Vivienda aprueba técnicamente la ejecución de ocho inmuebles protegidos en Puntallana, en La Palma

La actuación se llevará a cabo en las parcelas 3A y 3B de Armeñime, entre las calles Antonio Machado, Pedro García Cabrera y Miguel Hernández

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación el proyecto de ejecución de 51 viviendas protegidas de promoción pública y plazas de garaje en el término municipal de Adeje, en Tenerife.

La iniciativa, que se desarrollará en las parcelas 3A y 3B de Armeñime y estará situado entre las calles Antonio Machado, Pedro García Cabrera y Miguel Hernández, cuenta con un presupuesto de 8.326.335,84 euros.

Estos inmuebles serán financiados con fondos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este lote se incluye dentro de un expediente que contempla un total de tres grupos de viviendas distribuidas en los municipios de Arona, Adeje y Guía de Isora, con un presupuesto total de 23.883.982 de euros.

La construcción de estos proyectos refleja el compromiso continuo del Gobierno de Canarias con la mejora de la infraestructura residencial en las islas, reforzando la política de vivienda que busca asegurar accesibilidad, sostenibilidad y calidad para todos sus ciudadanos.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.

Los acuerdos impulsan la construcción de nuevas viviendas protegidas de promoción pública y refuerzan el parque público de alquiler en distintos municipios de la isla

El Gobierno de Canarias refuerza la cooperación con el Cabildo y los ayuntamientos para activar suelo público y dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional en Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a petición del consejero Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno, de la firma de cuatro convenios de cooperación y una adenda entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Cabildo Insular de Tenerife y distintos ayuntamientos de la isla, destinados a impulsar la construcción y puesta a disposición de vivienda protegida de promoción pública en distintos municipios de la isla.
Los acuerdos se enmarcan dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Tenerife.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo refuerza la cooperación entre administraciones para dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional y activar suelo público, promover nuevas viviendas protegidas y ampliar el parque público residencial en la isla.

En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha sido informado del convenio específico de cooperación entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife para canalizar fondos insulares a las convocatorias autonómicas de ayudas al alquiler de vivienda habitual y, en su caso, al Bono Alquiler Joven. En virtud de este acuerdo, la institución insular realiza una aportación económica de 1,9 millones de euros, destinada a atender de forma específica a personas residentes en la isla de Tenerife que cumplan los requisitos establecidos en dichas convocatorias.

Asimismo, se ha dado cuenta del convenio interadministrativo entre el ICAVI, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el incremento de la oferta pública de vivienda, mediante la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en María Jiménez y 226 viviendas en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda una vez finalizadas. La actuación cuenta con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Por otra parte, se ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Arafo que permitirá la construcción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio, sobre suelo aportado por el Consistorio. El presupuesto global de la actuación asciende a 4.794.769,55 euros.

En la misma línea, la Consejería ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo que posibilitará la edificación de 21 viviendas protegidas de promoción pública, en un solar adquirido por el ayuntamiento, con financiación del Programa Insular Activa Suelo. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4.482.175,37 euros,

Finalmente, la Consejería ha trasladado al Consejo de Gobierno la adenda al convenio específico de cooperación que se ha suscrito el 26 de diciembre de 2024 entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife, destinado a la ejecución de siete promociones de inmuebles protegidos de promoción pública en distintos municipios de la isla.

La adenda incrementa el presupuesto inicial del convenio en 5.246.197,03 euros, elevando la inversión total hasta 50.246.197,03 euros, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones previstas y dar respuesta a la evolución de los costes de construcción.

Con estos acuerdos, el Gobierno de Canarias avanza en su política de vivienda pública en Tenerife, basada en la cooperación institucional, la activación de suelo público y el incremento del parque de vivienda protegida para garantizar el acceso a una vivienda digna.

La actuación se desarrollará en el Residencial Las Rosas, entre las calles Jamaica y Bécquer

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación la ejecución de las obras de rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 73 inmuebles protegidos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

La actuación se desarrollará en los 12 grupos de viviendas de promoción pública del Residencial Las Rosas, entre las calles Jamaica y Bécquer. Las obras, con un presupuesto de 2.116.975,04 euros, están incluidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y serán financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto contempla la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la accesibilidad, la ejecución de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, así como los estudios de seguridad y salud y la dirección de obra.

