La propuesta elevada por el equipo del presidente Clavijo solicita también que la agencia europea colabore en la gestión humanitaria y en las tareas de salvamento de migrantes

El Gobierno autonómico aprovecha la consulta abierta por Bruselas para reclamar un “enfoque diferenciado” para las RUP y acuerdos con terceros países que habiliten la vigilancia conjunta en origen

El Gobierno de Canarias ha elevado una propuesta a la Comisión Europea en la que reclama un refuerzo material y humano “significativo” del despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago. En respuesta a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para actualizar la normativa de este organismo, el equipo del presidente Fernando Clavijo plantea que Frontex incremente su presencia en las islas “con medios aéreos, embarcaciones, radares y otros sistemas que mejoren la vigilancia marítima y fronteriza”.

El objetivo es que la Guardia Europea de Fronteras y Costas potencie “de manera estable y proporcional” su presencia en “puntos estratégicos como Canarias”, dotándose de “recursos adaptados al entorno marítimo y a la realidad geográfica insular”. Para lograrlo, el Gobierno canario considera “crucial” que el nuevo reglamento que prepara Bruselas contemple la posibilidad de incluir en el operativo de Frontex un “refuerzo significativo de recursos” acorde a la magnitud del reto migratorio que afrontan las islas.

Actualmente, los equipos de Frontex presentes en Canarias limitan su labor a trabajar en los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) brindando su apoyo a la Policía Nacional en las labores de identificación y entrevistas de los migrantes recién llegados a las islas.

El Gobierno de Canarias lleva toda la legislatura reclamando que Frontex vaya mucho allá y coopere con el Estado en las labores de vigilancia y salvamento, no solo en las costas canarias, sino también en las de los países de origen de los migrantes. Sin embargo, esta demanda ha chocado una y otra vez con la negativa del Ministerio de Interior a pedir la colaboración de la agencia europea, una solicitud imprescindible según trasladó el propio comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al presidente Fernando Clavijo en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de enero en Estrasburgo.

Por esa razón, aprovechando la ventana de oportunidad que supone la consulta abierta por Bruselas, el Ejecutivo autonómico ha solicitado de forma directa que el nuevo reglamento de Frontex contemple un despliegue mucho más amplio para controlar la peligrosa Ruta Atlántica y salvar vidas.

En esta línea, otra de las demandas planteadas por Canarias es que el brazo operativo de la UE en materia migratoria pueda participar en la gestión humanitaria del drama migratorio y en tareas de salvamento marítimo. En concreto, se pide que el nuevo reglamento de Frontex incorpore “protocolos específicos de coordinación con los servicios nacionales de salvamento (como Salvamento Marítimo en España), respetando competencias estatales, pero favoreciendo la cooperación operativa real”.

“Canarias es punto recurrente de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). La futura regulación debe asegurar que Frontex no solo actúe en control de fronteras, sino también en apoyo humanitario coordinado y conforme al Derecho Internacional del Mar y los derechos fundamentales”, indica la propuesta del Ejecutivo autonómico.

Más participación de las regiones

La respuesta del Gobierno de Canarias a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea solicita asimismo que las regiones tengan más peso en las decisiones sobre el despliegue operativo de Frontex. “Las autoridades autonómicas tienen competencia directa en servicios básicos (sanidad, servicios sociales, etc.) y deben formar parte de la planificación operativa de Frontex para asegurar la coordinación interinstitucional”, subraya el documento.

En su propuesta, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo defiende que dar voz a los territorios que afrontan en primera línea la presión migratoria fortalecerá “la eficiencia del sistema europeo de gestión de fronteras y retornos desde una perspectiva territorial concreta, respetuosa con los derechos humanos, adaptada a los retos actuales y con una gobernanza más inclusiva”.

Asimismo, Canarias pide a Bruselas que incluya en el nuevo reglamento de Frontex “un enfoque diferenciado para las regiones ultraperiféricas como Canarias, que enfrentan desafíos particulares en materia de presión migratoria, capacidad logística y vulnerabilidad territorial”.

El Gobierno autonómico defiende que la capacidad de respuesta inmediata y coordinada con Frontex es “crucial” para afrontar la llegada constante de cayucos y pateras al archipiélago, en especial tras el fuerte incremento experimentado por la Ruta Atlántica con más de 87.000 migrantes llegados a Canarias por mar en 2023 y 2024.

