El consejero de Transportes informa que ya se ha encargado un informe a una consultora especializada para evaluar las posibilidades técnicas de adaptar los tacógrafos a la realidad insular

“Buscamos sumar voluntades institucionales, políticas y sociales en torno a este asunto para que se pueda llevar a cabo una adaptación del tacógrafo en las islas, siempre que no afecte ni a la seguridad vial ni a los derechos de los trabajadores, y teniendo en cuenta que compete a la legislación estatal y europea y eso no se consigue de la noche a la mañana”, aseguró Franquis

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que el Ejecutivo regional sigue abierto al diálogo y al entendimiento con todos los sectores sociales para llegar a un acuerdo para adaptar el uso del tacógrafo en el transporte terrestre a la realidad de las islas y hace un llamamiento a la patronal del sector en Canarias a avanzar en esa vía del consenso y del diálogo social para llegar a acuerdos que sean positivos para todos los implicados. En este sentido, el consejero Franquis anunció que ya se está trabajando en varias medidas como el encargo de un informe a una consultora especializada que analice y evalúe las posibilidades técnicas y de configuración de los tacógrafos en los territorios insulares, y además, adoptar una estrategia común con la Comunidad Autónoma de Baleares en este asunto que implica a ambos archipiélagos.

“Desde el Gobierno seguimos estando abiertos al diálogo y al entendimiento”, manifestó Sebastián Franquis, “siempre ha sido la mejor manera de solucionar los problemas que son sensibles y la historia reciente nos da la razón, por tanto, el acuerdo para adaptar el uso del tacógrafo en las islas debe surgir de ese diálogo social, que es la mejor manera para defender los intereses de esta Comunidad. Y ahí vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de Canarias para alcanzar el mayor consenso político y social en esta materia”.

El consejero Franquis insistió en que el Gobierno de Canarias siempre ha asumido estudiar la idoneidad de adaptar el tacógrafo a la realidad insular del transporte terrestre en Canarias y esa es la posición que siempre se ha transmitido a los sectores implicados. Por eso, anunció, se ha encargado a una consultora especializada un informe que analice y evalúe las posibilidades técnicas y de configuración de los tacógrafos en las islas respetando siempre la seguridad vial y el descanso de los trabajadores.

“Hay que dejar claro que la regulación del tacógrafo es una competencia del Gobierno de España y que, por tanto, si hay que modificar determinados aspectos de estas leyes es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana”, indicó el consejero Franquis, “eso estamos, primero, en sumar voluntades institucionales, políticas y sociales en torno a este asunto para que se puedan llevar a cabo las adaptaciones que nos permita la reglamentación europea y española. Pero hay que tener bien claro que esos cambios no afecten, lógicamente, ni a la seguridad vial ni afecte al derecho de descanso de los trabajadores”.

El consejero señaló que, además del informe encargado a la consultora, el Gobierno va a seguir dando pasos para avanzar en la mejora del transporte terrestre, por eso, anunció, se ha cerrado ya un acuerdo la próxima semana con el consejero de Transportes del Gobierno de las Islas Baleares para adoptar una estrategia común con respecto al tacógrafo. Además, los grupos políticos que conforman el pacto del Gobierno van a presentar una propuesta de Resolución en el Parlamento de Canarias para buscar el consenso entre todos los grupos políticos, en la línea de avanzar en los estudios que permitan adaptar el tacógrafo a la realidad insular.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para que sigamos avanzando desde el diálogo y el entendimiento para que todos avancemos en el transporte en las islas, como lo hemos venido haciendo en las últimas fechas en aquellos asuntos que han dependido de la competencia del Gobierno de Canarias, en los que hemos dado pasos de forma considerable, como el acuerdo con el Ministerio para aplazar un año el control de los vehículos refrigerados, la puesta en marcha de nuevos planes de formación para conductores profesionales o la ayuda que se les dio hace un año a todos los transportistas bonificando un 99% el impuesto del combustible para hacer frente a los estragos de la crisis internacional”, añadió Franquis.

El consejero regional insistió en que las vías para el diálogo y el acuerdo con los sectores del transporte siguen abiertas para alcanzar el consenso. “Vamos a seguir pidiendo diálogo porque la mejor fórmula de avanzar es la vía del entendimiento y del acuerdo, y esa es la vía que vamos a seguir utilizando desde el Gobierno para poder llevar a cabo las demandas que nos están planteando. Y por eso pedimos al sector que reflexione, porque estoy convencido que este es un asunto que se tiene que resolver en los ámbitos adecuados producto del diálogo social, ya que supondría un aval extraordinario al objetivo que perseguimos todos. Por tanto, nuestra propuesta es: acuerdo social, acuerdo institucional, acuerdo político en el Parlamento, y coordinación con otros territorios insulares, como es el caso de Baleares”, concluyó Franquis.

El consejero Sebastián Franquis también aclaró que no es cierto que el tacógrafo no se aplique en la isla de Ibiza, como han comentado algunos representantes del sector estos últimos días, y precisó que el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se aplica el tacógrafo, no es extrapolable a Canarias. “Estamos hablando de dos territorios que miden poco más de 12 y 18 kilómetros cuadrados respectivamente, mientras que El Hierro supera los 260 kilómetros cuadrados, por tanto, no son realidades equiparables, primero, por su extensión y, segundo, porque no son islas, sino que están dentro de un continente”.

Por último, el consejero Franquis confirmó que hoy mismo ha mandado a los representantes de la patronal del transporte terrestre una carta que recoja cuáles son los pasos que se han dado hasta ahora y los que se van a seguir dando desde la Consejería para que el diálogo social predomine y lograr avances en el sector del transporte en la Comunidad Autónoma.

El presidente de Canarias asiste en Madrid a los actos conmemorativos del 44 aniversario de la Carta Magna

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistió esta mañana (martes 6 de diciembre) a los actos conmemorativos del 44 aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, en Madrid. En declaraciones a los medios previas a la celebración, el jefe del Ejecutivo autonómico afirmó que el texto constitucional de 1978 es el mejor ejemplo en que debe mirarse la sociedad y la política españolas para tener altura de miras, alejarse de la crispación política y seguir la senda de progreso que abrió la Carta Magna en el periodo democrático más largo y fructífero de España.

Torres indicó que “esos 44 años han sido de democracia, libertad y prosperidad”, periodo en el que “España se ha colocado en Europa y ha defendido los derechos ciudadanos tras una dictadura de 40 años y después de una transición que fue ejemplar”. Según insistió el presidente, la Carta Magna hay que “celebrarla unidos, pues fue el fruto de hombres y mujeres que separaron cuestiones ideológicas para caminar hacia un texto fundamental que se hizo cuando todavía usábamos máquinas de escribir. Quizá por eso hay que actualizarlo, pues estamos en la época de la digitalización y todo puede ser mejorable”, sostuvo Torres.

El presidente de Canarias considera que la Constitución es el mejor ejemplo frente a la crispación y a esas “diferencias que, a veces, se expresan porque estamos a seis meses de unas elecciones locales y autonómicas y a menos de un año de las generales, pero hay que tener un poco más de cabeza y altura de miras para recordar aquel magnífico día en que la sociedad española dijo sí a la Constitución y afianzó definitivamente la democracia”.

La comisión interdepartamental creada hace un año concluye que la solución más viable es que el puerto tenga un uso compartido entre industrial y deportivo durante un periodo de tiempo razonable para permitir la adaptación de las normas urbanísticas que propicien el traslado de la cementera al polígono industrial de Arinaga

El consejero y presidente de Puertos Canarios se ha reunido con los representantes de la empresa cementera CEISA, los vecinos, los representantes empresariales y turísticos, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria para alcanzar un “gran acuerdo de isla” que permita mantener la actividad industrial en otro punto y convertir el actual puerto en una instalación vinculada al uso turístico y deportivo

La clave para el consenso radica en el mantenimiento de la industria y de los puestos de trabajo asociados así como el desarrollo turístico sostenible de la zona, manteniendo las peculiaridades de esa pieza territorial estratégica en la isla de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que está trabajando con todos los sectores implicados en una serie de actuaciones que se recogerán en un “gran acuerdo de la isla” cuya finalidad será propiciar la transformación del actual puerto de Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, para que pase del actual uso industrial a uno más acorde con los usos turísticos que los diferentes documentos de planeamiento insulares y municipales conceden a esta zona del sur de la isla de Gran Canaria. El consejero inició esta ronda de conversaciones ayer mismo tras dar cuenta al Gobierno de las recomendaciones extraídas de la Comisión de Trabajo interdepartamental que se creó el pasado año, y de la que también formaron parte la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, para analizar y valorar los usos de las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

“El miércoles pasado trasladamos al Gobierno las recomendaciones de esa comisión de trabajo que, lo que viene a concluir es que el puerto se destine a un uso industrial y deportivo, por tanto, que sea un uso compartido”, afirmó Franquis, “esta recomendación está razonada por los diferentes informes que se han realizado desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental, de planificación urbanística y también desde el ámbito territorial, con la única intención de defender el interés general. Los informes de los costes y beneficios que se producen en los tres escenarios que se manejaban en un principio, indican que el escenario del uso compartido es en el que mejor se adapta en base a los usos futuros de ese puerto. Además, este uso compartido será temporal y es compatible con las actuaciones urbanísticas que se tienen que desarrollar en el futuro en la zona de El Pajar”.

