El último Consejo de Gobierno de 2023 acordó emplear el gasto plurianual de la Dirección General de Aguas para financiar esta obra hidráulica en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige Manuel Miranda, invertirá 4.956.409,56 euros en la ejecución de la red de saneamiento y pluviales del Sector Central-Guargacho, en el municipio de San Miguel de Abona -al sur de Tenerife- tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno del 2023, celebrado el pasado miércoles.

La financiación proviene de la generación de ingresos de los últimos ejercicios económicos del gasto plurianual de la Dirección General de Aguas perteneciente a la Consejería de Política Territorial, y los trabajos consisten en la construcción de la totalidad de las redes de saneamiento y pluviales de la zona, así como las acometidas y conexiones a las redes comarcales, con la restitución de todos los servicios afectados.

La empresa pública de Transformación Agraria (TRAGSA) ha iniciado la preparación de las obras, que se espera que puedan dar comienzo en mayo de este año 2024, con un plazo de ejecución de 20 meses desde el inicio de las mismas, y beneficiarán a casi 2.500 habitantes del pueblo de San Miguel de Abona.

Estas intervenciones hidráulicas forman parte de los proyectos Next Generation que gestiona el departamento de Aguas de la consejería que dirige Manuel Miranda, provenientes de la partida prevista para obras hidráulicas en núcleos de menos de 5.000 habitantes.

El departamento de Aguas de la consejería que dirige Miranda gestiona para este tipo de proyectos 14.388.371,12 euros, de los cuales 11,6 millones son financiados por Europa y otros 2,8 millones de euros corren a cargo del Gobierno de Canarias.

Estas actuaciones se enmarcan en dos proyectos diferenciados de saneamiento y depuración: Por un lado, trabajos de mejora del saneamiento en Chío, Tamaimo y Guargacho, en Tenerife, con un importe total de 8.151.664,33 euros y, por otro, la creación de una nueva depuradora en Alajeró así como la ampliación de la planta depuradora de Valle Gran Rey, en La Gomera, con un presupuesto de 6.236.707,39 euros.

El consejero de Política Territorial ha explicado en el Parlamento que esta reforma es clave para la ordenación e impulso de esta zona de La Orotava, en Tenerife

Además, el Consorcio celebrará una comisión ejecutiva antes de que termine el año y una sesión plenaria en las primeras semanas de 2024 para definir dos proyectos por el que llevan esperando sus miembros hace años: el sendero litoral y la mejora de los accesos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que uno de los objetivos del área que dirige es acordar una modificación del Plan Especial de El Rincón, con el objetivo de consensuar la ordenación definitiva y el impulso a este paraje del municipio de La Orotava, en Tenerife. Miranda ha realizado este anuncio durante una comparecencia solicitada por el alcalde de la citada Villa, Francisco Linares, en la que han repasado el pasado, presente y futuro de este espacio natural de Tenerife.

Manuel Miranda ha anunciado, además, que antes de final de año se va a celebrar una comisión ejecutiva del Consorcio que gestiona este espacio “porque no podemos perder ni un minuto en empezar a trabajar de manera coordinada en aquellos asuntos que requieren nuestra atención”. “El futuro de El Rincón”, ha dicho Miranda, “será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona”.

Manuel Miranda: «El futuro de El Rincón será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona»

El Rincón es un espacio ubicado en La Orotava cuya ordenación y futuro ha sido objeto de debate durante décadas. Un consorcio, en el que están representados el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la Villa, el Cabildo, los propietarios, asociación de vecinos y asociación de defensa del medio ambiente, se encargan desde 1999 de gestionar el espacio, que es objeto de una Ley de Ordenación, de 1992, y de un Plan Especial que continúa en vigor, que data de 1997.

El carácter prioritario de este nuevo Gobierno de Canarias respecto a El Rincón quedó demostrado, según ha manifestado Miranda, en la visita a los pocos días de incorporarse a su cargo del director general de Ordenación, Onán Cruz, al municipio tinerfeño, así como a la puesta en marcha el 22 de septiembre de la sede electrónica del Consorcio, un avance que permite modernizar la gestión de esta entidad. “Desde el primer momento hemos querido dejar claro”, ha añadido, “que El Rincón es una prioridad para este Gobierno, cosa que no ocurrió en los cuatro años anteriores”.

Manuel Miranda ha anunciado durante su intervención que el Consorcio debe tomar decisiones respecto a dos proyectos pendientes. El primero de ellos, la aprobación del proyecto de sendero litoral, entre la playa de El Bollulo y la de Los Patos, que tiene un presupuesto aproximado de unos 800.000 euros y que requiere de unas expropiaciones previas por parte de la Corporación local.

