El concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Guía, Juan Jiménez, lamenta profundamente “el nerviosismo y la preocupación que muestra de manera continua Pedro Rodríguez, concejal de Juntos por Guía en la oposición, ante la posibilidad de que se descubra el reguero de problemas que dejó en este Ayuntamiento tras su salida del gobierno municipal” en septiembre del pasado año

“Su nerviosismo es patente”, explica Jiménez, “ante las declaraciones que a lo largo de estos meses me he visto obligado a realizar sobre su nefasta gestión de expedientes, dejando muchísimos sin resolver, y cuyos costes están suponiendo ahora un esfuerzo descomunal para las arcas municipales, o sea, para el bolsillo de todos los guienses”.

Juan Jiménez denuncia que el anterior alcalde siga “con sus viejas tácticas políticas, subestimando a los ciudadanos a base de intentar engañar y tergiversar los asuntos municipales para, primero, ocultar todos los desmanes que cometió en su última etapa como alcalde de este municipio y, en segundo lugar, para ocultar los avances positivos en la gestión del nuevo gobierno municipal y obstaculizar todo cuanto le sea posible”.

El comunicado emitido por Juntos por Guía sobre la Plaza de La Dehesa es un ejemplo más, asegura Jiménez, de la línea de actuación de Pedro Rodríguez cuando dice que se llevó a la Junta de Gobierno Local la modificación del proyecto de esta actuación ‘para resolver unos problemas técnicos que no son imputables ni al proyecto ni a la ejecución de las obras’, cuando realmente el acuerdo que se llevó a la Junta de Gobierno lo que dice es que hay un acta de recepción negativa de esta obra y que se puede modificar el proyecto porque son modificaciones no sustanciales y que están previstas que se puedan realizar por el pliego de cláusulas administrativas.

“Y sí, son modificaciones no previstas inicialmente en el proyecto, necesarias para la correcta ejecución de las obras y no estaban previstas anteriormente porque no fueron supervisadas por los técnicos municipales, ahí radica la clave, en la obsesión de Pedro Rodríguez de externalizar todo el trabajo de los funcionarios públicos, lo que en este caso, costará a los guienses un sobrecoste cercano a los 30.000 euros” señala el edil.

Para intentar dejar claro este asunto, el concejal de Obras e Infraestructuras explica que cuando se licita una obra hay dos partes: la primera es el proyecto técnico que, en el caso de la Plaza de La Dehesa, ya estaba aprobado “sin la supervisión de los técnicos municipales sino por un arquitecto externo” y, la otra parte, es el pliego de cláusulas administrativas, que es el documento que fija las condiciones legales sobre si se puede o no modificar el proyecto, hasta qué valores y en qué condiciones.

“Y es ese pliego el que permite modificar el proyecto para corregir los errores que han aparecido durante la ejecución de la obra, tal y como quedó justificado en la recepción negativa realizada por los técnicos municipales”, señaló Jiménez, subrayando que “esto fue lo que llevamos a la Junta de Gobierno para su aprobación, o sea, la modificación del proyecto para resolver uno de los tantos problemas que nos estamos encontrando en nuestro día a día debido a la pésima y nefasta gestión de Pedro Rodríguez en sus últimos años al frente del gobierno municipal”.

Ayer, La Provincia publicó un artículo que refleja todo lo que yo no quiero ni para la política ni para la información

Se alude a «las sospechas sobre el uso de información privilegiada para “enchufar” a familiares», acusándome de nepotismo por la presencia de un familiar de sexto grado de parentesco, con la única intención de desgastarme política y personalmente, a mí y a mis familiares.

Este proceso de estabilización, abierto a todos los vecinos, no tiene una prueba subjetiva, como es la evaluación de un examen, sino que es una selección basada en méritos, una puntuación objetiva que se tiene o no, sin posibilidad de modificación o de nepotismo.

Por otra parte, esto ocurre con el único fin del ataque personal y político, donde Jesús Montesdeoca firma una «noticia» sesgada, al nombrar a personas cercanas a mí, y repito: familiar de sexto grado, que está legalmente y como es de derecho, como aspirante en este proceso.

Debo decir a quien denuncia y a quien firma el artículo que, si estas lamentables actuaciones son con el objetivo de que nos vayamos para evitar el acoso a nuestras familias, están consiguiendo justamente lo contrario, ya que, de ninguna manera, voy a permitir que mi integridad moral o la de cualquiera de mis allegados se pongan en entredicho, manipulando y retorciendo datos que no son más que especulaciones y cotilleos.

La mano detrás de estas denuncias y el escribiente que firma el articulo no tienen ninguna potestad para prohibir a ningún ciudadano, en pleno uso de sus derechos, a optar a ningún puesto de trabajo, como no la tengo yo para condicionar a la familia de ningún otro político ni a la mía propia, a causa de mi cargo. Esta forma sucia de hacer oposición tiene, como único fin, manchar, irremediablemente, mi nombre y el de la política. Esta no es la forma de hacer política que yo quiero para mi municipio. Esta no es la forma de hacer política que quiero para Guía.

La gravedad de lo que está ocurriendo requiere el posicionamiento de aquellos que están en contra de esta forma rastrera de política; lo contrario implica una cobarde complicidad. No valen los mensajes privados manifestando desacuerdo con esta forma de actuar de algunos.

La vía legal está abierta para denunciar delitos que se cometan en las administraciones públicas, siempre que el denunciante demuestre que se incurre en una ilegalidad, así que animo a las personas que vierten estos testimonios o a las que las amparan, a formalizar la denuncia correspondiente, y no enviar «noticias» sesgadas para que se publiquen sin contrastar.

Como siempre, he estado, estoy, y estaré a disposición de La Provincia y de cualquier medio de comunicación para contrastar cualquier noticia, y, sin embargo, ya estoy acostumbrado a que este medio publique noticias que me aluden o incumben, sin aseverar la información o, al menos, contar con mi versión, lo que considero estrictamente necesario para que la opinión pública pueda acceder a información imparicial y honesta, en especial, cuando se tratan temas tan delicados como la vida de personas que no han elegido estar en la vida pública.

Alfredo Gonçalves Ferreira, teniente de alcalde del Ilmo. Ayto. De Stª. Mª. De Guía y portavoz del grupo municipal socialista.

La propuesta remitida por este Consistorio incrementa hasta más del 92% el tramo subterráneo y reduce a un 7,8% el aéreo con el objetivo de que la afección al suelo rústico de protección paisajística y a los suelos de cultivo sea la mínima posible

El Ayuntamiento asume el compromiso de iniciar acciones judiciales en caso de que se mantenga el tendido aéreo del proyecto inicial

Ante la confusión generada por la información publicada en diferentes medios sobre la autorización administrativa y evaluación ambiental para el proyecto de instalación de una línea de alta tensión entre las subestaciones eléctricas de Agaete y Guía para la evacuación de la energía que generen las plantas fotovoltaicas previstas implantar en la Comarca Norte, el Ayuntamiento de Guía aclara que la Dirección General de Energía no se ha pronunciado aún sobre las alegaciones presentadas por este Consistorio para la colocación de las líneas de alta tensión en este municipio.

Este Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno y remitió en mayo del pasado año a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias las alegaciones al proyecto de instalación de una línea de alta tensión de 9.653,5 metros entre las subestaciones eléctricas de Agaete y Guía para la evacuación de la energía que generen las plantas fotovoltaicas de Anzo, Barrial, Marmolejos y Gáldar.

Estas alegaciones se fundamentan en el Informe elaborado por la Oficina Técnica Municipal sobre el impacto de este proyecto a su paso por este municipio y recoge las alternativas que se proponen para sustituir al máximo el tendido eléctrico aéreo por el soterrado y eliminar en la mayor medida posible el impacto paisajístico y la ocupación de terrenos agrícolas actualmente en cultivo que provoca la opción aérea.

En el proyecto actual el tramo de línea eléctrica que discurre por Guía alcanza una extensión de 3.960 metros cuadrados de los cuales el 59,01 % es tramo aéreo y el 40,99% es subterráneo.

La propuesta remitida por el Ayuntamiento incrementa hasta más del 92% el tramo subterráneo y reduce a tan sólo un 7,8% el tramo aéreo con el objetivo de que la afección al suelo rústico de protección paisajística y a los suelos de cultivo sea la mínima posible.

