La Dirección General de Ordenación del Territorio comprobará la existencia de valores geomorfológicos de especial interés y acotará la afección territorial del Espacio Natural Protegido a lo estrictamente necesario para protegerlos

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige Manuel Miranda, ha iniciado el procedimiento para la delimitación del futuro Espacio Protegido del entorno del cono y las fajanas del volcán de Tajogaite -también conocido como Cumbre Vieja- en la isla de La Palma. En este procedimiento se comprobará la existencia de valores geomorfológicos de especial interés y acotará la afección territorial del Espacio Natural Protegido a lo estrictamente necesario para proteger esos valores.

La Consejería da así cumplimiento a la disposición adicional quinta del decreto 9/2023, de 18 de diciembre, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, que establece un plazo de 3 meses para iniciar la tramitación. Este procedimiento se regirá por lo establecido en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos.

“Una vez aprobado el decreto urbanístico, es muy importante avanzar en la delimitación del Espacio Natural Protegido del volcán. Hay que recordar que las personas afectadas titulares de propiedades en esta zona declarada de protección cautelar, tanto en Los Llanos de Aridane como en El Paso, llevan dos años sin saber que pasará con sus inmuebles. Eso los coloca en una situación de desventaja que nos parece injusta, algo que reconocemos y trabajamos para poner soluciones”, señala el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz.

Onán Cruz, director general de Ordenación del territorio: «Hay que recordar que las personas afectadas titulares de propiedades en esta zona declarada de protección cautelar, tanto en Los Llanos de Aridane como en El Paso, llevan dos años sin saber que pasará con sus inmuebles. Eso los coloca en una situación de desventaja que nos parece injusta, algo que reconocemos y trabajamos para poner soluciones»

La delimitación del Espacio Natural Protegido permitirá definir el uso que podrán tener los suelos y conocer el perímetro exacto afectado, entre otros aspectos. “Por tanto, es importante aclarar que no todo lo que ahora está delimitado como zona de protección cautelar terminará dentro del Espacio Natural Protegido”, explicó el director general.

En este punto, Onán Cruz señaló que “la zona, que lleva dos años delimitada de manera provisional es un espacio de máximos, se estudiará, dentro de esos márgenes provisionales, qué es lo que estrictamente y bajo criterios científicos y medioambientales, hay que incluir en el futuro Espacio Natural Protegido. Esta delimitación es fundamental para poder afrontar plenamente la recuperación de la realidad alterada por el volcán allí donde sea posible en los términos y con las condiciones establecidas por el decreto 9/2023”, añadió Onán Cruz.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, acuerda con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, un nuevo impulso al ciclo integral del agua en la isla colombina

Junto al viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, y la directora general de Aguas, Mónica Gómez, visitan la ubicación del nuevo depósito de Las Galanas, a cuya construcción el Gobierno de Canarias ha destinado 4,2 millones de euros

La Consejería priorizará la licitación de las obras de canalización del barranco de Vallehermoso

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, mostró hoy su satisfacción porque “La Gomera está haciendo sus deberes a tiempo en materia hidráulica” y anunció que el Ejecutivo autonómico “cumplirá” con las inversiones previstas en esta materia para la isla colombina.

Así lo confirmó tras reunirse con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y visitar las obras de la nueva desalinizadora y la localización elegida para el nuevo depósito regulador, a cuya construcción el Gobierno de Canarias ya ha destinado 4,2 millones de euros. Se trata de dos infraestructuras estratégicas, que garantizarán el suministro de agua en la villa y zona norte de la Isla.

“Hace solo unos años era impensable que las islas verdes necesitasen recurrir a la desalinización de agua de mar para cubrir el abastecimiento público, pero la previsión de las autoridades de la Isla nos ha permitido que estemos a punto de estrenar la primera planta pública, justo cuando más la necesitamos, y que trabajemos ya en dos nuevas desaladoras en Playa Santiago y Valle Gran Rey”, declaró Manuel Miranda.

El consejero recordó que la Isla tiene actualizados y aprobados el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, y afirmó que “aunque en los últimos años ha faltado financiación de algunas obras importantes, en La Gomera no ha fallado la planificación ni la previsión, que es lo realmente decisivo cuando hablamos de garantizar el ciclo integral del agua”.

CASIMIRO CURBELO

En este mismo sentido, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, reiteró su apuesta por la planificación como “elemento fundamental” para la gestión del territorio y del agua, “en un momento en el que padecemos las consecuencias del cambio climático”, dijo antes de reiterar la apuesta que desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias se ha realizado para “tomar decisiones acertadas” en cuanto a la disposición de infraestructuras hidráulicas “que garanticen el suministro a la población”.

Así, puso en valor la creación del nuevo depósito regulador de aguas en Las Galanas, “que prestará un servicio fundamental para la capital”, además de otras actuaciones prevista en el ámbito insular como las estaciones depuradoras en Valle Gran Rey, Alajeró y Playa de Santiago, junto al encauzamiento del Barranco de Vallehermoso. “Todas son acciones de interés público que vendrán para mejorar el abastecimiento de agua, pero también para promover la reutilización de este recurso cada vez más escaso”.

El viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, y la directora general de Aguas, Mónica Gómez, participaron junto a Miranda en una primera reunión monográfica celebrada en el Cabildo Insular de La Gomera, donde repasaron la decena de proyectos hidráulicos de producción, almacenamiento, distribución y depuración de aguas que la Isla tiene actualmente en marcha, y que representan una inversión superior a los 22 millones de euros.

Según anunció Manuel Miranda, la Consejería de Política Territorial dará prioridad en el primer trimestre del año a la licitación de las obras de adecuación y canalización del barranco de Vallehermoso, tal y como ha solicitado el Cabildo Insular, un proyecto cuya financiación se ha incluido en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio 2024.

“El Consejo Insular de Aguas y el Cabildo han tenido muy claras las cosas en todo momento, y eso facilita mucho el trabajo a la hora de priorizar los recursos financieros, está claro que La Gomera ha hecho sus deberes en materia hidráulica y el Gobierno de Canarias va a hacer también los suyos, no les quepa duda”, concluyó Manuel Miranda.

Ambos municipios se acogen a la delegación competencial prevista en la Ley del Suelo para aquellos ayuntamientos que no dispongan de recursos personales y materiales para la constitución de un órgano ambiental propio

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias asumirá a partir de ahora las competencias en materia de evaluación ambiental solicitada por los ayuntamientos de Arico, en Tenerife, y Tejeda, en Gran Canaria, según acordó este lunes el Consejo de Gobierno en sendos decretos.

Se trata de una opción contemplada en la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, a la que pueden acogerse de manera temporal aquellos municipios que no dispongan de recursos personales y materiales para la constitución de un órgano ambiental propio.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, recordó que ya son 29 los municipios que se han acogido a esta medida, y reiteró la “plena disposición” de su departamento para actuar como principal aliado de ayuntamientos y cabildos en la ordenación del territorio.

“La cooperación entre administraciones resulta imprescindible para conseguir desbloquear la gestión del planeamiento en las Islas, tan necesaria y urgente para avanzar en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y la garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad”, afirmó Miranda.

Manuel Miranda: «La cooperación entre administraciones resulta imprescindible para conseguir desbloquear la gestión del planeamiento en las Islas, tan necesaria y urgente para avanzar en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y la garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad»

En el caso de Tejeda, la Consejería asume a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística de competencia municipal, de la ordenación pormenorizada del planeamiento general del municipio y de las modificaciones menores de esta ordenación. No comprende la competencia de evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural del Plan General de Ordenación, ni de la modificación sustancial del mismo, puesto que esa competencia ya es autonómica por la Ley del Suelo.

El acuerdo aprobado esta mañana recoge así mismo una determinación similar para el Ayuntamiento de Arico, con la delegación en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, ha añadido Miranda, “mientras otras administraciones tienen problemas para impulsar sus planeamientos por falta de medios y personal especializado, este Gobierno quiere dar un paso al frente y terminar con esta situación”.

El consejero recordó también que su departamento ha decidido impulsar la oficina de apoyo técnico a los municipios y ha recuperado las subvenciones para el desarrollo de planes generales, por importe superior a los dos millones de euros, “que llevaban dos años sin convocarse”.

El consejero, Manuel Miranda, presentó hoy el documento a Ayuntamiento de Tías, Cabildo de Lanzarote e inversores locales, y anunció el compromiso del Gobierno por agilizar otros seis planes en tramitación

Se trata del impulso a la mejora de un espacio de más de 5 millones de metros cuadrados, de cuya aprobación depende una inversión de 400 millones de euros a cargo de inversores locales

El Gobierno de Canarias ha desbloqueado la tramitación del tercer Plan de Modernización y Mejora Turística (PMM) de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías (Lanzarote), según anunció esta tarde el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien junto al director general de Ordenación Territorial, Onán Cruz, ha presentado el documento al Ayuntamiento de la localidad majorera y Cabildo Insular de Lanzarote.

Miranda ha afirmado que el impulso a este documento “es un hito de gran importancia pues se trata de una iniciativa de la que dependen 55 actuaciones y 400 millones de inversión privada, procedentes de empresarios locales, con el que se logra además la mejora de la competitividad de un espacio de gran importancia para el sector turístico de la Isla”.

El Plan de Modernización y Mejora incluye un total de 55 actuaciones, de las que 45 son de carácter privado, y 10, público. Suma un total de 400 millones de euros de inversión privada, de empresarios locales, y supondrá un ingreso estimado para las arcas públicas de 100 millones de euros. Permitirá, además, que 210.000 metros cuadrados pasarán a ser de titularidad pública, y destinados a dotaciones y espacios libres.

El Plan de Modernización y Mejora de Puerto del Carmen beneficia a un ámbito de 5.110.098,96 metros cuadrados y tiene como objetivo promover la rehabilitación, renovación e incremento de categoría de los establecimientos alojativos ya existentes y propiciar la diversificación de la oferta alojativa y de servicios, para aumentar la capacidad competitiva de este núcleo turístico de Lanzarote. Además, garantizará la generación de plusvalías para la mejora y creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas y mejorará el sistema viario, proponiendo estrategias de movilidad sostenible.

Fue en noviembre de 2019 cuando el Ayuntamiento de Tías solicitó al Gobierno de Canarias la redacción de este plan, mientras que en diciembre de 2020 se firmó el convenio para iniciar los trabajos. La previsión, según la planificación estimada, es que a finales de verano de 2025 pueda entrar en vigor este documento, que la Consejería de Política Territorial acaba de sacar a información pública.

El tercer Plan de Modernización y Mejora Turística de Puerto del Carmen es uno de los siete que tiene en elaboración la Consejería de Política Territorial del Ejecutivo Autonómico, siempre con el objetivo de impulsar la modernización de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias.

Manuel Miranda ha asegurado que la Consejería que dirige “va a realizar un esfuerzo para sacar adelante éste y el resto de los planes de modernización, poniendo los recursos públicos al servicio de proyectos que son de interés para el desarrollo socioeconómico de las Islas”. Miranda ha recordado que “el anterior Gobierno de Canarias solo fue capaz de aprobar uno en cuatro años, y estamos convencidos de revertir esta parálisis que es perjudicial para la generación de economía y empleo en las Islas”.

Además del de Puerto del Carmen, en la actualidad se tramitan el segundo PMM de Playa de Mogán (Gran Canaria), el de El Veril (Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), San Miguel, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide.

El último Consejo de Gobierno de 2023 acordó emplear el gasto plurianual de la Dirección General de Aguas para financiar esta obra hidráulica en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige Manuel Miranda, invertirá 4.956.409,56 euros en la ejecución de la red de saneamiento y pluviales del Sector Central-Guargacho, en el municipio de San Miguel de Abona -al sur de Tenerife- tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno del 2023, celebrado el pasado miércoles.

La financiación proviene de la generación de ingresos de los últimos ejercicios económicos del gasto plurianual de la Dirección General de Aguas perteneciente a la Consejería de Política Territorial, y los trabajos consisten en la construcción de la totalidad de las redes de saneamiento y pluviales de la zona, así como las acometidas y conexiones a las redes comarcales, con la restitución de todos los servicios afectados.

La empresa pública de Transformación Agraria (TRAGSA) ha iniciado la preparación de las obras, que se espera que puedan dar comienzo en mayo de este año 2024, con un plazo de ejecución de 20 meses desde el inicio de las mismas, y beneficiarán a casi 2.500 habitantes del pueblo de San Miguel de Abona.

Estas intervenciones hidráulicas forman parte de los proyectos Next Generation que gestiona el departamento de Aguas de la consejería que dirige Manuel Miranda, provenientes de la partida prevista para obras hidráulicas en núcleos de menos de 5.000 habitantes.

El departamento de Aguas de la consejería que dirige Miranda gestiona para este tipo de proyectos 14.388.371,12 euros, de los cuales 11,6 millones son financiados por Europa y otros 2,8 millones de euros corren a cargo del Gobierno de Canarias.

Estas actuaciones se enmarcan en dos proyectos diferenciados de saneamiento y depuración: Por un lado, trabajos de mejora del saneamiento en Chío, Tamaimo y Guargacho, en Tenerife, con un importe total de 8.151.664,33 euros y, por otro, la creación de una nueva depuradora en Alajeró así como la ampliación de la planta depuradora de Valle Gran Rey, en La Gomera, con un presupuesto de 6.236.707,39 euros.

El consejero de Política Territorial ha explicado en el Parlamento que esta reforma es clave para la ordenación e impulso de esta zona de La Orotava, en Tenerife

Además, el Consorcio celebrará una comisión ejecutiva antes de que termine el año y una sesión plenaria en las primeras semanas de 2024 para definir dos proyectos por el que llevan esperando sus miembros hace años: el sendero litoral y la mejora de los accesos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que uno de los objetivos del área que dirige es acordar una modificación del Plan Especial de El Rincón, con el objetivo de consensuar la ordenación definitiva y el impulso a este paraje del municipio de La Orotava, en Tenerife. Miranda ha realizado este anuncio durante una comparecencia solicitada por el alcalde de la citada Villa, Francisco Linares, en la que han repasado el pasado, presente y futuro de este espacio natural de Tenerife.

Manuel Miranda ha anunciado, además, que antes de final de año se va a celebrar una comisión ejecutiva del Consorcio que gestiona este espacio “porque no podemos perder ni un minuto en empezar a trabajar de manera coordinada en aquellos asuntos que requieren nuestra atención”. “El futuro de El Rincón”, ha dicho Miranda, “será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona”.

Manuel Miranda: «El futuro de El Rincón será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona»

El Rincón es un espacio ubicado en La Orotava cuya ordenación y futuro ha sido objeto de debate durante décadas. Un consorcio, en el que están representados el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la Villa, el Cabildo, los propietarios, asociación de vecinos y asociación de defensa del medio ambiente, se encargan desde 1999 de gestionar el espacio, que es objeto de una Ley de Ordenación, de 1992, y de un Plan Especial que continúa en vigor, que data de 1997.

El carácter prioritario de este nuevo Gobierno de Canarias respecto a El Rincón quedó demostrado, según ha manifestado Miranda, en la visita a los pocos días de incorporarse a su cargo del director general de Ordenación, Onán Cruz, al municipio tinerfeño, así como a la puesta en marcha el 22 de septiembre de la sede electrónica del Consorcio, un avance que permite modernizar la gestión de esta entidad. “Desde el primer momento hemos querido dejar claro”, ha añadido, “que El Rincón es una prioridad para este Gobierno, cosa que no ocurrió en los cuatro años anteriores”.

Manuel Miranda ha anunciado durante su intervención que el Consorcio debe tomar decisiones respecto a dos proyectos pendientes. El primero de ellos, la aprobación del proyecto de sendero litoral, entre la playa de El Bollulo y la de Los Patos, que tiene un presupuesto aproximado de unos 800.000 euros y que requiere de unas expropiaciones previas por parte de la Corporación local.

El segundo de los proyectos es la mejora de los accesos viarios de la zona, fundamental para agricultores y vecinos, sobre todo en época de mayor afluencia de visitantes, proyecto que está valorado en 1,2 millones de euros, aproximadamente, y que requerirá sin duda del compromiso de todas las administraciones que forman el Consorcio para garantizar su financiación, también plurianual.

Miranda puso al Consorcio como ejemplo “de participación, ya que integra diferentes sensibilidades de quienes tienen voz y opinión sobre este espacio, un ejemplo que debemos convertir en una oportunidad. El consejero destacó que “sobre todos los miembros recae la responsabilidad de hacer de esta zona un espacio que mejore las condiciones para su disfrute, al tiempo que garantice la supervivencia de los valores medio ambientales y el paisaje agrario que la ha caracterizado siempre”.

El consejero destacó el papel de Gesplan en el impulso durante los últimos años a las medidas en este enclave tinerfeño, que confía en que “en 2026 tengamos ya una propuesta final de la modificación del plan, que requerirá de un nuevo debate, recabado del resto de informes, con el objetivo de aprobar definitivamente el documento en el último trimestre de 2026 o el primero de 2027”, ha anunciado Miranda.

El coste total de las dos plantas, instaladas en Puerto Naos tras la erupción del volcán para riego agrícola, superó los 18 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la segunda y última de las dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para abonar la totalidad de la deuda pendiente por los costos de las dos desalinizadoras portátiles instaladas en la isla de La Palma tras la erupción volcánica.

El importe de esta modificación asciende a 3.000.000 euros, que junto a la modificación aprobada el pasado 27 de noviembre por importe de 1.459.870 euros, permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Esta modificación permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Como se recordará, la erupción volcánica provocó una emergencia hídrica en el Valle de Aridane, al verse seriamente dañadas las instalaciones de suministro de agua para el riego agrícola. En el mes octubre de 2021, el Gobierno de Canarias puso en marcha dos desalinizadoras portátiles trasladas a la Isla, que estuvieron funcionando hasta el 31 de mayo del presente año, una vez fueron reemplazadas las canalizaciones y dotaciones dañadas por el volcán.

Aunque el presupuesto inicial tramitado por procedimiento de urgencia era de 4,3 millones de euros, el costo de la instalación, funcionamiento y explotación de estas dos plantas acabó superando los 18 millones de euros.

Las dos desalinizadoras, que fueron decisivas para garantizar el suministro de agua de riego agrícola en las áreas de cultivo ubicadas al sur de las coladas del volcán, se encuentran desde el pasado verano instaladas en la isla de Lanzarote, para suplir las graves carencias de suministro que registraba la Isla.

Manuel Miranda repasó la estrategia hidráulica con Miguel Hidalgo, consejero insular del Sector Primario, Soberanía Alimenticia y Seguridad Hídrica

El Gobierno de Canarias está comprometido con el Cabildo de Gran Canaria en el respaldo técnico y presupuestario para el desarrollo de los programas e inversiones previstos en el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular y el segundo ciclo del Plan Especial de Gestión de Riesgo por Inundación, según reiteró ayer en Las Palmas el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.

“La gestión del ciclo integral del agua en Gran Canaria ha sido históricamente pionera, y en muchos casos un modelo para el sector, pero el crecimiento de la demanda, la sequía consecuencia del cambio climático, y la obsolescencia de equipos e instalaciones, está llevando a la Isla al límite de sus posibilidades”, aseguró Manuel Miranda, para quien “resulta imprescindible garantizar el abastecimiento a la población y el suministro al sector primario, con un nuevo impulso en el que ya trabaja el Cabildo y que contará con el respaldo del Gobierno de Canarias”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, acompañado por el viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo, y la Directora General de Aguas, Mónica Gómez, mantuvo un primer encuentro de trabajo con el consejero del cabildo grancanario responsable de Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y el gerente del Consorcio Insular de Aguas, Carmelo Santana, junto a algunos técnicos de la institución.

El Gobierno de Canarias, además de reforzar su presencia en el Consorcio con la participación de la titular de la Dirección General de Aguas, se ha comprometido a coordinar la estrategia de inversiones y prestar especial apoyo en la redacción de proyectos.

Esta visita se enmarca en la ronda de encuentros que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias mantiene con los consejos insulares de los siete cabildos, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y singularidades de cada una de las islas en materia hidráulica y así coordinar de la forma más eficiente posible las actuaciones de planificación de un recurso tan estratégico como es el agua en Canarias.

El consejero de Política Territorial presidió hoy la primera reunión de la Comisión de Informe Único, y lamentó el elevado número de expedientes negativos

Solo el Barranco del Agua, en Puntallana, recibe el informe favorable de la Comisión, otros 6 expedientes son condicionados y 3 negativos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, reiteró hoy la necesidad de que el departamento que dirige “deje de ser un obstáculo, y se convierta en un medio para el desarrollo del planeamiento en el Archipiélago, con una mejor coordinación y colaboración con ayuntamientos y cabildos”. Así lo aseguró tras presidir la reunión de la Comisión Autonómica de Informe Único, que esta mañana celebró en Santa Cruz de Tenerife la primera sesión de este mandato.

La Comisión de Informe Único abordó un total de 18 expedientes, de los que seis corresponden a daciones de cuentas de diferentes sentencias y dos de ellos quedaron sobre la mesa, la modificación del Plan General (PGO) de Las Palmas, en el ámbito del Cementerio de San Lázaro, y la modificación del Plan General de Puntallana en el ámbito de la Vereda Lomo del Pino.

Solo un expediente recibió informe favorable, relativo a la modificación de las normas de conservación del sitio de interés científico Barrando del Agua, en Puntallana. Otros seis recibieron informe favorable condicionado: en La Oliva, Pájara, Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana (3). Otros tres no lograron el informe positivo, dos en La Matanza y uno en Arafo.

El consejero ha reiterado la necesidad de “reenfocar las relaciones con los ayuntamientos de las Islas a la hora de tramitar su ordenamiento, porque el Gobierno tiene que ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para impulsar su planeamiento, somos colaboradores y nuestro objetivo es que logremos para las Islas un desarrollo territorial en el que llegar a acuerdos mediante el diálogo sea el principal fin de trabajo”.

Manuel Miranda ha indicado que la Consejería “no puede ser un cuello de botella, o convertirse en una especie de alta inspección que sea insalvable, sino que ha de transformarse en un instrumento cercano y eficaz, en el los municipios vean un aliado”.

El consejero ha recordado que en breve dará comienzo un “proceso de análisis y diálogo con corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales que nos lleve a mejorar la Ley del Suelo, para profundizar en su filosofía y objetivos, en la simplificación y racionalización de los procedimientos para que la Ley, efectivamente, no sea un obstáculo sino un medio para facilitar el desarrollo social y económico, mientras se garantiza la protección de los espacios que así lo requieran”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hizo hincapié en la “completa inacción de la gestión del agua en las Islas durante los últimos cuatro años”

El Presupuesto en materia hídrica para el 2024 es de 53,8 millones de euros, casi la mitad de los fondos de la Consejería

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, compareció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias para afirmar, entre otros asuntos, que “la falta de planificación en materia hídrica ha provocado una crisis de abastecimiento de agua en Canarias. La completa inacción de la gestión del agua en las Islas -prosiguió Miranda- durante los últimos cuatro años ha supuesto una situación sin precedentes”, dijo el consejero.

Miranda anunció el pasado viernes en la Comisión de Presentación de Presupuestos, que casi la mitad de los fondos de la Consejería para el año 2024 -53,8 millones de euros- irán destinados a mitigar la crisis hídrica que afecta al Archipiélago.

En Canarias actualmente existen 39 proyectos de obras hidráulicas sin posibilidad de ejecución, “ya que el Gobierno saliente no tramitó ni los permisos ni los terrenos para llevar a cabo los trabajos”, indicó Manuel Miranda. La ejecución de los fondos presupuestarios en materia de aguas a poco más de un mes para finalizar el año es del 23%, “por lo que es evidente la pasividad del anterior ejecutivo en esta materia”, finalizó el consejero.

El Convenio de Obras Hidráulicas, “firmado por el anterior gobierno de Fernando Clavijo, contó con un presupuesto de 900 millones, más de 170 obras hasta 2028, y quedó parado desde 2019”, comentó el consejero. El protocolo, rubricado en 2018, tiene todas las líneas maestras para solucionar los problemas de Canarias en el ciclo integral del agua y, aunque a día de hoy permanece vigente, no existe ni un solo convenio de ese protocolo que se haya llevado a cabo. Por esta razón el consejero insistió en la “pasividad del gobierno del Pacto de las Flores”.

Este convenio permite al Gobierno de Canarias y al central colaborar en materia hídrica de abastecimiento, producción industrial de agua -desaladoras y depuradoras-, actuaciones referidas a sistemas de riego, aquellas relacionadas con los procedimientos de infracción vigentes, transporte, almacenamiento, captación de aguas subterráneas, etcétera.

La recuperación de esta filosofía permitiría diseñar el cumplimiento de los objetivos medio ambientales marcados por la UE, garantizar el abastecimiento de agua a la población de las Islas y generar un recurso hidrológico de primera calidad para el sector primario, “por lo que es fundamental para solucionar los problemas de producción, abastecimiento y distribución de agua que tenemos en Canarias, finalizó Miranda.

El responsable autonómico informó sobre la redacción de una carta que enviará próximamente “a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le instaremos a la reactivación de la Comisión de Seguimiento del Protocolo y, además, empezar a trabajar en la firma del primero de los tres convenios”, advirtió.