La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias informa en el Parlamento de la situación tras el auto del Tribunal Supremo

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, compareció hoy en el Parlamento de Canarias, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la situación actual de los menores en situación de asilo internacional tras el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes que llegan al archipiélago sin sus progenitores y que solicitan asilo en España.

Como recordó, la semana pasada se mantuvo una reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias a la que asistió el presidente Fernando Clavijo, el ministro Ángel Víctor Torres, presidente de la Comisión, la consejera de Bienestar Social, los responsables de los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y de manera telemática, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y altos cargos del Ministerio de Interior.

En ese encuentro, el presidente de Canarias confirmó a los ministros que “se ha comunicado al Tribunal Supremo que en Canarias hay 1.008 menores que podrían acogerse a la situación de asilo internacional, en los que se incluyen aquellos que lo han solicitado, no solo los que tiene el expediente completo”.

“El siguiente paso que acordamos fue establecer reuniones de carácter técnico para que, el día 9, esos menores pasen al sistema de protección internacional del Estado, tal y como establece el auto del Supremo. Se acordó, y nosotros confiamos en su momento en la palabra de los ministros, que los menores tendrían que salir de Canarias porque la situación de hacinamiento hace imposible que permanezcan aquí, aunque Canarias entiende que cada caso debe ser analizado individualmente”, explicó la consejera, quien confirmó que “dichas reuniones de carácter técnico no se han celebrado aún, el Estado no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para coordinar estos traslados, por lo que vemos muy difícil que el plazo impuesto por el auto del TS vaya a cumplirse, pero la pelota está en el tejado del Gobierno estatal”.

“Este auto fue un recordatorio claro de la obligación irrenunciable del Estado español de garantizar la protección de quienes huyen de situaciones de conflicto, persecución o violación de derechos humanos. En este contexto, el Tribunal Supremo ha subrayado la importancia del derecho de asilo como una competencia exclusiva del Estado, reconocida en la Constitución Española. Este mandato se concreta además en la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y en el Real Decreto 220/2022, que establece un sistema de acogida integral para solicitantes de protección internacional”, recalcó.

Este sistema estatal de acogida se estructura en fases que incluyen la valoración inicial y derivación, acogida y autonomía, y garantiza condiciones materiales dignas durante un período que puede extenderse hasta dieciocho meses. A lo largo de este proceso, se ofrece una atención especializada para los más vulnerables, incluidos los menores no acompañados. “Sin embargo, en la situación actual, estos 1.008 menores no han tenido acceso efectivo a estos recursos, a pesar de tener pleno derecho a ellos. Estos menores no son «inmigrantes», ni MENAS, son niños y niñas en riesgo. Canarias actuará con los recursos que tenga, pero no podemos olvidar que nosotros, en un muy corto espacio de tiempo, hemos tenido que tutelar, vestir, educar y sanar a más de 5.000 menores, ahora le toca al Estado cumplir con sus obligaciones”, concluyó.

El presidente destaca que el Tribunal Supremo haya dado la razón a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico en su defensa del derecho superior de la infancia

Garantiza la plena colaboración de la comunidad autónoma para facilitar el proceso de acceso y permanencia de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles “otra gran noticia” para Canarias el fallo del Tribunal Supremo que obliga al Estado a garantizar, en el plazo improrrogable de 10 días, el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de los menores migrantes que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla. Para Clavijo, esta medida cautelar da la razón al Gobierno autonómico en su ofensiva judicial para proteger a estos menores “que han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado”.