El segundo de los proyectos es la mejora de los accesos viarios de la zona, fundamental para agricultores y vecinos, sobre todo en época de mayor afluencia de visitantes, proyecto que está valorado en 1,2 millones de euros, aproximadamente, y que requerirá sin duda del compromiso de todas las administraciones que forman el Consorcio para garantizar su financiación, también plurianual.

Miranda puso al Consorcio como ejemplo “de participación, ya que integra diferentes sensibilidades de quienes tienen voz y opinión sobre este espacio, un ejemplo que debemos convertir en una oportunidad. El consejero destacó que “sobre todos los miembros recae la responsabilidad de hacer de esta zona un espacio que mejore las condiciones para su disfrute, al tiempo que garantice la supervivencia de los valores medio ambientales y el paisaje agrario que la ha caracterizado siempre”.

El consejero destacó el papel de Gesplan en el impulso durante los últimos años a las medidas en este enclave tinerfeño, que confía en que “en 2026 tengamos ya una propuesta final de la modificación del plan, que requerirá de un nuevo debate, recabado del resto de informes, con el objetivo de aprobar definitivamente el documento en el último trimestre de 2026 o el primero de 2027”, ha anunciado Miranda.

El coste total de las dos plantas, instaladas en Puerto Naos tras la erupción del volcán para riego agrícola, superó los 18 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la segunda y última de las dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para abonar la totalidad de la deuda pendiente por los costos de las dos desalinizadoras portátiles instaladas en la isla de La Palma tras la erupción volcánica.

El importe de esta modificación asciende a 3.000.000 euros, que junto a la modificación aprobada el pasado 27 de noviembre por importe de 1.459.870 euros, permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Esta modificación permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Como se recordará, la erupción volcánica provocó una emergencia hídrica en el Valle de Aridane, al verse seriamente dañadas las instalaciones de suministro de agua para el riego agrícola. En el mes octubre de 2021, el Gobierno de Canarias puso en marcha dos desalinizadoras portátiles trasladas a la Isla, que estuvieron funcionando hasta el 31 de mayo del presente año, una vez fueron reemplazadas las canalizaciones y dotaciones dañadas por el volcán.

Aunque el presupuesto inicial tramitado por procedimiento de urgencia era de 4,3 millones de euros, el costo de la instalación, funcionamiento y explotación de estas dos plantas acabó superando los 18 millones de euros.

Las dos desalinizadoras, que fueron decisivas para garantizar el suministro de agua de riego agrícola en las áreas de cultivo ubicadas al sur de las coladas del volcán, se encuentran desde el pasado verano instaladas en la isla de Lanzarote, para suplir las graves carencias de suministro que registraba la Isla.

Manuel Miranda repasó la estrategia hidráulica con Miguel Hidalgo, consejero insular del Sector Primario, Soberanía Alimenticia y Seguridad Hídrica

El Gobierno de Canarias está comprometido con el Cabildo de Gran Canaria en el respaldo técnico y presupuestario para el desarrollo de los programas e inversiones previstos en el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular y el segundo ciclo del Plan Especial de Gestión de Riesgo por Inundación, según reiteró ayer en Las Palmas el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.

“La gestión del ciclo integral del agua en Gran Canaria ha sido históricamente pionera, y en muchos casos un modelo para el sector, pero el crecimiento de la demanda, la sequía consecuencia del cambio climático, y la obsolescencia de equipos e instalaciones, está llevando a la Isla al límite de sus posibilidades”, aseguró Manuel Miranda, para quien “resulta imprescindible garantizar el abastecimiento a la población y el suministro al sector primario, con un nuevo impulso en el que ya trabaja el Cabildo y que contará con el respaldo del Gobierno de Canarias”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, acompañado por el viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo, y la Directora General de Aguas, Mónica Gómez, mantuvo un primer encuentro de trabajo con el consejero del cabildo grancanario responsable de Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y el gerente del Consorcio Insular de Aguas, Carmelo Santana, junto a algunos técnicos de la institución.

El Gobierno de Canarias, además de reforzar su presencia en el Consorcio con la participación de la titular de la Dirección General de Aguas, se ha comprometido a coordinar la estrategia de inversiones y prestar especial apoyo en la redacción de proyectos.

