Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores - “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente  sobre todo ello en estos tiempos convulsos.

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos - de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores  también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

En La Gomera, el mar nunca ha sido un simple paisaje. Para una isla como la nuestra, el mar ha sido frontera y muchas veces, límite. Pero también ha sido camino cuando ha habido decisión, inversión y servicios capaces de responder a lo que la gente necesita de verdad. Por eso, hablar de transporte marítimo en La Gomera es hablar de igualdad

Conviene recordarlo ahora, cuando parece que todo estuvo siempre ahí. En 1974, la primera conexión regular entre San Sebastián de La Gomera y el Puerto de Los Cristianos cambió la vida de esta isla. Hasta entonces, desplazarse a Tenerife podía convertirse en una travesía larguísima, de diez o doce horas, que condicionaba cualquier decisión: una consulta médica, un trámite, un estudio, un trabajo o una visita familiar.

Aquella ruta nos permitió algo que hoy parece normal, pero que entonces fue casi una revolución: ir y volver a Tenerife en el mismo día. No fue solo un avance en las comunicaciones; fue un salto en dignidad. La Gomera empezó a estar más cerca del resto de Canarias y, sobre todo, empezó a depender menos del aislamiento.

Desde entonces, cada mejora en la conectividad marítima ha tenido consecuencias muy concretas en la vida diaria. Un barco que llega a tiempo no es solo una buena noticia para una naviera. Es una cita médica que se cumple, una jornada laboral que empieza cuando debe, una mercancía que llega, un estudiante que puede organizar su semana o una familia que no tiene que convertir cada desplazamiento en una odisea.

Los datos también hablan. El puerto de San Sebastián de La Gomera superó el pasado año los 1,3 millones de pasajeros y registró más de 318.000 vehículos. Pero la importancia de esas cifras no está únicamente en su volumen, sino en lo que representan para una isla de nuestras dimensiones. Representan movimiento, actividad económica, y oportunidades.

Ahora bien, la historia de estos cincuenta años no puede llevarnos a la autocomplacencia. La conexión con Tenerife sigue siendo esencial y debe seguir fortaleciéndose. Pero Canarias no puede resignarse a que las islas menos pobladas tengan que pasar casi siempre por Tenerife o Gran Canaria para relacionarse entre sí.

El siguiente reto está claro: conectar directamente las Islas Verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro. No es razonable que desplazarse entre territorios tan cercanos exija multiplicar tiempos y costes. Esa realidad dificulta la cooperación institucional, limita la actividad económica y reduce oportunidades laborales, sanitarias y administrativas.

Por eso debemos trabajar con rigor en soluciones estables, también mediante obligaciones de servicio público marítimas cuando sean necesarias. No se trata de pedir privilegios, sino de corregir una desigualdad evidente y lograr la verdadera cohesión territorial de Canarias. 

El mar nos ha impuesto dificultades, pero también nos ha enseñado que las distancias se vencen cuando hay voluntad. En 1974 dimos un paso decisivo. Ahora toca dar el siguiente paso: unir las Islas Verdes para que Canarias sea, de verdad, un territorio más justo, más cercano y más igual.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV. Su llegada a Gran Canaria, a este archipiélago atlántico, constituye un acontecimiento de enorme trascendencia que desborda lo estrictamente religioso para situarse en un plano mucho más amplio, profundamente humano, social y político. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y un preocupante retroceso de valores democráticos, su presencia en Canarias adquiere un significado especial. Estas islas, históricamente situadas en la encrucijada entre continentes, se convierten hoy en un escenario privilegiado desde el que proyectar un mensaje de paz, convivencia y diálogo entre culturas

Canarias ha sido, desde sus orígenes, un territorio de encuentro. Su posición geográfica entre Europa, África y América ha favorecido el intercambio constante de personas, ideas y tradiciones, configurando una sociedad diversa y abierta. Esa diversidad no ha estado exenta de desafíos, pero ha sabido transformarse en una de sus mayores fortalezas. El pluralismo cultural y religioso que caracteriza a las islas es hoy un ejemplo de convivencia que merece ser reconocido y reforzado. En este sentido, su visita no solo tiene un valor simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el ecumenismo y el diálogo interreligioso como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas.

La presencia de un líder espiritual de su dimensión en Canarias invita a reflexionar sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un elemento de división, la fe puede y debe actuar como un punto de encuentro, como un espacio común desde el que impulsar valores universales como la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana y el respeto mutuo. En un tiempo en el que proliferan los discursos excluyentes, los nacionalismos cerrados y las políticas del miedo, su mensaje adquiere una relevancia aún mayor. Canarias, con su tradición de convivencia, está en condiciones de proyectar al mundo esa visión integradora que usted defiende con firmeza.

Junto a esta dimensión cultural y espiritual, existe otra profundamente arraigada en la identidad canaria: su vocación de paz. A lo largo de su historia reciente, la sociedad de las islas ha manifestado de forma reiterada su rechazo a la guerra y a la militarización del territorio. Episodios como la oposición a la instalación de bases militares o el posicionamiento diferenciado en debates de alcance estatal reflejan una conciencia colectiva orientada hacia la neutralidad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Canarias ha defendido, con claridad, que su papel en el mundo no debe ser el de plataforma estratégica para la confrontación, sino el de espacio de cooperación entre pueblos.