Este conjunto de inmuebles forma parte de un expediente para la rehabilitación energética que contiene otros 13 lotes de viviendas en los municipios de Candelaria, Adeje, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de Gáldar, Mogán, Valleseco, Valsequillo y Puerto del Rosario, en la provincia de Las Palmas.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Canarias continúa impulsando la transformación de barrios y entornos residenciales con mayores necesidades de intervención, reforzando la cohesión social y la calidad de vida de cientos de hogares en el Archipiélago.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria.

Esta actuación está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ha sido adjudicada por 643.186,58 euros

El Ayuntamiento de Guía ha iniciado las obras de rehabilitación de un total de 236 viviendas pertenecientes al grupo Luján Pérez, en el barrio de La Atalaya, y a los grupos Tirma I y II y Las Malvinas, situados en el casco y San Roque. Esta actuación está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y tiene como objetivo la mejora de estos edificios.

Los concejales de Urbanismo, José Manuel Santana, y de Infraestructuras, Juan Jiménez, acompañados del arquitecto técnico Carlos Reina, visitaron hoy los trabajos que se están ejecutando dentro de este proyecto, adjudicado por un importe de 643.186,58 euros a la empresa Pinturas y Reformas Montelongo.

El proyecto, redactado por la Oficina Técnica Municipal, contempla el arreglo de las zonas dañadas de las cubiertas, la reparación de desconches y desprendimientos del enfoscado y, finalmente, el pintado exterior de los edificios.

Para esta última fase de pintado exterior de las fachadas, el Ayuntamiento de Guía ha contado con la participación activa de los vecinos. Con este fin, el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, acompañado del técnico municipal Tomás Torres, mantuvo el pasado mes de noviembre diversas reuniones con los propietarios de las viviendas para explicarles con detalle el proyecto que se iba a ejecutar y la gama de colores disponibles, de manera que pudieran elegir la opción que considerasen más adecuada.

En este sentido, José Manuel Santana ha destacado la importancia de este proceso participativo, señalando que “desde el Ayuntamiento hemos querido implicar y dar voz a los vecinos en una decisión que afecta de manera directa a su entorno más cercano”. El concejal señaló que “ofrecerles la oportunidad de decidir sobre la imagen exterior de sus edificios ha permitido avanzar desde el consenso y reforzar la colaboración y el entendimiento entre la administración y los vecinos”.

Asimismo, Santana manifestó su satisfacción por el desarrollo del proyecto y por la respuesta de los vecinos, subrayando que “este tipo de actuaciones no sólo mejoran el estado de las viviendas, sino que también contribuyen a dignificar los barrios y a reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en ellos”.

Década de los sesenta

En la zona del casco y San Roque, el grupo de viviendas Tirma I, delimitado por las calles Real, Celestinita la partera y Sancho de Vargas, está formado por un total de 44 viviendas distribuidas en seis bloques de edificios construidos a finales de la década de los sesenta. El grupo Tirma II, situado entre las calles Real, José Samsó Henríquez y Poeta Bento, cuenta con 56 viviendas en siete edificios, construidos en la misma época.

Por su parte, el grupo Las Malvinas está compuesto por 40 viviendas en un edificio construido en la década de los años ochenta del pasado siglo.

En el barrio de La Atalaya, el grupo Luján Pérez, ubicado entre las calles Luján Pérez, San Martín de Porres y Dolores Roque, cuenta con 96 viviendas distribuidas en cuatro edificios.

Ocho viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Los Lentiscos I, en Caideros, Gáldar, serán objeto de una rehabilitación energética y mejoras de accesibilidad; una actuación ya aprobada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y que actualmente se encuentra en fase de licitación

La intervención, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, será financiada con fondos europeos Next Generation EU y cuenta con un presupuesto de 182.180,96 euros, según informó el consejero de Obras Públicas, Antonio Ortega.