Esta visita se enmarca en la ronda de encuentros que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias mantiene con los consejos insulares de los siete cabildos, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y singularidades de cada una de las islas en materia hidráulica y así coordinar de la forma más eficiente posible las actuaciones de planificación de un recurso tan estratégico como es el agua en Canarias.

El consejero de Política Territorial presidió hoy la primera reunión de la Comisión de Informe Único, y lamentó el elevado número de expedientes negativos

Solo el Barranco del Agua, en Puntallana, recibe el informe favorable de la Comisión, otros 6 expedientes son condicionados y 3 negativos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, reiteró hoy la necesidad de que el departamento que dirige “deje de ser un obstáculo, y se convierta en un medio para el desarrollo del planeamiento en el Archipiélago, con una mejor coordinación y colaboración con ayuntamientos y cabildos”. Así lo aseguró tras presidir la reunión de la Comisión Autonómica de Informe Único, que esta mañana celebró en Santa Cruz de Tenerife la primera sesión de este mandato.

La Comisión de Informe Único abordó un total de 18 expedientes, de los que seis corresponden a daciones de cuentas de diferentes sentencias y dos de ellos quedaron sobre la mesa, la modificación del Plan General (PGO) de Las Palmas, en el ámbito del Cementerio de San Lázaro, y la modificación del Plan General de Puntallana en el ámbito de la Vereda Lomo del Pino.

Solo un expediente recibió informe favorable, relativo a la modificación de las normas de conservación del sitio de interés científico Barrando del Agua, en Puntallana. Otros seis recibieron informe favorable condicionado: en La Oliva, Pájara, Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana (3). Otros tres no lograron el informe positivo, dos en La Matanza y uno en Arafo.

El consejero ha reiterado la necesidad de “reenfocar las relaciones con los ayuntamientos de las Islas a la hora de tramitar su ordenamiento, porque el Gobierno tiene que ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para impulsar su planeamiento, somos colaboradores y nuestro objetivo es que logremos para las Islas un desarrollo territorial en el que llegar a acuerdos mediante el diálogo sea el principal fin de trabajo”.

Manuel Miranda ha indicado que la Consejería “no puede ser un cuello de botella, o convertirse en una especie de alta inspección que sea insalvable, sino que ha de transformarse en un instrumento cercano y eficaz, en el los municipios vean un aliado”.

El consejero ha recordado que en breve dará comienzo un “proceso de análisis y diálogo con corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales que nos lleve a mejorar la Ley del Suelo, para profundizar en su filosofía y objetivos, en la simplificación y racionalización de los procedimientos para que la Ley, efectivamente, no sea un obstáculo sino un medio para facilitar el desarrollo social y económico, mientras se garantiza la protección de los espacios que así lo requieran”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hizo hincapié en la “completa inacción de la gestión del agua en las Islas durante los últimos cuatro años”

El Presupuesto en materia hídrica para el 2024 es de 53,8 millones de euros, casi la mitad de los fondos de la Consejería

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, compareció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias para afirmar, entre otros asuntos, que “la falta de planificación en materia hídrica ha provocado una crisis de abastecimiento de agua en Canarias. La completa inacción de la gestión del agua en las Islas -prosiguió Miranda- durante los últimos cuatro años ha supuesto una situación sin precedentes”, dijo el consejero.

Miranda anunció el pasado viernes en la Comisión de Presentación de Presupuestos, que casi la mitad de los fondos de la Consejería para el año 2024 -53,8 millones de euros- irán destinados a mitigar la crisis hídrica que afecta al Archipiélago.

En Canarias actualmente existen 39 proyectos de obras hidráulicas sin posibilidad de ejecución, “ya que el Gobierno saliente no tramitó ni los permisos ni los terrenos para llevar a cabo los trabajos”, indicó Manuel Miranda. La ejecución de los fondos presupuestarios en materia de aguas a poco más de un mes para finalizar el año es del 23%, “por lo que es evidente la pasividad del anterior ejecutivo en esta materia”, finalizó el consejero.

El Convenio de Obras Hidráulicas, “firmado por el anterior gobierno de Fernando Clavijo, contó con un presupuesto de 900 millones, más de 170 obras hasta 2028, y quedó parado desde 2019”, comentó el consejero. El protocolo, rubricado en 2018, tiene todas las líneas maestras para solucionar los problemas de Canarias en el ciclo integral del agua y, aunque a día de hoy permanece vigente, no existe ni un solo convenio de ese protocolo que se haya llevado a cabo. Por esta razón el consejero insistió en la “pasividad del gobierno del Pacto de las Flores”.