En especial, el documento elevado a la Comisión Europea subraya la “alarmante” situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, con más de 5.000 niños y niñas acogidos en solitario en 82 dispositivos.

Recuerda asimismo que el propio el informe “Análisis anual de riesgos 2025-2026” publicado recientemente por Frontex advierte de que la presión migratoria sobre Canarias se mantendrá alta durante el 2025, debido a factores como el deterioro político y de seguridad en el Sahel, la crisis humanitaria en la región, la influencia rusa y el potencial uso instrumental de la migración, así como los recortes de ayuda humanitaria.

Para abordar esta presión migratoria, el Ejecutivo regional propone a Bruselas que aproveche el cambio del reglamento de Frontex para “promover un enfoque más ágil y eficiente en la colaboración con terceros países”. “La Unión Europea debe reforzar su diálogo con los países de origen y de tránsito del África Occidental desde los que parten las pateras y cayucos para garantizar la presencia de Frontex en sus aguas jurisdiccionales. Esto implica promover acuerdos bilaterales con estos países, apoyándoles en labores de vigilancia marítima”, indica la propuesta canaria.

Por último, la respuesta de Canarias a la consulta abierta por la UE llama a incluir en el programa de formación del personal de Frontex contenidos específicos sobre derechos fundamentales, que abarquen el acceso a la protección internacional y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada y mujeres potenciales víctimas de violencia de género.

20 años de experiencia y nuevos objetivos

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas funciona desde el 1 de mayo de 2005. Opera bajo reglamento vigente desde 2019, un marco jurídico en virtud del cual apoya a los Estados miembros de la UE en la protección de las fronteras exteriores de la UE y en las operaciones de retorno desde los Estados miembros a terceros países.

Frontex es una agencia descentralizada de la UE y forma parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que también incluye a las autoridades nacionales de los países de la UE responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas, y a las autoridades nacionales responsables de los retornos.

En julio de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometió a reforzar Frontex triplicando el cuerpo permanente hasta los 30.000 efectivos y dotándolo de tecnología punta para la vigilancia y el conocimiento de la situación, así como de equipos y personal propios para garantizar que pueda proteger nuestras fronteras en cualquier circunstancia con una gobernanza sólida y respetando plenamente los derechos fundamentales.

En 2023, la Comisión llevó a cabo la evaluación de la legislación vigente y constató que, si bien el reglamento de 2019 era en términos generales adecuado para su finalidad, el marco jurídico bajo el que opera Frontex presentaba “algunas deficiencias”. Para corregirlas, Bruselas se ha marcado dos objetivos prioritarios que encajan con las propuestas elevadas por el Gobierno de Canarias. El primero de ellos es “preparar y equipar a Frontex para su papel reforzado como brazo operativo de la Unión en la gestión de fronteras, garantizando un alto nivel de seguridad en las fronteras exteriores de la Unión en respuesta a los nuevos retos operativos”. El segundo es lograr “la realización efectiva de una gestión integrada de las fronteras en toda la UE”, según indica la consulta abierta por Bruselas.

El presidente de Canarias comparte con el de Madeira la preocupación por la propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa

Alerta de que la desaparición de los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas compromete el desarrollo económico y social de los nueve territorios amparados por el artículo 349 del Tratado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera crucial que las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) y sus tres Estados luchen juntos en defensa de su estatus específico en la Unión Europea. En una carta en respuesta a la remitida por el titular del Gobierno de Madeira, Miguel Albuquerque, Clavijo invita al resto de los territorios amparados por el artículo 349 del Tratado a responder “de manera coordinada” y “como una sola voz” ante una propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que “compromete el desarrollo económico y social” de las RUP.

El titular del Gobierno canario comparte plenamente con el de Madeira la preocupación generada por el contenido del documento elaborado por la Comisión Europea, un texto legislativo y financiero que deja en manos de cada Estado el reparto de los fondos europeos y elimina las bolsas de recursos específicos para las RUP que existen en la actualidad y se ha respetado en todos los presupuestos de la UE anteriores.