Destacó que, tras un año y medio de lucha, tanto los tribunales como la “política útil” están “dando la razón” a Canarias en sus reclamaciones. En este sentido, ha recordado que el auto del Tribunal Supremo llega una semana después de la aprobación y entrada en vigor del real decreto ley que pone en marcha un sistema nacional de distribución de menores migrantes mediante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Para Clavijo, es importante que el alto tribunal haya reconocido “la vulneración de los derechos de la infancia por parte del Estado y su obligación de acogerlos”. Según ha subrayado, la medida cautelar impuesta supone “ratificar que las legítimas reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas eran morales y eran necesarias para proteger al menor”, niños que huyen de guerras y situaciones políticas que los ponen en riesgo. El presidente ha felicitado a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma “por el magnífico trabajo que están haciendo para proteger a los menores”, ya que el Supremo ha avalado “las tesis que Canarias ha mantenido desde el minuto cero”.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que tanto la asunción por parte del Estado de los menores migrantes con solicitud de asilo como la aplicación del real decreto ley supondrá un importante alivio para el tensionado sistema de acogida del archipiélago. Indicó que, según la información ofrecida por las ONG, Canarias tutela unos 1.345 malienses susceptibles de estar en esta situación jurídica, niños y niñas “que ahora deben de pasar a recursos del Estado y el sistema de protección nacional”.

Además, recordó que esta medida garantiza los derechos de todos los niños y niñas que lleguen a las islas a partir de ahora y soliciten protección internacional. En la actualidad, Canarias tutela a 5.810 niños y niñas que han llegado a las costas isleñas sin la compañía de familiares, una situación límite a la que el Gobierno autonómico ha tenido que hacer frente en solitario, triplicando los centros de acogida en año y medio. Están abiertos 86 dispositivos.

Plena colaboración

A su juicio, la suma de estas dos importantes medidas permitirá a Canarias rebajar de forma importante el número de menores migrantes no acompañados que tutela a finales de este mismo año, pero “sobre todo permitirá dar a todos estos niños y niñas la acogida plena que merecen”. El titular del Gobierno autonómico destacó que “por fin” se está dando una respuesta de país al derecho superior de la infancia, algo a lo que ha contribuido la unidad de toda la sociedad canaria.

Fernando Clavijo ha garantizado la plena colaboración de todos los servicios de la comunidad autónoma con los del Estado para facilitar al máximo el proceso de acceso y permanencia de los menores migrantes que lo hayan solicitado al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional en el plazo de 10 días impuesto por el Tribunal Supremo. “Nos hubiera gustado arreglarlo sin ir a los tribunales, pero eso no quita para que ahora hagamos las cosas bien por el interés superior del menor que es como hemos querido hacer las cosas desde el minuto cero”, explicó.

Las medidas cautelares ordenadas por el alto tribunal se producen tras un requerimiento elevado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma el 21 de octubre de 2024. En dicho escrito, los abogados del Gobierno de Canarias solicitaban al Tribunal Supremo que obligara al Gobierno de España y a la Administración General del Estado a cumplir “sus obligaciones constitucionales y legales en materia de asilo y protección internacional relacionadas con los menores migrantes no acompañados” acogidos en Canarias.

Pese al rechazo de la abogacía del Estado a esta petición, el fallo del Tribunal Supremo acuerda, como medida cautelar positiva, “requerir a la Administración del Estado para que, en el improrrogable plazo de 10 días, garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla, con la necesaria colaboración y cooperación de la Comunidad Autónoma requirente, actuaciones que deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor”.

Asimismo, la Sala quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo indica que “en ese mismo plazo improrrogable de 10 días se le informe de las medidas que se adopten en virtud del requerimiento, y transcurrido dicho plazo la Sala decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada”.

El fallo, tras examinar sucintamente las competencias del Estado y de la comunidad autónoma, considera que, “en la actual situación, el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional no ha sido puesto a su disposición pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores -según resulta notorio- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.

El presidente atribuye este “importante paso” a la unidad y al trabajo conjunto del archipiélago para reclamar al Gobierno central una solución que “nos dijeron que era imposible”

Reivindica la utilidad de la política para que se haya puesto “el interés de la infancia por encima del partidista y del enfrentamiento” con Canarias como ejemplo de solidaridad y convivencia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado este martes de “triunfo de toda la sociedad canaria” la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley para la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados mediante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Clavijo considera este “importante paso” un logro de la unidad y el trabajo conjunto realizado en Canarias para que el Estado haya atendido esta demanda.

