Tres de las becas son para cursar estudios de posgrado y dos para realizar prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas

La cuantía total de las ayudas asciende a 110.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 17 de diciembre

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea convoca tres becas para cursar estudios de postgrado sobre la Unión Europea y dos becas para realizar prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas.

Para poder optar a las mismas, las personas solicitantes deberán ser nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y tener fijada su residencia en Canarias, al menos durante los cuatro años inmediatamente anteriores. También deberán estar en posesión de un título universitario, de grado o equivalente, oficial u homologado por el Ministerio, obtenido en los cinco años inmediatamente anteriores.

El plazo para la presentación de las solicitudes se mantendrá abierto desde el 21 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2025. La inscripción se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias a través del siguiente enlace:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7046

Becas de estudio de posgrado

La primera de las becas de formación académica, dotada con 30.000 euros, se destinará a financiar estudios de posgrado en el College of Europe, en cualquiera de sus sedes, Brujas (Bélgica) o Natolin (Polonia). Las otras dos, tienen una asignación de 18.000 euros cada una y serán para sufragar estudios de posgrado en cualquier otro centro europeo fuera de España, cursados en inglés y/o francés.

En el caso de que ninguna persona propuesta como candidata sea admitida en el College of Europe, se reestructurarán los importes para sumar una beca más a la segunda modalidad. En este supuesto, se pasará a tres becas de 22.000 euros cada una para cursar estudios de posgrado fuera del país.

Sobre la temática de los estudios de posgrado, deberán versar sobre asuntos de la Unión Europea, en los ámbitos jurídico, económico o institucional. Deberán cursarse de forma presencial en universidades e instituciones académicas oficiales u homologadas, ubicadas fuera del territorio nacional y dentro de la Unión Europea. Además, los cursos elegidos, deben impartirse, mayoritariamente, en inglés o francés, o en ambos idiomas.

En cuanto a la carga lectiva de los estudios, tendrán que contar con un número de créditos ECTS entre los 60 y 120, repartidos en un plazo de entre 36 y 40 semanas por curso, con un máximo de dos cursos académicos.

Una vez recibidas las propuestas de estudios por parte de las personas solicitantes, será la Dirección General de Asuntos Europeos, como órgano instructor, la encargada de validarlas con carácter previo a la formalización de la matrícula para comprobar que cumple con todos los requisitos exigidos.

Prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias

Además de las becas de estudios ya mencionadas, la consejería de Hacienda y Relaciones con la UE ofrece dos becas en la modalidad de prácticas para trabajar en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. Las prácticas tendrán una duración de un año, con una dotación de 22.000 euros cada una.

Esta formación práctica implica el desplazamiento efectivo de la persona beneficiaria a la oficina de Bruselas, donde deberá incorporarse en el plazo que se le indique para realizar las tareas que se le asignen y que comportarán el desarrollo de actuaciones tanto en español como en francés e inglés.

De los 9.394.000 euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, ya se han repartido casi 5.000.000 para los proyectos de este año. La Consejería de Bienestar Social liberará el resto de los fondos para proyectos que no se puedan ejecutar en su totalidad antes de final de año y puedan terminar a principios de 2026

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a reiterar que “no se perderá ningún proyecto financiado con los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género”, y que ya se han liberado casi cinco millones de euros, de los 9.394.000 que correspondieron a Canarias, para la financiación de proyectos de este 2025, entre los cuales se encuentran 18 proyectos del ámbito de juventud. “El resto del crédito, una vez que el Estado nos ha dado por justificados todos los proyectos de 2024, se liberará antes de finalizar el año, ya que se ha acordado con las propias entidades que desarrollarán los proyectos presentados este 2025 con ese remanente y que con ello continuarán ejecutándolos a principios de 2026, ya que así nos ha autorizado a hacerlo el Ministerio”. En este reparto adicional, se incluirán proyectos del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Juventud y Justicia.

Delgado se ha manifestado así ante las desinformaciones que se han vertido esta mañana en una rueda de prensa de la Red Feminista de Gran Canaria donde, entre otras cosas, se solicitó su dimisión y la de la directora del ICI, Ana Brito. “No tiene ningún sentido que argumenten que el ICI no ha ejecutado sus fondos cuando la semana pasada nos llegó un documento de Hacienda confirmando que, hasta el 30 de septiembre, es el organismo con menor porcentaje de inejecución. Confundir a la ciudadanía, diciendo que se ha ejecutado solo un 16% del presupuesto cuando la realidad es que el porcentaje de inejecución es del 21.6% da idea de la falta de rigor en la interpretación de los datos y, desde nuestro punto de vista, invalida cualquier ataque a esta Consejería, si estos no se basan en hechos fehacientes sino en bulos”.

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, asegura que “Desde el Instituto se está trabajando, desde que empezó la legislatura, en reforzar la lucha contra la violencia. Manifestaciones como las vertidas hoy ponen en entredicho no mi labor, sino la del personal que trabaja día a día, sin descanso, por mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía, incluyendo personal de apoyo. Esto se nota en el grado alto de ejecución presupuestaria”.

Tanto la consejera como la directora del ICI y el director general de Juventud, Daniel Morales, han mantenido diversas reuniones con las entidades a las que se financian proyectos con los fondos provenientes del Estado, así como una coordinación continua con el Ministerio. “Si estos repartos no se han realizado antes, no ha sido, en ningún caso, debido a que el ICI no esté trabajando, sino porque había que justificar previamente los anteriores. Aun así, los proyectos cuya ejecución es vital para la lucha contra la violencia de género y la igualdad, se han mantenido y se han desarrollado sin esta financiación, como son los puntos violeta, los centros de crisis 24 horas, o los puntos de encuentro familiar…”.

El compromiso del Gobierno de Canarias en el ámbito de la violencia de género es claro y firme, y prueba de ello es que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) contará con 14,7 millones en su presupuesto de 2026, un millón más que en 2025, destinados a reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas para atender este dispositivo.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Estado renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en Conferencia Sectorial en abril de 2025, y Canarias lo que ha hecho es aplicarlo y mejorar su gestión para que cada euro que se reciba proteja mejor a las mujeres.

Se establecieron los criterios y 160 millones de euros para las comunidades autónomas, 9,394 millones para Canarias, con una financiación finalista, indicadores claros y evaluación anual. Son 461 medidas, con nuevos ejes: violencia vicaria, económica y digital. Hay un refuerzo para las mujeres rurales y con discapacidad y más seguimiento, evaluación y trazabilidad de fondos.

Desde el Gobierno de Canarias hemos hecho cambios en la gestión para mejorar. Hemos establecido reglas claras desde el inicio y con eso logramos generar seguridad jurídica y evitar errores al final del proceso. Hemos establecido una coordinación técnica continua con el Ministerio (Subdirección General) para resolver dudas en tiempo real y alinear criterios. También hemos establecido una rúbrica común de valoración para priorizar el impacto y garantizar el destino exacto de los fondos.

En Canarias contamos con diferentes recursos para la atención y la protección de las mujeres. Tenemos cinco centros de crisis 24h para violencias sexuales operativos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma (atención social, jurídica y psicológica; derivaciones desde 112, educación y sanidad).

El Instituto Canario de Igualdad tiene un plan operativo que incluye campañas, materiales formativos; web como herramienta práctica muy consultada o formación especializada.

En definitiva, mejoramos la aplicación del Pacto, establecemos reglas claras, coordinación, evaluación y recursos 24/7. Esto se traduce en más eficacia, más trazabilidad y más protección real para las mujeres en Canarias.

Miembros del comité de seguimiento del programa FSE+, reunido estos días en la isla, visitan un proyecto de inserción laboral y formación en cuidados y otro de tecnología digital y remota

El Fondo Social Europeo Plus persigue fortalecer el empleo, la inclusión y la cohesión social de las regiones europeas

Como actividad complementaria a la reunión técnica anual del comité de seguimiento del programa del Fondo Social Europeo Plus Canarias 2021-2027, que se celebra estos días en Fuerteventura, responsables de las administraciones europea, estatal y regional han visitado dos proyectos financiados con estos fondos en la isla. Se trata de comprobar in situ los avances de los proyectos y su idoneidad y viabilidad conforme a los objetivos específicos en el que se enmarca cada actuación.