Este convenio permite al Gobierno de Canarias y al central colaborar en materia hídrica de abastecimiento, producción industrial de agua -desaladoras y depuradoras-, actuaciones referidas a sistemas de riego, aquellas relacionadas con los procedimientos de infracción vigentes, transporte, almacenamiento, captación de aguas subterráneas, etcétera.

La recuperación de esta filosofía permitiría diseñar el cumplimiento de los objetivos medio ambientales marcados por la UE, garantizar el abastecimiento de agua a la población de las Islas y generar un recurso hidrológico de primera calidad para el sector primario, “por lo que es fundamental para solucionar los problemas de producción, abastecimiento y distribución de agua que tenemos en Canarias, finalizó Miranda.

El responsable autonómico informó sobre la redacción de una carta que enviará próximamente “a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le instaremos a la reactivación de la Comisión de Seguimiento del Protocolo y, además, empezar a trabajar en la firma del primero de los tres convenios”, advirtió.

El consejero de Política Territorial recalcó la importancia de analizar el funcionamiento de la norma, vigente desde 2017, y mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado en sesión plenaria del Parlamento autonómico la necesidad de “recuperar el espíritu de simplificación y racionalización que inspiraron la redacción de la Ley del Suelo” y subrayó la importancia de “analizar la norma, vigente desde 2017, para mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados en la ordenación del territorio”, indicó el consejero.

Uno de los principales objetivos que se planteó el nuevo Gobierno al tomar posesión, fue el de actualizar la Ley del Suelo en el presente mandato, ya que “es el momento de modificarla para hacerla más efectiva”, dijo Manuel Miranda. Además, el responsable de la consejería de planificación y ordenación del territorio puso en valor el diálogo con todos los agentes implicados “para que cada uno, desde sus respectivos campos, pueda aportar su experiencia y hacer sus aportaciones”, prosiguió Miranda.

En su intervención Miranda subrayó que “el planeamiento no debe ser un obstáculo para la cohesión del territorio, la dinamización económica y el empleo; tiene que ser el motor de un desarrollo sostenible y de la protección del territorio en el Archipiélago. Paradójicamente, la mayor parte de los problemas que tienen hoy las administraciones canarias para desarrollar su planeamiento los hemos creados las propias administraciones”, concluyó.

La consejería de Política Territorial aboga por proyectar “la Canarias que queremos dejar a nuestros hijos y nietos”, por lo que la mejora de la Ley del Suelo pasa por analizar y estudiar qué medidas pueden mejorar su funcionamiento y aplicación, “escuchando y siendo aliados de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales” aseguró Miranda.

Como punto de partida, el Ejecutivo canario ya se reúne de manera interna con técnicos y funcionarios, tanto de la Consejería de Política Territorial como de otras áreas del Gobierno relacionadas e implicadas, para tener el conocimiento de cuáles son los principales escollos -a nivel administrativo y burocrático- con los que se encuentra la administración para impulsar de una forma ágil la aplicación de la Ley.

Posteriormente se llevarán a cabo las reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), además de encuentros con cabildos y ayuntamientos específicos para llegar a acuerdos y consensos.

En última instancia los responsables de ordenación urbanística y planificación de los espacios naturales protegidos mantendrán “encuentros con colectivos y agentes sociales, colegios profesionales y otros sectores implicados, así como con la ciudadanía en general”, explicó el consejero.

Manuel Miranda explicó en su intervención parlamentaria que “esta última fase se desarrollará mediante el formato de jornadas y una plataforma online que nos permita documentar todo el proceso y que sirva de nexo de comunicación a lo largo de todo el trámite de actualización de la Ley”, finalizó el consejero de Política Territorial.

La emergencia hídrica en Fuerteventura y Lanzarote dispondrá de una línea de crédito ampliable, establecida de forma extraordinaria en el articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos

Las políticas hidráulicas superan los 53 millones de euros, incluyen un plan de choque y la reivindicación del cumplimiento del Convenio de infraestructuras firmado con el Estado en 2018

Un millón de euros para priorizar la planificación y redacción de proyectos, con el objetivo de mejorar el bajo grado de ejecución presupuestaria, actualmente en el 23%

Las políticas de ordenación del territorio apuestan por la revisión de la Ley del Suelo, para impulsar los principios de simplificación y racionalización que inspiraron su redacción en 2017

Se establecen nuevas líneas de financiación para liderar la estrategia del reto demográfico y la cohesión territorial

Las políticas de emergencias y protección civil concentran el 30% del presupuesto de la Consejería, con más de 35 millones de euros destinados a innovación tecnológica y equipamientos

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias destinará prácticamente la mitad de su presupuesto del próximo año a solucionar la crisis del agua en las Islas, con una inversión que superará los 53 millones de euros, según explicó el titular del departamento, Manuel Miranda, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento autonómico.

Se trata de unas cuentas “realistas y ajustadas a la capacidad de gasto, que apuestan por la planificación y el apoyo técnico especializado, para combatir el bajo grado de ejecución presupuestaria que nos hemos encontrado en las inversiones hidráulicas, que en la actualidad no superan el 23%”, según explicó Manuel Miranda.

Mediante la inclusión de una disposición adicional en el articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, las inversiones para incrementar los recursos hidráulicos y mejorar la calidad del agua podrán aumentarse hasta en 15 millones de euros más en todo el Archipiélago, lo que supone un crecimiento del 6,8% del gasto no financiero de la Consejería con respeto a 2023, y del 4,5% en el caso de la Dirección General de Aguas.

La situación de emergencia hídrica en Fuerteventura y Lanzarote se abordará mediante una línea de crédito ampliable propia, sin más límite que los establecidos en la financiación general de la Comunidad Autónoma. De esta forma se garantiza la plena disponibilidad de recursos para afrontar el grave problema de abastecimiento que soporta la población de ambas islas.

Los proyectos hidráulicos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generation superan los 11 millones de euros, y priorizan el plan de digitalización del ciclo del agua en las Islas, al objeto de cumplir con la normativa europea y disponer del primer observatorio del agua en Canarias.

NUEVA CONSEJERÍA

La nueva consejería, que además de aguas y ordenación del territorio, asume las competencias en materia de reto demográfico, cohesión territorial y emergencias, concentrará su segundo mayor esfuerzo financiero en las políticas de emergencias y protección civil, a la que destina prácticamente el 30% de su presupuesto.

La nueva Dirección General de Emergencias dispondrá de unos 35,6 millones de euros, destinados fundamentalmente a la innovación tecnológica, la mejora del equipamiento técnico y nuevos mecanismos de auxilio en playas y montes, además de profundizar en el desarrollo normativo y potenciar una nueva estrategia de comunicación social.

Por otra parte, se destinan unos 27 millones de euros a las políticas de planificación y ordenación del territorio, lo que representa casi un 23% del presupuesto de la Consejería. Entre sus principales objetivos destaca el diseño de la nueva estrategia de resto demográfico, y la reforma de la Ley del Suelo para impulsar los principios de simplificación y racionalización que inspiraron su redacción y aprobación en el año 2017.

La gestión de la nueva Consejería de Política Territorial incluye la coordinación de las empresas públicas adscritas, Grafcan, Gestur Canarias y Gesplan, cuya suma de presupuestos supera los 108 millones de euros.

El consejero Manuel Miranda mantuvo un encuentro con el presidente de ‘Canarias 1.500 km de Costa para coordinar acciones en materia de prevención y autoprotección

Sebastián Quintana agradeció la “receptividad y sensibilidad” de la Consejería con el fenómeno de los ahogamientos en Canarias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, mantuvo un encuentro con Sebastián Quintana, presidente de ‘Canarias, 1.500 kilómetros de Costa’, en la ronda de reuniones con colectivos y ayuntamientos que cuentan con zonas habilitadas para el baño, con el objetivo de lograr consensos que sirvan de base para diseñar los nuevos protocolos de seguridad de los municipios de Canarias.

El encuentro se centró en coordinar y establecer líneas de trabajo en materia de prevención y autoprotección ante ahogamientos en las playas y zonas de baño del Archipiélago. “El litoral de Canarias cuenta con más de 750 lugares habilitados para el baño, repartidos en 78 municipios. Por ello nuestra prioridad es dialogar y regular las normativas con los responsables municipales, pero si hay algo que tenemos claro, es la necesidad de comunicar e informar de manera preventiva a la ciudadanía”, explicó el consejero.

‘Canarias, 1.500 kilómetros de Costa’ es una asociación que trabaja en la concienciación y sensibilización de este asunto que afecta a turistas, deportistas y usuarios locales de las playas del Archipiélago. Sebastián Quintana alertó de que “los ahogamientos suponen la tercera causa de muerte no intencional en el mundo, por lo que estamos de acuerdo en la importancia de generar esa cultura de autoprotección y seguridad acuática”.

