El vicepresidente asistió hoy a la presentación de un libro sobre la historia de las singularidades fiscales canarias, elaborado por la ULPGC

El también consejero de Hacienda recuerda que las medidas del REF no son privilegios sino compensaciones por las dificultades estructurales de las Islas

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, apeló hoy a la unidad de acción política y social en Canarias para la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y garantizar así su carácter permanente, en correspondencia con las desventajas -también permanentes- del Archipiélago.

Rodríguez, que participó hoy en la presentación del primer tomo de la colección “La diferencia insular. El modelo fiscal de Canarias en perspectiva histórica”, elaborado por los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Sergio Solbes y Daniel Castillo, destacó el papel estratégico del REF y su vinculación estrecha con las condiciones de vida en las Islas. En el acto estuvieron presentes el rector, Luis Serra, y el director de la Cátedra REF, Salvador Miranda.

El vicepresidente indicó que el REF no solo contiene incentivos de carácter fiscal para la inversión del empresariado, sino que también permite un conjunto de medidas de carácter económico con programas que impactan directamente en el día a día de los canarios a escala personal y familiar, y sobre todo, permite un diferencial fiscal con el resto del Estado mediante el cual “pagamos en imposición indirecta un tercio que en la Península -7% de IGIC frente a 21% de IVA-, algo de lo que se beneficia toda la ciudadanía, aparte de que aplicamos tipo cero a los alimentos básicos y a la factura eléctrica para el 96% de los consumidores, además de que actualmente devolvemos todo el impuesto especial de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos”.

“Los precios de la energía o del agua, el coste del transporte de mercancías y personas, los planes de empleo o las ayudas para la formación profesional, entre otras muchas cosas, forman parte de ese REF que nos hace más fácil la vida en Canarias”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, recordó que, mientras la recaudación del IVA se realiza en las arcas del Estado, los ingresos fiscales por el IGIC suponen recursos adicionales para cabildos y ayuntamientos, que reciben el 58%, y la Administración autonómica, perceptora del 42% restante.

Todas esas medidas responden a la necesidad de compensar las dificultades estructurales de las Islas por su lejanía e insularidad, “dificultades que son permanentes, como también debe serlo el propio REF”, subrayó el vicepresidente, quien rechazó aquellas interpretaciones políticas que entienden este Régimen como un compendio de privilegios y favores.

Ese carácter permanente, no obstante, “ha de someterse a la evaluación de los efectos que produce, es decir, a un análisis de los resultados en comparación con los objetivos para adaptarlo en el contexto de los nuevos tiempos”.

Divulgación

Rodríguez apostó por incrementar el nivel de conocimiento del REF entre la ciudadanía, puesto que cuanto mayor sea la comprensión de la gente sobre su importancia, mayor conciencia habrá para defenderlo en las instancias que sean necesarias.

En este sentido, el vicepresidente agradeció el esfuerzo de la ULPGC por participar de los debates que están abiertos en la sociedad canaria, especialmente en esta materia, en la que el centro docente también ha creado una cátedra REF.

“Necesitamos la reflexión, el estudio y los análisis de las universidades sobre lo que nos ocurre -añadió- y para ello es imprescindible recordar de dónde venimos”, dijo Rodríguez, en relación con el tomo presentado, que abarca las singularidades fiscales del Archipiélago desde el año 1500 hasta 1845.

Los representantes de las instituciones firmantes se reunieron ayer viernes, 1 de abril, con el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado

Los promotores del Manifiesto REF (Régimen Económico y Fiscal) se reunieron ayer viernes, 1 de abril, con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, encuentro en el que se valoró la posibilidad de crear una comisión Canarias-Estado para “dirimir cuestiones técnicas al respecto del REF”.

Los representantes del REF que estuvieron el a reunión fueron el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho Lemes; el decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzuela; el vicepresidente y el delegado territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Enrique Lang-Lenton y Jaime Cabrera, respectivamente; el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC), Juan Luis Alayón García; y Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF. También participó el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno canario, Fermín Delgado.