A primera hora de la mañana de hoy, la comitiva se desplazó a la Residencia insular de personas con discapacidad de Fuerteventura, situada en Puerto del Rosario. Allí tuvieron la oportunidad de comprobar el trabajo de los jóvenes que forman parte del proyecto de formación “Fuerteventura te cuida en casa”. El objetivo de este proyecto, promovido por el Cabildo de Fuerteventura y cofinanciado al 85% por el FSE+, es facilitar la empleabilidad de los jóvenes en riesgo de exclusión de formarse y trabajar en la atención a mayores y personas dependientes.

A continuación, visitaron la empresa Thepbox, también en Puerto de Rosario, que recibió fondos del FSE+ para la contratación de personal para el desarrollo de proyectos innovadores. En concreto, se ha facilitado la incorporación de personal cualificado a la plataforma Wirem Lock, que es una aplicación móvil y plataforma web para gestionar de forma remota el acceso a puertas y cerraduras electrónicas.

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la Dirección General de Planificación, ha sido la encargada de organizar estas visitas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y la Comisión Europea.

El Fondo Social Europeo Plus es uno de los principales instrumentos de la política de cohesión europea. El objetivo principal es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas.

El análisis abarca competencia, licitaciones desiertas, bajas económicas y criterios de adjudicación, con el fin de ajustar procedimientos y fortalecer la profesionalización

La iniciativa, impulsada por la consejera Matilde Asián, favorecerá procedimientos más claros y accesibles para las empresas licitadoras y se alinea con la revisión de las directivas europeas de contratación, especialmente las aplicables a las regiones ultraperiféricas (RUP)

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la Dirección general de Patrimonio, ha puesto en marcha la realización de un análisis para conocer el estado de la compra pública en Canarias, en el marco de la modificación de las directivas de contratación anunciada por la Comisión Europea. El objetivo es disponer de información desagregada y comparable que permita orientar mejoras operativas en los procedimientos y en la profesionalización de los equipos.

La contratación pública representa en torno al 15–20 % del PIB a nivel estatal, por lo que mejorar su eficacia incide directamente tanto en la economía como en el alcance y la calidad de la prestación de servicios. El diagnóstico tomará como punto de partida los datos disponibles en fuentes abiertas, como la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), y se complementará con tratamiento estadístico y segmentación por tipo de contrato y administración.

El trabajo analizará, entre otras variables, la competencia efectiva, la incidencia de licitaciones desiertas, la evolución de las bajas económicas y los criterios de adjudicación. Asimismo, se realizará una comparativa con Baleares y con otras regiones ultraperiféricas de la UE, como Azores y Madeira, con el fin de identificar patrones diferenciales y valorar ajustes justificados vinculados a la ultraperificidad.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, señala que “disponer de un mapa claro y actualizado de la contratación en Canarias permitirá fundamentar decisiones y priorizar mejoras útiles para las administraciones y para las empresas licitadoras”.

Entre los resultados esperados figuran un diagnóstico integral del estado de las licitaciones en Canarias, recomendaciones operativas para simplificar y clarificar procedimientos, medidas orientadas a mejorar la concurrencia y reducir licitaciones desiertas, y propuestas alineadas con la normativa europea, especialmente con las adaptaciones previstas para las RUP. También se prevé establecer indicadores de seguimiento y un esquema de evaluación periódica.

Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

La publicación de la Orden para la elaboración de las cuentas autonómicas es una garantía y un símbolo de la estabilidad del ejecutivo regional frente a la incertidumbre de los presupuestos generales nacionales

Las cuentas autonómicas para 2026 persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica en su edición de hoy la Orden de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, que marca el comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) para el año 2026. A través de esta Orden se dictan las normas y se regula el procedimiento referente a la elaboración y la estructura de las próximas cuentas públicas canarias. De esta manera, se establecen los plazos y la información que cada consejería, centro directivo, organismo autónomo y ente público deben remitir a la Dirección general de Planificación y Presupuesto para la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2026.

Para la consejera Matilde Asián, la publicación de esta orden para la elaboración de los presupuestos es una garantía y un símbolo de la estabilidad del ejecutivo regional, que pone en marcha la tramitación habitual para la confección de sus cuentas públicas en tiempo y forma. Una postura que da certeza y tranquilidad a los ciudadanos y que dista mucho de la incertidumbre en la que las cuentas públicas se mueven a nivel nacional. De hecho, en los dos últimos ejercicios, la incertidumbre y la falta de información han obligado al Gobierno de Canarias a elaborar unos presupuestos prudentes, con cálculos a gasto real. La doble prórroga presupuestaria estatal y el desconocimiento de las principales magnitudes que deben regir la elaboración de los presupuestos de las comunidades, vuelven a dificultar la elaboración de cualquier presupuesto y añaden muchas incógnitas al proceso que se inicia con la Orden que hoy se publica.

A esto se une la negociación bilateral con Cataluña sobre la financiación singular de esta comunidad autónoma, que rompe con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución. Esta ruptura del sistema de financiación autonómico acarrearía consecuencias de largo alcance en el futuro presupuesto de la comunidad autónoma.

Con todo, las cuentas autonómicas para el ejercicio 2026 perseguirán la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda, que constituyen la clave del presupuesto.

El presupuesto autonómico para el ejercicio 2026 se elaborará conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos y dará respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable. Asimismo, atenderá a cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente.

La Orden se estructura en dos capítulos. El primero, hace referencia al procedimiento para la elaboración del presupuesto e incluye el ámbito de aplicación, la tramitación, los plazos para la presentación de información o la consignación de créditos, entre otros aspectos. El segundo capítulo establece la estructura de los Presupuestos Generales de la CAC en cuanto a ingresos y gastos.

Matilde Asián critica que el Gobierno de España retuviese esa recaudación, que corresponde por ley a las autonomías, sin justificación

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, valoró este miércoles, en comisión parlamentaria, la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, si bien lamenta que esta se anuncie con seis meses de retraso.

El Estado garantiza el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. En este contexto, el Sistema de Financiación Autonómico se erige como uno de los instrumentos para garantizar ese principio y que todos los españoles disfruten de los mismos servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

La actualización de las entregas a cuenta es una medida reiteradamente solicitada por todas las comunidades autónomas de régimen común desde el anuncio de una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Sin embargo, el Gobierno de España ha retenido la recaudación que correspondía por ley a las comunidades autónomas y corporaciones locales durante seis meses sin justificación, puesto que se trata dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que se había podido transferir a sus legítimos dueños mucho antes.

«Es incompresible la poca consideración que ha tenido el Ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales en una situación de doble prórroga presupuestaria, a sabiendas de la importancia de las entregas a cuenta en el cómputo global de los presupuestos autonómicos y municipales. Este dinero resulta fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social o vivienda, y el retraso genera distorsiones en la tesorería de estas instituciones», indicó Asián.

Recordó, de hecho, que el año pasado las entregas a cuenta se actualizaron en julio y no se empezaron a pagar hasta septiembre, con el gran prejuicio que eso supuso, por lo que la consejera de Hacienda espera que esta ocasión se tramiten con mayor celeridad.

Además, en todo este tiempo que se ha bloqueado la actualización, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado, y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales.

Respecto a las cifras, la comunidad autónoma no ha recibido todavía comunicación oficial de la actualización de las entregas a cuenta. En el acuerdo del Consejo de Ministros tampoco se recogen esas cifras desglosadas

Matilde Asián ha explicado que la mayoría corresponde a fondos finalistas que tienen designada un objetivo específico como destino final

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha defendido hoy ante la Cámara regional la ejecución presupuestaria del Gobierno del año 2024. En su intervención, Asián ha definido como “falso y torticero” insinuar, como han hecho tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias, que las partidas de fondos no ejecutados se pierden o que se podían haber destinado a satisfacer las necesidades de los canarios.

La consejera explicó que, los 1.286 millones que aparecen como no ejecutados en el presupuesto de 2024, no se han perdido, pasando principalmente al año 2025. De hecho, más del 80% corresponden a fondos finalistas; es decir, fondos que solo pueden ser destinados a la finalidad concreta para la que se establecieron a través de las conferencias sectoriales. En concreto, Matilde Asián detalló que 699 millones del total corresponden a fondos MRR que es dinero que viene de Europa y que el gobierno de España centraliza y reparte a través de las conferencias sectoriales para finalidades muy concretas que, muchas veces, no tienen nada que ver con las necesidades reales de las regiones en las que se distribuyen. La ejecución de este tipo de fondos finalistas es un problema no solo a nivel autonómico sino también a nivel estatal, donde recientemente se ha conocido que en 2024 se han quedado sin gastar 25.122 millones en España. A pesar de todo, la consejera ha querido aclarar que eso 699 millones no se han perdido, más de la mitad están ya en alguna fase de tramitación y, además, su período de finalización no termina en 2024 sino en 2026 por lo que pueden ser utilizados en estos dos próximos años.

Otros 61 millones de euros no ejecutados son fondos estructurales europeos que siguen la misma norma en cuanto a su asignación finalista, con un objetivo concreto y un período de programación que se extiende hasta el año 2027.

Y, por último, 307 millones se corresponden con transferencias de la Administración General del Estado como las entregas a cuenta y otras partidas que llegaron con mucho retraso en el último trimestre del año y que, por lo tanto, no se pudieron ejecutar. “Por eso es tan importante que el Reino de España disponga de unos presupuestos en tiempo y forma que nos permitan saber a las comunidades autónomas los fondos que nos corresponden, su destino y plazos de entrega”.

Por lo tanto, la cifra que no se ha ejecutado ascienda a unos 216 millones que está en la línea de la serie de años anteriores, que osciló entre los 225 millones en el año 2020 y 2023, y los 177 millones del año 2022. En cambio, en el año 2021, con el Pacto de las Flores, la cifra de fondos no finalistas sin ejecutar ascendió hasta los 405 millones de euros, el doble que en 2024.

Para la consejera Matilde Asián es incomprensible la alarma que se ha querido trasmitir a la población puesto que la ejecución presupuestaria de 2024 se sitúa en un 95,25% del total, sin contar con los fondos MRR, cuya inejecución de los años anteriores se va acumulando. Tal y como se detalla en los presupuestos de la CAC, el gasto ejecutado en 2024 es el más alto desde 2020. De hecho, en 2024 se han ejecutado 1.632 millones de euros más que en 2022, último ejercicio correspondiente al gobierno anterior.

Respecto al superávit, la consejera se refirió a la necesidad de cumplir con las reglas de disciplina fiscal establecidas y cuya actualización ve necesaria para que se adapten a las vigentes en Europa, más favorables para el Gobierno de España. El superávit de 500 millones de la CAC es necesario para alcanzar el equilibrio estructural que nos imponen a las comunidades autónomas y que “yo no voy a incumplir con ese mandato constitucional”, aseguró la consejera de Hacienda y Relaciones con la UE.

A este respecto, Matilde Asián también ha querido recalcar que es el Gobierno de España el que, para rebajar el sumatorio de su déficit, no permite que las comunidades autónomas lo tengan y, por el contrario, se les exige tener superávit. De hecho, de 17 comunidades autónomas, 11 ya presentan superávit. “Yo creo que nos tienen que dejar gastar más a las comunidades autónomas. Si nos ponen una regla del gasto del 2,6 en 2024 y la recaudación sube entre un 8% o 9%, no hay que tener mucha brillantez intelectual para llegar a la conclusión que el resultado va a ser superávit”, concluyó Matilde Asián.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y presidenta de la Agencia Tributaria Canaria, Matilde Asián, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, y la directora de la ATC, Raquel Peligero, han firmado un protocolo de colaboración para acercar al mundo universitario la labor desarrollada por la ATC y difundir los valores cívico-tributarios entre los jóvenes

Como presidenta de la Agencia Tributaria Canaria, Matilde Asián destacó la importancia de establecer lazos con los centros universitarios como pilares para la educación cívico-tributaria. Uno de los objetivos del protocolo de colaboración es ahondar en el conocimiento de las labores y funciones de la Agencia Tributaria lo que redundará en una mejor comprensión del destino de los impuestos y el sentido de las políticas públicas que sustentan el estado del bienestar y el principio de solidaridad contemplado en la Constitución. “En este sentido, la transmisión de estos valores cívico-tributarios resulta relevante para para inculcar en los jóvenes una conciencia ciudadana más solidaria” añadió la consejera.