La nulidad por parte del Tribunal Supremo del decreto que armonizaba las normas e instrucciones de seguridad para que los municipios de menos de 20.000 habitantes aprobasen un protocolo específico para sus zonas de baño, ha convertido en necesario generar sinergias entre las administraciones y los colectivos que lleven a la redacción de planes específicos de seguridad.

El área de Emergencias de la Consejería de Política Territorial trabaja con Gesplan en el lanzamiento de ‘infoplayas’, una app móvil “que servirá para informar a la ciudadanía sobre el estado de las playas, donde se especifican los peligros a los que se exponen los usuarios”, comentó Manuel Miranda. En ocasiones la falta de información sobre los fenómenos costeros supone un riesgo importante para lo usuarios. “Además, desde hace algunas semanas informamos a la ciudadanía sobre las prealertas, cuyo objetivo es poner en sobre aviso a los usuarios de las zonas de baño para que desarrollen las medidas de seguridad y autoprotección necesarias”, concluyó el consejero.

Al finalizar el encuentro, el responsable de la entidad de prevención y sensibilización con los ahogamientos en Canarias, agradeció la “receptividad y sensibilidad” del consejero Manuel Miranda. “Ha sido un contacto positivo y esperanzador que nos acerca al objetivo de reducir el número de víctimas mortales por este fenómeno en las Islas. Se inicia aquí una travesía que nos permitirá caminar de la mano en este asunto, porque no hay que olvidar que los ahogamientos son la primera causa de muerte no intencionada en el Archipiélago”, finalizó Sebastián Quintana.

Jornada ‘Los retos en la prevención de ahogamientos’

Por otra parte, durante la reunión de hoy, Manuel Miranda puso en valor la celebración del evento ‘Los retos en la prevención de ahogamientos’, que tendrá lugar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 20 de noviembre a partir de las 9 horas.

La jornada, organizada por la asociación ‘Canarias, 1.500 kilómetros de Costa’, expondrá y debatirá las medidas y sinergias entre los representantes públicos y la ciudadanía en materia de prevención y autoprotección por la vía comunicativa y de constante información.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó en sede parlamentaria la importancia de caminar de la mano en la lucha hacia el equilibrio poblacional, “siempre respetando el criterio de los expertos”

El reto demográfico y la cohesión del territorio serán “prioridades trasversales” en la acción del nuevo Gobierno de Canarias, según explicó hoy ante el pleno del Parlamento de Canarias el consejero Manuel Miranda, responsable de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del ejecutivo autonómico.

En su primera intervención -en la primera sesión plenaria de la XI Legislatura-, Miranda subrayó la importancia de trabajar “entre todos y con el respaldo de la Comisión de Estudios parlamentaria para impulsar con acierto las políticas enfocadas al reto demográfico y el equilibrio poblacional en las Islas”.

El reto demográfico viene ligado en gran medida a la afluencia de turistas que pasan largos periodos de tiempo en el Archipiélago o a las olas de migrantes que llegan a las costas canarias, además del equilibrio entre la natalidad y mortalidad de la propia ciudadanía de las Islas.

“Este Gobierno entiende que la demografía es uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra tierra, junto con la gestión del territorio, que desde luego tienen que ir de la mano”, aseguró el consejero Miranda, quien anunció que “ambas materias van a ser abordadas con rigor, con seriedad y con valentía desde mi departamento, y desde todos los departamentos del Gobierno, porque la población y el suelo son dos asuntos trasversales de extrema sensibilidad para el futuro inmediato de nuestra tierra”.

En esta tesitura Miranda insistió en que “aquí no sobra nadie ahora mismo. No es solo una cuestión de cuántos somos, sino también de cómo vivimos, de las condiciones de vida, el reparto de la población en el territorio y la salvaguarda de nuestro medioambiente”, aseguró.

La consejería de Política Territorial pivota sobre ejes transversales en los que el planeamiento, la ordenación y la cohesión del territorio juegan un papel fundamental en la lucha contra el reto demográfico. “Si se lleva a cabo una planificación para que los servicios esenciales lleguen a cada rincón de las Islas -planteó Miranda- la ciudadanía, tanto local como foránea, podría afincarse en territorios que hoy permanecen deshabitados”, finalizó el mandatario regional.

Por todo ello, se hace imprescindible una buena labor de coordinación y planificación, para que en aquellas zonas donde tradicionalmente la población extranjera se asienta “logremos entre todas las administraciones completar los servicios básicos que permitan una integración de dicha población en su entorno”.