Por ello, Fernando Clavijo alerta de que la aplicación de la propuesta presentada por Bruselas el pasado 16 de julio supone “un paso atrás inadmisible al trato específico que hasta ahora han recibido las regiones ultraperiféricas para paliar sus evidentes desventajas, derechos reconocidos que llevan décadas respetándose en la UE”.

En especial, el presidente de Canarias coincide con su homólogo portugués en denunciar la “gravedad” de las consecuencias que tendría en las RUP “la omisión de medidas específicas que reconozcan las limitaciones estructurales y permanentes que afectan a nuestras regiones ultraperiféricas”. A su juicio, “la ausencia de asignaciones adicionales en el FEDER y el FSE+, así como la falta de una línea presupuestaria dedicada al POSEI y a las ayudas para los costes adicionales en el sector de la pesca, constituyen retrocesos inaceptables que comprometen el desarrollo económico y social de nuestros territorios”.

Clavijo indica en su carta a Albuquerque que, ante esta “amenaza”, las nueve RUP y sus tres Estados -España, Francia y Portugal- deben “responder con decisión y rapidez, pero sobre todo con unidad para defender nuestros intereses comunes”. Para ello, el jefe del Gobierno autonómico propone al presidente de Madeira la creación de un frente que permita “articular una posición conjunta ante las instituciones europeas, con el objetivo de garantizar un trato justo, coherente y estable para todas las RUP en el marco financiero y legislativo futuro”.

El objetivo, añade Clavijo en su carta, es trabajar para que las RUP sigan siendo consideradas en bloque como regiones que requieren un trato y fondos específicos. “Estoy convencido de que solo a través de la unidad y la firmeza podremos lograr que la Unión Europea mantenga su compromiso con nuestras regiones, tal como establece el artículo 349 del Tratado”, explica el presidente para garantizar que el Gobierno de Canarias está “plenamente dispuesto a colaborar en esta iniciativa y a contribuir activamente en la elaboración de una estrategia conjunta que nos permita defender nuestros derechos y necesidades”.

4.600 millones en juego

La respuesta a la carta que el presidente de Madeira remitió la semana pasada se suma a la que Fernando Clavijo envió el pasado 31 de julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. En esta misiva, el titular del Ejecutivo canario transmitía a la máxima dirigente europea su “honda preocupación” por el contenido del nuevo Marco Financiero Plurianual y los efectos negativos que su aplicación tendría en el archipiélago, por lo que solicitaba el blindaje de los fondos directos a las regiones ultraperiféricas.

Clavijo alertaba a Von der Leyen que la propuesta de Marco Financiero de la UE para el periodo 2028-2034 deja en manos de los Estados el reparto de los recursos, con lo que se “echa por tierra cincuenta años de una política de cohesión construida con y para las regiones europeas que son las que están más cerca de los ciudadanos y las que han sabido cómo utilizar estos fondos europeos para mejorar la convergencia económica y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Este cambio de modelo deja en el aire, a expensas de lo que decida el Estado, los fondos que el archipiélago tenía garantizados como RUP. En el Marco Financiero 2021-2027, Canarias tiene asignados directamente algo más de 4.600 millones de euros por su condición de región ultraperiférica. Además, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), las islas reciben en el periodo presupuestario en vigor 2.730 millones de euros, mientras que en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) tienen consignados 1.878 millones de euros.

El Gobierno autonómico aprovecha la reactivación del Intergrupo Islas del Comité Europeo de las Regiones para presentar IRLab, un ejemplo de plataforma colaborativa para el intercambio de buenas prácticas sostenibles

El Gobierno de Canarias participó esta semana, en Bruselas, en la sesión de reactivación del Intergrupo Islas del Comité Europeo de las Regiones (CdR), un foro de trabajo que vuelve a ponerse en marcha para fortalecer la cooperación entre regiones insulares y dar mayor visibilidad a sus necesidades en la construcción de las políticas europeas.

Durante la reunión inaugural, representantes de Canarias, Baleares, Azores, Reunión, Malta, Chipre y Córcega compartieron inquietudes comunes en torno a desafíos estructurales como la conectividad, la sostenibilidad, la gestión de recursos y la cohesión territorial. A pesar de las distintas realidades insulares -están presentes desde archipiélagos o territorios ultraperiféricos a estados insulares-, el consenso fue claro: es imprescindible reforzar el trabajo conjunto desde una mirada insular compartida sustentada en la necesidad de afrontar desafíos comunes.