Este compromiso conecta de manera directa con las posiciones que usted ha expresado desde el inicio de su pontificado. Su denuncia de la guerra como una derrota de la humanidad y su insistencia en la necesidad de apostar por la negociación, el desarme y la diplomacia resuenan con especial fuerza en esta tierra. En un momento en el que los conflictos internacionales parecen enquistarse y la lógica de bloques vuelve a imponerse, su voz representa una llamada urgente a recuperar el sentido común, la responsabilidad compartida y la centralidad de la vida humana por encima de cualquier interés geopolítico.

Su firmeza frente a los discursos autoritarios y su defensa de los derechos humanos han marcado un punto de inflexión en el debate global. En un escenario donde algunas de las principales potencias del mundo optan por el enfrentamiento, la exclusión y el debilitamiento de las instituciones internacionales, su posición supone un contrapunto ético de gran relevancia. Canarias, que ha vivido históricamente las consecuencias de las decisiones tomadas lejos de su territorio, comprende bien la importancia de defender un orden internacional basado en la justicia, la cooperación y el respeto mutuo.

Sin embargo, si hay un ámbito en el que su visita adquiere una dimensión especialmente significativa es el de la migración. Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano. La llamada ruta atlántica representa una de las travesías más peligrosas del mundo, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y, en demasiadas ocasiones, la tragedia. Detrás de cada llegada hay historias de vida que interpelan directamente a la conciencia colectiva y que obligan a replantear las políticas migratorias desde una perspectiva más humana.

Su compromiso con las personas migrantes ha sido claro y constante. Ha defendido la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar, denunciando con contundencia la “globalización de la indiferencia” y cuestionando aquellos modelos que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. Este mensaje encuentra en Canarias un espacio especialmente sensible, donde la realidad migratoria no es una abstracción, sino una experiencia cotidiana. Las islas conocen bien las dificultades de la acogida en un territorio limitado, pero también han demostrado una enorme capacidad de solidaridad.

En este contexto, su presencia contribuye a situar en el centro del debate europeo la dimensión humanitaria de la migración. La Unión Europea se encuentra en un momento clave, con reformas en marcha que buscan redefinir su política de asilo y migración. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre el riesgo de que estas medidas refuercen el papel de los territorios fronterizos como espacios de contención. Canarias, por su ubicación geográfica, podría verse especialmente afectada por este enfoque, lo que plantea desafíos importantes tanto desde el punto de vista logístico como ético.

Su visita ofrece una oportunidad única para amplificar este debate y para recordar que detrás de cada política hay personas concretas, con derechos, con dignidad y con aspiraciones legítimas. Su voz aporta legitimidad a una crítica necesaria sobre aquellos modelos que deshumanizan y que erosionan los valores fundamentales sobre los que se construye la convivencia democrática. Canarias, en este sentido, no quiere ser un límite, sino un puente; no un espacio de retención, sino un lugar de acogida y de tránsito digno.

Más allá de estas dimensiones, su presencia tiene también un impacto simbólico de gran alcance. En un momento en el que el mundo parece avanzar hacia la fragmentación, su visita a un territorio como Canarias lanza un mensaje poderoso: la importancia de los espacios de encuentro, de las periferias que conectan, de los lugares donde es posible construir alternativas basadas en la cooperación y el entendimiento. Estas islas, alejadas de los grandes centros de poder, representan precisamente esa otra forma de estar en el mundo.

Canarias le recibe, por tanto, con una mezcla de respeto, esperanza y responsabilidad. Respeto por la figura que representa y por el liderazgo moral que ejerce en un momento especialmente complejo. Esperanza porque su mensaje y compromiso pueden contribuir a abrir caminos de diálogo y a reforzar valores que hoy más que nunca necesitan ser reivindicados. Y responsabilidad porque esta visita también interpela a la propia sociedad canaria, que debe estar a la altura de los principios que dice defender.

No se trata únicamente de acogerlo como líder religioso, sino de asumir el reto que su presencia plantea: seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la dignidad humana. Canarias tiene la oportunidad de mostrarse al mundo como lo que es: un territorio diverso, abierto, profundamente humano y con una firme vocación de paz.

Y todo esto condicionado por las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Canarias representa así el desafío de compatibilizar desarrollo económico, justicia social y protección ambiental en un territorio limitado y vulnerable.

Esta isla, León XIV, le abre sus puertas como tierra de encuentro, de diálogo y de esperanza. Aquí encontrará un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la convivencia, en la justicia y en la necesidad de construir un futuro compartido donde nadie quede atrás.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La aprobación de la nueva Ley de Cabildos Insulares representa un paso importante para actualizar el papel de unas instituciones que han sido, durante más de un siglo, la administración muy cercana a la ciudadanía. Los cabildos no son una pieza secundaria del sistema institucional canario; son, en muchas ocasiones, la primera puerta a la que llaman los vecinos cuando necesitan una respuesta ágil y directa y adaptada

Por eso, avanzar en una nueva regulación que refuerce su autonomía, en su doble condición como administración autonómica y local, mejore la seguridad jurídica y adapte sus competencias al Estatuto de Autonomía de 2018 es una buena noticia para Canarias. También lo es que se incorporen materias tan sensibles como la vivienda, la igualdad, la inclusión social o las residencias de estudiantes, porque son ámbitos que inciden directamente en la vida diaria de la gente.

