El Consejo aprueba el decreto sobre delegación de competencias en la consejera de Economía para autorizar subvenciones directas superiores a 150.000 euros a los municipios canarios, con el fin de contratar a 3.700 personas de colectivos vulnerables

El Consejo de Gobierno acordó este jueves el decreto por el que se delega en la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la competencia para autorizar la concesión de las subvenciones directas, por valor superior a 150.000 euros, a los municipios canarios con cargo al Programa de Empleo Social (PES) para el periodo 2022-2023 hasta un importe máximo de 30 millones de euros.

Con el fin de simplificar la gestión de los fondos, y a propuesta de la Consejería de Economía, el Gobierno aprobó la delegación de competencias tras el acuerdo marco de colaboración firmado a mediados de julio entre el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, la consejera Elena Máñez como presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE) y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, para el desarrollo de tareas de utilidad pública y de reinserción social mediante la contratación de más de 3.700 personas paradas de larga duración y con riesgo o en exclusión social.

Financiadas con fondos procedentes del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las próximas ayudas agilizan su actual tramitación para aprobar e iniciar los numerosos proyectos de forma urgente con la finalidad de cumplir su propósito fundamental de permitir la atención a las personas desempleadas que no perciben ninguna prestación económica, así como de familias en las que todos sus miembros estén sin ocupación o sin ingresos de ningún tipo.

Con una duración máxima de un año, los contratos subvencionados se destinan a la realización de obras o servicios de interés general o utilidad social de competencia local como, por ejemplo, la limpieza de barrancos y márgenes de carreteras o tareas de ajardinamiento y embellecimiento en los 88 municipios canarios.

Requisitos del PES

Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80% del Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50% de las personas contratadas serán mujeres, ante la persistencia del desequilibrio existente en el mercado laboral.

Las personas interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal de promover la integración social como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE, figurar empadronadas en el municipio que realice el proyecto con una antigüedad superior a seis meses, con la excepción de cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.

El Consejo de Gobierno de Canarias informó hoy favorablemente sobre la proposición de ley que promueve el Parlamento canario ante las Cortes Generales para dar una nueva redacción a la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) en lo concerniente a las operaciones triangulares o de trading de las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria (ZEC) y que se les permita tributar al tipo del 4% en el Impuesto de Sociedades

La opinión favorable del Ejecutivo a la modificación del apartado 1.a del artículo 44 de la Ley 19/1994 del REF lo es en función de un informe elaborado por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en el que se señala la “oportunidad” y “legalidad” de la proposición de ley, si bien se señala la necesidad de que se dé efectos retroactivos a esta, de modo que queden englobadas todas las entidades autorizadas por la ZEC que hayan efectuado operaciones comerciales sin que la mercancía haya pasado por Canarias.

El informe reitera que “lo básico es la utilización real de medios personales y humanos situados en Canarias, con independencia de que los bienes se encuentren o no ubicados en Canarias en el momento de su puesta a disposición del adquirente o el comienzo de su transporte para su puesta a disposición”.

A juicio del Gobierno, el proyecto de proposición de ley ofrece claramente seguridad jurídica no solo a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, los contribuyentes, sino al sujeto activo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La iniciativa parlamentaria da respuesta a un informe de la Dirección General de Tributos estatal, que negó la posibilidad a estas empresas de comercio triangular de tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades aun contando con la autorización de la Zona Especial Canaria, donde estaban inscritas.

El informe del Ejecutivo señala también que “puesto que se trata de una propuesta de reforma relativa al Impuesto sobre Sociedades, tributo cuya aplicación y recaudación corresponden íntegramente al Estado, la Proposición de Ley no tiene incidencia en los créditos presupuestarios o en los ingresos de esta Comunidad Autónoma, por lo que se manifiesta conformidad respecto a la toma en consideración y tramitación de la iniciativa”.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, la incorporación de una partida presupuestaria de 22.943.700 euros de fondos propios de la Consejería para la ejecución del nuevo Plan Estatal para el acceso a una vivienda 2022-25 en Canarias

Esta dotación presupuestaria se suma a los 76.400.00 millones que destina el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el desarrollo del Plan en la Comunidad Autónoma que, junto con la aportación de la Consejería, ascendería a casi 100 millones de euros con el objetivo de impulsar las actuaciones en materia de vivienda pública en las islas.

Con los fondos de este Plan estatal se sufragarán muchos de los programas incluidos en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, incrementar la oferta de vivienda en alquiler o aumentar las soluciones habitacionales en el Archipiélago. Todos estos objetivos se van a desarrollar en diversas líneas de ayudas distribuidas anualmente hasta 2025, tras la formalización del convenio mediante una firma de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias.

Una vez se firme el convenio con el Ministerio en las próximas semanas, Canarias recibirá este mismo año una primera anualidad de 18.285.000 euros de ese Plan Estatal con los que financiar varios de los programas que ya están en marcha gracias al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, como el pago de las ayudas al alquiler a familias vulnerables o el Canarias Pro Hogar para los hogares en riesgo de desahucio. Este convenio permitirá intensificar los principales Ejes del Plan de Vivienda de Canarias, al consolidar la política de vivienda impulsada por la Consejería desde el principio de la Legislatura y aumentar las actuaciones en vivienda pública con una nueva aportación de casi 100 millones mediante este convenio con el Estado.

Este Plan Estatal contempla 13 programas a desarrollar entre los que destaca el programa de ayuda al alquiler, de ayuda a las personas jóvenes para contribuir al reto demográfico, el fomento de viviendas para personas mayores o el programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas. El Gobierno de España ha previsto una inversión global de 1.443 millones de euros a repartir entre las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. De esa partida, a Canarias corresponden 76,4 millones de euros lo que supone el 5,3% del total que son asignados a esta Comunidad Autónoma siguiendo los mismos coeficientes socio económicos que se fijaron para distribuir los fondos del extinto Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ahora, la Consejería incorpora casi 23 millones de euros para reforzar con recursos propios de la Comunidad Autónoma la implantación de las principales líneas de ayuda de este Plan Estatal.

Esta inversión de la Consejería es superior a los dos millones de euros por lo que ha de ser autorizado por el Gobierno de Canarias conforme establece la Ley 6/2021 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

También se autoriza la creación de un CEO y la supresión de colegios por inactividad o redistribución de su alumnado

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy jueves, 30 de junio, la ejecución de modificaciones en el Mapa Escolar de Canarias, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Así, se autoriza la creación de varios Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) por transformación de Institutos de Educación Secundaria (IES), la puesta en marcha de un nuevo Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Las Palmas de Gran Canaria, y la supresión de colegios en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, por redistribución del alumnado o debido a que no se encontraban activos.

Con efectos de 1 de septiembre de 2022, se crean los CIFP “Virgen de las Nieves” (Santa Cruz de la Palma), “Virgen de Candelaria” (Santa Cruz de Tenerife), “Felo Monzón Grau Bassas” (Las Palmas de Gran Canaria) y “Tony Gallardo” (Las Palmas de Gran Canaria), con la consiguiente supresión de los institutos del mismo nombre.

El desarrollo de la Red de Centros Integrados de Formación Profesional pretende la promoción de mecanismos de mejora de la coordinación entre la administración laboral y la educativa, para responder a las necesidades de cualificación de las personas y del sistema productivo, facilitar la integración de las diferentes ofertas de FP y rentabilizar los recursos humanos materiales disponibles.

En este sentido, cabe resaltar que en los últimos años se ha incrementado el acceso desde la Formación Profesional a las universidades públicas del archipiélago. Las estadísticas del Ministerio de Universidades reflejan que, en el caso de la Universidad de La Laguna, el alumnado que ingresó de forma directa desde FP pasó de ser el 10,3% en el curso 2022-2021 al 11,3% en el de 2021-2022. Más pronunciada aún es la tendencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que pasó del 14,2% en el curso 2020-2021 al 17,1% en el de 2021-2022. En el ámbito nacional, el 13,2% de los estudiantes recién llegados a la universidad en el curso que finaliza ahora son titulados en ciclos superiores, según publicó esta misma semana El País.

Por último, con esta medida se busca disponer de una serie de centros que se conviertan en referentes para el sector productivo y formativo de su entorno, dar un impulso a la prestación de servicios de información, orientación, y contribuir al desarrollo de los procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

Creación de un CEO

La creación del Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Las Palmas de Gran Canaria reside en la necesidad de la escolarización del alumnado procedente del Instituto “Islas Canarias” y del colegio “Islas Baleares”, que se suprimen, integrándose dicho alumnado en un solo ámbito educativo. Se responde así a la decreciente demanda escolar del segundo de los centros mencionados, así como a la necesidad de obtener un espacio para ubicar el Centro de Enseñanzas en Línea (CEL).

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado también la supresión de los CEIP “Guiniguada”, “El Gamonal” y “Tiagua”, en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Teguise, respectivamente, integrándose sus estudiantes en centros de los mismos municipios, a excepción del alumnado del CEIP “Los Llanos de la Concepción”, del municipio de Puerto del Rosario, que se integra en el CEIP “Gumersindo Martell” (Betancuria), para adecuar la escolarización a su situación actual.

El Ejecutivo concreta la distribución de los 1.937 millones de euros que corresponden a Canarias entre los objetivos políticos señalados por la UE

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la propuesta de inversiones del programa operativo del FEDER 21-27, que ascienden a 1.937 millones de euros hasta el año 2027, tras el informe presentado por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. De esta cantidad, Canarias ejecutará directamente 947 millones.

El Ejecutivo culmina así el procedimiento liderado desde el departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para la elaboración de una propuesta consensuada con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, en sintonía con el principio de asociación que rige estos programas. Antes, los centros gestores del Gobierno ya habían formulado también sus aportaciones e identificados los programas a desarrollar.

El documento contiene la distribución de recursos entre los cuatro objetivos políticos establecidos por la Unión Europea para este fondo, que incluyen “Una Europa más competitiva e inteligente”, al que se deben destinar, al menos, el 25% de la financiación y “Una Europa más verde”, al que se debe asignar el 30%, como mínimo.

Con estas condiciones de partida y a la luz del resultado de las reuniones celebradas, Canarias destinará 286,7 millones de euros al primer objetivo, que se concretarán en actividades e inversiones de I+D+I que contribuyan a una transformación económica innovadora e inteligente y a una conectividad regional en el ámbito de las TIC.

En el marco del objetivo “Una Europa más verde”, Canarias, destinará 280 millones de euros en actividades e inversiones que contribuyan a una economía con cero emisiones netas de carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.

Completan la programación los objetivos políticos denominados “Una Europa más verde; mejorando la movilidad”, al que se asignarán 30 millones de euros, y “Una Europa más social e inclusiva”, para el que se invertirán 309 millones de euros.

Estos cuatro grandes objetivos políticos se desagregan en objetivos específicos, cada uno de ellos con su propia financiación ya determinada,

La asistencia técnica para la ejecución del programa asciende a 40 millones de euros.

La suma total de estas inversiones se sitúa en los 947,2 millones de euros. El resto, hasta completar los 1.937 millones de euros, son fondos que se ejecutarán en el archipiélago, a través de la Administración General del Estado.

Estos fondos están incluidos en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2021-2027 y, en el caso concreto del FEDER, la tasa de financiación europea es del 85%.

La dotación específica como RUP que recibe Canarias es la que permite a las islas tener un mayor peso que otros territorios del Estado en el FEDER.

La decisión supone incrementar en tres millones de euros la dotación de esa partida presupuestaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 9 de junio de 2022, una ampliación de crédito de tres millones de euros para el desarrollo de proyectos relacionados con el cambio climático en Canarias.

La justificación de ese acuerdo se basa en el Plan Canario de Acción Climática, uno de los instrumentos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que contiene un conjunto de actuaciones dirigidas a la minimización o absorción de los impactos, riesgos y vulnerabilidades, reales y potenciales, debidas a este fenómeno global en las Islas.

El plan de acción climática contiene una serie de acciones de adaptación contra el cambio climático que han de ser desarrolladas por las administraciones locales e insulares y el objetivo del Gobierno de Canarias es apoyar esas medidas de adaptación climática mediante una línea de subvenciones.

Por otro lado, en el mismo programa de inversión, el denominado Proyectos de Cambio Climático, se tiene previsto llevar a cabo proyectos de adaptación climática en el litoral de Tabaiba (El Rosario), por valor estimado de 1.000.000 euros; el corredor verde en el municipio de Los Realejos, por valor aproximado de unos 100.000; un proyecto de sumidero de carbono en Guía de Isora, por valor estimado de 500.000; la adecuación del litoral de Garachico frente a la subida del nivel del mar, que se prevé que supere el millón de euros, y otros planes que están en fase de evaluación en la actualidad. Esto ocasiona que los créditos previstos inicialmente en esta aplicación presupuestaria sean insuficientes.

El documento, que se debatirá en la Cámara para su aprobación final, contempla una ficha financiera de 1.674 millones de euros para un cuatrienio

El Consejo de Gobierno acordó este jueves la remisión al Parlamento de Canarias del Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Canarias 2021-2024. Comenzará ahora su debate político y la eventual aprobación como último trámite de un documento pionero en el Archipiélago, con una ficha financiera para el actual cuatrienio de 1.674 millones de euros.

Elevado a consideración del Gobierno por la Consejería de Economía, el expediente impulsado desde la Viceconsejería de Empleo y tramitado desde el Servicio Canario de Empleo (SCE) se trasladó así a la cámara legislativa tras su toma en consideración por el propio Ejecutivo autonómico a final de mayo para el posterior informe preceptivo por parte del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, con pronunciamiento favorable.

Órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Consejo de Apoyo al Emprendimiento ya aprobó por unanimidad en abril del pasado año una versión inicial del actual plan, que desde entonces se sometió al trámite legal de consulta pública, a diferentes informes de varios departamentos de la administración autonómica y al necesario dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias.

Integrado también por otras consejerías, junto con las confederaciones empresariales y las organizaciones sindicales con mayor representatividad, asociaciones de personas trabajadoras por cuenta propia, cámaras de comercio y universidades públicas, federaciones canarias de islas (Fecai) y municipios (Fecam), el Consejo de Apoyo al Emprendimiento inició la elaboración del nuevo documento mediante un proceso colectivo a mitad de 2020, con la constitución de un grupo de trabajo.

En concreto, participaron en la redacción plural las consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y Turismo, Industria y Comercio; Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL), Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), confederaciones de empresarios (CCE y CEOE-Tenerife), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y las cámaras de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, además de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican), la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio-Laboral Anagos y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Canarias.

Marco legal y dotación presupuestaria

A través del I Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, se avanza en el cumplimiento del mandato de la Ley 5/2014 para la promoción de actividad emprendedora mediante el fomento de las personas trabajadoras por cuenta propia. Además, se impulsa la creación y consolidación de las pymes en las Islas, tras su aprobación en el Parlamento autonómico durante la VIII Legislatura (2011-2015).

Con casi 1.700 millones de euros, la ficha financiera cuatrienal del Plan de Apoyo al Emprendimiento 2021-2024 es el resultado tanto del esfuerzo conjunto como de la aportación presupuestaria desde diversas áreas de la administración autonómica, bajo la coordinación de Economía, Conocimiento y Empleo, como Presidencia del Gobierno y las consejerías de Turismo, Industria y Comercio; Educación, Universidades, Cultura y Deportes; Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, junto con Agricultura, Ganadería y Pesca.

Con seis ejes (fomento de la cultura emprendedora, capacitación de las personas emprendedoras, mejora del acceso a la financiación y al mercado, mejora de la gestión de procesos y ayudas públicas, desarrollo del ecosistema emprendedor, y medidas para la recuperación en contextos de alta incertidumbre), el documento presentado apuesta por colectivos de mujeres y jóvenes y por la economía social, además de la digitalización y la sostenibilidad, a través de un total de 77 medidas concretas.

El texto normativo pretende convertir los residuos generados en las islas en recursos, minimizar su generación y establecer la obligatoriedad del reciclaje, entre otros objetivos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Canarias, a través del informe por el que se valora la oportunidad y los objetivos de esta futura normativa.

El reto principal de este texto normativo es convertir los residuos generados por el conjunto de las actividades económicas de las islas en recursos, establecer la obligatoriedad del reciclaje, optimizar al máximo los productos o materiales, minimizar la generación de residuos y reducir su impacto en el planeta, contribuyendo a su vez a la lucha contra el cambio climático.

Además, establece obligaciones y régimen sancionador para todos los sectores y para la propia ciudadanía del Archipiélago, como parte activa de este proceso.

De esta manera, el Gobierno de Canarias ha logrado cumplir con este trámite para las tres leyes que conforman el ecosistema legislativo medioambiental que se anunció desde el inicio de legislatura. Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra ya en tramitación parlamentaria y el objetivo es que la de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular entren en la Cámara regional antes de verano de este año.

Los principios generales que conforman este documento son el de responsabilidad compartida de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Para ello todos estos sectores deben implicarse activamente, responsabilizándose en la aplicación del modelo de economía circular en su ámbito respectivo de competencia. Además, como principio general se encuentra también el de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.

El fomento de la información, transparencia y participación pública en el proceso de desarrollo de las políticas públicas a implementar a través de esta Ley también forma parte de los objetivos de esta normativa. Y, de la misma manera, la promoción de la educación para la sostenibilidad, el fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, y el fomento y apoyo a la actividad industrial en el Archipiélago canario como sector esencial para lograr que los objetivos de la Ley sean efectivos.

La oportunidad en la tramitación de esta Ley viene dada por la necesidad de dar cumplimiento a distintos hitos normativos tanto nacionales como internacionales en materia de residuos.

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030, y en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC). Desde el punto de vista europeo, destaca el nuevo Plan de la Economía Circular para una Europa más limpia y eficiente, dentro del denominado Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) y las políticas comunitarias, en el campo de los residuos.

Este hito se une a la reciente aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), un instrumento de planificación del que el Archipiélago carecía desde el año 2006, por lo que este trámite fue declarado de urgencia.

El documento será ahora remitido al Parlamento para su debatey aprobación definitiva

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la PCI y equiparael Archipiélago al resto de comunidades autónomas en la concesión de una renta garantizada

El proyecto contempla tres modalidades de renta ciudadana que se irán implantando progresivamente y un incremento de las cuantías

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 10 de febrero, en Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, paso previo para su remisión y aprobación en sede parlamentaria.

La Ley de Renta de Ciudadanía tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica. Por tanto, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.

Además, regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con la finalidad de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, no solo equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, sino que mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI.

El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías, lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita, además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

De esta forma, constituye una prestación reglada de naturaleza económica, otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible.

El anteproyecto contempla la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además, el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.