En los momentos más duros de los gravísimos incendios forestales del verano nadie, ni en los pueblos ni en las ciudades, podía mostrarse indiferente ante las imágenes del fuego avanzando sin control por las montañas. Escenas de pueblos acosados por las llamas, casas ardiendo, animales muertos, bomberas y bomberos forestales agotados -y mal pagados- por un trabajo de extrema dureza, agricultores convirtiendo sus tractores en herramientas de lucha contra el fuego, hombres y mujeres desesperados con mangueras, escobones improvisados y hasta cubos de agua

Más allá de los protagonistas, víctimas involuntarias del desastre, la retransmisión en directo de los incendios llega a la sociedad con el filtro de la televisión o el móvil, globalizando la evidencia de que, con independencia de la causa concreta de cada fuego, veranos como el de 2025 demuestran que vivimos en una emergencia climática extrema.

Cada verano es, desde hace años, el más caluroso desde que hay registros. A lo que se añaden fenómenos de tormentas y lluvias excepcionales por las DANAS -una palabra que desgraciadamente es ya familiar para todos- provocadas por el calentamiento excesivo del mar durante los meses de calor. En definitiva, una realidad que nos exige como sociedad actuar de manera inmediata para prevenir y mitigar, las dos acciones clave frente al cambio climático.

El debate posterior a los incendios de este año está cristalizando en un gran debate político y social, aupado por el Gobierno con su propuesta de Pacto de Estado. Lo cierto es que la realidad parlamentaria, política y territorial de España no parece muy proclive a grandes pactos de Estado. Pero ello no quita fuerza a la voluntad de quién gobierna para recordar que la emergencia climática es cierta, muy grave y con efectos demoledores, desmontando negacionismos de todo tipo.

Y en este punto entramos nosotros, los hombres y mujeres que vivimos y trabajamos en campo, en los llanos, los montes y los valles, en los grandes secanos y en las riberas de los ríos; porque en nuestro trabajo radica, en gran medida, el camino que permite prevenir y mitigar.

Frente a la emergencia climática, más y agricultura y ganadería familiar, sostenible y, sobre todo, más rentable.

Solo así conseguiremos que el relevo generacional sea una apuesta convencida en las explotaciones familiares, que otras y otros jóvenes sin “herencia” vean en la actividad agraria una alternativa deseable para su futuro; y con todo ello, contribuir a que los pueblos no se vayan quedando, poco a poco, con las casas vacías.

A más campo vivo, menos incendios. A más ganadería extensiva, con animales pastando y limpiando montes y prados de malezas, menos incendios. A más compromiso real de todas las instituciones con apoyos públicos para la agricultura familiar, menos incendios.

Esperemos que si no es posible llegar a un Pacto de Estado, al menos consigamos alcanzar un gran pacto social para actuar con contundencia frente a la gran emergencia climática.

Editorial del número 306 de la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería.

La organización agraria UPA aplaude la presentación de la Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura y exhorta a todos los Gobiernos a desarrollarla con urgencia

La edad media de los agricultores en la Unión Europea es de 57 años, y solo el 12 % tiene menos de 40 años, de los cuales apenas el 2,5 % son mujeres. En España, el 41 % de los titulares de las explotaciones son mayores de 65 años y tan sólo el 9 % es menor de 41 años. Datos que demuestran el enorme desequilibrio en la estructura de las explotaciones agrarias europeas, en la que España no es una excepción. Este problema lleva muchos años siendo denunciado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y sin embargo no ha sido suficientemente atendido desde el ámbito de la política, a todos los niveles.

Esta situación podría estar a punto de cambiar gracias a una estrategia presentada por la Comisión Europea. La Estrategia para el Relevo Generacional en la Agricultura se ha presentado esta semana, con ambiciosos objetivos como para garantizar el futuro del campo europeo ante el envejecimiento de la población agraria y la pérdida de jóvenes en las zonas rurales, pretendiendo llegar a duplicar el número de jóvenes agricultores en la Unión Europea para 2040, del 12 al 24%.

