La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se reúne con el comisario Hansen y con europarlamentarios en Bruselas con un mensaje rotundo en contra de la propuesta inicial de reforma de la PAC, que consideran “inasumible”.

“Queremos más reuniones cara a cara, y no a través de una pantalla. Es así como se intercambian opiniones y como se pueden cambiar las cosas en Bruselas”. Así de rotundo se ha mostrado el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, tras visitar hoy las instituciones europeas y reunirse con algunos de sus altos representantes. Un viaje que casi se ve truncado por el ciberataque que se produjo el pasado fin de semana al aeropuerto de Bruselas y que obligó a reducir notablemente la delegación de agricultores y ganaderos de toda España prevista inicialmente.

El plato fuerte de la visita, la reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, se ha celebrado esta mañana, con temas de gran interés para el campo español como la Política Agraria Común –y su futura reforma–, los aranceles de Trump, la OCM única o el Acuerdo UE-Mercosur.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha reclamado a Hansen una PAC con más presupuesto y que sea “verdaderamente común”. Los productores reclaman una PAC que dependa de Europa y que no dé tanto margen a los Estados Miembros para renacionalizar las políticas. La organización ha mostrado su total rechazo a la propuesta de Marco Financiero Plurianual, que consideran no ajusta las dotaciones presupuestarias destinadas al campo a los retos que afronta la sociedad europea en materia alimentaria.

UPA ha mostrado no obstante su interés en cuestiones de la reforma que califican de “positivas” como son las medidas para un reparto más justo y más social de las ayudas, apostando por el capping y la degresividad de las ayudas, fortaleciendo las ayudas asociadas, y fomentando a los jóvenes y las mujeres rurales.

La organización ha pedido a Hansen un fondo que ayude a hacer frente a la crisis climática, que contemple las estrategias de adaptación y mitigación que afectan a los agricultores y ganaderos, con un diseño más flexible.

Relaciones comerciales

En materia de acuerdos comerciales, UPA trasladado su incertidumbre por lo que consideran “claudicación de Europa ante Estados Unidos” por los aranceles que afectan a nuestras exportaciones. “Se pone una alfombra roja a exportaciones que Europa no considera sensibles, pero sí lo son en España, como las frutas y hortalizas, los lácteos o los frutos secos”.

En relación con el Acuerdo UE-Mercosur, UPA ha explicado al comisario Hansen que un acuerdo es aquel que beneficia a ambas partes, y que para los productores europeos no puede suponer una amenaza y debe servir para favorecer nuestras exportaciones en productos como el aceite de oliva o el vino. En el caso de productos potencialmente perjudicados, como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz o la miel “se deben aplicar cláusulas de salvaguarda”, sentencian.

Desde UPA han mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión para reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. “Esta nueva OCM debe servir para que los agricultores y ganaderos tengamos más poder a la hora de fijar los precios para nuestros productos, con contratos por escrito, que se traduzcan en unos precios más justos para los productores”, afirman.

Encuentros en la Eurocámara

La delegación de UPA ha acudido también al Parlamento Europeo, donde han trasladado a diferentes europarlamentarios, como Cristina Maestre, del grupo de los Socialistas y Demócratas, o Juan Ignacio Zoido, del Grupo Popular, la necesidad de oponerse a la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea.

UPA ha pedido, tanto en Comisión como en Parlamento, un refuerzo de la interlocución con el sector: “hay que recuperar los Grupos de Diálogo Civil con los distintos sectores y hemos obtenido el compromiso de que se va a apostar por dar más peso al diálogo y a la presencia de agricultores y ganaderos en las instituciones europeas”.

La gran complejidad en los procesos y los equilibrios políticos para tomar decisiones es, con toda seguridad, una de las mayores ventajas con que cuenta históricamente la Unión Europea para avanzar en la integración y el progreso de los países y las poblaciones que la componemos

Nada es fácil, ni simple ni lineal. Aquí no caben personalismos abiertamente totalitarios al estilo de Trump, Putin o similares, bajo cuyo poder las cosas se hacen porque sí, porque yo lo digo. En la Unión Europea, afortunadamente, todo es más sutil; cada paso, por pequeño o grande que sea, requiere de mucha negociación y consenso. Y, finalmente, a pesar de las dificultades y la desesperación que se genera en los procesos, el resultado siempre termina, sin satisfacer a todos, siendo razonablemente positivo.

Con este espíritu lleva construyéndose y creciendo la Unión Europea desde hace casi 70 años y entre sus mayores éxitos destaca, sin duda, la consolidación de un modelo de soberanía alimentaria, surgido de las hambrunas posteriores a la segunda guerra mundial, cuya base es y sigue siendo la Política Agraria Común.

España forma parte del proyecto común europeo desde hace ya 40 años, con un peso político-económico relevante y con periodos de gran influencia estratégica en propuestas, debates y decisiones, como está ocurriendo, por ejemplo, en los últimos años, especialmente tras la crisis global de la pandemia.

Vienen a cuento estas reflexiones cuando nos enfrentamos, en el verano de 2025, al arranque de un largo camino para aprobar los presupuestos y las grandes políticas de gestión común para el período 2028-2034, cuyo primer paso ha sido, a mediados de julio, la propuesta aprobada por la Comisión Europea, en la que se incluye un importante recorte presupuestario para la PAC y cambios normativos que generan incertidumbre y amenazas sobre el futuro común de la que sigue siendo la más importante de las políticas comunes.

La carrera tiene mucho fondo, durará más de dos años, hasta que previsiblemente se aprueben los nuevos presupuestos en el otoño de 2027. Pero la respuesta sindical de las organizaciones que representamos al colectivo social y productivo más importante del campo europeo debe ser inmediata y contundente. Por eso en UPA, nada más conocer la propuesta de la Comisión, hemos dejado claro que no podemos (ni debemos) consentir que la PAC se desmantele.

Somos conscientes de que la Comisión no propone ni derribar ni poner la casa patas arriba. Incluso en su propuesta hay elementos a valorar en cuanto a la necesarias medidas diferenciadas hacia las explotaciones más pequeñas y la imprescindible incorporación de jóvenes.

Pero el recorte presupuestario, de hasta un 22%, y sobre todo los cambios en el modelo de gobernanza son muy negativos y preocupantes; especialmente cuando se habla de avanzar sin disimulo hacia una cada vez mayor renacionalización de la PAC, que progresivamente dejará de ser menos común y más nacional. La conclusión es evidente: menos igualdad entre agricultores y ganaderos en función de la capacidad (y la voluntad) de los Gobiernos de cada país.