En representación del Gobierno de Canarias, el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, destacó la especial vulnerabilidad de las islas, derivada de factores como la lejanía, la insularidad y la fragmentación, que amplifican el impacto de muchas políticas comunitarias. En este contexto, subrayó la necesidad de avanzar en soluciones específicas fundamentadas en la sostenibilidad, la innovación y la cooperación entre regiones. Asimismo, resaltó que la condición de Región Ultraperiférica (RUP) convierte al archipiélago canario y a otras regiones insulares en territorios con dificultades estructurales que exigen un trato diferenciado y especial. Cumplen con las condiciones para ser RUP Guadalupe, la Guayana Francesa, la Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia), las Azores y Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España).

Canarias presentó, además, la iniciativa IRLab (Islas Responsables Lab), impulsada por el Gobierno autonómico, como ejemplo de plataforma colaborativa para el intercambio de buenas prácticas entre islas, en ámbitos como la transición energética, el turismo sostenible, el transporte o la gestión de recursos. Este laboratorio -presentado recientemente en la isla de La Palma- se concibe como una herramienta útil para identificar y compartir experiencias replicables en otros territorios insulares.

“Nos encontramos en un momento clave en el que es fundamental apostar decididamente por la sostenibilidad de los territorios insulares. Somos islas con condiciones diversas, pero compartimos muchos retos y desafíos. Cooperar no es solo posible: es necesario”, señaló Caraballo.

IRLab se articula en torno a cinco líneas de trabajo especializadas que abordan, de manera práctica y colaborativa, los grandes desafíos del presente y del futuro de Canarias. Todas ellas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero van un paso más allá: aterrizan esas metas globales en el territorio insular, poniendo el foco en cuestiones como el envejecimiento de la población, la sostenibilidad compartida entre territorios, la migración o la innovación social de base comunitaria.

Durante la sesión, Malta valoró la reactivación del grupo como una gran oportunidad para abordar conjuntamente cuestiones como el agua, la conectividad y el transporte. Baleares destacó la importancia de la unidad entre periferia y ultraperiferia, y anunció la presentación de su dictamen sobre turismo sostenible en este foro antes de su debate en el pleno del Comité de las Regiones. Chipre, como Estado insular, recordó su interlocución directa con la Comisión Europea y expresó su voluntad de apoyar una agenda insular común.

Por su parte, Azores y Reunión insistieron en el valor de la cooperación, subrayando la necesidad de distinguir entre islas periféricas y ultraperiféricas -algo que recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea- sin que eso sea un obstáculo para el trabajo conjunto. Córcega, por su parte, llamó a consolidar una nueva dinámica de cooperación insular y marítima y respaldó el planteamiento de Canarias sobre la sostenibilidad, ampliándolo al ámbito social, turístico, energético e hídrico.

La jornada concluyó con la presentación del programa de trabajo del Intergrupo, que estará vinculado a las principales comisiones del CdR (CIVEX, COTER, NATT…), con el objetivo de garantizar que la voz de las islas esté presente en todos los espacios relevantes. La cooperación se articulará mediante reuniones presenciales y encuentros telemáticos periódicos que permitan un seguimiento real y eficaz de las propuestas.

Con su participación en este foro, el Gobierno de Canarias refuerza su papel activo en la construcción de una agenda insular europea compartida, desde una visión basada en la sostenibilidad, la colaboración y la defensa del interés común de los territorios insulares.

Clavijo garantiza que el Gobierno “luchará hasta el final” para impedir que se aplique a las regiones ultraperiféricas las mismas penalizaciones a los vuelos que “a Madrid, Berlín o París”

El presidente logra el respaldo de los tres principales grupos de la Eurocámara y de la diplomacia española a incluir la Ruta Atlántica entre las prioridades de política migratoria de la UE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado este jueves el compromiso de la Comisión Europea de evaluar con informes “científicos” el impacto en las regiones ultraperiféricas del paquete ‘Objetivo 55’. Estos estudios determinarán si estas medidas provocan un efecto negativo en la economía y conectividad del archipiélago, con lo que en 2026 se podrán revisar los recargos a los derechos de emisiones que, desde el próximo 1 de enero, se van a aplicar al transporte aéreo y marítimo con países europeos y Reino Unido.