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, resaltó que este convenio refuerza el compromiso de la universidad con la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento, en un ámbito tan relevante como el tributario y valoró positivamente las futuras acciones que se enmarcarán en él, pues “beneficiarán a nuestros estudiantes, investigadores y a la sociedad en su conjunto”.

Entre las acciones contempladas en este protocolo, que tendrá una duración de cuatro años, figura la organización de jornadas que permitan dar a conocer entre los estudiantes las posibilidades que, en relación al empleo público, ofrece la ATC en su futuro profesional, fomentando el interés por el servicio público.

El convenio ofrece un cauce de colaboración estable entre las dos instituciones, que se materializará en actividades de diferente índole como la realización conjunta de seminarios y cursos impartidos por el personal de la ATC en materias de interés para ambas partes como la aplicación del sistema tributario y aduanero, entre otras.

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la dirección general de Asuntos Europeos, firma los contratos de concesión de las ayudas FEDER para su puesta en marcha

Canarias participa en los 34 proyectos aprobados y lidera 33 de esos proyectos por un importe conjunto de 63,5 millones de euros

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha inaugurado hoy en Gran Canaria las jornadas técnicas para la puesta en marcha de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa de cooperación territorial Madeira-Azores-Canarias para el período 2021-2027 por un importe total de más de 78 millones de euros.

Este programa, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene por objeto reforzar la inserción regional de Canarias, Azores y Madeira en su área geográfica, a través de la cooperación con los países vecinos de Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mauritania, Sao Tomé y Príncipe, y Senegal. Para Matilde Asián, el acto de hoy convierte en realidad tangible la cooperación territorial entre la Maraconesia y los socios de África occidental para generar oportunidades más allá de nuestras fronteras. “A partir de aquí, debemos consolidar y capitalizar nuestra posición de cara al próximo período del programa, en el que ya se está trabajando”, añadió.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, ha sido la encargada de firmar los contratos de concesión de las ayudas FEDER a las empresas y entidades seleccionadas para que puedan iniciar la puesta en marcha de los proyectos. Los 34 proyectos aprobados responden a intereses y valores compartidos, con objetivos comunes en innovación, competitividad, transición ecológica, lucha contra el cambio climático y gestión de la migración.

De estos 34 proyectos, Canarias participa en todos y lidera 33 de ellos. En los proyectos aprobados participan un total de 223 entidades públicas y, por primera vez, algunas empresas privadas. La mayor parte son entidades canarias, que recibirán 63.554.898 euros de los fondos FEDER.

Cabe destacar también la participación de 31 entidades de Cabo Verde, 16 de Senegal, 13 de Ghana, 12 de Costa de Marfil, 11 de Santo Tomé y Príncipe, 9 de Mauritania y 7 de Gambia.

Al acto de firma han asistido el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, con cinco proyectos aprobados; la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, con tres proyectos; David Mille, director general de Comercio y Consumo; el presidente del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, José Luis Guersi; María José Padrón, de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC; José Juan Socas, presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, y el presidente de la Asociación Centro para el Desarrollo del Sur de Tenerife Comarca Chasna-Isora, Lot García.

Desglose de los proyectos por prioridades del programa MAC

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria responden a la Prioridad 1 (MAC Inteligente), prioridad 2 (MAC Verde) y prioridad 4 (MAC Movilidad).

En el epígrafe MAC Inteligente se han seleccionado 16 proyectos por un importe total de 37 millones de euros. Los proyectos en esta prioridad se centran, por un lado, en la mejora de las capacidades de investigación e innovación y, por otro lado, en el refuerzo de la competitividad de las pymes y la creación de empleo.

En la prioridad 2 – MAC Verde, se han seleccionado 15 proyectos por un importe total de 37 millones de euros, que se centran en el fomento de las energías renovables, la adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos, la transición hacia una economía circular y la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Por último, en la categoría de MAC Movilidad, se han aprobado 3 proyectos por un importe de 4,6 millones de euros. Cabe destacar que es la primera vez que se firman contratos para proyectos centrados en la gestión de la movilidad y la migración en origen y destino.

El listado de proyectos aprobados y la lista de reserva se pueden consultar en la página web del programa, en la dirección:

https://interregmac.org/1a-convocatoria/#aprobados