Sebastián Franquis, también en calidad de presidente de la empresa pública Puertos Canarios, ha mantenido en los últimos dos días varias reuniones con los representantes de la cementera CEISA, de sectores económicos y sociales de la zona, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria en el que les ha transmitido las recomendaciones de la Comisión de trabajo que pretende, en una primera fase, mantener con un carácter temporal, el uso industrial del puerto, compatibilizándolo posteriormente con el uso de ocio y deportivo, y finalmente propiciar el traslado tanto de la concesión portuaria industrial como de la propia fábrica al Puerto de Arinaga. “Y lo hacemos por dos razones fundamentales: porque la sociedad de Gran Canaria así lo ha venido determinando en su planificación insular (tanto el PIO vigente como el que se encuentra en trámite) y porque estamos convencidos que, con el cambio del uso del puerto y el traslado de la industria a Arinaga, todas las partes salen ganando al propiciar un desarrollo turístico de la zona acorde con los valores del barrio de El Pajar”, dijo Franquis.

Las recomendaciones del informe de conclusiones de esta Comisión serán elevadas ahora al consejo de administración de Puertos Canarios, que es el organismo competente para dar las diferentes concesiones sobre el puerto de El Pajar.

Esta comisión interdepartamental se creó hace un año con un calendario de entrevistas con todas las partes implicadas y el encargo de elaborar varios informes sectoriales (socioeconómico, de evaluación del impacto ambiental y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular sobre el futuro del puerto de Santa Águeda, o el de disponibilidad de espacio en el Puerto de Arinaga). La Comisión de Trabajo partió de la hipótesis de tres escenarios posibles: mantener el uso industrial del puerto tal y como está, cambiar su uso al de un puerto deportivo y de ocio dedicado fundamentalmente al turismo, o un uso mixto de ambos escenarios.

El consejero Franquis valoró que la evaluación socioeconómica que se ha realizado en estos meses sobre el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles, indica que la opción con mayor beneficio social es la del uso mixto. Sin embargo, y aunque en una primera fase se pueda combinar ambos usos, el objetivo que se persigue es llegar a un acuerdo con todas las partes para que en un plazo razonable se pueda trasladar tanto la concesión portuaria de uso industrial como la propia fábrica de cemento al lugar indicado para ello (el Puerto de Arinaga) cumpliendo así con la vocación del uso de ocio y turístico sostenible previsto en la planificación insular del Cabildo de Gran Canaria.

“He planteado a todos los representantes de los sectores con los que me he sentado estos últimos días, empresariales, sociales e institucionales, en que es necesario alcanzar un gran acuerdo de isla en el que se comprometan todas las administraciones implicadas y todo el sector privado, en promover la transformación de esa zona de El Pajar potenciando el uso turístico con dos premisas: proteger el empleo y el tejido productivo actual de los residentes en la zona”, concretó Sebastián Franquis.

El vicepresidente y consejero de Hacienda se reúne con los portavoces de los partidos representados en el Parlamento para compartir las propuestas iniciales remitidas a Madrid y escuchar sus aportaciones

Las formaciones políticas coinciden en las demandas del Gobierno canario para exigir el incremento del peso de la insularidad, la inclusión de la pobreza y el desanclaje del REF

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se reunió hoy con portavoces de los partidos representados en el Parlamento de Canarias al objeto de promover una posición política común ante la eventual modificación del sistema de financiación autonómica, “vital porque del reparto de esos recursos depende la prestación de los servicios públicos y, por tanto, el propio autogobierno”.

A la reunión asistieron Nayra Alemán (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Fernando Enseñat (PP), Luis Campos (NC), Manuel Marrero (UP), Casimiro Curbelo, (ASG) y Ricardo Fernández de la Puente (C´s). También estuvieron presentes el viceconsejero de Planificación, Hacienda y Presupuestos, Fermín Delgado; la jefa del Área de Financiación Autonómica, Lucrecia Apolinario, y el profesor de la ULPG, Arturo Melián. Precisamente estos dos últimos, junto con María Teresa Gil, son los autores del informe remitido al Ministerio de Hacienda en el que el Gobierno de Canarias expone sus puntos de vista sobre los cambios propuestos por aquél para el cálculo de la población ajustada.

El vicepresidente recordó hoy que la población ajustada es el principal parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación, y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.

Rodríguez precisó que las demandas canarias pasan por la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro de este parámetro, además de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.

Estos extremos fueron compartidos por los asistentes a la reunión que, en todo caso, advirtieron de que el proceso de modificación del sistema está en una fase embrionaria y ni siquiera se sabe con certeza si se acometerá finalmente en la actual legislatura.

El vicepresidente señaló que “estamos ante un proceso muy complejo porque los recursos siempre son más limitados que las necesidades y ninguna comunidad autónoma está dispuesta a perder dinero”.

Detalles de la propuesta

El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.