Tras su segunda jornada en Bruselas, el titular del Ejecutivo canario califica de “positivo y fructífero” el resultado de las reuniones al constatar que las RUP cuentan con “razones objetivas” para “dar la batalla” y lograr una exención en el paquete internacional de medidas ‘Objetivo 55’. “Lucharemos hasta el final para conseguirlo”, explica Clavijo al entender que el transporte a las regiones ultraperiféricas no se puede penalizar “igual que el de Madrid, Berlín o París”.

Las RUP han logrado hasta ahora que la Comisión permita que las conexiones aéreas y marítimas con sus Estados miembros -en el caso de Canarias con la península y entre islas- queden exentas de los recargos de los derechos de emisión de C02 hasta 2030. Sin embargo, Bruselas rechaza por el momento dar este trato especial también al transporte con el resto de los países europeos y Reino Unido.

Ante esta negativa, tanto la UE como Canarias se han comprometido a realizar informes que avalen el impacto que tendrán estas penalizaciones en el transporte internacional del archipiélago, algo que facilita un cambio de opinión de la UE en la revisión de la normativa prevista para 2026. También acepta Bruselas negociar desde ya compensaciones que mitiguen en el archipiélago las consecuencias negativas de estos recargos aéreos y marítimos.

El titular del Gobierno autonómico constató la necesidad de contar con esos estudios objetivos sobre los efectos de las medidas ‘Objetivo 55’ durante las reuniones ejecutivas con destacados representantes de la Comisión Europea: el director de Aviación, Filip Cornelis, la directora de la unidad de Transporte Marítimo y Logística en la Dirección General Movilidad y Transportes en la Comisión Europea, Annika Kroon, y la directora de Mercados de carbono y Movilidad limpia en la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Beatriz Yordi.

Impacto negativo

Los análisis que maneja el Gobierno autonómico alertan de que el recargo por derechos de emisiones CO2 restará competitividad a Canarias y encarecerá los vuelos con Europa, lo que perjudicará especialmente al sector turístico de las islas. Según un informe de Deloitte, la aplicación de estas penalizaciones conllevará la pérdida de 42.000 empleos y de un millón de turistas en el archipiélago. También tendrá efectos negativos en la actividad logística de los puertos canarios y en la cesta de la compra.

En este sentido, la directora general de Airlines for Europe, Rania Georgoutsakou, trasladó al presidente de Canarias la enorme preocupación que existe entre las principales compañías aéreas europeas que operan con las islas ante la entrada en vigor, a partir del 1 de enero, del paquete de medidas ‘Objetivo 55’ y su impacto en el sector de la aviación.

Ante estos temores, Fernando Clavijo ha aprovechado su viaje a Bruselas para ganar aliados que apoyen a Canarias en la negociación sobre los recargos a los derechos de emisiones de CO2 al transporte y también ante la demanda de que la UE tenga una política migratoria común. En todos los encuentros han participado también la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, y la directora general de Acción Exterior, María Méndez.

Respaldo a la Ruta Atlántica

Por otra parte, el presidente ha logrado este jueves el apoyo de la vicepresidenta del principal grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, a incluir la Ruta Atlántica entre las prioridades en materia de migración de la UE. Este respaldo se suma al obtenido el miércoles por parte de los representantes del Grupo Renew y de la Alianza Progresistas y Socialista, con lo que Canarias se garantiza presencia en el documento que el Parlamento europeo aprobará a mediados de diciembre.

También defenderán la posición de las RUP ante el reto migratorio el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso.

La agenda de tres jornadas del presidente de Canarias en Bruselas concluye este viernes con una reunión con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a la que Fernando Clavijo trasladará directamente sus peticiones para que Canarias reciba más apoyo de la UE para afrontar la crisis migratoria. Al igual que ha hecho con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Clavijo invitará a Johansson a visitar el archipiélago para conocer de primera mano la situación tras la llegada en lo que va de año de más de 32.000 personas a las costas canarias.

Asimismo, le trasladará el contenido de la declaración aprobada en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas la semana pasada en Santa Cruz de Tenerife. Las RUP reivindican “una verdadera corresponsabilidad de la UE y de todos sus Estados ante la migración, garantizando atención digna y respetuosa de los derechos humanos a las personas que llegan”, a través de la adopción de medidas específicas, como ha hecho la Comisión Europea ante la situación migratoria en la isla italiana de Lampedusa.