Ahora bien, esta ley no puede ser entendida como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Canarias sigue teniendo un reto pendiente: corregir las desigualdades territoriales que sufren las islas no capitalinas. La doble y la triple insularidad no son conceptos teóricos; son realidades que encarecen servicios, dificultan oportunidades, condicionan el crecimiento económico y limitan la capacidad de muchas familias y empresas para competir en igualdad de condiciones.

Durante décadas, buena parte de la actividad administrativa, institucional y económica se ha concentrado en las islas capitalinas. No se trata de formular reproches, sino de reconocer una evidencia y actuar en consecuencia. Si queremos una Canarias verdaderamente cohesionada, debemos acercar la capacidad de decisión a cada isla, transferir competencias de forma responsable y dotar a los cabildos de los recursos necesarios para ejercerlas con eficacia.

La descentralización debe ser gradual, inteligente y útil para mejorar la gestión pública y de garantizar que las decisiones se adopten lo más cerca posible de quienes padecen los problemas. La realidad de La Gomera, El Hierro o La Palma no siempre puede resolverse desde una mirada centralizada.

Del mismo modo, es imprescindible abrir el debate sobre una fiscalidad singular para las islas no capitalinas. Sin instrumentos específicos, seguiremos reproduciendo las mismas desventajas demográficas, económicas y sociales. El Fondo de Solidaridad Interinsular es un avance, pero no basta por sí solo para corregir los desequilibrios acumulados durante años.

Fortalecer los cabildos es fortalecer Canarias. Y fortalecer Canarias significa garantizar que vivir en una isla no capitalina no suponga tener menos oportunidades, menos servicios o menos futuro. Esa debe ser la ambición compartida de esta nueva etapa.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Hay personas que dejan huella en las instituciones y otras que, como Jerónimo Saavedra, además, permanecen en la memoria afectiva de quienes compartimos camino con ellas. Fue político de Estado, intelectual, humanista y canario universal; pero también un compañero leal, un amigo generoso y una referencia moral para quienes entendemos la política como servicio público

La presentación del libro Jerónimo Saavedra: el último prócer, escrito por su sobrina Marta Saavedra, fue una buena ocasión para volver sobre una trayectoria esencial en la historia reciente de Canarias. Se trata de reconocer al hombre que hizo de la política una herramienta útil, serena y comprometida con la ciudadanía en cada etapa de servicio.

Jerónimo fue decisivo en la construcción de la Canarias moderna. Desde la Transición participó en el pensamiento político que dio forma a nuestra autonomía y perteneció a una generación que miró más allá de la coyuntura inmediata. Defendió instituciones democráticas y al servicio de la gente. Su compromiso no fue retórico, sino ejercido desde la convicción de que esta tierra solo podía avanzar unida, desde la solidaridad entre islas.

Esa lección conserva hoy plena vigencia. En tiempos en los que el ruido sustituye al diálogo, Jerónimo representa una forma de hacer política que merece ser reivindicada. Defendía sus principios con firmeza, pero sin imposición. Creía en la palabra, la inteligencia, el respeto a la discrepancia y la búsqueda de acuerdos. Sabía que la política no se engrandece levantando muros, sino tendiendo puentes.

Para mí, hablar de Jerónimo es hablar también de una amistad de más de cuatro décadas. Compartimos responsabilidades, debates, decisiones complejas y momentos de mi memoria personal y política. Fue mentor, compañero y amigo. Con él se podía hablar de Canarias, de España, de Europa, de cultura o de la vida con profundidad y naturalidad, porque tenía formación intelectual, curiosidad permanente y una mirada lúcida y sensible.

La Gomera ocupó un lugar especial en muchos de esos recuerdos. Jerónimo entendió que el equilibrio territorial no podía quedar en una declaración de buenas intenciones. Lo demostró en momentos decisivos, como el impulso a nuestro aeropuerto. Un gesto de apoyo en un contexto de dificultades, en el que comprendió que el desarrollo de una isla no podía estar condicionado por la resignación.

También estuvo cerca de La Gomera en momentos de dolor, como el incendio de Agando de 1984, y en proyectos como la construcción de la actual sede del Cabildo. Gestos que no deben olvidarse, porque hablan de una política útil y atenta a las necesidades reales de nuestra isla en aquel entonces.

Su relación con La Gomera fue también afectiva. Disfrutaba de sus paisajes y su patrimonio gastronómico, recuerdo sus tardes de campaña electoral en Alojera, en el municipio de Vallehermoso, donde siempre le gustaba hacer una parada para compartir con los vecinos. Esa cercanía nacía de una manera auténtica de entender Canarias: desde el conocimiento directo de sus singularidades.

Si algo definió su trayectoria fue la coherencia. Ocupó responsabilidades estatales, autonómicas y locales, y en todas dejó una impronta de dignidad, integridad y compromiso con el interés general. Fue referente del socialismo canario, aunque su figura trascendió las siglas. Sin renunciar a sus ideas, sabía que la democracia exige diálogo, generosidad y altura de miras.