UPA ha valorado positivamente la nueva estrategia, que reconoce claramente a los y las jóvenes agricultores como figuras clave para la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, garantizando la renovación generacional especialmente en las explotaciones familiares. El relevo generacional se enfrenta sin embargo a importantes barreras: el acceso a la tierra y al crédito, los bajos ingresos y la falta de servicios y formación en las zonas rurales.

Cinco grandes líneas de actuación

La estrategia se basa en potenciar cinco grandes líneas de actuación:

Acceso a la financiación y al crédito. La financiación es esencial en la adquisición de tierras, puesto que el sistema que más opera es el del arrendamiento, no el de propiedad. Según explican desde UPA, los jóvenes deben poder adquirir tierras para asegurar el éxito de su plan de negocio, por ello la estrategia establece triplicar la ayuda máxima para la instalación de jóvenes agricultores hasta 300.000 euros, con préstamos adaptados, garantías y condiciones más favorables

Acceso a conocimientos y habilidades. La formación y las habilidades específicas para establecer y mantener explotaciones agrícolas viables son factores clave para que los jóvenes agricultores y ganaderos se desarrollen exitosamente. Se reforzarán los programas de educación y asesoramiento agrario, incluyendo el Erasmus para Jóvenes Emprendedores (EYE) y una Plataforma Europea de Mujeres en la Agricultura. El paquete proporcionará a los estudiantes ejemplos claros y prácticos de enfoques agrícolas modernos, como la diversificación, las herramientas digitales, la sostenibilidad y el trabajo conjunto en nuevos modelos de negocio.

Acceso a la tierra. Se creará un Observatorio Europeo del Suelo para mejorar la transparencia en la propiedad del suelo, ayudando a los agricultores a acceder a las tierras disponibles y apoyando la sucesión de las explotaciones agrícolas, además de informar sobre las políticas y prevenir la especulación con el suelo, facilitando a los nuevos agricultores el inicio de su actividad.

Condiciones de vida justas y acceso a nuevas oportunidades de ingresos. Se impulsarán servicios esenciales como sanidad, transporte o conectividad digital, junto a la figura de los “Embajadores Juveniles Rurales” que promoverán una imagen moderna del campo europeo, siendo defensores de la agricultura y la vida rural y contribuyendo activamente a los debates sobre políticas.

Sucesión y jubilación. Es esencial que los agricultores de más edad que desean jubilarse tengan las oportunidades y los medios para hacerlo con dignidad y seguridad financiera, fomentando el relevo generacional y asegurando pensiones adecuadas para una vida digna.

Una de las claves: el presupuesto

La estrategia recomienda a los Estados Miembros destinar al menos el 6 % de su presupuesto agrícola a medidas específicas que favorezcan la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores, y que elaboren estrategias nacionales antes de 2028 para facilitar este cambio generacional. Sin embargo, adolece de un presupuesto europeo propio y ambicioso, una de las claves, en opinión de UPA, para que la Estrategia logre sus objetivos.

El representante de UPA en el CEJA, Cristóbal Touriñán, participa hoy y mañana en el Consejo de Jóvenes Agricultores (CEJA) en reuniones, con la presencia de la DG Agri, en las que se analizará y valorará la nueva Estrategia, en las que los y las jóvenes de UPA depositan sus esperanzas para afrontar los retos de futuro de los y las jóvenes del campo.

Las reivindicaciones y el trabajo del sector logran retrasar hasta 2027 la obligatoriedad del cuaderno digital de explotación. La modificación legislativa europea deberá ahora trasladarse a nivel nacional

Una de las principales reivindicaciones de agricultores y ganaderos en las movilizaciones ha sido el exceso de burocracia y carga administrativa. La saturación de normas y reformas de todo tipo complica de forma importante el trabajo de los productores de alimentos, que llevan tiempo reclamando medidas que simplifiquen los trámites que están obligados a realizar. Uno de esos trámites novedosos, que causa desazón e incertidumbre en el sector, es el llamado cuaderno digital de explotación. Un elemento administrativo y burocrático cuya entrada en vigor acaba de retrasar la Unión Europea.