La movilización sectorial y social en todos los Estados miembros es el único factor crítico capaz de evitar el desastre. Así se vio, en el ejemplo más reciente, cuando las grandes movilizaciones de los primeros meses de 2024 en todo el campo europeo consiguieron cambios importantes en la gestión y la simplificación de la PAC.

Las y los verdaderos profesionales del sector agrario tenemos la responsabilidad de alertar a la sociedad sobre la importancia colectiva de la Política Agraria Común. Que nadie piense que la presión es por conseguir un poco más de ayuda. Lo que está en juego es garantizar que la Unión Europea siga siendo el mejor ejemplo mundial en materia de soberanía alimentaria.

Y ello solo será posible si aseguramos el relevo generacional, la ilusión por seguir en la faena y una rentabilidad -no solo económica- que merezca la pena. En caso contrario, pasito a paso, nos encaminaremos hacia el barbecho común europeo.

La organización exige una ley clara que retrate a quien no defiende este modelo social y económico

Tras las declaraciones vertidas por el Partido Popular (PP) en el municipio lucense de Palas de Rei (3.267 habitantes), menospreciando los modelos de agricultura familiar en defensa de multinacionales externas que nos respetan los recursos ni los modelos tradicionales de la zona, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), expresa su más enérgica protesta ante este posicionamiento y actuaciones del PP de Palas de Rei, que suponen un ataque directo e injustificado contra las pequeñas explotaciones familiares que constituyen el motor productivo del municipio.

Según datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), en Palas de Rei existen alrededor de 230 explotaciones ganaderas y un censo aproximado de 7.200 vacas, lo que supone una media de 30 vacas por explotación. Esta es la realidad productiva de la zona, tanto en modelos intensivos como extensivos: explotaciones de carácter familiar, gestionadas por cientos de personas que trabajan día a día para producir alimentos de calidad, generar riqueza económica y mantener vivo el territorio.

Un modelo que vertebra el territorio

Sin embargo, el caso de Palas de Rei no es aislado. Hace solo unas semanas, en Aragón, el gobierno de Jorge Azcón (PP) se posicionaba al lado de los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión que afectan a la agricultura familiar, con la modificación de la Ley de Agricultura Familiar en la zona.

UPA recuerda que la agricultura familiar no solo aporta producción primaria, sino que cumple funciones sociales, ambientales y culturales insustituibles: fija población en el medio rural, evitando el despoblamiento; estructura el territorio y mantiene vivos los pueblos; contribuye a la economía local con la compra de insumos y servicios y cuida del paisaje y gestiona de forma sostenible los recursos.

Por todo ello, resulta inaceptable que desde una institución o formación política se desacredite a este modelo productivo, que no solo produce alimentos, sino que sostiene el tejido social y económico del medio rural, evita el despoblamiento, cuida del paisaje y contribuye a la vertebración territorial.Cualquier intento de desprestigiar o atacar este modelo productivo supone un grave daño no solo para las familias afectadas, sino para el conjunto de la comunidad.

En este contexto y ante el devenir de los hechos que se vienen produciendo, UPA lamenta que la agricultura familiar se use con fines ideológicos y reclama una ley que tipifique el modelo de agricultura familiar que esté apoyado y protegido por todas las fuerzas políticas.

El secretario internacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, José Manuel Roche, viaja hasta Brasil para resolver las dudas que genera el Acuerdo UE-Mercosur. Junto a representantes del CESE europeo, UPA exige que el acuerdo sea equilibrado y beneficie a ambos lados: “No lo aceptaremos si no se nos respeta”, afirman

En una semana en la que el sector agrario ha recibido con malestar el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzado por la presidenta Von Der Leyen con Donald Trump, UPA ha viajado hasta Brasil, donde ha participado en un encuentro con su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El viaje se enmarca en una misión de representantes de la sociedad civil europea, organizados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha participado esta semana en numerosos encuentros con representantes de la sociedad civil brasileña y con el Gobierno del país. “Hoy más que nunca tenemos que avanzar en abrir mercados nuevos e interesantes para las producciones que puedan verse afectadas por los aranceles”, ha señalado.

En tiempos de incertidumbre geopolítica internacional, UPA considera “imprescindible” reforzar las relaciones multilaterales y despejar las dudas que ha despertado este acuerdo, negociado entre acusaciones de falta de transparencia. José Manuel Roche ha explicado que el objetivo de su misión en Brasil es aclarar las incertidumbres y despejar incógnitas, así como trasladar con firmeza que el alcance del acuerdo debe ser equilibrado y beneficiar a ambos lados. “El Acuerdo se debe regir en los principios de justicia, beneficio mutuo y cooperación a largo plazo. Se deben reconocer los sectores sensibles e incluir mecanismos para abordar las disparidades. Ninguna región o país debe verse perjudicado”, ha señalado.

“El Acuerdo sólo tendrá sentido si abre oportunidades y no perjudica a nadie”

El acuerdo aspira a crear una de las zonas de libre comercio más vastas del mundo, incluyendo a 780 millones de personas (el 10% de la población mundial y el 25% del PIB mundial). “Esto debe ser una oportunidad crucial para que ambas regiones reforcemos nuestros vínculos económicos y políticos. Ahora bien, la experiencia nos dice que en todos los acuerdos entre diferentes partes del mundo se puede utilizar a la agricultura como moneda de cambio”, afirma Roche desde Brasil.

El aceite de oliva y el vino español pueden encontrar una salida interesante en los países del Mercosur. Sin embargo, sectores como el vacuno de carne, el azúcar o el arroz pueden ver comprometida su competitividad. UPA reclama que en el proceso de ratificación se modifiquen aquellos puntos que perjudiquen a los agricultores y ganaderos europeos. “Nuestras preocupaciones son medioambientales, en materia de plaguicidas, hormonas, bienestar animal o condiciones laborales. Se debe proteger a los productores y los consumidores, estableciendo también firmes controles en frontera que garanticen las mercancías”.

Los agricultores exigen que se cree un fondo de compensación destinado a los sectores que puedan verse afectados, en cuya definición se cuente con el sector. Igualmente, creen que debe monitorizarse el acuerdo para poder reevaluar con agilidad sus términos, estableciendo cláusulas de salvaguarda. Finalmente, exigen un etiquetado claro y transparente, “pues los consumidores tienen derecho a conocer el origen de los alimentos que están comprando”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos muestra su rechazo frontal a la propuesta de presupuestos presentada ayer por la Comisión Europea: reduce los fondos, amplía la incertidumbre y complica la gestión. “No lo aceptamos y lucharemos para que se cambie”, anuncian

La propuesta de presupuestos para la Unión Europea para el sexenio 2028-2034 ha caído como un jarro de agua fría entre los agricultores y ganaderos españoles. A pesar de los rumores que en los últimos meses hacían presagiar malas noticias para los intereses del sector primario, los productores de alimentos albergaban ciertas esperanzas de que sus temores no se confirmasen.