Hoy recuerdo a Jerónimo con emoción y gratitud: por su amistad, por su compromiso con Canarias, por su cariño hacia La Gomera y por habernos enseñado que la política, ejercida con dignidad, inteligencia y vocación de servicio, contribuye al progreso de una sociedad. Sin duda, fue un gran político. Pero, sobre todo, fue una gran persona y un canario universal.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, el pasado 29 de abril, instaurar el 10 de diciembre como Día de las Ciencias Canarias. Se trata, según el texto consensuado, de un reconocimiento al legado del físico lanzaroteño Blas Cabrera, uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y, a la vez, de refuerzo “del compromiso de Canarias con la divulgación, la investigación y el conocimiento"

Rendir homenaje a uno de nuestros más grandes científicos es loable, y también que la cámara legislativa canaria plantee la necesidad de reforzar el desarrollo científico de nuestro archipiélago, pero hablar del estado de la ciencia en Canarias obliga a abandonar ciertos lugares comunes y afrontar una realidad incómoda y estructural. No se trata simplemente de invertir más en investigación o de formar más talento, sino de entender cómo encaja —o más bien, cómo no encaja todavía— la ciencia dentro del modelo económico del archipiélago.

Y eso no parece entenderlo el Gobierno de Canarias que tramita en estos momentos el proyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Rectores de la ULL y la ULPGC, partidos opositores y sectores universitarios han denunciado en los últimos meses la escasa participación de las universidades públicas canarias en la elaboración del texto, pese a concentrar gran parte de la I+D+i del archipiélago. También cuestionan la falta de financiación estable y la ausencia de medidas claras para fortalecer la carrera investigadora. Reclaman una normativa más inclusiva, consensuada y orientada al interés público y científico.

Es lo que plantea el último informe anual, presentado por el Consejo Económico y Social de Canarias el pasado día 15 de mayo: nuestra comunidad, para luchar contra las altas tasas de pobreza y exclusión social, necesita transformar su modelo económico apostando más por la ciencia, la innovación, la formación y por sectores de alto valor añadido como la economía azul, la biotecnología, la digitalización o las renovables.

El dato más revelador en torno a la ciencia en nuestra comunidad autónoma es también el más repetido: Canarias destina en torno al 0,5 % de su PIB a I+D, muy por debajo de la media española ( 1,50%) y lejísimos -cuatro veces por debajo- de los estándares europeos (2,2%). Además, mientras en España creció el gasto en el último año en un 6,9%, en esta comunidad cayó un 1,1%. Pero reducir el análisis a estas cifras sería simplificar en exceso. La cuestión clave no es solo cuánto se invierte, sino quién invierte, para qué y con qué consecuencias.

En las economías más avanzadas, la mayor parte del gasto en investigación proviene del sector privado. Las empresas investigan porque necesitan innovar para competir. En Canarias, sin embargo, el peso de la I+D recae de forma desproporcionada en el sector público y en las universidades, más de un 85%. Esto genera un sistema científicamente digno en ciertos ámbitos, pero débil en su conexión con la economía real.

La razón fundamental es que el tejido productivo canario está dominado por sectores de bajo valor añadido, especialmente el turismo y los servicios asociados. Son actividades que, por su propia naturaleza, no demandan grandes niveles de investigación tecnológica. Y cuando la economía no demanda ciencia, la ciencia queda inevitablemente aislada.

Es lo que explica que Canarias cuente con investigadoras e investigadores cualificados, infraestructuras científicas relevantes en áreas concretas y universidades consolidadas, pero que, aun así, no logre traducir ese conocimiento en desarrollo económico significativo. La ciencia existe y produce resultados, pero no transforma el sistema.

A esta desconexión se suman otros factores estructurales. La insularidad, por ejemplo, limita la creación de ecosistemas empresariales densos. La lejanía de los grandes centros industriales europeos dificulta la aparición de empresas tecnológicas de gran tamaño y reduce las oportunidades de colaboración y crecimiento.

Otro obstáculo importante es la falta de financiación especializada para proyectos innovadores. Muchas iniciativas con potencial terminan dependiendo de inversores externos o trasladando parte de su actividad fuera para poder crecer.

El talento, por su parte, representa otra pieza crítica. Canarias forma profesionales cualificados, pero no siempre es capaz de retenerlos. Muchos acaban marchándose en busca de mejores oportunidades o permanecen en el sistema público sin posibilidad de desarrollar carreras vinculadas a la innovación empresarial.

Esta tierra necesita construir un modelo propio basado en la especialización inteligente. El archipiélago posee una serie de ventajas únicas que, bien aprovechadas, pueden convertirse en pilares de un sistema científico-tecnológico sólido. La astrofísica es quizá el ejemplo más evidente: las condiciones naturales de las islas han permitido desarrollar infraestructuras de referencia mundial. Lo mismo ocurre con las ciencias marinas, la vulcanología o el estudio del cambio climático en entornos insulares.

Estos ámbitos no son solo campos de investigación académica sino que pueden convertirse en nichos económicos si se articulan correctamente con el sector productivo. El desafío no consiste únicamente en producir conocimiento científico, sino en lograr que parte de ese trabajo termine generando actividad económica, tecnología útil y oportunidades empresariales. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas, pero con un enfoque distinto al tradicional, concentrando recursos en áreas concretas donde Canarias tenga ventajas comparativas reales.

Además, es fundamental activar la participación del sector privado. Canarias cuenta con un régimen fiscal singular (REF) que no se está utilizando suficientemente de manera estratégica, a tenor de los datos, para atraer empresas tecnológicas y fomentar la inversión en I+D. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados reales, no convertirse en simples herramientas de optimización fiscal, una de sus grandes rémoras.

Otro elemento clave es la creación de centros tecnológicos orientados a la transferencia. No basta con investigar; hay que conectar esa investigación con las necesidades de las empresas. Esto implica cambiar incentivos, estructuras y, en muchos casos, mentalidades. La colaboración público-privada no puede ser un eslogan, debe convertirse en el núcleo del sistema.

