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, que fue el encargado de explicar los detalles del nuevo texto. Además, en el turno de comparecencia reservado al gobierno también intervino Miguel Ángel Pérez, consejero delegado Gesplan, la empresa pública que ha coordinado el proceso participativo con los técnicos municipales, insulares y autonómicos.

Los principales cambios introducidos en la actualización de la Ley del Suelo se estructuran en ocho objetivos fundamentales, con el denominador común de la clarificación, simplificación y mejora:

1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.

· Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).

· Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.

· Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.

2.- Simplificación de trámites urbanísticos

· Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.

· Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.

· Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.

3.- Mayor protección del territorio

· Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.

· Se endurecen las sanciones por daños ambientales:

o Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.

o Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.

· Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.

· Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.

4.- Mejora de la gestión urbanística

· Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).

· Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.

· Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).

· Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.

5. Renovación y modernización urbana

· Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.

· Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.

· Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.

6. Fomento de la vivienda pública

· Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:

o En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.

o En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.

· Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.

· Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.

· Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.

7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico

· Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.

· Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.

· Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.

· Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.

· Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.

8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)

· Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.

· Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.

· Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.

· Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.

El consejero de Política Territorial señala que los más de 700 profesionales consultados coinciden en la necesidad de “profundizar en los principios de racionalización y simplificación” de la Ley de 2017

El nuevo texto incorporará los desafíos del reto demográfico, la agenda urbana y el cambio climático, y tendrá como objetivos reducir plazos, evitar duplicidades y mejorar las herramientas de ordenación insulares y municipales

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció esta tarde que la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias se sustentará “en la experiencia de los profesionales que la aplican a diario”, y desveló el carácter “muy técnico y práctico” que tendrá la renovación en la que viene trabajando su departamento desde el pasado verano.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, el consejero aseguró que antes de que finalice este año espera poder presentar en la cámara autonómica “una muy buena propuesta de actualización de la Ley del Suelo, para buscar en los grupos políticos el mismo consenso que hemos encontrado en los técnicos y expertos que la han estudiado y debatido estos meses”.

Manuel Miranda explicó que la Consejería de Política Territorial viene realizando desde el pasado verano “un minucioso trabajo de análisis y escucha” en el que han participado más de 700 profesionales del ámbito público y privado, con técnicos municipales e insulares de todos los ayuntamientos y cabildos, además de los propios funcionarios del Gobierno de Canarias.

“Los resultados provisionales nos permiten adelantar que la propuesta de actualización de la Ley del Suelo va a ser muy técnica y práctica, pues se basa en la propia experiencia de los profesionales y expertos que han venido aplicando la ley desde su entada en vigor”, ha señalado.

Además de en el ámbito público, el proceso de análisis se ha desarrollado en foros de carácter privado como el Colegio de Arquitectos, el congreso de la Asociación Canaria de profesionales del Urbanismo (ACADUR) o la Universidad de Verano de Maspalomas.

Manuel Miranda ha calificado el proceso como “muy positivo” y ha anunciado un “gran consenso sobre la necesidad de profundizar en los principios de la Ley, racionalización y simplificación de la norma, para garantizar tanto una mayor seguridad jurídica, como una mejor protección de nuestro territorio”.

Entre otras necesidades detectadas, el consejero ha destacado la importancia de reducir plazos en las tramitaciones y evitar duplicidades, o mejorar las herramientas de ordenación insulares y municipales, con una mayor concreción en el carácter, contenido y alcance de los planes insulares de ordenación, o una mejor delimitación de los criterios que justifican la urgencia o el carácter sobrevenido de los proyectos de interés insular o regional.

Los expertos consultados también reivindican una mayor capacidad y flexibilidad en las herramientas de planeamiento municipal, apostando por un mayor protagonismo de la ordenación estructural frente a la pormenorizada.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, pone en valor el proceso participativo y anuncia que antes de finalizar el año propondrá un primer texto para consensuar con los grupos parlamentarios

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha informado esta mañana que la primera fase del proceso de escucha y debate sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha concluido con la participación de más de 700 profesionales en diferentes foros y mesas de trabajo, y anunció que antes de finalizar el año pondrá a disposición de los grupos parlamentarios un primer borrador para consensuar su aprobación.

El consejero ha detallado el proceso vivido en los últimos seis meses, en los que se han sucedido encuentros con el personal del Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, además de con técnicos de municipios, cabildos y órganos ambientales, en un programa participativo coordinado por la empresa pública Gesplan.

La primera fase del proceso de debate y escucha dio comienzo a finales de 2023, durante la celebración del congreso anual de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), y ha terminado con la última de las tres jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, encuentro al que se han incorporado representantes de colegios profesionales, empresarios, sindicatos y colectivos ecologistas.

En concreto, han participado más de 200 técnicos municipales e insulares, así como una treintena de expertos de los órganos ambientales, además de unos 500 profesionales en las diferentes jornadas organizadas por las instituciones colaboradoras.

El consejero ha agradecido la felicitación pública manifestada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) respecto al proceso de escucha, y ha reiterado que el Gobierno “va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes”.

Manuel Miranda: «El Gobierno de Canarias va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes»

Manuel Miranda ha adelantado que, como primeras conclusiones, “se ha detectado que las administraciones locales requieren de mayor personal para aplicar la Ley”, y que es necesario “diferenciar entre instrumentos complejos de gran alcance y otras modificaciones de menor calado”. El consejero también ha destacado que del debate generado se deduce que será imprescindible “aportar más claridad a algunos artículos interpretables” o “analizar el procedimiento de comunicación previa o la motivación de los proyectos de interés insular”.

La Consejería de Política Territorial y el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y el Hierro organizan una jornada sobre desafíos del planeamiento, protagonizada por urbanistas, técnicos de otras administraciones de todo el Estado y expertos universitarios

La viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, ha defendido hoy la modificación de la Ley del Suelo, “profundizando en sus principios de agilización y simplificación y para asumir los nuevos retos surgidos desde su aprobación, como el desarrollo de las políticas relacionadas con la Agenda Urbana, con la propia modificación del Estatuto de Autonomía o las tensiones en el mercado de la vivienda”.

Estas declaraciones las ha hecho en el marco de una jornada de debate sobre los retos del planeamiento, que se ha celebrado hoy en la sede del Colegio de Arquitectos de Canarias y en la que han participado arquitectos y urbanistas, técnicos de otras comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el Estado, y expertos de varias universidades del país.

Durante todo el día se han debatido asuntos relacionados con los desafíos de la planificación urbanística en Canarias, la simplificación del contenido y agilización de la tramitación de los planes generales, mejora de la seguridad jurídica o los retos de las leyes del territorio.

Elena Zárate, que estaba acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, ha explicado que los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo, en 2017, nos permiten poder realizar un análisis, fruto de la experiencia de estos años, para evaluar los resultados de su aplicación.

Han sido casi 240 los instrumentos de planeamiento aprobados desde entonces, pero la experiencia “nos demuestra que necesitamos rescatar sus principios, de simplificación y racionalización, mejorando todo lo mejorable, escuchando a los técnicos de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales”.

Zárate ha explicado que desde 2017 se han sucedido algunos nuevos objetivos “a los que debemos adaptar nuestro planeamiento, y los instrumentos normativos como la Ley del Suelo”.

La aprobación de la Agenda Urbana, los proyectos sobre movilidad sostenible, los objetivos relacionados con la cohesión territorial, las tensiones en el mercado de la vivienda o la propia Ley de Cambio Climático suponen nuevos retos, a juicio de la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, que “debemos incorporar a nuestras normas sobre planeamiento”.

Esta jornada celebrada hoy forma parte del proceso de participación iniciado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y referido a escuchar a los diferentes agentes intervinientes en la gestión del territorio de la islas, y que la semana que viene tendrá un nuevo episodio, con las jornadas técnicas con los cabildos insulares para analizar diversos aspectos del planeamiento relacionados con las competencias de estas instituciones.

El consejero de Política Territorial recalcó la importancia de analizar el funcionamiento de la norma, vigente desde 2017, y mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado en sesión plenaria del Parlamento autonómico la necesidad de “recuperar el espíritu de simplificación y racionalización que inspiraron la redacción de la Ley del Suelo” y subrayó la importancia de “analizar la norma, vigente desde 2017, para mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados en la ordenación del territorio”, indicó el consejero.

Uno de los principales objetivos que se planteó el nuevo Gobierno al tomar posesión, fue el de actualizar la Ley del Suelo en el presente mandato, ya que “es el momento de modificarla para hacerla más efectiva”, dijo Manuel Miranda. Además, el responsable de la consejería de planificación y ordenación del territorio puso en valor el diálogo con todos los agentes implicados “para que cada uno, desde sus respectivos campos, pueda aportar su experiencia y hacer sus aportaciones”, prosiguió Miranda.

En su intervención Miranda subrayó que “el planeamiento no debe ser un obstáculo para la cohesión del territorio, la dinamización económica y el empleo; tiene que ser el motor de un desarrollo sostenible y de la protección del territorio en el Archipiélago. Paradójicamente, la mayor parte de los problemas que tienen hoy las administraciones canarias para desarrollar su planeamiento los hemos creados las propias administraciones”, concluyó.

La consejería de Política Territorial aboga por proyectar “la Canarias que queremos dejar a nuestros hijos y nietos”, por lo que la mejora de la Ley del Suelo pasa por analizar y estudiar qué medidas pueden mejorar su funcionamiento y aplicación, “escuchando y siendo aliados de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales” aseguró Miranda.

Como punto de partida, el Ejecutivo canario ya se reúne de manera interna con técnicos y funcionarios, tanto de la Consejería de Política Territorial como de otras áreas del Gobierno relacionadas e implicadas, para tener el conocimiento de cuáles son los principales escollos -a nivel administrativo y burocrático- con los que se encuentra la administración para impulsar de una forma ágil la aplicación de la Ley.

Posteriormente se llevarán a cabo las reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), además de encuentros con cabildos y ayuntamientos específicos para llegar a acuerdos y consensos.

En última instancia los responsables de ordenación urbanística y planificación de los espacios naturales protegidos mantendrán “encuentros con colectivos y agentes sociales, colegios profesionales y otros sectores implicados, así como con la ciudadanía en general”, explicó el consejero.

Manuel Miranda explicó en su intervención parlamentaria que “esta última fase se desarrollará mediante el formato de jornadas y una plataforma online que nos permita documentar todo el proceso y que sirva de nexo de comunicación a lo largo de todo el trámite de actualización de la Ley”, finalizó el consejero de Política Territorial.