El límite de gasto no financiero para las cuentas autonómicas se sitúa en 12.491 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 7 % respecto a este ejercicio

De esta cifra, más de 8.000 millones se destina a la prestación de servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las preocupaciones prioritarias de este Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.

Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.

El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.

La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.

Modificaciones tributarias

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas, pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles, puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.

Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.

Plazos

El proyecto de Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

Unifica en una sola norma la regulación de la participación ciudadana y de la transparencia de las entidades públicas, e incorpora nuevas herramientas digitales

Entre las novedades del anteproyecto está crear un portal de datos abiertos, establecer un régimen sancionador específico, regular los grupos de interés y ampliar competencias del Comisionado

El texto, que saldrá a información pública en las próximas semanas, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las rondas informativas celebradas en todas las islas

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ultima la redacción del anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que unificará la normativa de fomento a la participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública, de 2010 y 2014, respectivamente.

El texto, que próximamente saldrá a información pública, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las dos rondas informativas que se han celebrado por todas las islas.

La intención del Gobierno es que la nueva ley vaya mucho más allá de una refundición de textos y por ello incorpora importantes novedades que la convertirán en una norma transformadora, que la posiciona entre las más avanzadas de todo el país en la materia.

Así, el anteproyecto crea el Portal de Datos Abiertos de Canarias, que se concibe como una plataforma central del ecosistema de datos públicos, proporcionando acceso unificado a conjuntos de datos de todas las administraciones canarias en formatos abiertos, reutilizables e interoperables.

Contempla la creación de la Autoridad Canaria de Participación como institución específica de promoción y garantía de la participación ciudadana, que evaluará la calidad de los procesos participativos y proporcionará apoyo técnico a las administraciones públicas. Y, paralelamente, amplía las competencias del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluye nuevas funciones en materia de evaluación, formación, promoción y control de la actividad de los grupos de interés.

Respecto a los grupos de interés -también conocidos como lobbies- el anteproyecto de ley incorpora como novedad importante una regulación específica para la actividad de influencia sobre las decisiones públicas. Esta regulación responde a la creciente complejidad de los procesos de toma de decisiones públicas y a la necesidad de garantizar que la influencia de intereses organizados se ejerza de manera transparente, íntegra y respetuosa con el interés general.

Así, por ejemplo, la futura ley establece el registro obligatorio de los grupos de interés; la implantación de un código de conducta con estándares éticos específicos para la actividad de influencia y el concepto de huella normativa, que es la obligación de documentar públicamente qué contactos e influencias se han ejercido durante la elaboración de disposiciones normativas, proporcionando trazabilidad a los procesos normativos y permitiendo la evaluación ciudadana de la influencia ejercida por diferentes actores.

Este anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Canarias también establece, por primera vez, un régimen sancionador específico. En este sentido, en materia de transparencia se mantiene y perfecciona el régimen sancionador establecido en la legislación vigente, incorporando nuevas tipificaciones que respondan a las obligaciones ampliadas que establece la nueva ley.

En materia de participación ciudadana se tipifican como infracciones las conductas que obstaculicen, distorsionen o manipulen los procesos participativos, así como el incumplimiento de las obligaciones de promover y facilitar la participación ciudadana establecidas en la ley. Mientras que para los grupos de interés, se tipifican infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de registro, transparencia y conducta ética, que incluye desde apercibimientos hasta la exclusión temporal del registro para los casos más graves.

Para alcanzar sus objetivos, la ley incorpora nuevos instrumentos digitales de participación que aprovechan las potencialidades de las tecnologías digitales actuales sin renunciar a los valores y garantías de la participación presencial.

Así, contempla la creación de los Observatorios ciudadanos digitales, que constituyen espacios virtuales permanentes para el seguimiento ciudadano de políticas públicas específicas; los Presupuestos participativos digitales, donde se moderniza un instrumento clásico de participación mediante herramientas tecnológicas que facilitan la propuesta, evaluación y votación de proyectos ciudadanos, incorporando sistemas de geolocalización, evaluación técnica automatizada y seguimiento de la ejecución en tiempo real; y las plataformas de legislación colaborativa, que permiten la participación ciudadana directa en la elaboración de disposiciones normativas mediante sistemas que facilitan la propuesta de enmiendas, el debate temático estructurado y la síntesis de propuestas ciudadanas.