También hay margen para aprovechar el auge de la economía digital. A diferencia de la industria tradicional, muchas actividades tecnológicas no dependen tanto de la proximidad geográfica. El desarrollo de software, la inteligencia artificial o los servicios digitales pueden operar desde Canarias hacia el mundo. En este terreno, factores como la calidad de vida, el clima o la fiscalidad juegan a favor del archipiélago. La posición geoestratégica del archipiélago abre otra vía interesante: actuar como plataforma entre Europa, África y el Atlántico. Esto no implica convertirse en un gran centro logístico tradicional, sino en un nodo de servicios, conocimiento y tecnología vinculado a ese espacio geográfico.

El futuro de la ciencia en Canarias dependerá de su capacidad para integrarse en la economía. No basta con tener buenos investigadores o infraestructuras destacadas. La ciencia solo despliega todo su potencial cuando se convierte en motor productivo, cuando genera actividad, empleo y valor.

El reto, por tanto, no es menor. Implica repensar y diversificar de manera real el modelo económico. Pero también abre una oportunidad: la de construir un sistema propio, adaptado a las características del archipiélago y centrado en aquello que realmente puede hacer bien.

Canarias no será un gigante tecnológico global. Pero tampoco necesita serlo. Su camino pasa por ser algo diferente: un territorio especializado, eficiente y conectado, donde la ciencia deje de ser un elemento periférico y pase a ocupar un lugar central en su desarrollo. Ese es el verdadero desafío. Y también, si se aborda con realismo, su mayor oportunidad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El 30 de mayo no es solo una fecha de celebración. Es, sobre todo, una fecha de memoria y de compromiso. Hace 43 años, con la primera sesión del Parlamento de Canarias, esta tierra comenzó a ejercer de forma efectiva su autogobierno. Aquel día no se resolvieron todos los problemas del Archipiélago, pero sí se abrió un camino: el de una Canarias capaz de decidir más cerca de su gente, de ordenar sus prioridades y de defender sus singularidades

Desde entonces, Canarias ha cambiado profundamente. Hemos construido instituciones, reforzado servicios públicos, ampliado derechos, modernizado infraestructuras y situado al Archipiélago en el mapa económico, turístico y social de España y de Europa. Hoy somos una autonomía más preparada, más conectada y con mayor capacidad para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo.

Pero el Día de Canarias no debe servir para instalarnos en la autocomplacencia. El mejor homenaje a quienes pusieron en marcha el autogobierno es mirar de frente la realidad. Y la realidad nos dice que, aunque Canarias crece, ese crecimiento no llega con la misma intensidad a todos los hogares. Generamos riqueza, pero no siempre la distribuimos bien. Tenemos cifras económicas positivas, pero convivimos con pobreza estructural, salarios insuficientes, dificultades para acceder a una vivienda y una burocracia que, demasiadas veces, aleja las soluciones de quienes más las necesitan.

Ese es el gran reto de esta etapa: no crecer más sin preguntarnos para qué, sino crecer mejor. Crecer para que un joven pueda emanciparse en su isla. Para que una familia trabajadora no destine la mayor parte de su salario al alquiler. Para que una persona mayor no espere meses por una prestación o una operación. Para que vivir en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife o La Graciosa no determine las oportunidades de nadie.

El autogobierno ha sido útil cuando ha servido para mejorar la vida cotidiana. Y debe seguir siéndolo. Por eso, Canarias necesita estabilidad política, sentido común y capacidad de acuerdo. No necesitamos ruido estéril. Necesitamos decisiones, presupuestos que se ejecuten, viviendas que se construyan, listas de espera que se reduzcan, ayudas que lleguen a tiempo, centros educativos que abran futuro y una economía que genere el empleo y bienestar real, en ese camino estamos.

También necesitamos defender con firmeza nuestra condición singular. Canarias no es una comunidad autónoma más. Somos una región ultraperiférica, fragmentada, alejada del continente y con sobrecostes permanentes derivados de su insularidad. Y ante esta realidad debemos consolidar el REF como instrumento de justicia territorial, de mano de una nueva financiación autonómica, y medidas fiscales singulares para las Islas Verdes.

El futuro de Canarias exige diversificar la economía sin renunciar al turismo, pero haciendo que el turismo genere más valor social; proteger el sector primario; acelerar la transición energética con garantías; ordenar el crecimiento demográfico; atender el fenómeno migratorio con humanidad y corresponsabilidad; y asegurar que la cohesión territorial no sea una frase, sino una política medible.

Este 30 de mayo nos recuerda hacia dónde debemos ir: hacia una Canarias más justa, más equilibrada, más sostenible y más capaz de convertir su crecimiento en oportunidades reales. Cuarenta y tres años después, el autogobierno ha sido para bien, aunque nos quedan conquistas de gran actualidad por alcanzar.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La visita del papa León XIV a Canarias tiene un valor religioso, social, político y económico relevante en el contexto actual, marcado por conflictos internacionales y tensiones geopolíticas. Y es también definitivamente simbólica. Su presencia en este archipiélago atlántico va a permitir proyectar a las islas como un espacio históricamente vinculado a la convivencia, a la paz y al encuentro entre continentes y culturas, lo que contrasta con el clima de confrontación global. Tiene un especial significado para la comunidad católica en Canarias, pero va más allá

Me gustaría destacar tres aspectos que me parecen de especial significado para nuestra tierra y que la visita papal proyecta al mundo: el ecumenismo y la multiculturalidad que nos representa, nuestra vocación de territorio de paz y la realidad de las personas migrantes que han llegado a Canarias -una ruta que le quitó el sueño a su predecesor, que llegó a recibir a migrantes que la habían cruzado- y las aviesas intenciones de Europa con respecto a la migración.