En rueda de prensa para valorar la aprobación del decreto ley, el jefe del Gobierno ha asegurado que es “un día feliz día” para el archipiélago y para todo el país, porque se da un paso “que nos dijeron que era imposible” por el que Canarias lleva luchando 18 meses. “Siempre hemos tenido el no por delante, pero lo hemos conseguido sabiendo que teníamos razón. Hoy lo es posible lo que en 30 años no lo había sido y lo hemos logrado como sociedad en conjunto”, ha dicho.

Clavijo ha atribuido la aprobación de este decreto ley al trabajo conjunto realizado desde Canarias para lograr que el Estado se abriera al cambio legislativo. “Lo primero fue siempre un no”, recordó para añadir que ha sido el Gobierno autonómico el que ha tenido que hacer la tarea redactando los textos legislativos, buscando salidas cuando las negociaciones se han atascado e “incluso recabando apoyos políticos con todo en mundo y en todo momento”.

“Quiero reivindicar la utilidad de la política. La importancia de poner el interés general por encima del particular y del choque permanente”, ha resaltado en un día “importantísimo para Canarias” porque España da respuesta “como país” a una demanda del Gobierno autonómico ante la situación límite del sistema de acogida de menores migrantes en las islas.

Fernando Clavijo destacó que Canarias “una vez más” ha estado a la altura dando un ejemplo de “unidad, solidaridad y convivencia” en defensa del interés superior del menor y de los derechos de los niños y niñas migrantes que tutela. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de la respuesta “ejemplar” de toda la sociedad del archipiélago a la crisis migratoria y, en especial, de la de los ciudadanos de El Hierro.

El presidente ha aprovechado también su comparecencia para agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios que, excepto Vox, han respaldado la estrategia del Gobierno bajo el paraguas del Pacto Canario de la Migración. Ha anunciado que convocará una nueva reunión de este foro para analizar el contenido del decreto ley y consensuar su apoyo.

También ha tenido palabras de agradecimiento para las ONG, los cabildos, ayuntamientos y la sociedad canaria en su conjunto. Se ha referido además al “enorme e intenso” trabajo desarrollado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, los trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, las universidades públicas, la judicatura y la Fiscalía del menor. “Todos hemos remado juntos”, una estrategia de unidad que “nos ha dado fuerza para reclamar lo que era de justicia”, ha manifestado. En su opinión, el decreto ley aprobado este martes “es un triunfo de toda la sociedad canaria, que en una situación límite ha dado ejemplo al mundo” con un “sobresaliente en solidaridad y convivencia”.

Tras la aprobación del decreto ley en Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el decreto ley entrará en vigor “mañana mismo”, explicó el presidente. Después le tocará el turno al Congreso de los Diputados respaldar en el plazo de un mes el cambio legislativo. De cara a esta votación, el titular del Ejecutivo autonómico ha confiado en que el trabajo previo realizado con los grupos parlamentarios para recabar apoyos obtenga resultados positivos.

Meses de negociación y alianzas

El decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros llega tras más de año y medio de “duro trabajo” del Gobierno de Canarias en busca de una solución para la distribución efectiva de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Tras la declaración de emergencia el 30 de agosto de 2023, el presidente Fernando Clavijo abrió una negociación con el Estado para lograr un cambio legislativo que permitiera aliviar la presión sobre el sistema de acogida del archipiélago.

En busca de apoyos ante la situación límite de Canarias, el titular del Gobierno autónomo ha liderado también una ofensiva nacional e internacional para fijar el foco en la mortífera Ruta Atlántica y, en especial, en la atención solidaria de los menores migrantes no acompañados. Fruto de esta estrategia, el presidente se ha reunido con comisarios europeos, líderes del Parlamento Europeo, representantes de las regiones de la UE. También trasladó al papa Francisco la situación de emergencia en un encuentro mantenido en el Vaticano el 15 de enero del año pasado.