La ley potenciará, paralelamente, la participación presencial mediante instrumentos mixtos que combinan elementos presenciales con herramientas digitales complementarias, como los paneles ciudadanos permanentes o los laboratorios de innovación pública.

El texto normativo saldrá a información pública en las próximas semanas y podrá ser consultado en el portal web del Gobierno, en el apartado de Participación Ciudadana donde asociaciones y entidades podrán hacer sus aportaciones.

Las jornadas informativas del anteproyecto celebradas en Tenerife congregan a más de 250 personas

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, aboga por una norma “actualizada y con indicadores más exigentes para la Administración”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció las aportaciones recibidas por la ciudadanía y colectivos para “enriquecer” el futuro marco normativo de la nueva Ley de Gobierno Abierto, que incluirá transparencia y participación ciudadana. “La voluntad del Gobierno es que esta ley nos facilite una relación fluida con los ciudadanos, que vean una Administración abierta y amable, que acompañe y ayude”, apuntó.

Clavijo hizo estas declaraciones durante la presentación de las jornadas informativas sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que organiza la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y que congregó a 250 personas en el salón de actos de Presidencia del Gobierno en Tenerife. “Tenemos la responsabilidad de diseñar entre todos la Canarias del futuro”, finalizó Clavijo.

La consejera Nieves Lady Barreto, explicó que las leyes de transparencia y participación ciudadana, de 2010 y 2014, han quedado obsoletas en el tiempo, “no sólo por los avances tecnológicos, sino también porque la sociedad ha cambiado”. Barreto reconoció que estas leyes fueron pioneras y abrieron un camino de relación la Administración, pero “ahora toca trabajar en unos índices de transparencia más exigentes y establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan”.

“Con la nueva ley, nuestra relación con los ciudadanos será todavía más directa y conseguiremos que sea realmente una cogobernanza”, concluyó Barreto. La intención de la Consejería es tener el borrador definitivo antes de que acabe el año y abrir el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones al texto final, que el Gobierno trasladará al Parlamento.

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana recorre por segunda vez las siete islas del Archipiélago, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía canaria las aportaciones de la primera ronda y enriquecer la futura norma antes de abrir el trámite de audiencia pública.

Esta fase comenzó el pasado lunes 1 de septiembre en La Gomera, y ya se ha celebrado en Gran Canaria y Lanzarote. Además de la de hoy en Tenerife, el programa continúa en Fuerteventura y El Hierro los días 24 y el 30 y finalizará el 1 de octubre en La Palma.

Esta reunión da inicio a la ronda de encuentros que el Ejecutivo mantendrá con los diferentes sectores implicados, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, presidido por María Concepción Brito, para dar a conocer a la institución los detalles del texto del segundo decreto ley de vivienda en el que se encuentra trabajando el Ejecutivo para seguir impulsando las políticas en esta materia.

Esta reunión da inicio a la ronda de encuentros que la Consejería mantendrá con los diferentes sectores implicados, con el objetivo de presentar de manera detallada los aspectos clave del decreto y generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto que nutran el contenido del texto final del decreto antes de su aprobación.

En esta línea Pablo Rodríguez ha agradecido a la FECAM esta reunión, “que nos permite seguir avanzando en una de las grandes prioridades del Gobierno de Canarias: dar respuesta a la emergencia habitacional. Desde el inicio de la legislatura nos comprometimos con situar a la vivienda en el centro de la agenda política, movilizando todos los recursos e instrumentos posibles para agilizar la construcción de vivienda pública y fomentar la promoción de vivienda protegida. En este sentido, el decreto ley aprobado el pasado año ha permitido iniciar la construcción de más de 1.000 viviendas en 2024, y en 2025 se sumarán otras 1.000, reforzando así nuestro compromiso con el derecho de los canarios a tener una vivienda digna”.

“El nuevo decreto ley que presentamos hoy a la FECAM profundiza en esta línea de trabajo, abordando dos aspectos clave: la agilización de licencias urbanísticas y la incorporación de nuevos incentivos para la construcción de vivienda protegida. Es fundamental reducir los bloqueos administrativos que dificultan el desarrollo de suelos ya planificados y fomentar figuras innovadoras como la vivienda asequible incentivada, un modelo sin desarrollar, situando a Canarias como primera comunidad autónoma en llevarlo a cabo. Este esfuerzo requiere de la colaboración estrecha con los municipios, ya que son actores clave en la implementación de estas medidas. Nuestro objetivo es construir más viviendas, hacerlo con mayor rapidez y garantizar que los canarios y canarias tengan acceso a ella para construir sus propios proyectos de vida”, ha explicado Rodríguez.