El ecumenismo y el pluralismo religioso son, sin el menor género de dudas, vías fundamentales para fomentar el diálogo entre culturas y avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. En territorios como Canarias, caracterizados por su posición estratégica entre continentes, la diversidad cultural y religiosa se convierten en una oportunidad para promover la convivencia, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. En este contexto, la presencia de un líder religioso de la dimensión de León XIV debe servirnos para proyectar y reforzar valores como la paz, la justicia social y la sostenibilidad. Lejos de ser un elemento de división, la dimensión religiosa puede actuar como un punto de encuentro capaz de unir a distintas comunidades en torno a objetivos comunes. Así, el diálogo interreligioso y cultural - el templo ecuménico de Maspalomas es un ejemplo pionero que singulariza la realidad multicultural de Gran Canaria-, no solo enriquece a la sociedad, sino que contribuye a construir espacios compartidos donde la fraternidad y el respeto se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo de la humanidad.

Canarias ha protagonizado, también, diversos hitos históricos que reflejan una arraigada cultura de paz marcada por la negación de la guerra, la exigencia de una neutralidad real, la defensa del territorio y una clara voluntad popular de mantenerse al margen de confrontaciones bélicas. Uno de los momentos más significativos fue el referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN: mientras que en el conjunto del Estado ganó el “sí”, en Canarias se impuso el “no” de forma clara, evidenciando una posición diferenciada y un fuerte rechazo a la integración en estructuras militares internacionales. Este resultado reflejaba, además, el temor a que el archipiélago se convirtiera en un enclave estratégico en conflictos globales debido a su posición geopolítica.

Años antes, durante el final del franquismo y la transición, ya se había producido una importante movilización social contra la posible instalación de una base militar en Arinaga, en Gran Canaria. La población local, junto a distintos colectivos sociales, protagonizó protestas y acciones de presión que lograron frenar el proyecto. Esta oposición no solo respondía a la defensa del territorio, sino también a un rechazo más amplio a la militarización de las islas y a la imposición de un modelo ajeno a las necesidades de la población.

Asimismo, la sociedad canaria ha mostrado su compromiso con la paz a través de movilizaciones contra conflictos internacionales, como la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. Estas protestas han estado siempre acompañadas de críticas al uso estratégico del archipiélago por parte de potencias militares, reforzando la idea de que Canarias no debía ser una plataforma para la guerra, sino un espacio de convivencia y cooperación.

Este enfoque está en línea con numerosas declaraciones del papa Francisco en los últimos años y de León XIV en este año de papado. Han denunciado reiteradamente la guerra como una “derrota de la humanidad” y han advertido sobre el auge de actitudes autoritarias, criticando los nacionalismos excluyentes y la política del miedo. En el contexto de conflictos como el de Ucrania o Gaza, han insistido en la necesidad de negociación, diálogo y desarme, rechazando la lógica de bloques y la escalada militar.

Durante los últimos años hemos vivido choques importantes, sobre todo en temas como la inmigración, el cambio climático o el papel del capitalismo, donde los sumos pontífices defendían posturas más sociales y humanitarias frente a las posiciones de muchos líderes mundiales.

Sin embargo, ahora el conflicto ha dado un paso más con el actual obispo de Roma y ha pasado a ser un enfrentamiento abierto con el autoritarismo desbocado y su figura insigne, Donald Trump. El presidente estadounidense lanzó críticas muy duras contra el papa, acusándolo de ser “débil”, de “complacer a la izquierda radical” y de meterse en política en lugar de centrarse en su papel religioso. Estas declaraciones llegaron en un contexto especialmente sensible, marcado por desacuerdos sobre conflictos internacionales y el uso del discurso religioso en política.

La respuesta de León XIV fue inusualmente clara y firme: afirmó que “no tiene miedo de Trump” y que seguirá defendiendo sus posiciones, especialmente en contra de la guerra y a favor de la paz. Dejó meridianamente claro que no le tiene ningún miedo y que no piensa callarse ante lo que considera una distorsión del mensaje cristiano.

En su última visita a África, el papa afirmó con rotundidad que “el mundo está siendo devastado por una pandilla de tiranos… los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, mientras que a menudo no basta toda una vida para reconstruir. Se gastan miles de millones en matar y devastar, mientras que los recursos necesarios para curación, la educación y la reconstrucción no se encuentran en ninguna parte”.

En conjunto, lo que estamos viendo no es solo un cruce de declaraciones, sino un choque de visiones mucho más profundo: por un lado, una política basada en la fuerza, el totalitarismo, la antidemocracia, el desprecio a la multilateralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional y, por otro, una autoridad moral que insiste en la justicia social, la acogida, la diplomacia y el diálogo entre las naciones. Esa tensión, que ya existía en tiempos de Francisco, ahora se ha convertido en un enfrentamiento mucho más explícito con León XIV, marcando uno de los episodios de enfrentamiento más directos entre un papa y un líder estadounidense en la historia reciente.

