El presidente logra el respaldo de los grupos parlamentarios al acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y garantizar así la corresponsabilidad de las comunidades autónomas

Todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, excepto Vox, se comprometen a impulsar una tramitación rápida del cambio legislativo en las Cortes Generales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el acuerdo alcanzado con el Estado para distribuir por ley los menores migrantes representa “el éxito del modo canario de hacer política”. “Es la mejor demostración de los beneficios” que aportan el diálogo y el consenso para resolver los problemas del archipiélago. Así lo ha subrayado tras agradecer a los partidos su lealtad a una “voz única de Canarias” que ha “allanando el camino para que Madrid al fin se adhiera” a buscar una solución.

Tras el encuentro mantenido este martes con los portavoces parlamentarios Clavijo ha destacado el rédito del “trabajo conjunto” desarrollado por el Gobierno y los grupos durante los últimos meses para impulsar un cambio normativo que Canarias llevaba años reclamando. Este trabajo “en equipo” comenzó el 19 de octubre del año pasado con la firma del Pacto Canario por la Migración, continúo con la inclusión de la distribución de los menores en la Agenda Canaria y se plasmó en la Comunicación aprobada por el Parlamento el pasado 28 de febrero, con el único voto en contra de Vox.

De forma paralela y siempre en coordinación con los partidos políticos, el presidente destaca que han sido los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias los encargados de redactar y negociar la denominada solución canaria, una propuesta elevada al Estado con cuatro vías legislativas para garantizar que la comunidad autónoma deje de asumir en solitario la acogida y tutela de los menores migrantes que llegan a las costas de las islas.

El titular del Gobierno canario ha realizado estas declaraciones tras una reunión celebrada en la Cámara regional donde ha logrado el respaldo de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios a la fórmula de modificación normativa pactada con el Estado para garantizar por ley la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Ley de Extranjería

Todos los portavoces, excepto el de Vox, han manifestado su apoyo a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, al considerarla una vía segura para lograr un reparto solidario y vinculante de los 5.357 niños y niñas que Canarias tutela en la actualidad repartidos en 74 dispositivos alojativos. Clavijo espera que la tramitación de esta reforma legislativa sea “ágil” y pueda materializarse durante el mes de abril.

Para lograrlo, el presidente de Canarias y los portavoces parlamentarios se han comprometido a liderar contactos con los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar su voto a favor de la modificación legal que eleve el Gobierno español a las Cortes.

Clavijo ha informado a los grupos del acuerdo alcanzado la semana pasada en un encuentro en Madrid entre equipos técnicos del Gobierno canario y el español liderados por el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como responsable máximo de la Comisión Interministerial de Migraciones. Tras escoger la vía de modificación de la Ley de Extranjería, ambos equipos se han marcado un plazo máximo de diez días para perfilar la redacción definitiva del texto que el Estado remitirá a las Cortes Generales para su aprobación.

En la reunión celebrada este martes en el Parlamento, Fernando Clavijo estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Como portavoces de los grupos de la Cámara han asistido Sebastián Franquis (Grupo Socialista Canario), José Miguel Barragán (Grupo Nacionalista Canario), Luz Reverón (Grupo Popular), Luis Campos (Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista), Nicasio Galván (Grupo Vox), Casimiro Curbelo (Grupo Agrupación Socialista Gomera) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).

El viceconsejero de Bienestar Social asistió a la celebración del X Aniversario del Centro de Ejecución de Medidas de Medio Abierto ‘Inagua’ que gestiona la Fundación Diagrama

En la actualidad, un total de 687 menores cumplen una medida judicial en Canarias

“Es importante poner en valor el trabajo que se lleva a cabo con las chicas y chicos menores que cumplen una medida judicial desde los recursos de medio abierto, en los que se les ofrece segundas y terceras oportunidades tan necesarias porque el objetivo es que se integren cuanto antes a su entorno familiar y social”, afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, en el transcurso de la celebración del X Aniversario del Centro de Ejecución de Medidas Judiciales de Medio Abierto ‘Inagua’.

Según explicó Candil, “el objetivo de este tipo de recursos es lograr que las personas menores y jóvenes que están cumpliendo una medida judicial, en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, adquieran los valores y las habilidades necesarias para integrarse de forma normalizada a la sociedad, dotándoles de las herramientas que les permitan afrontar de forma positiva un conflicto, aprender a autocontrolarse y potenciar su autoestima, a veces, tan erosionada entre estos chicos y chicas”.

En la actualidad, un total de 687 menores y jóvenes, 554 chicos y 133 chicas, cumplen una medida judicial en Canarias. De este global, 121 se encuentran cumpliendo una medida en centros de internamiento en régimen cerrado y semiabierto y el resto, 566 en recursos de medio abierto.

El recurso, financiado en su integridad por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario y gestionado por Fundación Diagrama, cuenta con un amplio equipo multidisciplinar de profesionales que llevan a cabo diversos programas e iniciativas que abordan aspectos como la intervención familiar, el apoyo psicológico y la intervención socioeducativa con los menores, así imparten talleres de resolución de conflictos, autoestima, autocontrol y educación medioambiental.

A lo largo de sus diez años de funcionamiento, este recurso de medio abierto ha atendido a más de 3.000 jóvenes y familias. En la actualidad, se atienden a un total de 128 menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales de libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio a la comunidad o tratamiento ambulatorio, entre las dos sedes que tiene el centro, ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y Vecindario.

El CEMMA Inagua es un centro abierto en el que se forma, orienta y acompaña a las personas menores que cumplen medidas judiciales siguiendo un modelo de intervención individualizado que atiende a las necesidades específicas de cada una de estas personas. Cada intervención educativa se plantea como un paso más hacia la integración de las personas menores en los sistemas normalizados, dotándoles de herramientas para el cambio y reforzando un aprendizaje encaminado a la mejora de su desarrollo personal.

Fundación Diagrama gestiona en Canarias en la actualidad 12 hogares de acogida para personas menores tuteladas, un programa de apoyo transversal para menores en riesgo y desamparo, una unidad de orientación profesional, y el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales en Medio Abierto. Con el trabajo desarrollado en el ámbito de la protección y cumplimiento de medidas judiciales, las 250 personas profesionales de la fundación en las Islas atienden en la actualidad entorno a las 300 personas menores y jóvenes.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se ha reunido este jueves con las consejeras de Bienestar Social y Presidencia y Seguridad, Candelaria Delgado y Nieves Lady Barreto

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Gobierno de Canarias, representados por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, han mantenido este jueves, 9 de noviembre, una reunión de trabajo en Madrid para abordar la situación de los menores en las islas.

La reunión se ha enmarcado en la situación de excepcionalidad que vive Canarias tras el repunte migratorio de las últimas semanas, que ha llevado a declarar la situación de emergencia por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante esta legislatura ha aumentado la financiación para el mecanismo de derivación de menores hasta los 35 millones y hemos conseguido el compromiso de las diferentes comunidades autónomas para el traslado de menores en Canarias a la Península, pero debemos ir más allá”, ha señalado tras la reunión el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. “Tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias compartimos el compromiso y la voluntad de seguir trabajando para reforzar estos instrumentos y poder dar una respuesta eficaz en la atención humanitaria de los niños y niñas que llegan solos a las Islas”.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, ha incidido en que la realidad que están viviendo las islas en materia migratoria hace indispensable que se establezcan las herramientas necesarias para consolidar un sistema de acogida de menores migrantes en todo el territorio español. “Debemos diseñar un sistema de acogida estable en el que participen todas las comunidades autónomas de forma corresponsable y no solidaria, una propuesta que debe ser liderada a nivel estatal y que ha de contar con la financiación necesaria”, indicó. “Canarias no puede asumir prácticamente en solitario la tutela de más de 4.000 menores no acompañados”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha planteado la conveniencia de que el Estado permita que se dediquen fondos europeos no ejecutados a atender la crisis humanitaria actual y crear una red de atención y cuidados para brindar una cogida digna a todos los niños, niñas y adolescentes que están llegando al archipiélago a bordo de embarcaciones precarias.

Asimismo, Delgado ha relatado los esfuerzos que se están llevando a cabo para mejorar la determinación de edad de las personas que llegan a Canarias a través de un nuevo protocolo acordado con la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.

En la misma línea, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien participó en esta reunión de forma telemática, ha insistido en la necesidad de contar con una norma que distribuya los migrantes menores no acompañados que llegan a Canarias entre todas las comunidades autónoma. En este sentido manifestó que el Gobierno de Canarias está trabajando en una propuesta jurídica que obligue al reparto en esta situación excepcional, “porque el criterio de solidaridad ya se ha demostrado que es insuficiente”.

Barreto ha demandado también la transferencia de los fondos comprometidos para poder atender esta crisis migratoria de forma adecuada. «Ya hemos gastado casi 80 millones de euros, pero seguimos pendientes de los 50 millones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

En el marco de sus competencias, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha ofrecido diferentes vías para ahondar en la colaboración entre administraciones y garantizar así el bienestar de los y las menores.