También ha mantenido encuentros con representantes de todas las ONG implicadas en la atención de la infancia en busca de mejoras en el sistema de acogida pese a la saturación y la falta de medios humanos y materiales para atender a los menores migrantes cumpliendo en su integridad sus derechos.

En la actualidad, Canarias acoge en solitario a 5.810 niños y niñas repartidos en 86 dispositivos, casi el triple de los que estaban abiertos cuando comenzó la actual crisis migratoria en el verano de 2023. Este volumen de menores tutelados por la comunidad autónoma se mantiene estable desde hace 15 meses, pese a la derivaciones solidarias a otras regiones y el cumplimiento de la mayoría de edad de muchos migrantes. La llegada continua de embarcaciones a las costas del archipiélago, con casi 87.000 personas rescatadas en 2023 y 2024, ha impedido rebajar la presión sobre el sistema de acogida de las islas. En lo que va de 2025, han arribado ya más de 9.500 migrantes.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, asistió en Madrid a la celebración del Consejo General de los colegios de estos profesionales

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, han celebrado una reunión en la sede del Consejo General para abordar cuestiones clave en materia de justicia social y protección de los colectivos más vulnerables en el archipiélago canario.

Este encuentro, celebrado a iniciativa del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, ha contado con la participación de su decano, Fermín Ojeda, y su vicedecana, Sandra Santana Trujillo, quienes han expuesto propuestas concretas de colaboración para mejorar la situación de las personas menores migrantes no acompañadas y fortalecer el asesoramiento jurídico a quienes están en situación de vulnerabilidad.

Delgado ha mostrado su apoyo a los profesionales y ha querido destacar “la importante labor que realizan, máxime en unos momentos tan complicados como los que vive Canarias en materia de migración”, al mismo tiempo que alabó la “capacidad de adaptación de unos profesionales que han sabido encontrar su espacio para seguir apoyando, con su compromiso y su experiencia, la necesaria equidad social”.

Durante la reunión, la consejera conoció los actos por el Centenario de los Graduados Sociales, en el que se resalta precisamente la evolución histórica de la profesión y la importancia de su papel en el ámbito jurídico-laboral y social. En este contexto, se subrayó el compromiso del colectivo con la justicia social, impulsando iniciativas de asesoramiento jurídico gratuito para personas sin recursos, un proyecto en el que se planteó la colaboración con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la propuesta del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura para facilitar la tramitación de permisos de residencia y trabajo para menores migrantes, a través de una encomienda de gestión a los Graduados Sociales. Esta iniciativa busca garantizar la protección jurídica de los menores; evitar que abandonen los centros sin la documentación necesaria y agilizar los trámites y aliviar la carga administrativa de la administración pública.

La consejera del área, Candelaria Delgado, mostró su interés en estudiar esta propuesta, reconociendo la necesidad de optimizar los procedimientos administrativos para mejorar la integración de estos jóvenes en la sociedad.

Situación migratoria en Canarias y el papel de los graduados sociales

La reunión también sirvió para analizar la situación migratoria en Canarias, evaluando los principales retos y dificultades en la gestión de los flujos migratorios. Se planteó la posibilidad de crear grupos de trabajo específicos en los que el colectivo de profesionales de graduados sociales puedan aportar su conocimiento en materia de extranjería y derecho laboral para mejorar la atención y el asesoramiento a personas migrantes.

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir avanzando en estas líneas de colaboración, con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables y mejorar la eficiencia en la gestión de trámites administrativos.

A este respecto, tanto el Consejo General de Graduados Sociales como el Colegio de Gran Canaria y Fuerteventura han reiterado su disposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias para garantizar una mayor seguridad jurídica y laboral para la ciudadanía.

La reunión supone un paso más en la consolidación del papel de los Graduados Sociales como actores clave en la defensa de la justicia social y la mejora del sistema de protección para personas en situación de vulnerabilidad.