Además, y por último, la presencia del papa en el Archipiélago va a visibilizar ante Europa y ante la comunidad internacional la realidad migratoria en Canarias, una de las principales puertas de entrada de la migración africana hacia la Unión Europea. Su estancia en Canarias va a poner el foco en la dimensión humanitaria del fenómeno y, por tanto, en la situación de miles de personas que llegan por la ruta atlántica y las dificultades de acogida en territorios insulares. Es nítida también su denuncia de la pobreza, el hambre,la desigualdad y la inacción - o la explotación- del mundo rico con los países pobres del mundo.

En materia migratoria, su posición ha sido especialmente clara y constante: ha pedido acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, denunciando la “globalización de la indiferencia” y cuestionando políticas que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. También ha criticado duramente la externalización de fronteras y los sistemas que convierten a ciertos territorios en espacios de contención, alertando de que eso deshumaniza a las personas y erosiona los valores democráticos.

En ese sentido, su presencia en las islas servirá para amplificar el debate sobre las políticas europeas que tienden a convertir territorios fronterizos en lugares de retención, y para dar mayor legitimidad a una crítica ética de esas prácticas que pretenden convertir a Canarias en un contenedor de personas que han atravesado el océano a la intemperie, aterrorizadas. Por eso, los sarpullidos que han provocado en Abascal y Vox las palabras del obispo José Mazuelos - que tiene todo mi apoyo y solidaridad- a favor de la regularización de las personas migrantes o los circunloquios del PP que dice apoyar al obispo pero, al mismo tiempo, que se deben reforzar las fronteras.

Es especialmente significativo el momento. La Unión Europea está desarrollando el Pacto de Migración y Asilo, una reforma amplia que busca endurecer el control de fronteras exteriores, agilizar los procedimientos de asilo y facilitar las devoluciones de personas migrantes sin derecho a protección. También plantea un sistema de “solidaridad flexible”, donde los países pueden elegir entre acoger migrantes o aportar recursos.

Aquí, en Canarias, lo vivimos con una enorme preocupación porque este modelo podría reducir la distribución efectiva de personas entre Estados y reforzar el papel de los territorios fronterizos. Esto implicaría, en la práctica, insistir en convertir a las islas en espacios de contención o retención, dada su posición geográfica como frontera sur de Europa.

En conjunto, más allá del componente religioso, que lo tiene para miles de canarios y canarias, una visita así supone un fuerte impacto como gesto de denuncia, visibilización y reafirmación de valores como la paz, la dignidad humana y la solidaridad en un momento especialmente delicado para este planeta y para la humanidad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El mercado laboral no puede entenderse sólo como un espacio de productividad y cifras. El empleo es una herramienta de dignidad, autonomía personal y cohesión social. Por eso, cuando hablamos de políticas activas de empleo, hablamos de personas, familias y oportunidades reales para quienes encuentran dificultades para acceder a un puesto

En La Gomera conocemos bien esa realidad. Somos una isla con una estructura social, territorial y económica singular, donde cada medida pública debe responder a las circunstancias de nuestra gente. Una de ellas es la situación de muchas personas mayores de 60 años que, después de una vida de esfuerzo, se enfrentan a obstáculos para reincorporarse al mercado laboral.

A esa edad, perder un empleo o no poder acceder a uno nuevo no es solo un problema económico. También puede dificultar completar cotizaciones y alcanzar la jubilación con garantías, por lo que no podemos permitir que quienes han contribuido al desarrollo de esta isla queden al margen por edad.

Desde el Cabildo de La Gomera llevamos dos años impulsando medidas para abrir oportunidades, reforzar la protección social desde el empleo y demostrar que las administraciones públicas deben estar al lado de quienes más lo necesitan.

La segunda edición del programa de inserción laboral para mayores de 60 años refleja ese compromiso. Con una inversión de 3,4 millones de euros, ha permitido la contratación de 155 personas desempleadas en los seis municipios de la isla. Se trata de una línea de trabajo destinada a fortalecer el empleo, atender a colectivos con mayores dificultades y garantizar que el desarrollo llegue equilibradamente a todo el territorio.

Estos programas tienen un doble valor. Generan empleo directo para personas que necesitan una oportunidad laboral y, al mismo tiempo, mejoran servicios públicos: mantenimiento de infraestructuras, limpieza y acondicionamiento de zonas verdes, caminos y vías.

Es más que evidente que para que esto funcione la cooperación con los ayuntamientos es fundamental. La Gomera se construye desde sus pueblos y distribuir las contrataciones entre los municipios garantiza equilibrio territorial y eficacia en la respuesta a necesidades cotidianas de la ciudadanía.

También debemos reivindicar el valor de la experiencia. Las personas mayores de 60 años no son un problema para el mercado laboral; son parte imprescindible de él. Aportan conocimiento, responsabilidad, oficio y compromiso. Frente a la barrera injusta de la edad, defendemos una idea clara: la experiencia también es talento y debe tener espacio en las políticas de empleo.

Una sociedad justa debe acompañar tanto a los jóvenes que inician su trayectoria profesional como a quienes están en la etapa final de su vida laboral. El empleo debe ser un derecho efectivo y una oportunidad accesible, con planificación, inversión y sensibilidad social.

Porque detrás de cada contrato hay una familia que gana estabilidad y una isla que se beneficia del trabajo realizado, porque una isla que quiere avanzar no puede dejar atrás a quienes todavía tienen mucho que aportar.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El pasado 5 de mayo las “Económicas” de Gran Canaria y Tenerife, en colaboración con una representación cualificada de la sociedad civil de Canarias presentaron, al unísono, un manifiesto de apoyo a la universidad pública canaria y solicitaron a la ciudadanía su firma en señal de respaldo

Desde el Cabildo de Gran Canaria quiero expresar mi aliento firme a cada una de sus reivindicaciones. La actualidad trepidante de las islas, marcada por la saturación turística y las urgencias migratorias, no puede seguir dejando en un segundo plano el debate sobre las decisiones de singular calado que el gobierno autonómico está adoptando contra nuestro sistema universitario público. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. La aportación de la ULPGC y la ULL es fundamental para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlas o desmantelarlas es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo.

Hablar en Gran Canaria de la universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha recordado en muchas ocasiones el ex rector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. Han pasado 36 años desde su creación, y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que es una herramienta imprescindible para generar conocimiento cualificado, favorecer la igualdad de oportunidades y democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad: la universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico. El manifiesto, y la amplia presencia de la ciudadanía en su presentación, nos recuerda que la sociedad que conquistó la ULPGC no está dispuesta a permitir su deterioro. Desde el Cabildo nos mantendremos firmes en la colaboración y en la denuncia de cualquier actuación que debilite o cuestione su papel trascendental.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que el manifiesto ha puesto negro sobre blanco. Constituyen una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la potenciación de las universidades privadas. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo. Demuestran un diseño claro para debilitarlas.

La asfixia económica. La ULPGC nunca ha estado correctamente financiada, pero en los dos últimos años la situación ha empeorado hasta extremos insostenibles. En 2025, el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal ni los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permiten ni el mantenimiento básico. Llevamos años sin un contrato programa que establezca un marco de financiación estable. Según el último informe del Ministerio de Universidades, Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, frente al 1% estatal y el 1,3% europeo. Somos la comunidad que menos invierte por estudiante y en investigación. Las plantillas envejecen y se precarizan. No podemos seguir a la cola. Es absolutamente de justicia reclamar ese 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas canarias.

El control político. La nueva Ley de Consejos Sociales se aprobó contra el parecer de los órganos de gobierno de ambas universidades. Los rectores, que han acudido al Tribunal Constitucional para recurrir la ley, denuncian falta de diálogo, imposición e invasión de la autonomía constitucionalmente garantizada. Lo que han manifestado públicamente es muy grave: ”esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado". Con el paraguas de la participación social, lo que se esconde es el interés por controlar la universidad pública, limitar el disenso y promover visiones partidistas de la historia, la economía o la cultura.

La exclusión científica. El proyecto de Ley de la Ciencia alcanza niveles irracionales. Se ha empezado a tramitar sin consultar a las dos universidades, que concentran más del 95% de la investigación del archipiélago. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas quedan en minoría. Este maltrato frustra una progresión investigadora en la que estábamos esperanzados.

La apuesta por lo privado. En los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En el último curso, a las privadas se les aprobaron 15 grados y a las públicas ninguno. No se trata de prohibir la competencia, sino de exigir que no sea tramposa. La universidad privada supone una selección social: no toda la población puede pagar matrículas elevadas. El manifiesto que está siendo firmado por una amplia mayoría denuncia con claridad esta deriva.

Esta ofensiva no es un fenómeno aislado canario. Responde a una estrategia global de las derechas para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas. Desde Trump presionando a Harvard o Columbia por sus posturas sobre el genocidio en Gaza o el cambio climático, hasta Macron creando un observatorio contra "derivas ideológicas" en Francia; desde Ayuso estrangulando financieramente a la Complutense —con un plan de recortes de 33 millones de euros que elimina optativas y no repone jubilaciones— hasta la criminalización de la protesta estudiantil. En todas partes se repite el mismo guion: se desgasta la autonomía con recortes, se potencia a las privadas, se controlan los consejos sociales. Lo que ocurre en Canarias es un espejo de esa corriente mundial.

Por eso hoy cobra tanta importancia el manifiesto de las sociedades económicas de Tenerife y Gran Canaria. Es la voz de una sociedad civil que no ha olvidado cómo se conquistó la ULPGC. Sin embargo, debo decir con sinceridad que la respuesta de la comunidad universitaria en los últimos meses no había estado a la altura de la gravedad del momento. El malestar de los equipos rectorales no llegaba con suficiente claridad a la calle. Tampoco había percibido una movilización del profesorado, los sindicatos o el estudiantado acorde con la situación. El manifiesto corrige ese rumbo. Es el primer paso de una respuesta plural y proporcional que necesitamos urgentemente.

Reclamo con la mayor energía un nuevo pacto por la educación superior en Canarias. Necesitamos cinco líneas fundamentales. Primera: mejorar e incrementar la financiación pública con un marco plurianual estable. Segunda: estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional del profesorado y del personal de administración y servicios. Tercera: mejorar la empleabilidad del estudiantado y fomentar la colaboración empresarial. Cuarta: visibilizar la relevancia social del conocimiento que se genera en nuestras aulas. Quinta: incentivar el acceso de toda la población juvenil, especialmente de aquella con menos recursos.

Desde el Cabildo de Gran Canaria sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible para todas y todos. Hoy, con el respaldo del manifiesto ciudadano, reafirmo mi compromiso. Si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles. La universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo. No permitamos que languidezca el gran sueño nacido en el siglo XX. Lo necesitamos para ganar el siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.