En especial, el presidente pedirá corresponsabilidad a la responsable europea de Asuntos de Interior en la atención de los más de 4.300 menores migrantes no acompañados que Canarias acoge en solitario. Además de más fondos europeos, Clavijo demanda a la UE un pacto común para distribuir a estos niños y niñas mediante una red estable de dispositivos en todo el territorio europeo.

El vicepresidente canario recuerda que la propia Unión Europea ha consagrado normativamente las especificidades de las Islas, entre ellas la exención del IVA y la renovada Estrategia RUP

El director general de Fiscalidad de la Comisión Europea asegura que ningún país planteó en el momento oportuno excepciones a la propuesta de Directiva

El también consejero de Hacienda apela a los diputados en el Parlamento de Canarias, en el Congreso y, en especial, el Parlamento Europeo a defender activamente la posición de Canarias en sus respectivos ámbitos de actuación

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, esgrimió hoy ante la Comisión Europea las particularidades fiscales de Canarias – validadas de hecho por la propia Unión- que permitirían eximir a las Islas del establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales.

Rodríguez trasladó al director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión, Benjamin Angel, la posición de Canarias al respecto y recordó que el Archipiélago quedó en su momento fuera del ámbito de aplicación del IVA y que tiene capacidad también para establecer sus propios impuestos especiales.

El director general, por su parte, reconoció que ningún país presentó en el momento preciso excepciones a la propuesta de Directiva europea que se está negociando. Por lo tanto, si esta se aprueba finamente y entra en vigor el 1 de enero de 2024, será el Gobierno de España quien tenga que establecer la modulación pertinente de la norma en Canarias, durante el proceso de transposición de la Directiva.

“Nuestra singularidad, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y ratificada por la jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se defienda la exención de Canarias del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, aun estando de acuerdo con la Directiva que impulsa la Comisión para que las grandes corporaciones no eludan sus obligaciones tributarias”, señaló el vicepresidente.

El mantenimiento de ese diferencial en el Impuesto de Sociedades es importante para Canarias, no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería escaso, sino por la preservación de su fuero económico y fiscal. “Se trata básicamente de que no se siente un precedente en la parte constitutiva de nuestras singularidades”, precisó.

El vicepresidente dijo que, aunque la aceptación de las tesis canarias no será fácil, puesto que la propuesta de Directiva europea viene precedida de un acuerdo adoptado por las principales organizaciones supranacionales, como la OCDE, “habrá que pelear hasta el final y no dar nada por perdido”.

A este respecto, Rodríguez apeló a los diputados canarios en el Congreso y en el Parlamento europeo a defender activamente esta posición en sus respectivos ámbitos, “porque este debate no está circunscrito exclusivamente a los Gobiernos, sino que compete muy directamente a las cámaras legislativas”.

Ni dumping ni competencia desleal

El vicepresidente explicó al director general que la exención de Canarias del tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades no tendrá impacto en la recaudación fiscal de la Unión, “porque a esos efectos es prácticamente irrelevante” ni tampoco producirá deslocalizaciones de las inversiones.

“Nuestros incentivos están pensados para captar algo de capitalización empresarial, generar empleo y contribuir a la diversificación de la economía”, precisó Rodríguez, quien insistió en la necesidad de que los parlamentos se pronuncien sobre el tema para encauzar la negociación.

En todo caso, y a la luz de las reticencias de algunos estados miembros de la Unión con respecto a la Directiva -que se suman a las discrepancias en países como Estados Unidos- el debate podrá ser pospuesto en Europa hasta el año 2024, “lo que juega a favor nuestro para seguir generando conciencia sobre nuestras particularidades”.

Buen balance

Por otro lado, el vicepresidente agradeció al director general el trabajo desarrollado por la Comisión para la aprobación del AIEM hasta el año 2017 y las exenciones arancelarias industriales y pesqueras aprobadas, lo que junto con la modificación del Posei que beneficia a los plataneros afectados por el volcán y la cantidad e intensidad de los fondos europeos 21-27 constituyen un positivo balance para Canarias de su relación con la UE.