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, ha afirmado que “desde la FECAM hemos abogado por la simplificación administrativa. Necesitamos que haya normas que nos permitan hacerlo”. A este respecto, vamos a trabajar de la mano con el Gobierno de Canarias para llegar a un texto consensuado y que nuestros trámites sean lo más ágiles posibles, que es lo que espera la población de Canarias”

Asimismo, ha añadido que “es indispensable pactar y consensuar los instrumentos de ordenación del territorio, las realidades insulares son muy diversas, No puedes armar una norma singular para cada lugar, pero sí se puede intentar consensuar textos que contemplen las singularidades de todas las islas. Tenemos una Ley de Islas Verdes y otras normativas en otros ámbitos en las que yo creo que se puede trabajar y conseguir que todos los sectores puedan avanzar”.

El consejero ha concluido destacando el compromiso de la Consejería para mantener una comunicación abierta y fluida con todos los actores involucrados, garantizando que las medidas propuestas respondan de manera efectiva a las necesidades de las administraciones, el sector y la ciudadanía.

El consejero Pablo Rodríguez ha mantenido una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el marco de una Comisión Bilateral

Esta modificación permitiría la tramitación de las licencias urbanísticas e impulsaría la edificación de inmuebles protegidos para seguir dando respuesta a la emergencia habitacional existente en el archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado hoy, en el marco de la Comisión Bilateral con el Ministerio de Vivienda, la necesidad de que el Estado acelere la modificación de la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda pública.

Rodríguez ha recalcado que “es importante que el Gobierno de España impulse esta modificación para destacar el importante problema de la tramitación y las licencias urbanísticas y poder facilitar la construcción de vivienda pública. Es por eso que le hemos pedido al Gobierno de España que acelere esa tramitación o modificación de la Ley del Suelo”.

En la reunión también han estado presentes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero.

Asimismo, el consejero ha reconocido que “el acceso a la vivienda se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los principales problemas del Estado y uno de los principales problemas de Canarias. Por eso, este Ejecutivo está haciendo la mayor apuesta de su historia en políticas de vivienda”.

En esta línea, Rodríguez ha explicado que el Gobierno de Canarias ha impulsado una batería de medidas, por un lado, aprobando el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, del que ha podido dar cuenta hoy a la ministra, Isabel Rodríguez, y, por otro, el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, u otras políticas vinculadas al derecho de superficie o a la construcción de vivienda pública, entre otras.

Asimismo, Rodríguez ha anunciado la próxima puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda en Canarias, una herramienta que permitirá recoger datos objetivos sobre el estado de la vivienda en el archipiélago y evaluar las medidas que se están desarrollando.

Bono Alquiler Joven

Durante el encuentro, el consejero ha trasladado la necesidad de que el Estado apruebe una nueva dotación de crédito para un nuevo período subvencionable del Bono Alquiler Joven.

Rodríguez ha explicado que “durante estos dos años, más de 3.400 personas resultaron beneficiarias del bono, que consistía en una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años a partir del reconocimiento del derecho a percibirla. Sin embargo, debido a la falta de cobertura presupuestaria estatal en la actualidad, no hemos podido prever ni proceder a una nueva convocatoria”.

En este sentido, el Estado ha entendido la petición del Ejecutivo Canario y ha asegurado que próximamente destinará una partida a cubrir el compromiso financiero que ha adquirido con Canarias mediante una transferencia de fondos que haga posible abrir un nuevo periodo subvencionado.

El presidente se reúne, durante dos días en Madrid, con los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para trasladarles el documento y conseguir el apoyo necesario para que salga adelante antes del mes de agosto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha destacado hoy, tras la reunión del Pacto canario por la Migración, que “Canarias sigue unida a la hora de abordar el fenómeno migratorio y la atención a los menores” al recibir el apoyo de la mayoría parlamentaria, a la propuesta de acuerdo elaborada por el gobierno canario y el gobierno del Estado, para modificar la Ley de Extranjería “que permitiría la redistribución de los menores que lleguen a las Islas y garantizar así un trato y atención dignos”.

“He constatado la generosidad y compromiso de las fuerzas parlamentarias, que a pesar de las diferencias hemos logrado unidad total para defender esta modificación sobre un texto, que es un buen texto pero que seguramente tendrá que sufrir pequeñas mejoras hasta su aprobación”, señaló.

En este sentido, el presidente se reunirá con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, en unos encuentros a los que asistirá el ministro Ángel Víctor Torres y los equipos técnicos y jurídicos de ambos gobiernos,a los que trasladará la necesidad de aprobar cuanto antes esta modificación, “preferentemente como Decreto Ley y si no, como Proposición de Ley por vía de urgencia, para lo que nos hemos fijado de plazo hasta finales de julio”.

La situación es preocupante en estos momentos, con más de 5.600 menores en las islas, y previsiblemente se agravará “si tenemos en cuenta la situación que se vive en los países africanos, como nos confirmaron en Bruselas los funcionarios europeos de exteriores”, advirtió.

Para Clavijo, “el texto acordado es un buen texto y da satisfacción a las necesidades tanto del Estado como de la Unión Europea, aunque como en cualquier negociación todos hemos tenido que ceder”. En ello han coincidido los grupos, excepto Vox que no se ha unido al consenso.

Sobre la ficha financiera, el titular autonómico, señaló que “no está redactada en los términos que habíamos propuesto: nosotros garantizábamos la ficha independientemente de la celebración de la conferencia sectorial sobre Infancia, mientras el Estado lo remite a esa cita”, explicó.

Para Canarias, esta decisión “es menos operativa porque los costes no pueden ser lo mismos en todas las comunidades, pero en cualquier caso será uno de los temas que trataremos en las reuniones de estos dos días”, anunció

Clavijo concluyó manifestando su esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo, “y que en julio podamos dar forma a la respuesta que necesitan los niños y las niñas que llegan a las islas y a que Canarias no tenga que afrontar esta situación en solitario, ni cualquier otra comunidad que se pueda encontrar en estas mismas condiciones”.

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

El presidente logra el respaldo de los grupos parlamentarios al acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y garantizar así la corresponsabilidad de las comunidades autónomas

Todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, excepto Vox, se comprometen a impulsar una tramitación rápida del cambio legislativo en las Cortes Generales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el acuerdo alcanzado con el Estado para distribuir por ley los menores migrantes representa “el éxito del modo canario de hacer política”. “Es la mejor demostración de los beneficios” que aportan el diálogo y el consenso para resolver los problemas del archipiélago. Así lo ha subrayado tras agradecer a los partidos su lealtad a una “voz única de Canarias” que ha “allanando el camino para que Madrid al fin se adhiera” a buscar una solución.

Tras el encuentro mantenido este martes con los portavoces parlamentarios Clavijo ha destacado el rédito del “trabajo conjunto” desarrollado por el Gobierno y los grupos durante los últimos meses para impulsar un cambio normativo que Canarias llevaba años reclamando. Este trabajo “en equipo” comenzó el 19 de octubre del año pasado con la firma del Pacto Canario por la Migración, continúo con la inclusión de la distribución de los menores en la Agenda Canaria y se plasmó en la Comunicación aprobada por el Parlamento el pasado 28 de febrero, con el único voto en contra de Vox.

De forma paralela y siempre en coordinación con los partidos políticos, el presidente destaca que han sido los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias los encargados de redactar y negociar la denominada solución canaria, una propuesta elevada al Estado con cuatro vías legislativas para garantizar que la comunidad autónoma deje de asumir en solitario la acogida y tutela de los menores migrantes que llegan a las costas de las islas.

El titular del Gobierno canario ha realizado estas declaraciones tras una reunión celebrada en la Cámara regional donde ha logrado el respaldo de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios a la fórmula de modificación normativa pactada con el Estado para garantizar por ley la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Ley de Extranjería

Todos los portavoces, excepto el de Vox, han manifestado su apoyo a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, al considerarla una vía segura para lograr un reparto solidario y vinculante de los 5.357 niños y niñas que Canarias tutela en la actualidad repartidos en 74 dispositivos alojativos. Clavijo espera que la tramitación de esta reforma legislativa sea “ágil” y pueda materializarse durante el mes de abril.

Para lograrlo, el presidente de Canarias y los portavoces parlamentarios se han comprometido a liderar contactos con los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar su voto a favor de la modificación legal que eleve el Gobierno español a las Cortes.

Clavijo ha informado a los grupos del acuerdo alcanzado la semana pasada en un encuentro en Madrid entre equipos técnicos del Gobierno canario y el español liderados por el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como responsable máximo de la Comisión Interministerial de Migraciones. Tras escoger la vía de modificación de la Ley de Extranjería, ambos equipos se han marcado un plazo máximo de diez días para perfilar la redacción definitiva del texto que el Estado remitirá a las Cortes Generales para su aprobación.

En la reunión celebrada este martes en el Parlamento, Fernando Clavijo estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Como portavoces de los grupos de la Cámara han asistido Sebastián Franquis (Grupo Socialista Canario), José Miguel Barragán (Grupo Nacionalista Canario), Luz Reverón (Grupo Popular), Luis Campos (Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista), Nicasio Galván (Grupo Vox), Casimiro Curbelo (Grupo Agrupación Socialista Gomera) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).

El Pleno del Parlamento aprueba por unanimidad la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario para tramitar con mayores garantías los expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos

El Parlamento de Canarias aprueba, en el marco del debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Una regulación que dotará al Gobierno canario de plazos más amplios y de una mayor eficacia a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, valoró el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios para la aprobación de esta modificación, tramitada como proyecto de Ley, apuntando que “estamos cumpliendo, una vez más, con nuestro compromiso de aportar medidas eficaces y efectivas apenas habiendo cumplido nuestros cinco primeros meses de gestión” para lo que “hemos aportado soluciones reales ante la situación de emergencia energética que actualmente padece Canarias y que ha sido apoyada y respaldada plenamente en esta cámara”.

Asimismo, Zapata apuntó que “la grave situación de déficit energético que durante años han advertido los operadores del sistema, y que motivó la declaración de emergencia energética por parte de este Gobierno el pasado 2 de octubre justifican la extraordinaria y urgente necesidad de avalar esta modificación”. Lo que, según afirmó “es un paso más para abordar los problemas históricos de la energía en Canarias”.

La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Le de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.

Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.

El Proyecto de Ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, inicia encuentros sectoriales con carácter participativo y de recogida de propuestas que puedan ser incorporadas en la propia Ley

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han mantenido este martes un encuentro de trabajo con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) para escuchar sus inquietudes y propuestas, de cara a la redacción de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

De León destacó que “con esta reunión, comienza una segunda fase de participación de esta iniciativa legislativa, tras finalizar el período de consulta pública, en el que se recibieron 5.078 aportaciones de la ciudadanía”. En esta nueva fase, indicó, se recogerán las propuestas de los agentes implicados para que la futura norma cuente con el mayor consenso posible.

“En este sentido, recabar la opinión de los municipios turísticos es fundamental, porque conocen mejor que nadie la realidad del sector”, afirmó la consejera, quien valoró la elevada asistencia al encuentro, en el que participaron más de 40 representantes locales.

El director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que el encuentro “ha sido muy productivo y satisfactorio, porque los municipios turísticos han presentado muchas propuestas en todos los sentidos, desde cómo debe ser la implantación de la norma en el ámbito turístico y en el urbano, hasta la relación con el principio de unidad de explotación, o la necesidad de establecer indicadores de sostenibilidad para fijar el número de viviendas vacacionales que puede acoger cada núcleo de población”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Municipios Turísticos y alcalde de Adeje, en Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, resaltó que la reunión “ha sido intensa y participativa y pone de manifiesto la necesidad de regular y organizar la vivienda vacacional, que tiene muchas implicaciones, no solamente en el modelo turístico en sí, sino en su incidencia sobre la vivienda y la vida de los residentes”.

La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, destacó que este encuentro permite seguir los pasos de la regulación de la vivienda vacacional en una cita en la que “tras exponer nuestras incidencias y dudas sobre la futura norma, pudimos realizar un fructífero debate”.

La alcaldesa también agradeció la oportunidad dada a los municipios turísticos y la capacidad de diálogo ofrecida por el Gobierno de Canarias, que permite, dijo, “seguir trabajando coordinadamente para lograr una normativa acorde a las necesidades del Archipiélago”.

La próxima reunión de esta segunda fase de participación tendrá lugar este viernes, 22 de diciembre, en Fuerteventura, con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que dirige Manolo Miranda.