Los promotores del manifiesto indicaron que “es importante que nos sentemos en una negociación todos los agentes institucionales y sociales para que esta medida económica y fiscal, que ha sido tan importante para Canarias, no genere incertidumbre e inseguridad”. Para los promotores “el REF es un conjunto de acciones y medidas imprescindibles para el crecimiento, la competencia y el empleo en Canarias, sin las cuales no podríamos competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional”.

Tal y como se incidió en el encuentro, sería interesante la creación de una comisión conformada por representantes de las haciendas canaria y estatal a la que “deben incorporarse profesionales fiscales privados y docentes especializados con el objetivo de mejorar la aplicabilidad y evitar litigios”.

En este sentido, Rodríguez apuntó que “todos somos conscientes de que hay que tener la guardia alta porque no es fácil que el Gobierno de España de turno entienda lo que significa el REF para Canarias y que lo respeten como un conjunto de derechos singulares que hemos conquistado para compensar las dificultades por nuestra lejanía e insularidad”.

Como indicó el vicepresidente, “el REF es el 75 % de bonificación al transporte de viajeros, el 100 % para mercancías, la fiscalidad indirecta a tipo cero para todos los consumidores de combustible, la lucha contra la pobreza, la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC)”, entre otras muchas cuestiones.

Por ello que los promotores del Manifiesto valoran el apoyo del Gobierno regional y que “haya tomado buena nota de la necesidad de reforzar jurídicamente esta medida”. Cabe recordar que, recientemente, CC también se ha sumado a estas demandas.

La norma, que se tramita ahora en el Senado, emana de un Real Decreto-ley aprobado en diciembre de 2020 sobre ampliación de la materialización de la RIC en 2021 por los efectos de la Covid 19

El Ejecutivo se pronuncia también a favor de la regulación de la localización de servicios y actividades acogidos al IGIC para evitar doble imposición

El Consejo de Gobierno de Canarias informó hoy favorablemente sobre los cambios introducidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) por dos disposiciones del proyecto de Ley de Medidas Financieras de Apoyo Social y Económico y de Cumplimiento de la Ejecución de Sentencias, que se tramita en estos momentos en el Senado. La norma emana de un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central a finales del año 2020 y convalidado por el Congreso el 28 de enero de 2021.

El informe del Gobierno autónomo se produce a petición del Parlamento canario, que este pasado 4 de enero recibió una comunicación del Congreso de los Diputados recabando el parecer de la Cámara sobre este particular.

En uno de los casos se aborda la disposición transitoria octava en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de la misma. Tal ampliación se justifica por los graves efectos que la pandemia había producido y produce en la realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020.

El informe del Ejecutivo recuerda que dicho texto es el mismo que ya se introdujo a través del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, que fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 28 de enero de 2021, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley.

“Debe manifestarse -señala el informe- que aun modificando una disposición legal que integra el cuerpo normativo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el RDL 39/2020, nunca fue objeto de informe previo por parte del Parlamento de Canarias, como exige la disposición adicional tercera de nuestra Constitución y el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.

El informe es favorable porque la disposición “no merece reproche alguno”, ya que se adoptó para dar seguridad jurídica en la aplicación de los beneficios fiscales referidos a la RIC, dados los efectos que la pandemia produjo en la realización de las inversiones acogidas a dichos beneficios y como consecuencia de una demanda unánime de las instituciones y la sociedad de Canarias.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno reunido hoy también ha informado favorablemente sobre la disposición final tercera del referido Proyecto de Ley, que modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la regulación de las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), para evitar supuestos de doble imposición.

La redacción que contiene el citado Proyecto de Ley coincide plenamente con el reproducido y propuesto por el Parlamento de Canarias en un informe aprobado y emitido con ocasión del trámite conferido al Parlamento en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, lo que conlleva a emitir el parecer favorable a la modificación pretendida.

En todo caso, el Gobierno efectúa un reproche en cuanto a la tardanza en efectuar esta reforma, “más teniendo en cuenta que, derivada de su evidente necesidad para evitar situaciones de doble o nula tributación, era obvia la justificación de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación en alguno de los numerosos Real Decreto-leyes aprobados durante el año 2021”.