La alternativa que se propone desde el Consistorio guiense es que el trazado discurra en la mayor parte de su recorrido por caminos y carreteras preexistentes y, principalmente, de titularidad municipal o insular para aprovechar el dominio público que caracteriza a estas infraestructuras viarias.

En estas alegaciones se contiene el compromiso del grupo de gobierno municipal con la defensa de los valores ambientales, naturales y paisajísticos del municipio que deben ser preservados para hacerlos compatibles con el desarrollo de las energías renovables.

El Ayuntamiento de Guía espera que la Dirección General de Energía estime las alegaciones presentadas que compatibilizan el desarrollo de las energías renovables dentro de la Estrategia Europea con el respeto a los valores paisajísticos y ambientales del municipio, asumiendo el compromiso de iniciar acciones judiciales en caso de que se mantenga el tendido aéreo del proyecto inicial.

El Régimen Específico de Abastecimiento (REA), herramienta incluida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para garantizar la producción y el suministro de productos esenciales para las islas, no debe ser modificado por un Gobierno en funciones, como ya sucedió en 2019, toda vez que los cambios sobre la distribución de las ayudas suponen una modificación sustancial, que condicionaría las decisiones del nuevo ejecutivo

El régimen específico de abastecimiento (REA) es un mecanismo aprobado por la Unión Europea para garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas y paliar los costes adicionales derivados de esa condición y se basa en ayudas para el suministro de determinados productos agrícolas a esas regiones. En la aplicación del régimen específico de abastecimiento se tienen en cuenta, en particular, las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y, cuando se trate de productos destinados a la transformación o de insumos agrícolas, los requisitos de calidad. También se deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar que la producción local existente no resulte desestabilizada ni obstaculizada en su desarrollo.

Con este último fin, las ayudas incluidas en el REA pueden ajustarse para aquellos productos más demandados en un año concreto, aunque siempre debe ser a costa de rebajar las cantidades o importes destinados a otro, dada la limitación presupuestaria del propio REA.

Si bien la modificación de las cantidades de producto puede realizarse cuantas veces se considere necesario, las que afecten a los importes que se perciben por cada unidad de producto producido o importado sólo se pueden revisar una vez cada año y con un límite del veinte por ciento, de acuerdo con el artículo 40.4 del Reglamento (UE) 180/2014.

Dada esta limitación, se considera, al igual que sucedió durante el cambio de Gobierno en el año 2019, que no es recomendable que una decisión de este calado sea adoptada por un ejecutivo en funciones, pese a las peticiones recibidas en este sentido, y, de hecho, el artículo 48 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, impide que un gobierno en funciones pueda adoptar un acuerdo de este tipo, ya que dicha decisión comprometería la política y la toma de futuras decisiones del nuevo ejecutivo autonómico.

Una vez que el nuevo Gobierno tome posesión, como está previsto que suceda esta misma semana, podrá analizar todas las peticiones recibidas en este sentido y proceder a la modificación de la actual configuración del REA en los términos que considere más convenientes para garantizar el abastecimiento de las islas con aquellos productos considerados como necesarios para su desarrollo, previa negociación con los agentes legalmente designados para representar a los diferentes sectores afectados por este mecanismo, a través de la Comisión de Seguimiento del REA.

De acuerdo con los artículos 26 y 27 del Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la composición de la Comisión de Seguimiento del REA está compuesta por miembros del Gobierno de Canarias con competencias en los diferentes sectores implicados, la persona titular del órgano de la Administración Periférica del Estado competente en materia de comercio, con rango de Dirección Territorial, que actuará con voz y sin voto, y una persona representante de cada una de las asociaciones territoriales más representativas de agricultores y ganaderos, industriales e importadores de productos incluidos en el Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias.

En este sentido, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE -Tenerife), son los únicos órganos con representatividad en la Comisión de Seguimiento del REA. A este respecto, hay que indicar que en el ámbito territorial de Canarias, son dichas Confederaciones quienes tienen atribuida la representación institucional del empresariado, al ostentar la condición legal de organizaciones empresariales más representativas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y según el criterio constitucional de irradiación por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE y CEPYME, así como por el reconocimiento asumido por el Gobierno de Canarias, de máxima representatividad y participación, en el VI Acuerdo de Concertación Social (firmado el 25 de enero de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Canarias, y el cumplimiento de los criterios y características contempladas en la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias (BOC n.º 250 de 26.12.2014) .