Por un lado, se ha valorado la posibilidad de solicitar a las comunidades autónomas equipos técnicos especializados para desplazarse a Canarias para ayudar en las necesidades identificadas por el gobierno autonómico, así como la solicitud de colaboración de la Agencia de Asilo Europea para que envíe personal técnico para dar soporte a la respuesta humanitaria, o en otros aspectos que Canarias necesite.

También se ha planteado que desde la dirección general de Infancia y Adolescencia se pueda acompañar técnicamente a los fiscales de menores que pondrá a disposición de Canarias el Ministerio de Justicia para llevar a cabo las determinaciones de edad.

Asimismo, se ha propuesto la creación de una comisión específica, dentro de la Conferencia Sectorial, para abordar en exclusiva la acogida de los menores extranjeros no acompañados.

Estas iniciativas llegan después de haberse aprobado el pasado mes de octubre el traslado de 375 menores no acompañados llegados a las Islas Canarias a otras comunidades autónomas en la Península para este año 2023. Una cifra que se suma a los 539 traslados que se acordaron en 2021 y 2022.

Desde 2020 y hasta este 2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha financiado a Canarias con más de 28 millones de euros para la atención de los niños y niñas migrantes que llegan solos.

La consejera de Presidencia reclama que se regule por ley la distribución entre las comunidades autónomas

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha reiterado hoy ante el Parlamento de Canarias la urgencia de contar con una norma estatal que regule la derivación a las Comunidades Autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. “Tenemos que ir a un reparto obligatorio. No podemos seguir con un criterio de solidaridad porque ni funciona ni va a funcionar”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias en esta crisis migratoria ha cumplido con sus competencias, ha prestado al Estado toda la colaboración y ha puesto a sus servicios jurídicos a trabajar en un criterio de reparto obligatorio, tal y como adelantado el presidente Fernando Clavijo. “Nosotros haremos el planteamiento que consideremos adecuado y corresponde al Estado ponerlo en marcha”.

Nieves Lady Barreto agradeció durante su intervención la solidaridad que han demostrado todas las islas, “que sí responden acogiendo a menores” y reiteró la reclamación al Gobierno de España de que designe un mando único para gestionar la crisis migratoria “porque no podemos seguir tocando seis puertas cada vez que se produce un problema y porque es una petición perfectamente razonable”. “La migración es una cuestión de Estado y eso no es discutible a estas alturas”, añadió.

Respecto a las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en esta crisis migratoria, Nieves Lady Barreto informó de que esta semana la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, vuelve a reunirse con el secretario de Estado de Derechos Sociales y la directora general de Infancia para, precisamente, avanzar en el reparto de menores.

Desde Sanidad ha incrementado el personal sanitario en la isla de El Hierro y, desde la propia Consejería de Presidencia, se ha reforzado el servicio de intérpretes, se han mejorado las condiciones de los abogados del turno de extranjería asumiendo el Gobierno de Canarias los costes de alojamiento, se han puesto funcionarios de refuerzo en Fiscalía, se ha dotado de medios técnicos (ordenadores) a los tres fiscales de refuerzo enviados por el Ministerio y se va a dotar al Instituto de Medicina Legal de un aparato de ortopantomografía para la determinación de la edad dental adquirido con fondos propios de la Consejería y otro más que se adquirirá con fondos europeos.

Candelaria Delgado solicita una reunión urgente con el ministro Escrivá y recuerda que, aunque las Islas son frontera sur de Europa, “eso no significa que tengamos que asumir en solitario la atención de todos los menores extranjeros no acompañados”

La llegada de estos menores a Canarias ha crecido un 32,4% respecto a enero-agosto 2022

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha enviado una carta a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones con el objetivo de exigir un reparto justo de menores extranjeros no acompañados entre todo el territorio español ante la llegada continua de embarcaciones ilegales que arriban casi a diario a las Islas Canarias.

En la carta remitida al ministro, la consejera plantea también la necesidad de abordar tanto la situación de la migración irregular en Canarias, como actuaciones tendentes a la reagrupación familiar y la adaptación, a la realidad vigente, de la acogida integral e inclusiva y de calidad de las personas migrantes, financiado dicho programa a través de una subvención directa por importe de 50 millones de euros y articulado mediante convenio firmado el pasado 06 de Octubre de 2022.

Candelaria Delgado expone el grave problema que supone para islas como El Hierro, “sin espacio ni infraestructura suficiente, que en un solo día lleguen 58 menores como ocurrió el pasado 15 de agosto a quienes no se puede atender en condiciones dignas, o el día nueve de este mes que llegaron a Lanzarote un total de ocho pateras con 61 menores”.

La consejera señala que solo en lo que llevamos de año la llegada de embarcaciones ha crecido de manera exponencial, principalmente en islas como El Hierro y Tenerife, respecto a todo el año pasado. Hasta el 22 de agosto de este año arribaron 19 embarcaciones a El Hierro y 24 a Tenerife, mientras en todo el año pasado, llegaron cuatro y siete embarcaciones respectivamente.

La comparativa de los meses de enero a agosto de 2022 con enero-22 de agosto de 2023, arrojan que a lo largo de este año hay un incremento del 32,40 % de llegada de menores respecto al año pasado.

En los dos últimos años y medio se han traslado a 12 comunidades autónomas 346 menores no acompañados, la gran mayoría se desplazaron a Cataluña (63), Castilla y León (49) y Asturias (47). Por años, en 2021 se trasladaron 209 menores, en 2022 apenas 17 y 120 este año 2023 en el que, como explica la consejera, “hemos vuelto a reactivar las derivaciones ante la presión migratoria que está soportando el archipiélago”.

“Es llamativo -añade Candelaria Delgado- que en 2022 solo se desplazaran a 17 menores cuando en julio de ese mismo año se había acordado en la Conferencia Sectorial el traslado de 340 menores desde Canarias y se comprometían a otro traslado en 2023 de 342”.

La consejera recuerda también que en la XXVI Conferencia de presidentes celebrada en La Palma en marzo de 2022 “desde Canarias se exigió un reparto corresponsable y que se acelerará el Pacto europeo de migración”. “De hecho, en ese mismo mes de marzo, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar al Estado que realizara un reparto obligatorio y la realidad fue es que, a partir de marzo de 2022 solo se trasladaron a 7 menores en septiembre y 120 este año, 49 de ellos tras el cambio de Gobierno en Las Islas”.

Los últimos traslados se han realizado en este mes de agosto, en concreto el día 10, en el que salieron hacia Castilla y León siete menores y los últimos 20 viajaron ayer martes 22 a Cataluña.

Canarias cuenta en la actualidad con 1.923 plazas para acoger a menores extranjeros sin familia (1.523 en dispositivos del Gobierno de Canarias y 400 en centros de los cabildos).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca la importancia de regular una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención y, en algunos casos, temida

Julio Pérez señala que en Canarias hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería con máquinas tipo B1 instaladas y 4.656 máquinas tipo B1 instaladas en dichos establecimientos

En la actualidad, juegos y apuestas generan en las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha defendido este jueves en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, y ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Julio Pérez ha explicado que los objetivos del proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario, y que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección y alejamiento de los lugares concurridos por los menores, que pasa de 50 a 300 metros; el refuerzo de los controles de acceso a la actividad y su ejercicio, pues hoy es demasiado fácil; y la prohibición de la publicidad en aquellos ámbitos en los que el la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, la RTVC y el deporte. Además, se ha referido a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, ha recordado que, hoy en día, en España el juego es una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención por la sociedad y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal. Ha señalado, también, que está regulada, con una especial intensidad, por todos los ordenamientos jurídicos modernos del mundo europeo y no europeo, y que es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla y el Estado está obligado a ello.

En Canarias, según ha enumerado, hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería de hostelería con máquinas tipo B1 y 4.656 máquinas tipo B1 en dichos establecimientos. En la actualidad, juegos y apuestas generan para las arcas públicas de las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros, de ahí la importancia de establecer unos gravámenes que permitan un aprovechamiento colectivo de las ganancias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

Está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tiene como objeto asesorar al Gobierno de Canarias en el cumplimiento de los fines contemplados por la Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias

Según reza la norma, debe elaborar un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas, y reunirse al menos una vez al año

La Ley se aprobó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado que asesorará al Ejecutivo para el cumplimiento de los fines contemplados en la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Está conformada por dos miembros en representación del Ejecutivo canario, uno de los cuales ostentará la presidencia, un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otro de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas, a los efectos contemplados en la citada norma.

Siguiendo estas reglas, recogidas en el artículo 10 de la citada ley, la comisión está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, teniendo como suplente a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y está integrada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez; la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (suplente); el alcalde de La Aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración Pública de Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez; la técnica jurídica Trinidad Pérez (suplente); la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (suplente); el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

En esta primera sesión, a la que han asistido también la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de Servicio de Coordinación y Planificación Estratégica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Karolin Bruns, que ha actuado como secretaria de la Comisión, se ha abordado, por parte de los representantes de los colectivos de víctimas afectadas, la problemática que padecen en cuanto a las limitaciones en el acceso a archivos y registros públicos, así como la necesidad de que se preste apoyo específico por parte de las Administraciones Públicas en la realización de estudios y trabajos de investigación que hagan aflorar esta realidad al conocimiento general.

Por parte de la Consejería se ha puesto de manifiesto el compromiso de las Administraciones Públicas para impulsar las políticas necesarias y cumplir con las obligaciones de la ley, así como mantener, dentro de los instrumentos que permite la normativa vigente, una relación de colaboración con el colectivo de víctimas, que implique también a otras instituciones como las universidades, con el fin de contar con estudios científicos serios y detallados que permitan determinar el alcance de esta realidad en Canarias, su divulgación y dignificación de sus víctimas.

Reparación

La Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias se dictó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación.

Su objetivo es garantizar el conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, así como su reparación, favoreciendo acciones que tiendan a la identificación de sus familiares. En su contenido, a lo largo de sus 10 artículos, reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres biológicas la condición de víctimas y establece las obligaciones de los poderes públicos canarios de promover acciones que lleven a su esclarecimiento y a la identificación y reconocimiento de quienes lo padecieron.

Las principales obligaciones que recoge esta norma para la Administración Pública son facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que, sobre estos hechos, pueda existir en los archivos y registros públicos dependientes de las administraciones canarias, siempre en los términos que lo permita la legislación vigente (artículo 5), y colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en las labores de investigación que se lleven a cabo (artículo 6) e incorporar los datos de los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de las víctimas y sus familiares.

Además, la mandata a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, que se centran en las labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en los itinerarios curriculares de educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas (artículo 7).

Estas obligaciones y competencias no precisan de un desarrollo reglamentario, sino que se encuentran ya perfectamente determinadas y se proyectan principalmente frente a la Administración Pública y el ámbito educativo, quienes al amparo de esta norma deberán desarrollar líneas específicas de actuación que satisfagan los fines que la ley recoge.

Esto supone un 16,78 por ciento de la población pediátrica. Un total de 69.563 niños y niñas, el 50,81 por ciento de ese grupo de edad, han recibido la primera dosis de la vacuna. Los equipos de vacunación del SCS han administrado 4.280.711 dosis de vacunas contra la COVID-19

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado hasta ayer 4.280.711 dosis de vacunas contra la COVID-19. En el Archipiélago ya hay 1.832.013 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 87,34 por ciento de la población diana en la que se ha incluido a los niños y niñas de entre 5 y 11 años.

Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.745.045 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 83,19 por ciento de la población diana del Archipiélago.

69.563 niños y niñas de 5 a 11 años con la primera dosis y 22.973 con la segunda

Por otro lado, ya 69.563 niños y niñas de 5 a 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna, lo que supone el 50,81 por ciento de ese grupo de edad. Además, los equipos de vacunación del SCS han administrado 22.973 segundas dosis a esta población pediátrica, un 16,78 por ciento de la población diana.

En la actualidad los grupos del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo) y el 9 (población con edades comprendidas entre 50 y 59 años que ya alcanzó ese porcentaje) se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.

En el resto de colectivos por edades, la situación es la siguiente:

–Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años: 84,51 por ciento con al menos una dosis y 70,38 por ciento con pauta completa.

–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 61,75 por ciento con al menos una dosis y 89,97 por ciento con pauta completa (se incluyen inmunizados con Janssen que originariamente era una vacuna de una sola dosis).

–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 68,40 por ciento con al menos una dosis y 65,87 por ciento con pauta completa.

–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 65,21 por ciento con una dosis y 60,82 por ciento con pauta completa.

–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 83,02 por ciento con una dosis y 80,89 por ciento con pauta completa.

–Grupo 14. Personas entre 5 y 11 años: 50,81 por ciento con una dosis y 16,78 por ciento con pauta completa.

833.601 dosis de refuerzo

De este total de dosis administradas, 833.601 corresponden a dosis de refuerzo contra el coronavirus. Las dosis de refuerzo están indicadas para todas las personas de más de 18 años y se administran a los cinco meses de haberse vacunado con las dos dosis si la inoculación se realizó con Pfizer o Moderna y a los tres meses si fue con Janssen o con AstraZeneca.

La Consejería de Sanidad insiste en la importancia de completar la vacunación con la dosis de refuerzo para reforzar la protección contra la COVID-19.