Sin embargo, se han confirmado: de aprobarse esta propuesta de presupuestos –cosa que desde UPA esperan que no ocurra– el presupuesto para la PAC se reduciría entre un 20 y un 30%, pasando de 386.000 a 300.000 millones de euros. Esta reducción sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 % en 1980 a cerca del 24,6 % en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20 %.

En la propuesta de la Comisión Europea, presentada ayer por Ursula Von Der Leyen, la PAC pierde su propia autonomía y dependerá de las decisiones y prioridades de los diferentes Estados Miembros, lo que para UPA supondría en la práctica una “ruptura en la igualdad de trato entre productores que pertenecemos a un espacio común y sin fronteras. En definitiva, una PAC recortada y renacionalizada destruye la estrategia comunitaria”.

Desde UPA advierten además de que el sistema de ayudas sería totalmente nuevo, lo que supondría un aumento de la complejidad para su puesta en marcha. La organización pronostica que el proceso de definición y reparto de las ayudas podría ser “una auténtica locura”.

¿Hay algo interesante en la propuesta de la Comisión?

Con menos presupuesto y una nueva estructura que no parece gustar a nadie cabe preguntarse si hay algún aspecto para reflexionar en la propuesta de la Comisión Europea. Desde UPA señalan algunos puntos que podrían ser interesantes:

Los agricultores se preguntan si la inclusión de la PAC en un fondo único más amplio podría dar lugar al sector a acceder a nuevos fondos.
Se establecen recomendaciones para que se canalicen las ayudas hacia los agricultores en función de la importancia de la actividad agrícola en su renta.
También se defiende la necesidad de mantener a los agricultores pluriactivos y un régimen de pequeños agricultores de hasta 3.000 euros.
Sigue avanzando en un reparto más justo de las ayudas, reduciendo el importe de las ayudas según crecen las hectáreas.
Obligará a los Estados Miembros a desarrollar planes específicos de relevo generacional.
Establecerá pagos a zonas con limitaciones naturales.
Aumentará las ayudas de crisis, muy necesario en este contexto de cambio climático.
Mantiene las ayudas asociadas dirigidas a los sectores que más lo necesitan.

Próximos pasos

El proceso de reforma de la PAC es una carrera de fondo que en realidad comienza con la propuesta conocida ayer. Ahora, en otoño se conocerá el informe del Parlamento Europeo valorando la propuesta de la Comisión. Su competencia está limitada al control y gestión (aprobación o rechazo). Más tarde, a finales de 2027, deberán concluir las negociaciones con el Consejo y Parlamento. En este periodo, deberán intensificarse las negociaciones dentro de cada Estado, contando con el sector y con las Comunidades Autónomas, para lograr proteger y defender a la agricultura y ganadería familiar de España.

UPA advierte de que, de no modificarse esta propuesta, se producirán movilizaciones de alta intensidad en toda Europa y recuerdan: “No luchamos sólo para garantizar apoyos justos para los y las agricultores y ganaderos, sino para asegurar la alimentación de todos los ciudadanos y ciudadanas europeos”.

La iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos europeos, busca reducir la brecha digital en zonas despobladas a través de formación gratuita

El proyecto llegará a más de 3.500 personas en seis comunidades autónomas

Para formar en el medio rural, los equipos técnicos han recibido formación específica en cómo detectar “fake news” y en crear pensamiento crítico impartido por distintos expertos en la materia

Las organizaciones UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) han puesto en marcha de forma conjunta el proyecto “ Pueblos en clave digital” , una iniciativa que forma parte del programa Reto Rural Digital , impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con financiación de la Unión Europea.

Este proyecto tiene como finalidad principal mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en zonas rurales, especialmente entre colectivos con mayores dificultades de acceso a los recursos tecnológicos y formativos. La actuación se desarrollará de manera coordinada por ambas entidades en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia.

Los programas de formación están dirigidos a personas residentes en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes; entidades locales menores, como pedanías, parroquias, barrios rurales o aldeas, incluso si pertenecen a municipios de mayor tamaño; o núcleos de población dispersos de municipios de más de 20.000 habitantes.

Esta segmentación busca priorizar áreas rurales especialmente afectadas por la despoblación y con cobertura limitada de servicios digitales.

Formación digital adaptada y gratuita

“ Pueblos en clave digital” contempla un total de 3.500 participantes a lo largo de su ejecución, con un enfoque inclusivo y de equilibrio territorial. La formación se impartirá tanto de forma presencial como online, siendo complementarias ambas modalidades.

Los grupos prioritarios que contemplan el programa, con especial atención a mujeres, son personas mayores de 65 años y menores de 35 años. También se contempla la participación de personas menores de 25 años.

La formación se articulará en torno a cuatro itinerarios temáticos de 9 horas de duración cada uno, adaptados a las necesidades del entorno rural:

Relación telemática con la administración pública: orientada a facilitar el acceso a los servicios públicos digitales. Se abordarán temas como el uso del sistema de identificación electrónica (Cl@ve, certificado digital), trámites sanitarios, consultas al catastro o gestiones en la Carpeta Ciudadana.

Seguridad y privacidad digital: este itinerario enseñará a identificar amenazas digitales como el phishing o los fraudes bancarios, ya proteger los datos personales mediante herramientas básicas de ciberseguridad.

Información y comunicación: centrado en el uso crítico y responsable de la información online. Se enseñará a contrastar fuentes, identificar contenidos falsos o manipulados y utilizar plataformas digitales que garanticen una mayor privacidad. También se abordará la comprensión ética de la inteligencia artificial.

Autoempleo: dirigido a personas emprendedoras rurales con interés en digitalizar su actividad. Incluye nociones sobre protección de datos, uso de redes sociales, automatización de tareas, herramientas para gestión de proyectos y presencia segura en internet.

Formación de formadores

El equipo técnico de cada territorio se encargará de establecer contacto con municipios, asociaciones y entidades colaboradoras para organizar la impartición de la formación, ajustándose a los objetivos previstos y garantizando una cobertura territorial adecuada.