El presidente logra el apoyo de los grupos parlamentarios integrantes del Pacto Canario por la Migración al documento pactado con el Estado

Clavijo también cuenta con el apoyo de los cabildos, los ayuntamientos y las universidades públicas para defender en Madrid el documento

Canarias defiende con una sola voz el texto legal para una distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados, una solución puntual y urgente que aliviará la situación límite del sistema de acogida del archipiélago. El presidente Fernando Clavijo ha logrado este martes el respaldo de los grupos parlamentarios que conforman el Pacto Canario por la Migración -todos excepto Vox- al documento pactado con el Estado.

También se han sumado a este frente común los cabildos, ayuntamientos y universidades públicas de las islas. Sus representantes dieron su apoyo al texto legal durante una reunión en la que Clavijo les trasladó los términos de la propuesta consensuada con el Gobierno nacional.

Tras ambos encuentros, el presidente agradeció que Canarias siga contando con una sola voz en materia migratoria. Se mostró convencido de que esta posición común dará fuerza al archipiélago en su reclamación de corresponsabilidad en la atención de los casi 5.800 niños y niñas que la comunidad autónoma acoge en la actualidad en solitario.

Fernando Clavijo explicó que, tras el sí prácticamente unánime de Canarias, se abre ahora la fase de búsqueda de apoyos en el Congreso de los Diputados para la aprobación del texto legislativo. De cara a estas reuniones que espera celebrar a principios de febrero, el presidente acudirá a la Cámara baja acompañado por los portavoces de los grupos del Parlamento autonómico firmantes del Pacto Canario por la Migración, según acordaron este martes.

Clavijo reiteró la preferencia del Gobierno de Canarias porque esta distribución extraordinaria de menores migrantes se aplique mediante un decreto ley, lo que “daría más seguridad jurídica” y evitaría que la crispación política a nivel nacional afecte a la tramitación del texto legal en el Congreso. Además garantizó que la propuesta estará abierta al enrequecimiento por parte de los grupos.

También el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha remarcado tras el encuentro con los representantes de los grupos parlamentarios la importancia de que Canarias vaya a Madrid “con una sola voz” para defender una distribución extraordinaria de menores. Cabello recordó la situación de “colapso” que vive el sistema de acogida del archipiélago y mostró su confianza en que el Congreso refrende esta solución de urgencia.

Iniciativa de Canarias y Euskadi

El documento consensuado con el Gobierno central parte de una propuesta elaborada por Canarias y Euskadi que el presidente Fernando Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales pusieron sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes celebrada el 9 de diciembre en Santander.

Tras esta iniciativa, los servicios jurídicos del Estado y de la comunidad autónoma abrieron una mesa de trabajo conjunta para perfilar los términos concretos del texto legal que llegará finalmente al Congreso de los Diputados. El documento consensuado debe recibir ahora el visto bueno definitivo del Gobierno central, para a continuación aprobarlo en Consejo de Ministros o proceder a su registro como iniciativa legislativa en la Cámara baja.

El objetivo es lograr el respaldo de las Cortes a una distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas para aliviar la situación de las regiones que tienen su sistema de acogida muy tensionado. En concreto, el acuerdo pactado con el Estado contempla la salida de 4.000 niños y niños de Canarias, además de 400 de Ceuta.

El texto legal recogerá criterios de distribución de estos menores entre las comunidades autónomas, además de la financiación que el Gobierno español aportará para costear los gastos de acogida. El portavoz del Gobierno explicó que espera que la propuesta definitiva del Estado se apruebe en una reunión interministerial y llegue “cuanto antes” al Congreso de los Diputados

Modo canario

Tras la reunión del Pacto Canario por la Migración, los portavoces de los grupos parlamentarios que firmaron en octubre de 2023 este acuerdo manifestaron su apoyo a este acuerdo para una distribución extraordinaria de menores. Todos excepto Vox coinciden en la necesidad de dar una solución urgente a la situación de saturación del sistema de acogida en las islas tras más de dos años continuados de fuerte presión migratoria.