El pasado viernes, se aprobó en el SCOPAFF (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos) el proyecto de propuesta de Reglamento de Ejecución (UE) de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 en lo que respecta a la transferencia a formato electrónico de los registros de productos fitosanitarios. En la práctica, esto supone que los Estados Miembros pueden aplazar un año (del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027) la obligación de disponer de un registro digital.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “logro muy relevante” esta reforma legislativa que añade flexibilidad a un sector “muy necesitado de medidas de apoyo”. UPA vincula este cambio a los procesos de movilizaciones que se han organizado en los últimos años: “Al fin Europa se ha dado cuenta de que al sector primario hay que apoyarlo y ayudarlo”, han señalado.

A nivel nacional, UPA reclama ahora la rápida transposición de este reglamento de la UE a la legislación nacional. Una prórroga que se suma a la que ya pactó la organización con el Ministerio de Agricultura en su Acuerdo de 43 medidas de apoyo al campo, firmado el pasado 2024.

Con esta nueva prórroga, los agricultores tendrán derecho durante un año más a elegir si prefieren gestionar su cuaderno de explotación mediante medios electrónicos o en soporte de papel. UPA ha animado a los agricultores a acudir a sus oficinas en toda España donde les ayudarán a realizar este trámite de la forma más sencilla posible.

El premio reconoce a jóvenes agricultores y ganaderos de Europa y Asia Central

El acto de entrega se ha producido durante la 44ª sesión de la Comisión Europa de Agricultura, en Budapest

La joven ganadera Lourdes Perona, integrante de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la 44ª sesión de la Comisión Europea de Agricultura, celebrada en Budapest.

El galardón forma parte del Reconocimiento a Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Europa y Asia Central, una iniciativa con la que la FAO celebra su 80º aniversario destacando proyectos rurales innovadores, sostenibles y comprometidos con el territorio.

Perona ha sido seleccionada entre candidaturas de toda Europa y Asia Central, tras superar un riguroso proceso de evaluación que incluyó entrevistas en inglés con un panel de expertos de la FAO. El jurado quedó especialmente impresionado por su historia personal, su apuesta por la ganadería extensiva y ecológica, y su firme defensa del relevo generacional en el medio rural.

“Este reconocimiento supone un impulso enorme que pone en valor el esfuerzo diario, la apuesta por un modelo sostenible y la importancia de seguir apostando por la vida en nuestros pueblos”, ha declarado Lourdes Perona tras recibir la distinción. “Es también un reconocimiento al trabajo de todas las personas que, desde pequeñas explotaciones familiares, defienden una forma de producir alimentos respetuosa con el territorio, los animales y el medio ambiente”, ha añadido.

Un impulso para seguir innovando desde el territorio

Desde FADEMUR y UPA han felicitado a Lourdes y han señalado que este premio “visibiliza el papel fundamental de las mujeres rurales en la transformación del campo y en la lucha por un modelo agroalimentario más justo y sostenible”.

Este galardón no solo reconoce la trayectoria profesional de Lourdes Perona, sino que también lanza un mensaje claro: el futuro del medio rural pasa por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso de nuevas generaciones que, como Lourdes, deciden quedarse, resistir y transformar el entorno desde dentro.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se reúne con el comisario Hansen y con europarlamentarios en Bruselas con un mensaje rotundo en contra de la propuesta inicial de reforma de la PAC, que consideran “inasumible”.

“Queremos más reuniones cara a cara, y no a través de una pantalla. Es así como se intercambian opiniones y como se pueden cambiar las cosas en Bruselas”. Así de rotundo se ha mostrado el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, tras visitar hoy las instituciones europeas y reunirse con algunos de sus altos representantes. Un viaje que casi se ve truncado por el ciberataque que se produjo el pasado fin de semana al aeropuerto de Bruselas y que obligó a reducir notablemente la delegación de agricultores y ganaderos de toda España prevista inicialmente.

El plato fuerte de la visita, la reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, se ha celebrado esta mañana, con temas de gran interés para el campo español como la Política Agraria Común –y su futura reforma–, los aranceles de Trump, la OCM única o el Acuerdo UE-Mercosur.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha reclamado a Hansen una PAC con más presupuesto y que sea “verdaderamente común”. Los productores reclaman una PAC que dependa de Europa y que no dé tanto margen a los Estados Miembros para renacionalizar las políticas. La organización ha mostrado su total rechazo a la propuesta de Marco Financiero Plurianual, que consideran no ajusta las dotaciones presupuestarias destinadas al campo a los retos que afronta la sociedad europea en materia alimentaria.

UPA ha mostrado no obstante su interés en cuestiones de la reforma que califican de “positivas” como son las medidas para un reparto más justo y más social de las ayudas, apostando por el capping y la degresividad de las ayudas, fortaleciendo las ayudas asociadas, y fomentando a los jóvenes y las mujeres rurales.

La organización ha pedido a Hansen un fondo que ayude a hacer frente a la crisis climática, que contemple las estrategias de adaptación y mitigación que afectan a los agricultores y ganaderos, con un diseño más flexible.

Relaciones comerciales

En materia de acuerdos comerciales, UPA trasladado su incertidumbre por lo que consideran “claudicación de Europa ante Estados Unidos” por los aranceles que afectan a nuestras exportaciones. “Se pone una alfombra roja a exportaciones que Europa no considera sensibles, pero sí lo son en España, como las frutas y hortalizas, los lácteos o los frutos secos”.

En relación con el Acuerdo UE-Mercosur, UPA ha explicado al comisario Hansen que un acuerdo es aquel que beneficia a ambas partes, y que para los productores europeos no puede suponer una amenaza y debe servir para favorecer nuestras exportaciones en productos como el aceite de oliva o el vino. En el caso de productos potencialmente perjudicados, como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz o la miel “se deben aplicar cláusulas de salvaguarda”, sentencian.

Desde UPA han mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión para reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. “Esta nueva OCM debe servir para que los agricultores y ganaderos tengamos más poder a la hora de fijar los precios para nuestros productos, con contratos por escrito, que se traduzcan en unos precios más justos para los productores”, afirman.

Encuentros en la Eurocámara

La delegación de UPA ha acudido también al Parlamento Europeo, donde han trasladado a diferentes europarlamentarios, como Cristina Maestre, del grupo de los Socialistas y Demócratas, o Juan Ignacio Zoido, del Grupo Popular, la necesidad de oponerse a la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea.

UPA ha pedido, tanto en Comisión como en Parlamento, un refuerzo de la interlocución con el sector: “hay que recuperar los Grupos de Diálogo Civil con los distintos sectores y hemos obtenido el compromiso de que se va a apostar por dar más peso al diálogo y a la presencia de agricultores y ganaderos en las instituciones europeas”.

La gran complejidad en los procesos y los equilibrios políticos para tomar decisiones es, con toda seguridad, una de las mayores ventajas con que cuenta históricamente la Unión Europea para avanzar en la integración y el progreso de los países y las poblaciones que la componemos

Nada es fácil, ni simple ni lineal. Aquí no caben personalismos abiertamente totalitarios al estilo de Trump, Putin o similares, bajo cuyo poder las cosas se hacen porque sí, porque yo lo digo. En la Unión Europea, afortunadamente, todo es más sutil; cada paso, por pequeño o grande que sea, requiere de mucha negociación y consenso. Y, finalmente, a pesar de las dificultades y la desesperación que se genera en los procesos, el resultado siempre termina, sin satisfacer a todos, siendo razonablemente positivo.

Con este espíritu lleva construyéndose y creciendo la Unión Europea desde hace casi 70 años y entre sus mayores éxitos destaca, sin duda, la consolidación de un modelo de soberanía alimentaria, surgido de las hambrunas posteriores a la segunda guerra mundial, cuya base es y sigue siendo la Política Agraria Común.

España forma parte del proyecto común europeo desde hace ya 40 años, con un peso político-económico relevante y con periodos de gran influencia estratégica en propuestas, debates y decisiones, como está ocurriendo, por ejemplo, en los últimos años, especialmente tras la crisis global de la pandemia.

Vienen a cuento estas reflexiones cuando nos enfrentamos, en el verano de 2025, al arranque de un largo camino para aprobar los presupuestos y las grandes políticas de gestión común para el período 2028-2034, cuyo primer paso ha sido, a mediados de julio, la propuesta aprobada por la Comisión Europea, en la que se incluye un importante recorte presupuestario para la PAC y cambios normativos que generan incertidumbre y amenazas sobre el futuro común de la que sigue siendo la más importante de las políticas comunes.

La carrera tiene mucho fondo, durará más de dos años, hasta que previsiblemente se aprueben los nuevos presupuestos en el otoño de 2027. Pero la respuesta sindical de las organizaciones que representamos al colectivo social y productivo más importante del campo europeo debe ser inmediata y contundente. Por eso en UPA, nada más conocer la propuesta de la Comisión, hemos dejado claro que no podemos (ni debemos) consentir que la PAC se desmantele.

Somos conscientes de que la Comisión no propone ni derribar ni poner la casa patas arriba. Incluso en su propuesta hay elementos a valorar en cuanto a la necesarias medidas diferenciadas hacia las explotaciones más pequeñas y la imprescindible incorporación de jóvenes.

Pero el recorte presupuestario, de hasta un 22%, y sobre todo los cambios en el modelo de gobernanza son muy negativos y preocupantes; especialmente cuando se habla de avanzar sin disimulo hacia una cada vez mayor renacionalización de la PAC, que progresivamente dejará de ser menos común y más nacional. La conclusión es evidente: menos igualdad entre agricultores y ganaderos en función de la capacidad (y la voluntad) de los Gobiernos de cada país.

La movilización sectorial y social en todos los Estados miembros es el único factor crítico capaz de evitar el desastre. Así se vio, en el ejemplo más reciente, cuando las grandes movilizaciones de los primeros meses de 2024 en todo el campo europeo consiguieron cambios importantes en la gestión y la simplificación de la PAC.

Las y los verdaderos profesionales del sector agrario tenemos la responsabilidad de alertar a la sociedad sobre la importancia colectiva de la Política Agraria Común. Que nadie piense que la presión es por conseguir un poco más de ayuda. Lo que está en juego es garantizar que la Unión Europea siga siendo el mejor ejemplo mundial en materia de soberanía alimentaria.

Y ello solo será posible si aseguramos el relevo generacional, la ilusión por seguir en la faena y una rentabilidad -no solo económica- que merezca la pena. En caso contrario, pasito a paso, nos encaminaremos hacia el barbecho común europeo.

La organización exige una ley clara que retrate a quien no defiende este modelo social y económico

Tras las declaraciones vertidas por el Partido Popular (PP) en el municipio lucense de Palas de Rei (3.267 habitantes), menospreciando los modelos de agricultura familiar en defensa de multinacionales externas que nos respetan los recursos ni los modelos tradicionales de la zona, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), expresa su más enérgica protesta ante este posicionamiento y actuaciones del PP de Palas de Rei, que suponen un ataque directo e injustificado contra las pequeñas explotaciones familiares que constituyen el motor productivo del municipio.

Según datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), en Palas de Rei existen alrededor de 230 explotaciones ganaderas y un censo aproximado de 7.200 vacas, lo que supone una media de 30 vacas por explotación. Esta es la realidad productiva de la zona, tanto en modelos intensivos como extensivos: explotaciones de carácter familiar, gestionadas por cientos de personas que trabajan día a día para producir alimentos de calidad, generar riqueza económica y mantener vivo el territorio.

Un modelo que vertebra el territorio

Sin embargo, el caso de Palas de Rei no es aislado. Hace solo unas semanas, en Aragón, el gobierno de Jorge Azcón (PP) se posicionaba al lado de los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión que afectan a la agricultura familiar, con la modificación de la Ley de Agricultura Familiar en la zona.

UPA recuerda que la agricultura familiar no solo aporta producción primaria, sino que cumple funciones sociales, ambientales y culturales insustituibles: fija población en el medio rural, evitando el despoblamiento; estructura el territorio y mantiene vivos los pueblos; contribuye a la economía local con la compra de insumos y servicios y cuida del paisaje y gestiona de forma sostenible los recursos.

Por todo ello, resulta inaceptable que desde una institución o formación política se desacredite a este modelo productivo, que no solo produce alimentos, sino que sostiene el tejido social y económico del medio rural, evita el despoblamiento, cuida del paisaje y contribuye a la vertebración territorial.Cualquier intento de desprestigiar o atacar este modelo productivo supone un grave daño no solo para las familias afectadas, sino para el conjunto de la comunidad.

En este contexto y ante el devenir de los hechos que se vienen produciendo, UPA lamenta que la agricultura familiar se use con fines ideológicos y reclama una ley que tipifique el modelo de agricultura familiar que esté apoyado y protegido por todas las fuerzas políticas.

El secretario internacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, José Manuel Roche, viaja hasta Brasil para resolver las dudas que genera el Acuerdo UE-Mercosur. Junto a representantes del CESE europeo, UPA exige que el acuerdo sea equilibrado y beneficie a ambos lados: “No lo aceptaremos si no se nos respeta”, afirman

En una semana en la que el sector agrario ha recibido con malestar el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzado por la presidenta Von Der Leyen con Donald Trump, UPA ha viajado hasta Brasil, donde ha participado en un encuentro con su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El viaje se enmarca en una misión de representantes de la sociedad civil europea, organizados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha participado esta semana en numerosos encuentros con representantes de la sociedad civil brasileña y con el Gobierno del país. “Hoy más que nunca tenemos que avanzar en abrir mercados nuevos e interesantes para las producciones que puedan verse afectadas por los aranceles”, ha señalado.

En tiempos de incertidumbre geopolítica internacional, UPA considera “imprescindible” reforzar las relaciones multilaterales y despejar las dudas que ha despertado este acuerdo, negociado entre acusaciones de falta de transparencia. José Manuel Roche ha explicado que el objetivo de su misión en Brasil es aclarar las incertidumbres y despejar incógnitas, así como trasladar con firmeza que el alcance del acuerdo debe ser equilibrado y beneficiar a ambos lados. “El Acuerdo se debe regir en los principios de justicia, beneficio mutuo y cooperación a largo plazo. Se deben reconocer los sectores sensibles e incluir mecanismos para abordar las disparidades. Ninguna región o país debe verse perjudicado”, ha señalado.

“El Acuerdo sólo tendrá sentido si abre oportunidades y no perjudica a nadie”

El acuerdo aspira a crear una de las zonas de libre comercio más vastas del mundo, incluyendo a 780 millones de personas (el 10% de la población mundial y el 25% del PIB mundial). “Esto debe ser una oportunidad crucial para que ambas regiones reforcemos nuestros vínculos económicos y políticos. Ahora bien, la experiencia nos dice que en todos los acuerdos entre diferentes partes del mundo se puede utilizar a la agricultura como moneda de cambio”, afirma Roche desde Brasil.

El aceite de oliva y el vino español pueden encontrar una salida interesante en los países del Mercosur. Sin embargo, sectores como el vacuno de carne, el azúcar o el arroz pueden ver comprometida su competitividad. UPA reclama que en el proceso de ratificación se modifiquen aquellos puntos que perjudiquen a los agricultores y ganaderos europeos. “Nuestras preocupaciones son medioambientales, en materia de plaguicidas, hormonas, bienestar animal o condiciones laborales. Se debe proteger a los productores y los consumidores, estableciendo también firmes controles en frontera que garanticen las mercancías”.

Los agricultores exigen que se cree un fondo de compensación destinado a los sectores que puedan verse afectados, en cuya definición se cuente con el sector. Igualmente, creen que debe monitorizarse el acuerdo para poder reevaluar con agilidad sus términos, estableciendo cláusulas de salvaguarda. Finalmente, exigen un etiquetado claro y transparente, “pues los consumidores tienen derecho a conocer el origen de los alimentos que están comprando”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos muestra su rechazo frontal a la propuesta de presupuestos presentada ayer por la Comisión Europea: reduce los fondos, amplía la incertidumbre y complica la gestión. “No lo aceptamos y lucharemos para que se cambie”, anuncian

La propuesta de presupuestos para la Unión Europea para el sexenio 2028-2034 ha caído como un jarro de agua fría entre los agricultores y ganaderos españoles. A pesar de los rumores que en los últimos meses hacían presagiar malas noticias para los intereses del sector primario, los productores de alimentos albergaban ciertas esperanzas de que sus temores no se confirmasen.

Sin embargo, se han confirmado: de aprobarse esta propuesta de presupuestos –cosa que desde UPA esperan que no ocurra– el presupuesto para la PAC se reduciría entre un 20 y un 30%, pasando de 386.000 a 300.000 millones de euros. Esta reducción sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 % en 1980 a cerca del 24,6 % en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20 %.

En la propuesta de la Comisión Europea, presentada ayer por Ursula Von Der Leyen, la PAC pierde su propia autonomía y dependerá de las decisiones y prioridades de los diferentes Estados Miembros, lo que para UPA supondría en la práctica una “ruptura en la igualdad de trato entre productores que pertenecemos a un espacio común y sin fronteras. En definitiva, una PAC recortada y renacionalizada destruye la estrategia comunitaria”.

Desde UPA advierten además de que el sistema de ayudas sería totalmente nuevo, lo que supondría un aumento de la complejidad para su puesta en marcha. La organización pronostica que el proceso de definición y reparto de las ayudas podría ser “una auténtica locura”.

¿Hay algo interesante en la propuesta de la Comisión?

Con menos presupuesto y una nueva estructura que no parece gustar a nadie cabe preguntarse si hay algún aspecto para reflexionar en la propuesta de la Comisión Europea. Desde UPA señalan algunos puntos que podrían ser interesantes:

Los agricultores se preguntan si la inclusión de la PAC en un fondo único más amplio podría dar lugar al sector a acceder a nuevos fondos.
Se establecen recomendaciones para que se canalicen las ayudas hacia los agricultores en función de la importancia de la actividad agrícola en su renta.
También se defiende la necesidad de mantener a los agricultores pluriactivos y un régimen de pequeños agricultores de hasta 3.000 euros.
Sigue avanzando en un reparto más justo de las ayudas, reduciendo el importe de las ayudas según crecen las hectáreas.
Obligará a los Estados Miembros a desarrollar planes específicos de relevo generacional.
Establecerá pagos a zonas con limitaciones naturales.
Aumentará las ayudas de crisis, muy necesario en este contexto de cambio climático.
Mantiene las ayudas asociadas dirigidas a los sectores que más lo necesitan.

Próximos pasos

El proceso de reforma de la PAC es una carrera de fondo que en realidad comienza con la propuesta conocida ayer. Ahora, en otoño se conocerá el informe del Parlamento Europeo valorando la propuesta de la Comisión. Su competencia está limitada al control y gestión (aprobación o rechazo). Más tarde, a finales de 2027, deberán concluir las negociaciones con el Consejo y Parlamento. En este periodo, deberán intensificarse las negociaciones dentro de cada Estado, contando con el sector y con las Comunidades Autónomas, para lograr proteger y defender a la agricultura y ganadería familiar de España.

UPA advierte de que, de no modificarse esta propuesta, se producirán movilizaciones de alta intensidad en toda Europa y recuerdan: “No luchamos sólo para garantizar apoyos justos para los y las agricultores y ganaderos, sino para asegurar la alimentación de todos los ciudadanos y ciudadanas europeos”.

La iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos europeos, busca reducir la brecha digital en zonas despobladas a través de formación gratuita

El proyecto llegará a más de 3.500 personas en seis comunidades autónomas

Para formar en el medio rural, los equipos técnicos han recibido formación específica en cómo detectar “fake news” y en crear pensamiento crítico impartido por distintos expertos en la materia

Las organizaciones UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) han puesto en marcha de forma conjunta el proyecto “ Pueblos en clave digital” , una iniciativa que forma parte del programa Reto Rural Digital , impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con financiación de la Unión Europea.

Este proyecto tiene como finalidad principal mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en zonas rurales, especialmente entre colectivos con mayores dificultades de acceso a los recursos tecnológicos y formativos. La actuación se desarrollará de manera coordinada por ambas entidades en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia.

Los programas de formación están dirigidos a personas residentes en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes; entidades locales menores, como pedanías, parroquias, barrios rurales o aldeas, incluso si pertenecen a municipios de mayor tamaño; o núcleos de población dispersos de municipios de más de 20.000 habitantes.

Esta segmentación busca priorizar áreas rurales especialmente afectadas por la despoblación y con cobertura limitada de servicios digitales.

Formación digital adaptada y gratuita

“ Pueblos en clave digital” contempla un total de 3.500 participantes a lo largo de su ejecución, con un enfoque inclusivo y de equilibrio territorial. La formación se impartirá tanto de forma presencial como online, siendo complementarias ambas modalidades.

Los grupos prioritarios que contemplan el programa, con especial atención a mujeres, son personas mayores de 65 años y menores de 35 años. También se contempla la participación de personas menores de 25 años.

La formación se articulará en torno a cuatro itinerarios temáticos de 9 horas de duración cada uno, adaptados a las necesidades del entorno rural:

Relación telemática con la administración pública: orientada a facilitar el acceso a los servicios públicos digitales. Se abordarán temas como el uso del sistema de identificación electrónica (Cl@ve, certificado digital), trámites sanitarios, consultas al catastro o gestiones en la Carpeta Ciudadana.

Seguridad y privacidad digital: este itinerario enseñará a identificar amenazas digitales como el phishing o los fraudes bancarios, ya proteger los datos personales mediante herramientas básicas de ciberseguridad.

Información y comunicación: centrado en el uso crítico y responsable de la información online. Se enseñará a contrastar fuentes, identificar contenidos falsos o manipulados y utilizar plataformas digitales que garanticen una mayor privacidad. También se abordará la comprensión ética de la inteligencia artificial.

Autoempleo: dirigido a personas emprendedoras rurales con interés en digitalizar su actividad. Incluye nociones sobre protección de datos, uso de redes sociales, automatización de tareas, herramientas para gestión de proyectos y presencia segura en internet.

Formación de formadores

El equipo técnico de cada territorio se encargará de establecer contacto con municipios, asociaciones y entidades colaboradoras para organizar la impartición de la formación, ajustándose a los objetivos previstos y garantizando una cobertura territorial adecuada.

Para poder formar a los diferentes colectivos del medio rural de un modo riguroso, expertos en la materia han impartido una formación previa a los equipos técnicos de cada zona sobre cómo detectar 'fake news' y crear pensamiento crítico en la ciudadanía contra los bulos.

Poniendo foco en la realidad que suponen las nuevas tecnologías, esta formación de formadores se ha llevado a cabo para garantizar el acceso de los ciudadanos de cualquier edad y de cualquier residencia a una información veraz y de calidad.

Así, para combatir la desinformación, se ha impartido un programa cuyos contenidos tienen como objetivo comprender el fenómeno de la desinformación y su impacto social; identificar los distintos tipos de bulos y estrategias de manipulación informativa; adquirir herramientas pedagógicas para enseñar sobre la desinformación y diseñar actividades adaptadas para combatirla en diferentes contextos formativos.

Con este programa, UPA y FADEMUR reafirman su compromiso con la digitalización del medio rural y la igualdad de oportunidades. “ Pueblos en clave digital” no solo busca formar en competencias técnicas, sino también empoderar a las personas para que puedan desenvolverse con autonomía en un entorno digital cada vez más imprescindible para el acceso a derechos, servicios e iniciativas de autoempleo.