Para poder formar a los diferentes colectivos del medio rural de un modo riguroso, expertos en la materia han impartido una formación previa a los equipos técnicos de cada zona sobre cómo detectar 'fake news' y crear pensamiento crítico en la ciudadanía contra los bulos.

Poniendo foco en la realidad que suponen las nuevas tecnologías, esta formación de formadores se ha llevado a cabo para garantizar el acceso de los ciudadanos de cualquier edad y de cualquier residencia a una información veraz y de calidad.

Así, para combatir la desinformación, se ha impartido un programa cuyos contenidos tienen como objetivo comprender el fenómeno de la desinformación y su impacto social; identificar los distintos tipos de bulos y estrategias de manipulación informativa; adquirir herramientas pedagógicas para enseñar sobre la desinformación y diseñar actividades adaptadas para combatirla en diferentes contextos formativos.

Con este programa, UPA y FADEMUR reafirman su compromiso con la digitalización del medio rural y la igualdad de oportunidades. “ Pueblos en clave digital” no solo busca formar en competencias técnicas, sino también empoderar a las personas para que puedan desenvolverse con autonomía en un entorno digital cada vez más imprescindible para el acceso a derechos, servicios e iniciativas de autoempleo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, recibe a la Comisión Ejecutiva Federal de UPA en una reunión de trabajo en la que se han tratado los principales problemas que afectan a la agricultura y la ganadería en España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha acogido hoy una reunión de trabajo entre la Comisión Ejecutiva Federal de UPA, encabezada por su secretario general Cristóbal Cano, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, y su equipo. En la reunión se han repasado los principales temas de actualidad que afectan al sector primario. Este es el primer encuentro oficial de la Comisión Ejecutiva Federal de UPA elegida en el 11º Congreso de la organización con los responsables del Ministerio de Agricultura.

UPA ha reclamado que se agilice el proceso de aprobación de la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, una norma que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideran “imprescindible y urgente” para abordar retos clave para el futuro del sector, como es el relevo generacional, la distribución de los apoyos o la consecución de los objetivos de las políticas agrarias. “No creemos que la tramitación de esta Ley deba vincularse a la reforma de la PAC”, han asegurado desde UPA.

Sobre el Acuerdo de 43 Medidas firmado por la organización con Luis Planas, UPA ha recordado uno de los principales aspectos que quedan pendientes: la conversión de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en Agencia Estatal, lo que la dotaría de mayor presupuesto y capacidad de actuación. Un punto que queda pendiente por la compleja aritmética parlamentaria pero que para UPA es “irrenunciable”.

La organización ha trasladado su preocupación por el futuro de la Política Agraria Común (PAC): “Escuchamos globos sonda desde Bruselas sobre la dilución del presupuesto de la PAC en un fondo común. No lo aceptamos”, han explicado desde UPA, al tiempo que han agradecido la postura del ministro Planas en Bruselas en este sentido.

Problemas sectoriales

UPA ha planteado a los responsables del Ministerio la situación de crisis que atraviesan distintos sectores, como el del cereal, que afronta una campaña previsiblemente récord en volumen pero con problemas de rentabilidad. En ese sentido se mantiene abierta una línea de trabajo que se irá desarrollando junto con el Ministerio. También se han valorado las campañas de frutas y hortalizas, de olivar y de distintos sectores de regadío, cuya situación ha mejorado notablemente este año gracias a las lluvias. Así mismo se ha analizado la situación de los diferentes sectores ganaderos.

Los agricultores y ganaderos europeos no respaldaremos nunca un acuerdo comercial que carezca de armonía y que sea perjudicial para el medio ambiente, para nuestra soberanía alimentaria y para el medio rural

Con esta contundencia se han manifestado tanto el COPA a nivel europeo como UPA en España a la hora de valorar el acuerdo anunciado, el pasado mes de diciembre en Montevideo, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los líderes del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

UPA considera que este acuerdo puede perjudicar especialmente a las explotaciones de carácter familiar y suponer un freno al necesario y tan complejo relevo generacional. Por tanto, no tiene sentido alguno tolerar un acuerdo que ponga en jaque a un sector tan estratégico como la agricultura y ganadería.

Aun siendo conscientes de que hay que entablar amistades y forjar alianzas en estas épocas turbulentas que atraviesa la geopolítica internacional, tanto el COPA como UPA critican que Ursula von der Leyen, incumpliendo su compromiso de estrechar lazos con el sector agrario, no haya dialogado suficientemente con las organizaciones representativas de los agricultores y ganaderos.

Este acuerdo puede suponer la importación al mercado europeo de productos agroalimentarios que distan mucho de cumplir con las normas que sí se imponen a los productores y fabricantes europeos, por ejemplo, en el uso de productos fitosanitarios o en la legislación laboral y en materia de bienestar animal. Por tanto, UPA exige que haya un compromiso obligatorio para los países del Mercosur sobre las normas relacionadas con el bienestar animal, el uso de medicamentos en la producción animal, el clima, el tratamiento químico y demás normas medioambientales.

En todo, caso, el acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 es un primer paso de un largo camino. El Acuerdo deberá ratificarse por parte del Parlamento Europeo, así como en los Estados Miembros.

UPA seguirá muy atenta a los siguientes pasos desde la firma de este acuerdo, exigiendo siempre que el sector agrario sea respetado, escuchado y protegido. Lo haremos en Europa, a través del COPA-Cogeca, y lo haremos en España, exigiendo al Gobierno español que tenga en cuenta nuestras demandas y que no acepte ni apoye ningún acuerdo que sea perjudicial para el campo.

Reivindicaciones de UPA sobre el Acuerdo UE-Mercosur

Mayor transparencia para todo lo relacionado con el acuerdo y su negociación y que se cree un fondo europeo de compensación para el sector agrario.

Que en el proceso de ratificación que debe pasar a partir de ahora el acuerdo se modifiquen los puntos que perjudican a los agricultores y ganaderos españoles. Está en la mano del Parlamento Europeo y de los jefes de Estado y de Gobierno evitar los daños que puede provocar este acuerdo injusto.

Que prevalezcan siempre los intereses del conjunto de la Unión Europea, en especial de los sectores más vulnerables, como agricultores y consumidores.

Que se establezcan fuertes controles a toda mercancía importada en frontera y se verifiquen las condiciones de producción en estos terceros países. Las normas de producción deben ser las mismas para todos, para lo producido aquí y para lo producido fuera.

Que se garantice un verdadero seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de lo acordado, con una periodicidad suficiente que permita imponer sanciones a tiempo para reparar los daños causados, y sobre todo que permita reevaluar con agilidad los términos del acuerdo en caso de detección temprana y reiterada de tales infracciones en un corto espacio de tiempo.

La introducción de cláusulas de salvaguarda ágiles y sencillas de implementar resulta fundamental en tal sentido. Igualmente es necesario llevar a cabo estudios que analicen los efectos antes de la puesta en marcha y se establezcan cláusulas que impidan esos efectos negativos.

Etiquetado claro. Los consumidores tienen derecho a saber sin ningún tipo de duda el origen de los productos que compran, y un refuerzo de los sistemas de trazabilidad que permita conocer todo el “viaje” que ha realizado cualquier producto, incluyéndose aquí a productos consumidos en restauración colectiva como escuelas, hospitales…

Informe UPA. UE-Mercosur: Un acuerdo que amenaza el futuro de la agricultura familiar en Europa

El 29 de junio de 2019, la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) concluyeron las negociaciones sobre los componentes comerciales de un Acuerdo de Asociación entre ambas partes. Esto se complementó en julio de 2020 con la conclusión de las negociaciones de los componentes políticos y de cooperación del acuerdo.

Por tanto, el anuncio del pasado 6 de diciembre de 2024 entre la UE y Mercosur constituye la finalización política para un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que contiene lo alcanzado en 2019 e incorpora ahora un protocolo que incluye una cláusula de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

El acuerdo alcanzado supone el final de las negociaciones políticas. Una vez publicados los documentos oficiales, y tras la revisión jurídica final por ambas partes, el texto se traducirá a todas las lenguas oficiales de la UE y se presentará al Consejo y al Parlamento europeo.

Respecto al apoyo del Parlamento europeo, este paso es necesario para la conclusión y entrada en vigor de cualquier acuerdo comercial. Los eurodiputados se pronunciarán, primero en el seno de la comisión de Comercio Internacional. Después, el pleno debería decidir si aprueba o rechaza el acuerdo. Es decir, el Parlamento deberá aprobar o rechazar el acuerdo, pero no podrá introducir cambios ni presentar enmiendas.

A nivel del Consejo cabe recordar que existe un bloque de países encabezados por Francia, Polonia y Austria que pretenden crear una minoría de bloqueo. La clave para alcanzar esa minoría constituida por 4 estados miembros - que representen al menos el 35% de la población total de la UE- estará en la posición que fije el gobierno de Italia.

Respecto a la fecha para su entrada en vigor, aún se desconoce. El proceso de ratificación es una fase de larga duración y por lo tanto se estima que se necesitaran varios años hasta su entrada en aplicación.

Por último, en el momento actual la estructura del acuerdo no aporta claridad sobre si el acuerdo deberá ser ratificado posteriormente por los parlamentos nacionales. Esto es algo que todavía necesitará ser clarificado.

CONTENIDO DEL ACUERDO

A pesar del propósito inicial del acuerdo, que se quiere presentar como positivo en términos de apertura y acceso a nuevas posibilidades de negocio que se vean reflejados en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, los detalles del acuerdo continúan preocupando, y mucho, al sector agrario en la Unión Europea y especialmente en España, donde el modelo de agricultura familiar es mayoritario.

El carácter comercial del acuerdo hace que ciertas actividades económicas que se desarrollan en el mundo rural vayan a ser, en principio, las más afectadas. Si se analizan los datos de importaciones y exportaciones entre ambos bloques, los países del Mercosur exportan materias primas, principalmente minerales (29,3% del total), productos alimentarios, bebidas y tabaco y animales (19,2%) y productos vegetales, sobre todo soja (11,9%). Mientras tanto, los países europeos envían a los países del bloque suramericano productos manufacturados, maquinaria (26,7% del total) productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipos relacionados con el transporte (11,9% del total).

En cuanto al acceso al mercado agroalimentario, Mercosur acordó liberalizar el 93% de sus líneas arancelarias para las importaciones agroalimentarias procedentes de la UE. La UE, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones agrícolas. El resto de las importaciones estará sujeto a compromisos de liberalización parcial, que incluyen contingentes arancelarios para los productos más sensibles, excluyendo un número mínimo de productos: carne de vacuno, aves de corral, carne de cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel y maíz dulce. Por tanto, es evidente que la UE tiene intereses en Mercosur en materia de acceso a inversiones, exportaciones de productos industriales y servicios mientras que, al contrario, el bloque Mercosur tiene intereses ofensivos en el sector agrario.

Con estos datos a la vista, existen preocupaciones fundadas de que el acuerdo UE-Mercosur suponga la práctica liberalización total, aunque progresiva, del comercio entre estos bloques, que permita a las empresas europeas vender sus productos industriales en un mercado hasta ahora muy protegido cuyos aranceles al automóvil, calzado y textil eran del 35%, los de maquinaria entre 14%-20%, los de productos químicos del 18% y los de productos farmacéuticos del 14%-18.

Como señala un informe del Real Instituto Elcano, Mercosur es hoy en día el principal proveedor de productos agrícolas a la UE (20% del total) y responsable de casi el 70% de la alimentación que consumen los animales europeos, fundamentalmente proveniente de Brasil. De hecho, Brasil y Argentina son el 2º y 5º país de procedencia de las importaciones europeas de productos agrarios.

ÁNALISIS POR SECTORES

Carne de vacuno. Uno de los temas más controvertidos de este acuerdo en la UE es el aumento del contingente arancelario para la carne fresca y congelada procedente de Mercosur. Actualmente hay que recordar que Mercosur ya exporta a la UE 200.000 toneladas al año. Con el acuerdo se conceden a los países del Mercosur una cuota de 99.000 toneladas.

Por lo tanto, se concede un derecho preferencial con un arancel del 7,5% para 99.000 toneladas que se reparte entre un 55% de producto fresco y un 45% de congelado. La liberalización total deberá alcanzarse en 6 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Antes del acuerdo, Mercosur tenía acceso preferencial a la UE a través de dos contingentes individuales:

Acceso con un arancel del 20% para 46.800 toneladas de carne fresca en el marco de la Cuota Hilton (piezas nobles).

Acceso libre para 20.000-25.000 toneladas en el marco del contingente libre de hormonas.

Tras el acuerdo, los exportadores de carne de vacuno del Mercosur tendrán el siguiente acceso al mercado para sus exportaciones de carne de vacuno a la UE:

Acceso libre de impuestos para 46.800 toneladas dentro del contingente Hilton.

Un nuevo contingente de 54.450 toneladas con un arancel interno del 7,5% para la carne de vacuno fresca.

Potencialmente 10.000 toneladas más de acceso a través de la Cuota Libre de Hormonas.

Un cambio notable es que todas las exportaciones bajo la Cuota Hilton (cortes de alta calidad) tendrán un arancel del 0%. Argentina es el país con la cuota Hilton más alta, (29.500 toneladas), y ha estado pagando un arancel del 20% para vender a Europa bajo esta cuota. Sólo en Argentina, se calcula que la eliminación del arancel sobre la cuota Hilton inyectará 70 millones de dólares anuales en la cadena cárnica nacional.

Un aspecto muy importante será la gestión de las cuotas de importación entre operadores y partidas arancelarias. Las condiciones del acuerdo, la certificación y el control de las licencias de importación se gestionarán por parte del importador (por parte de la UE) y deberán ir acompañados de certificados de autenticidad. Cuanta más división de la cuota haya será mejor para los intereses de la UE.

Aves de corral: la liberalización adicional de 180.000 toneladas repartidas al 50% entre deshuesadas y sin deshuesar se logrará en 6 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Así pues, se producirá sin duda un aumento de las exportaciones de aves de corral. Sin embargo, las nuevas cuotas representan aproximadamente el 1,3% del consumo de la UE, que sigue aumentando, pero en combinación con el incremento de las importaciones procedentes de Ucrania y la posible apertura a Tailandia en el marco del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) que se está negociando actualmente, este acuerdo representa una seria amenaza para nuestros productores y los precios en el mercado de la UE.

Carne de cerdo: Mercosur tendrá acceso a un contingente arancelario (TRQ) de 25.000 toneladas, que se dividirá en seis tramos anuales. El arancel dentro del contingente será de 83 euros por tonelada, inferior a los aranceles de “Naciones Mas Favorecidas” y a la mayoría de los aranceles dentro de los contingentes actuales. La carne que puede importarse dentro de este contingente arancelario debe proceder de cerdos sin raptotamina. La cantidad de carne de porcino que importa actualmente la UE procedente de Mercosur es relativamente pequeña.

Azúcar: el acuerdo no prevé cuotas adicionales, pero la cuota existente con derechos reducidos se liberalizará para una cuota de 180.000 toneladas específica para Brasil, además de una nueva cuota de 10.000 toneladas para Paraguay.

Miel: se ha acordado una liberalización de 45.000 toneladas que se logrará a lo largo de 6 años. El principal país beneficiario del bloque es Argentina. Las importaciones actuales de Mercosur son de 30.000 toneladas siendo la cuota del bloque Mercosur inferior al 10% del consumo de la UE.

Etanol: las importaciones a la UE están sujetas al arancel de “nación más favorecida” (NMF) del 21%. El acuerdo concede un contingente de 650.000 toneladas anuales. De ellas, 450.000 toneladas se reservarán para el etanol con fines químicos, que estará libre de derechos. Las 200.000 toneladas restantes tendrán un derecho dentro del contingente de un tercio del tipo de NMF y está abierto a todos los usos, en particular para carburantes. Estas cuotas son sustanciales si se comparan con el comercio actual, ya que representan casi la mitad de las exportaciones totales de alcohol etílico del Mercosur al mundo. Se espera que las industrias bioplásticas y bioquímicas europeas, importantes compradoras de etanol, crezcan significativamente a corto y medio plazo. De ahí que quepa esperar un aumento significativo de las exportaciones de etanol del Mercosur a la UE y el consiguiente aumento de la producción en Brasil. Brasil es uno de los principales productores de etanol del mundo y el primer productor de etanol a partir de la caña de azúcar.

Arroz: el acuerdo prevé una cuota de liberalización de 60.000 toneladas que deberá alcanzarse en un plazo de 6 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, con incrementos iguales por año. El principal país del Mercosur afectado es Uruguay.

Zumo de naranja: la UE importa en la actualidad el 90% del total del zumo de naranja de Brasil. Con el acuerdo se liberaliza en un periodo de 7 años (los aranceles actuales son del 12-18%)

El acuerdo también establece que Mercosur liberalizará una serie de productos de interés exportador para la UE: vino (con un precio mínimo para el vino espumoso durante los doce primeros años y la exclusión recíproca del vino a granel), bebidas espirituosas, aceite de oliva, fruta fresca (manzanas, peras, nectarinas, ciruelas y kiwis a partir de la entrada en vigor), melocotones en conserva, conservas de tomate, malta, patatas congeladas, carne de cerdo, chocolates, galletas y refrescos.

Esta liberalización implica un interés específico de las empresas europeas por exportar estos productos al Mercosur. Estas empresas podrán introducir en los países del Mercosur productos agroalimentarios de calidad libres de aranceles: vinos (actualmente pagan un arancel del 27%), chocolates (20%), whiskies y otros destilados (20 a 35%), quesos (28%), pasteles y galletas (16 a 18%) e incluso refrescos (que pagan del 20 al 35%).

Todos ellos, al igual que productos como el aceite de oliva, las frutas frescas, los melocotones, los tomates en conserva y las patatas congeladas, se indican en el texto como productos ofensivos para la exportación europea. Sin embargo, para algunos de estos productos enumerados, la competencia de ambos bloques es elevada, como en el aceite de oliva. Además, en este último caso no se establece liberalización de aranceles para ciertas variedades de aceituna. Por último, el bloque Mercosur se compromete a reconocer y proteger 357 Indicaciones Geográficas Protegidas (IG).

MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Este capítulo establece en su artículo 2 que “en circunstancias excepcionales” las partes podrán aplicar medidas bilaterales de salvaguardia en caso de que, una vez entrado en vigor el acuerdo, “las importaciones de un producto en condiciones preferenciales hayan aumentado en cantidades (...) y en condiciones tales que puedan causar o amenacen causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional de la parte que efectúe la importación”. Cabe señalar que la UE mantuvo el derecho a las subvenciones agrícolas por razones de interés público (aunque excluye las subvenciones a la exportación).

El mantenimiento de las subvenciones al sector agrícola en Europa hizo saltar las alarmas de los intereses empresariales en Mercosur. Por ejemplo, el sector vinícola argentino, que en general se beneficiará del acuerdo, señala que existe un desequilibrio importante entre la industria vinícola europea y la argentina. Las subvenciones, dicen, hacen que la industria europea del vino sea muy competitiva y, combinadas con la reducción de aranceles, podrían perjudicar a los productores argentinos.

DIVERGENCIA NORMATIVA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aparte de las preocupaciones relacionadas con el acceso al mercado concedido en virtud del acuerdo, el argumento más destacado es el de la divergencia de las normas de producción y de protección del medio ambiente.

La resolución del Parlamento Europeo sobre el acuerdo UE-Mercosur, adoptada en octubre de 2020, adoptó una postura crítica hacia el pacto comercial en su forma de 2019: exigía la introducción de criterios de sostenibilidad adicionales. La resolución subraya las importantes preocupaciones sobre el impacto medioambiental del acuerdo, en particular en relación con la deforestación y la pérdida de biodiversidad en la región amazónica, y pide compromisos más firmes de los países del Mercosur para cumplir las normas medioambientales y climáticas en consonancia con el Acuerdo de París. En la resolución, el Parlamento Europeo afirma que la ratificación del acuerdo debe estar supeditada a compromisos ejecutables de los países del Mercosur para abordar estas preocupaciones.

CUESTIONES CLAVE

Preocupaciones medioambientales. Las zonas boscosas de la UE se han ampliado en 12 millones de hectáreas durante la última década. En marcado contraste, Brasil ha perdido 90 millones de hectáreas de bosques durante el mismo periodo. Según las ONG ecologistas - en Brasil, los cambios en el uso del suelo debidos a la agroindustria representan casi la mitad de las emisiones del país (49%). El metano liberado por el ganado rumiante, los residuos ganaderos y el cultivo de arroz de regadío también suponen el 25% de las emisiones de Brasil. Los aspectos medioambientales y las obligaciones en materia de biodiversidad son mucho más estrictos para los agricultores europeos y exigen importantes inversiones, lo que conlleva una pérdida de competitividad si se exponen a una competencia desleal.

Plaguicidas. En menos de una década, la UE ha reducido el uso de plaguicidas peligrosos en más de un 25%. Sin embargo, en la región del Mercosur, la expansión de los cultivos de soja, maíz y caña ha incrementado significativamente el uso de plaguicidas. En Brasil, el volumen de ventas se ha cuadruplicado de 2000 a 2020. Además, el 27% de los plaguicidas utilizados en Brasil en 2020 estaban prohibidos en la UE, como el fungicida clorotalonil, prohibido desde 2019, y el insecticida novaluron, prohibido desde 2012. En febrero de 2023, el Ministerio de Agricultura brasileño liberó o renovó 42 productos agroquímicos, entre ellos 24 prohibidos en la Unión Europea.

Hormonas. La Unión Europea prohíbe el uso de hormonas de crecimiento en el ganado desde los años 80, prohibición que se reforzó varias veces en los 90 y en 2006 para incluir los antibióticos utilizados como promotores del crecimiento. Un reciente informe de auditoría de la Comisión Europea, (DG SALUD) sobre los controles de residuos en animales y productos de origen animal destacó la necesidad de detener las importaciones de bovinos procedentes de Brasil debido a las insuficientes garantías sobre el uso de hormonas. Aunque las importaciones de carne producida con hormonas de crecimiento procedentes de la zona del Mercosur están prohibidas, algunas de estas restricciones se eluden utilizando determinados antibióticos como promotores del crecimiento.

Salud/bienestar animal. Especialmente relevante de cara a una posible revisión de la legislación de la UE- en los países del Mercosur, el auge de las prácticas ganaderas intensivas, en particular para el ganado vacuno, avícola y porcino, ha generado preocupación por el bienestar animal. Estas prácticas suelen implicar altas densidades de población, acceso limitado a zonas al aire libre y condiciones de vida inadecuadas que pueden causar estrés, lesiones y problemas de salud a los animales. Como se ha mencionado, las recientes auditorías de la DG SANTE han mostrado muchas deficiencias de las autoridades brasileñas para respetar los requisitos de la UE sobre seguridad alimentaria y protección de la salud animal.

Trabajo. El Acuerdo de 2019 no incluye ninguna norma vinculante sobre derechos humanos y laborales. No prevé medidas para sancionar las violaciones de los derechos humanos y laborales y carece de normas vinculantes sobre la responsabilidad de las empresas. En la propuesta de adenda de sostenibilidad de marzo de 2023 la Comisión Europea ha propuesto que el pleno cumplimiento de los convenios de la OIT forme parte del acuerdo, pero eso no ha sido confirmado por los países del Mercosur.

Muchos países del Mercosur tienen una legislación laboral y unos mecanismos de aplicación menos estrictos que los de la UE. Esto incluye una protección inadecuada de los derechos de los trabajadores, normas de seguridad menos estrictas y medidas insuficientes para prevenir la explotación y el trabajo infantil. El acuerdo podría dar lugar a una competencia desleal, ya que los productores de los países del Mercosur podrían beneficiarse de unos costes laborales más bajos debido a estas normas menos estrictas. Esto coloca a los productores de la UE, que deben cumplir una normativa laboral más estricta y costosa, en una situación de desventaja competitiva.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos hemos vuelto a demostrar, una vez más, que nuestro modelo de sindicalismo agrario progresista y democrático tiene raíces profundas, enganchadas con fuerza a la tierra en la que trabajamos y capaces de ofrecer un buen rendimiento en forma de debates, propuestas y proyectos

Valga esta metáfora de nuestro entorno profesional como agricultores y ganaderos para simbolizar el resultado del 11º Congreso Federal de UPA, celebrado cuando nos aproximamos ya al 40 aniversario del primer Congreso, que se celebró en 1987, aunque la organización llevaba ya varios años funcionando como tal, al menos desde 1982, cuando se acordó su creación en el seno de la Unión General de Trabajadores, como organización de profesionales autónomos del campo.

Un largo período en el que UPA no ha dejado de crecer y ganar representatividad, como la organización de la agricultura y ganadería familiar, entendido este concepto no tanto como referente nuclear del esquema tradicional de familia sino, sobre todo, como un modelo profesional vinculado a la vertebración social mayoritaria en las zonas rurales, la propiedad de la tierra, la gestión de los recursos -tierra, agua, ganado…- y la garantía de seguridad alimentaria para el conjunto de la población.

La fuerza social, económica y cultural que representamos ha ido, de la mano de UPA, avanzada en progreso, modernización, innovación y competitividad, en paralelo a la plena integración y el creciente peso de España en la Unión Europea, especialmente en la Política Agraria Común.

Y ello, frente a la presión de los grandes modelos de explotación especulativa, sin remilgos sociales, que representaban en la tradición histórica los grandes terratenientes y la vieja aristocracia rural, reconvertidos en la actualidad en el etéreo y difuso concepto de “fondos de inversión”, una nueva forma de explotación de los recursos con ambición depredadora, al viejo estilo de siempre.

La realidad es que ni han podido ni van a poder con nosotros. Somos muchos hombres y -cada vez más- muchas mujeres con los pies en la tierra, tenemos ganas y tenemos fuerza. Así se simbolizó en la “casa del pueblo”, la sede de UGT en la que se celebró el 11º Congreso federal de UPA, con una imagen colectiva de agricultores y ganaderos, agricultoras y ganaderas de todas las comunidades autónomas y todos los sectores productivos, con historias de vida cargadas de ilusión y compromiso para contribuir a la mejora de todo el colectivo profesional del campo.

Un congreso especialmente emotivo, porque ha sido en el congreso del relevo. El compañero Lorenzo se ha jubilado, cerrando una larga y muy productiva etapa de 20 años al frente de UPA, después de liderar UPA-UCE y UPA Badajoz. Toda la organización le ha homenajeado, que no despedido, porque el propio Lorenzo ha dejado claro que está para lo que se le necesita. Y con la misma unidad, UPA ha elegido su relevo, con el compañero Cristóbal Cano al frente de una Comisión Ejecutiva en la que le acompañan ocho hombres y ocho mujeres, con nuevas incorporaciones y áreas de gestión mirando al futuro.

Futuro, esa es la palabra clave y ese ha sido el eslogan del congreso, junto a “Agricultura y ganadería familiar, cada día más”. Ese es nuestro programa de acción para los próximos años, obsesionados con impulsar otro gran relevo, en forma de incorporación masiva de jóvenes a la actividad agraria, como única garantía de futuro.

Para alcanzar ese objetivo es importante contar con apoyos, sin duda, y con un amparo legal que ayude y proteja, como la Ley de Agricultura Familiar que UPA reclama, recordando al Gobierno sus compromisos electorales. Pero también sabemos que solo con ayudas y leyes no es suficiente.

Necesitamos, además de asegurar resultados económicos y rentabilidad, un impulso social y cultural que ponga en valor el trabajo en el campo, convencer a los jóvenes de que merece la pena dedicarse a esto, porque la suma de satisfacciones termina compensando siempre a la de sinsabores. Y en este reto tiene una gran responsabilidad nuestro trabajo sindical. Por eso necesitamos que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos sea cada día más UPA.

 Bajo el lema ‘Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más’, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos celebra su 11º Congreso Federal en Madrid los próximos días 19 y 20 de febrero de 2025.

El Congreso Federal es un órgano democrático y de decisión que UPA celebra cada cuatro años y en el que se votan y se renuevan sus estrategias, su plan de acción y sus representantes. UPA es la organización profesional agraria que representa en España a los agricultores y ganaderos de carácter familiar, de pequeña y mediana dimensión y que viven y trabajan en el medio rural.

UPA afronta este undécimo congreso con ilusión y fuerza para afrontar el futuro de la organización y de la profesión. La producción de alimentos es sin duda uno de los retos que toda sociedad avanzada debe resolver para asegurarse un desarrollo óptimo. La base fundamental de esta producción de alimentos en España y en Europa, la conforman las explotaciones familiares, que en nuestro país cuentan con UPA como la organización profesional que las representa.

Nos encontramos en un delicado momento para la sociedad. Vivimos en un contexto de intoxicación informativa y manipulación política que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. La agricultura y la ganadería, y el medio rural, no son ajenos a este difícil contexto mundial. Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil se presentan como entidades imprescindibles para asegurar un futuro sostenible, de progreso y en igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

UPA celebrará su 11º Congreso en la sede de la Unión General de Trabajadores (Avenida de América, 25. Madrid), con la presencia de 150 delegados y delegadas de todos los sectores y territorios que conforman la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. El Congreso Federal es un evento de gran relevancia social, política y mediática, con una fuerte presencia y participación institucional y empresarial.

Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más

El modelo de producción de alimentos europeo es uno de los casos de éxito más importantes en el ámbito internacional, definido por una Política Agrícola Común que ha permitido el desarrollo de la sociedad europea. En la última década dicho modelo se ha visto condicionado por una multitud de normativas están afectando al sector agrario. El conjunto de la UE no ha sido capaz de medir con cautela la influencia de cada una de esas normativas y el efecto que suponían algunas restricciones.

Ante un escenario caracterizado por un aumento de la población mundial, y con un cambio climático cuyos efectos ya estamos notando de manera muy importante, es necesario medir con cuidado los pasos que sigue la política europea, sin titubeos, pero con la precaución de no generar problemas innecesarios.

UPA debe ser la organización que lidere estos procesos de cambio y evolución en España y en la UE. El sector agrario europeo debe contar con los instrumentos necesarios para asegurar el nivel de producción de alimentos y una rentabilidad adecuada para las explotaciones agrarias, a la vez que mejoramos día a día en el uso de los recursos naturales y ponemos nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Y todo ello contrarrestando el efecto que tiene en la sociedad, tanto rural como urbana, la desinformación y las noticias falsas que cada día inundan las redes sociales. Debemos generar un discurso serio, apoyándonos en el trabajo de la ciencia y aportando a nuestros afiliados y afiliadas información veraz, objetiva y que les sirva de utilidad en su trabajo y en su toma de decisiones.

El programa de acción aprobado en el 10º Congreso Federal de UPA, celebrado en 2021, marcó un horizonte con mucho trabajo por delante y un objetivo claro: conseguir que la agricultura y la ganadería familiar alcanzasen el reconocimiento que merecen en la recuperación tras la pandemia. Ahora, cuatro años después, varias Comunidades Autónomas cuentan con las primeras leyes de protección de la agricultura familiar y España afronta la aprobación de una Ley nacional de Agricultura Familiar. El mundo celebra el Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas y la nueva Comisión Europea marca como una de sus prioridades la protección de nuestro modelo productivo.

Todos estos avances no caen del cielo, son fruto, en gran medida, del trabajo de UPA reconocido como un nuevo sindicalismo agrario que defiende fuerte, reivindicativo, vertebrador, igualitario, participativo, optimista, negociador, transversal, ilusionante, influyente, positivo y siempre orientado a conseguir resultados, avances y progresos.

El 11º Congreso Federal de UPA acogerá intervenciones y debates sobre los grandes temas que afectan a la agricultura y la ganadería, como la Política Agraria Común, las prácticas comerciales, los acuerdos comerciales con terceros países, la adaptación y mitigación del cambio climático, las dificultades para lograr el relevo generacional o la lucha contra el despoblamiento, por citar unos pocos.

El Congreso consta de un acto de inauguración y uno de clausura, abiertos a invitados e invitadas y profesionales de los medios de comunicación, y otras partes de trabajo interno de la organización.