En nombre del Gobierno, además del presidente Fernando Clavijo han participado en la reunión del Pacto Canario por la Migración celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familia, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y el viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra.

Por parte de los grupos parlamentarios asistieron a José Miguel Barragán (CC), Sebastián Franquis (PSOE), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG) y Javier Nieto (Vox).

En el segundo encuentro con representantes de la Fecai y la Fecam participaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes; el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; y los consejeros de Presidencia y Vivienda y de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez y Marci Acuña.

Asimismo, en nombre de los 88 municipios de Canarias asistieron los vicepresidentes de la Fecam, Óscar Hernández, Ana Dorta, Raúl Afonso, Rosa María Chinea, así como, el secretario general, Vicente Rodríguez, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, Isidro Pérez, y la gerente de la Federación, Rosa María Morales.

En la reunión con el presidente de Canarias y otros miembros del Gobierno autonómico participaron también los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García (ULL) y Lluis Serra (ULPGC).

Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y los estatales trabajarán en un documento legislativo que garantice el reparto de niños y niñas para aliviar la situación “límite” de Canarias

El presidente defiende la fórmula de un decreto ley por su rapidez y confía en contar con el respaldo de la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acordado con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerrar en el plazo de diez días un texto legislativo que garantice una distribución extraordinaria de parte de los menores migrantes no acompañados que acoge el archipiélago.

Según ha explicado Clavijo tras el encuentro mantenido este jueves en Madrid, se ha pactado dar este plazo a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y a los del Estado para que consensuen una propuesta de decreto ley u “otra fórmula legislativa” que sirva para “aliviar la situación límite” que vive Canarias. Una vez cerrada, dicha propuesta legislativa será elevada a la Abogacía del Estado o al Consejo del Estado para que tenga “todas las garantías” jurídicas.

El acuerdo alcanzado este jueves se produce después de que el presidente de Canarias y el de Euskadi, Imanol Pradales, elevaran a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 9 de diciembre en Santander un decreto ley para una distribución extraordinaria de parte de los 5.812 niños y niñas migrantes acogidos en la actualidad en el archipiélago.

Clavijo ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno español han puesto “algunos matices” a esta propuesta legislativa, razón por la que los abogados del Gobierno canario y los del Estado tendrán un plazo de diez días para solventar esas diferencias y consensuar un texto definitivo.

Durante el encuentro en el Ministerio de Política Territorial, Clavijo ha defendido que la distribución extraordinaria de menores migrantes debe llevarse a cabo mediante decreto ley, ya que esta fórmula jurídica garantiza una aplicación inmediata y Canarias está en una situación “límite”.

Sea o no está la fórmula, el presidente de Canarias confía en contar con esta propuesta legislativa a finales de mes, para comenzar entonces la negociación con los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, se mostró confiado en que la gran mayoría de las fuerzas políticas apoyarían esta propuesta de distribución extraordinaria de menores. “Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia como la que vive Canarias”, indicó tras recordar que el archipiélago “siempre ha ayudado a otras comunidades autónomas y esperamos la misma solidaridad”.

Además de la aprobación de este decreto ley, el titular del Gobierno autonómico también ha aprovechado el encuentro con el ministro de Política Territorial para poner sobre la mesa la situación de los 545 expedientes de asilo de niños y niñas de Mali acogidos en Canarias. Estos expedientes esperan una resolución del Ministerio de Interior para que el Estado asuma su tutela. Su cumplimiento, recordó Fernando Clavijo, también contribuiría a aliviar la presión que sufre el sistema de acogida del archipiélago.

Por último, el jefe del Gobierno canario ha destacado que no renuncia al cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería, propuesta legislativa que cuenta con el respaldo del Pacto Canario de la Migración pero que sigue sin lograr el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados.