Greenpeace denuncia que las jaulas marinas proyectadas en el municipio de La Aldea amenazan de muerte la biodiversidad marina de sus aguas y la forma de vida de su población, históricamente ligada a un modelo de pesca sostenible

Bajo el lema “¡MACROGRANJAS MARINAS NO!”, Greenpeace y otros colectivos exigen que se priorice la protección del mar frente a los intereses industriales

El pasado noviembre, la isla canaria volvió a sufrir los impactos de las macrogranjas marinas, cuando la muerte masiva de lubinas en las jaulas propiedad de la empresa Aquanaria provocó el cierre de varias playas por la contaminación de sus aguas

La costa de La Aldea ha sido hoy, víspera del Día Mundial de los Océanos, el escenario de una contundente protesta ciudadana contra el proyecto de instalación de jaulas marinas para acuicultura industrial que la empresa Gran Canaria Bass Company SL pretende desplegar en su costa. Convocadas por Greenpeace, en colaboración con la Plataforma por un Litoral Limpio, cientos de personas se han unido en una acción colectiva para exigir la paralización inmediata de un macroproyecto que tachan de “atentado ecológico y socioeconómico”.

“Hoy el pueblo de La Aldea y la sociedad canaria han dejado claro que no van a permitir que conviertan nuestro mar en un polígono industrial. La macrogranja de Gran Canaria Bass Company SL representa una amenaza directa para la salud del medio marino de las islas, además de un duro golpe para la economía local y la supervivencia del sector pesquero artesanal.”, ha declarado Irene Sánchez Lasso, portavoz de Greenpeace en Canarias.

La movilización ha servido para escenificar el rechazo frontal de la sociedad civil a un modelo económico extractivista que privatiza el espacio público marino para el beneficio corporativo, poniendo en jaque el frágil equilibrio de las aguas canarias. Varias embarcaciones han navegado hasta el espigón de la playa de La Aldea, con una pancarta en la que podía leerse el eslogan “No a la macrogranja marina de La Aldea” desplegada en una de las embarcaciones, donde unas 700 personas les esperaban para alzar la voz y dejar claro, por mar y tierra, que el pueblo canario no quiere macrogranjas en sus aguas. Al término del acto, se ha dado lectura a un manifiesto conjunto en el que se ha alertado de los graves impactos ambientales que conllevan estas instalaciones flotantes, como la contaminación del agua por aporte de materia orgánica y sustancias tóxicas (como alguicidas, bactericidas y antibióticos), la transmisión de enfermedades a especies silvestres, la eutrofización del medio marino -que reduce la disponibilidad de luz y oxígeno-, la sobreexplotación de los océanos o el riesgo crítico de fugas de las especies que se crían en las jaulas.

La empresa Gran Canaria Bass Company SL, con un 90% del capital procedente de los Emiratos Árabes, pretende instalar 24 jaulas marinas en La Aldea. Produciría 5.400 toneladas de lubinas, que estarían destinadas casi en su totalidad a la exportación, ya que esta especie apenas es consumida por la población canaria. La ubicación prevista para las jaulas se encuentra muy cerca de dos espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Sebadales de GüíGüí’ y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Espacio marino de Mogán – La Aldea’, y dentro de los límites de la Zona de Transición de la ‘Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria’. Además, en varias zonas próximas a la instalación se ha documentado la presencia de angelote (Squatina squatina), una especie de tiburón catalogado como en peligro crítico de extinción por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

De llevarse a cabo, además del impacto que supondría la instalación de las jaulas en una zona próxima para estas áreas protegidas de gran valor ecológico, este proyecto sería un duro mazazo para la pesca artesanal del municipio, cuyo pueblo ha estado históricamente muy ligado a la pesca. Greenpeace ha recordado que la pesca artesanal canaria es un pilar fundamental para la economía local y la soberanía alimentaria de las islas, y que la implantación de la acuicultura industrial intensiva desplazará a los pescadores de sus caladeros tradicionales debido a la degradación acelerada del entorno marino.

La isla canaria ya ha sufrido los impactos negativos de la acuicultura marina en sus aguas. A finales de 2025, se produjo la muerte masiva de lubinas en las jaulas propiedad de la empresa Aquanaria, ubicadas a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, que provocó el cierre de varias playas pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. En total, 15 playas, distribuidas a lo largo de las costas del este y sur de la isla, se vieron afectadas por este episodio de muerte masiva. Greenpeace, junto con otros colectivos de la zona, lleva años denunciando estos hechos y reclamando el desmantelamiento de estas jaulas que pueden verse a simple vista desde la costa. La organización ecologista defiende que se proteja el litoral, a través de reservas marinas, y se fomente la pesca sostenible, no la acuicultura.

“Este proyecto es un nuevo ejemplo de un modelo económico extractivista que sólo beneficia a unos pocos, dejando a su paso un rastro de destrucción ecológica. La defensa de nuestros océanos y el futuro de las próximas generaciones no se negocian y seguiremos movilizándonos si la Administración insiste en ignorar a la ciudadanía. No vamos a dar un paso atrás”, ha zanjado la portavoz de Greenpeace en Canarias.

Greenpeace denuncia que Underwater Gardens utiliza el proyecto Ocean Citizen para impulsar su parque temático en Punta Blanca y exige que se le deniegue la concesión

La organización ha presentado alegaciones a la solicitud de ocupación de 11.691 metros cuadrados en los fondos marinos de Punta Blanca (Tenerife) por considerar que no sirve a objetivos científicos, sino a un negocio privado

Greenpeace considera que la autorización de Costas sentaría un peligroso precedente, al permitir utilizar la restauración ecológica como excusa para acceder al dominio público con fines lucrativos

En las alegaciones se afirma que no se justifica convenientemente la necesidad ni la conveniencia de las supuestas actuaciones de restauración en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca

La organización ecologista apoya también las alegaciones de la Plataforma Salvar Punta Blanca, anima a la ciudadanía a movilizarse y pide a la comunidad científica que rechace la utilización de la ciencia como negocio

Greenpeace ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario en relación con la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el proyecto Ocean Citizen en Punta Blanca (Guía de Isora). La intervención tendría lugar en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, una joya natural de la Red Natura 2000.

La organización ecologista sostiene que este proyecto, financiado con fondos europeos, se presenta en Tenerife bajo una apariencia de investigación científica sin ánimo de lucro, pero es una pieza indisociable –el denominado “Sea Garden”– del macroproyecto turístico Underwater Gardens Park Tenerife, declarado de interés insular en 2022 y promovido por la misma empresa en Punta Blanca. La organización ecologista solicita la denegación de la solicitud, argumentando entre otras cuestiones que la fragmentación del proyecto —separando la parte marina del complejo terrestre— busca eludir una evaluación ambiental integral y acumulativa, y ocultar la verdadera naturaleza recreativo-turística de la intervención.

Ocean Citizen es un consorcio de más de 20 entidades públicas y privadas de diversos países europeos, entre ellos España, Alemania, Dinamarca, Italia e incluso dos de Israel, pero la solicitud ante Costas ha sido presentada por la empresa Underwater Gardens International, S.L., socio privado del consorcio. Las actuaciones del proyecto en Tenerife incluyen la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales –de marcas registradas por la misma empresa– a diferentes profundidades, el grueso de ellos en aguas someras frente a Punta Blanca, casualmente en el lugar donde la empresa promotora quiere instalar su parque temático y vender diferentes experiencias subacuáticas, como la “jardinería submarina” y el “buceo ecológico”.

“La promotora emplea de manera sistemática conceptos como ‘restauración ecológica’ o ‘regeneración’ para disfrazar de altruismo científico lo que, en la práctica, es un negocio de ocio lucrativo. Es puro greenwashing. El objetivo final no es el avance del conocimiento científico ni la restauración de ecosistemas, por mucho que se aluda interesadamente a los organismos científicos del consorcio Ocean Citizen, sino la creación de un escenario de buceo recreativo en la Red Natura 2000 que sirva de sustento al parque temático previsto en Punta Blanca”, ha declarado Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Entre los puntos más destacados de las alegaciones, Greenpeace también argumenta que el proyecto no acredita la necesidad real de la intervención en la ZEC Teno-Rasca y que provocaría cambios artificiales e injustificables en los hábitats marinos en lugar de su restauración. Además, ha detectado otras carencias en un proyecto que dice buscar la restauración de supuestos hábitats degradados, pero que no actúa para frenar o anular las causas de esa degradación, sino que las agravaría con la afluencia masiva de turistas al parque temático terrestre y marino.

"Resulta inadmisible que se utilice una iniciativa financiada con fondos públicos europeos para allanar el camino a un parque temático privado en un espacio tan sensible como Punta Blanca y en una zona protegida tan presionada como Teno-Rasca. Estamos ante un claro fraude de ley, con el que se pretende mercantilizar el patrimonio natural común bajo una falsa retórica de sostenibilidad. Punta Blanca es de las pocas zonas sin urbanizar que quedan en el sur de la isla y debería ser recuperada para la naturaleza, no castigada con los 3000 visitantes diarios que pretende llevar allí Underwater Gardens", concluye el portavoz.

La región suroccidental de la isla de Tenerife representa uno de los espacios de mayor relevancia biológica y geológica del archipiélago canario y, por tanto, del conjunto de la Unión Europea. Especialmente relevante es la biodiversidad marina, con poblaciones residentes de cetáceos de importancia global, tortugas marinas, importantes colonias de aves, hábitats de interés comunitario y un litoral que alberga varios endemismos botánicos y muchos valores edafo-geológicos. Este patrimonio natural se encuentra bajo una presión antrópica enorme, derivada de un modelo de desarrollo que ha priorizado la expansión urbanística y turística sobre la integridad de los ecosistemas. Aunque ya se trata de una de las zonas de las Islas Canarias con más concentración de establecimientos turísticos, nuevos proyectos como el de Underwater Gardens en Punta Blanca o el de Cuna del Alma en el Puertito de Adeje amenazan con destrozar los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa y masificar aún más la franja marina Teno-Rasca, una de las ZEC marinas más importantes de Europa.

El proyecto de Underwater Gardens ha generado un conflicto social de una magnitud pocas veces vista en Canarias. La oposición social se ha articulado alrededor de Salvar Punta Blanca, una plataforma formada por 34 colectivos, entre los que se encuentra Greenpeace, unidos para frenar tanto el desarrollo terrestre como el proyecto marino objeto de estas alegaciones. La recogida de firmas internacional en WeMoveEurope ha superado ya las 62.000 adhesiones.

Greenpeace celebra la decisión juidicial, pero exige la paralización completa del proyecto de Cuna del Alma por sus graves impactos ambientales y sociales

Ante la decisión del juzgado de instrucción número uno de Arona de suspender cautelarmente parte de las obras del macroproyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), Greenpeace celebra la decisión tomada por la magistrada, pero insiste en que se debería paralizar todo el proyecto, debido a sus graves afectaciones ambientales y sociales, y restaurar ecológicamente la zona ya destrozada.

La organización incluyó este lesivo proyecto el verano pasado en su informe anual Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral, en el que alertaba sobre varios proyectos turísticos que amenazan la Zona Especial de Conservación Franja marina de Teno-Rasca, entre ellos Cuna del Alma o Underwater Gardens.

También seleccionó la macrourbanización del puertito de Adeje entre los 12 ejemplos de grandes amenazas para la biodiversidad en espacios de alto valor ecológico en su informe Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten, denunciando que es un ejemplo más que palpable de la complicidad de las administraciones con un modelo de desarrollo turístico insostenible e injusto.

"Cuna del Alma constituye un triste paradigma de cómo la connivencia entre empresas privadas y algunas administraciones es una de las grandes amenazas para la biodiversidad y nuestros espacios naturales más valiosos. Celebramos el trabajo de la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre y de todas las personas que se movilizan de una u otra manera por salvar nuestra naturaleza, en especial una zona tan castigada y sensible como la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca.

Pero no es suficiente con evitar instalaciones en la franja de protección: todo el proyecto debería ser descartado y la zona restaurada, para recuperar para el bien común unos servicios ecosistémicos imprescindibles para nuestro futuro. Si la ciudadanía se moviliza masivamente, aún podemos revertir el destrozo", ha declarado Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Bajo el lema “Por un San Valentín Caliente”, el voluntariado de Greenpeace se ha colado en tiendas de hogar y decoración donde ha realizado diversas performances para exigir viviendas asequibles, eficientes energéticamente y sostenibles

Estas acciones sirven para presentar a la ciudadanía la nueva propuesta de la organización: una política pública integral de vivienda que pone el énfasis en la rehabilitación para mejorar la vida de las personas y del planeta

Greenpeace recuerda que el parque residencial, envejecido y mal aislado, es responsable de gran parte del consumo de energía del país y de las emisiones de gases de efecto invernadero, generando grandes desigualdades sociales

En vísperas del día de San Valentín, el voluntariado de Greenpeace se ha movilizado en 16 ciudades para reclamar una vivienda digna, saludable y sostenible como derecho. La actividad ha consistido en entrar en tiendas de hogar y decoración para simular cómo sería habitar en una vivienda digna, algo muy complicado actualmente, debido a un parque residencial inaccesible y con malas condiciones de eficiencia energética.

El objetivo final de esta actividad ha sido denunciar las deficiencias energéticas de las viviendas y dar a conocer a la ciudadanía la nueva propuesta de la organización: Tu llave de la vivienda digna, que busca garantizar una rehabilitación accesible, fácil y a gran escala para que todas las personas puedan disfrutar del bienestar de una vivienda saludable, confortable y segura.

La actividad se está llevando a cabo durante esta semana en A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Bilbao, Compostela, Córdoba, Gran Canaria, Granada, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla, León y Tarragona.

Greenpeace recuerda que el sector de la vivienda tiene un gran impacto climático, económico y social. Mientras que el sector de la edificación es responsable del 30% del consumo energético anual del país, un sector de la vivienda, envejecido, caro y mal o nada aislado, emite el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a su alta dependencia del gas y la electricidad para calefacción y otros usos energéticos del hogar.

“Ese hecho tiene un alto impacto en los bolsillos de la ciudadanía y en el planeta, genera grandes desigualdades y pobreza energética, mientras enriquece a oligarcas y especuladores”, afirma María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

La organización incide en que apostar por una transformación completa, y a gran escala, del parque residencial existente es una oportunidad colectiva para conquistar el derecho social a la vivienda digna, la seguridad económica y la lucha contra el cambio climático y cumplir así con los objetivos climáticos adquiridos en el Acuerdo de París para no superar la temperatura global en 1.5ºC.

Por ello, Greenpeace hace una llamada urgente a las Administraciones a construir un consenso de país para que las políticas de vivienda resuelvan los problemas tanto de acceso como de calidad y sostenibilidad y propone 3 ejes de acción:

La vivienda digna como derecho y no como privilegio

Frenar la especulación y poner el dinero al servicio del derecho a la vivienda de calidad.

Rehabilitar para vivir mejor.

La organización medioambiental acudirá mañana, sábado 27 de diciembre, a las 11 h, a la manifestación prevista en el Paseo de Salinetas en Telde

Greenpeace se unirá a la cadena humana que la Plataforma por un Litoral Limpio ha convocado mañana, sábado 27 de diciembre, a las 11 h, en el Paseo de Salinetas (Telde) para exigir la retirada de las jaulas marinas para acuicultura ubicadas a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).

La organización medioambiental instalará una mesa informativa en la que, además, recogerá firmas contra la acuicultura industrial.

“Esta situación es insostenible, por lo que reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información. Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por modelos de acuicultura sostenible”, ha señalado Irene Sánchez Lasso, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Lo que comenzó a mediados de octubre con la presencia de manchas aceitosas, peces muertos y mal olor en las playas de Salinetas y Melenara, derivó posteriormente en el cierre de varias playas a partir del 5 de diciembre, pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. En noviembre, 15 playas, distribuidas a lo largo de las costas del este y sur de la isla, se vieron afectadas:

La más alejada del punto de origen de la contaminación fue la playa de Mogán, situada a 50 km. La causa del problema: la muerte masiva del 40% de las lubinas que la empresa Aquanaria cultiva en una de las tres explotaciones, unos 2.500 toneladas según datos proporcionados por la empresa.

Desde el primer momento, Aquanaria ha defendido que el origen del problema fue un vertido industrial producido por uno de los emisarios cercanos a la instalación. Sin embargo, la comunidad científica señala que habría sido ocasionado por un colapso interno provocado por distintos factores (acumulación de materia orgánica bajo las jaulas, disminución en los niveles de oxígeno, estrés de los peces). Hasta el momento no se ha producido una coordinación entre las autoridades competentes ni han ofrecido información clara y puntual.

El modelo de la acuicultura industrial en Canarias

En el archipiélago canario, al ser oceánico, la profundidad aumenta de forma abrupta a poca distancia de la costa. Esto implica que las jaulas marinas deban situarse cerca del litoral. En consecuencia, la contaminación generada por el pienso no consumido, las heces de los peces o los productos químicos empleados (alguicidas, bactericidas, sustancias antialgas…) puede alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Además, la localización de muchas Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA), próxima a vertidos urbanos e industriales (autorizados o no), aumenta el riesgo de efectos acumulativos que podrían afectar a la calidad del agua. Lo ocurrido en Melenara no es un hecho aislado: vecinos y vecinas de la zona llevan más de 20 años documentando episodios de mal olor, materia orgánica en descomposición o mala calidad del agua de baño, y han observado cómo paulatinamente ha ido disminuyendo la biodiversidad en la zona.

Greenpeace denuncia que el modelo de negocio puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas. El aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes como la ocurrida en Melenara, lo que no es un hecho excepcional en la acuicultura. Hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar sólo dos ejemplos.

Frente al modelo de acuicultura industrial, existen alternativas centradas en la pesca sostenible y artesanal o en el desarrollo del sector de las algas, tal y como ha propuesto la Unión Europea y como defiende Greenpeace en su Modelo de Alimentación Sostenible (MAS), que apuesta por una pesca y acuicultura sostenibles de bajo impacto ambiental y alto valor social. Instituciones canarias como el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o el Banco Español de Algas (BAE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participan en proyectos como ALGASAL+, el proyecto europeo I3-4 SEAWEED o el ATL.A.HUB (Centros Atlánticos para impulsar la acuicultura terrestre y la biotecnología de algas marinas). Además, en Gran Canaria se va a desarrollar el primer proyecto piloto de una granja modular de algas de 40 000 m², dentro del proyecto europeo Ocean Gardens.

El proyecto de Gran Canaria Bass Company, ¿un futuro Melenara?

El proyecto presentado por Gran Canaria Bass Company para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de la Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales, continúa pendiente de un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinario. La concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación tanto terrestre (Tamadaba) como marítimas (Sebadales de Güigüi). Estos últimos se encuentran a sólo 7 kilómetros y son refugio del angelote, una especie en peligro crítico de extinción que ha encontrado en las aguas canarias uno de sus últimos refugios.

“¿Qué impacto tendría un suceso semejante al ocurrido en la granja marina de Melenara sobre la valiosa biodiversidad de la zona, o sobre la pesca artesanal que se practica en esa costa, o sobre la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de La Aldea? La respuesta es evidente, sería demoledor”, ha concluido Sánchez Lasso.