El proyecto contempla subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería e instalaciones térmicas, además de la elaboración de los correspondientes estudios de seguridad y salud. Así mismo, se prevé la dirección facultativa del proyecto principal y sus subproyectos, así como la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 30 de enero de 2026 y una vez adjudicada, la obra permitirá transformar este conjunto residencial en un ejemplo de eficiencia energética y accesibilidad en las medianías de Gáldar.

El Gobierno de Canarias adjudica la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética de 828 viviendas públicas

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 400.154,90 euros, se desarrollarán en el Residencial Almogarén

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Almogarén, en el término municipal de Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.

Las obras, que corresponden al Lote 12 dentro de un expediente que incluye la rehabilitación energética de un total de catorce grupos de viviendas protegidas, cuentan con un presupuesto base de licitación de 400.154,90 euros. La actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del conjunto residencial, reducir el consumo energético y garantizar condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad para las personas residentes, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

A través de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa fortaleciendo la rehabilitación del parque residencial público, especialmente en aquellos municipios donde existe mayor necesidad de intervención, impulsando barrios más sostenibles, cohesionados y con mejores condiciones de habitabilidad para sus vecinos.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora peninsular, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.

La iniciativa moviliza 41,7 millones de euros para desarrollar dos promociones de vivienda protegida de promoción pública, concretamente 37 inmuebles en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado un convenio interadministrativo con la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para impulsar la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la isla.

El acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública, concretamente 37 en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que coordina Antonio Ortega, encargado de su gestión y adjudicación conforme a la normativa vigente.

El convenio articula una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.

Según establece el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., asumirá la promoción y ejecución de las obras, así como la aportación del suelo y los costes de urbanización. Finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.

Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife participa en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de una actuación de gran envergadura y reforzando la cooperación entre administraciones.

Todas las viviendas que se construyan en el marco de este acuerdo tendrán la consideración de viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente. Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.

Las promociones se desarrollarán conforme a los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, atendiendo a estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa su estrategia de incremento del parque público de vivienda en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, especialmente en islas y municipios con mayor tensión residencial. La ampliación del parque público de viviendas es una necesidad ineludible para la sociedad canaria que, en particular, demanda la modalidad de alquiler; por ello, es en esa tipología donde el Ejecutivo está centrando los principales esfuerzos, al objeto de poder disponer de un parque permanente de viviendas en esta modalidad que permita garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

La Consejería que dirige Augusto Hidalgo ayudará a que se eliminen las barreras arquitectónicas en un centenar de hogares de 19 municipios de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda dirigida por Augusto Hidalgo, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha concedido un total de 112 ayudas para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan reestructurar sus hogares para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar su accesibilidad. La cuantía total de la subvención es de 870.000 euros, un 31% más de los 600.000 euros inicialmente previstos.

Las ayudas, que serán otorgadas a las familias a través de los ayuntamientos, permitirán que 112 familias de 19 municipios de la Isla puedan ganar seguridad y autonomía en su día a día gracias a la reestructuración de sus hogares. Las ayudas se dan por medio de los ayuntamientos que están conveniados, 19 de los 21 de la isla. En los municipios que no están conveniados las obras las ejecuta directamente el Consorcio.

“Se trata de una medida con un claro impacto social, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y contribuye a construir una isla más accesible, justa e inclusiva”, explicó el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo. Esta línea de subvenciones se enmarca en la estrategia de ayudas que ya ha llevado a cabo el Consorcio de Viviendas en los últimos años para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas en los hogares con menos recursos de la isla.

Las ayudas concedidas por el Consorcio de Viviendas a las familias se han repartido según una baremación establecida por puntos y el máximo que ha recibido cada familia es de 15.000 euros para habilitar su hogar o zonas comunes. Entre las actuaciones que se financian a través de estas subvenciones se encuentran la creación de rampas, la instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad en las entradas a las viviendas. En el interior del hogar, se subvencionará la adecuación de los cuartos de baño, instalación de suelos antideslizantes, de apoyos y pasamanos y mejora de la anchura de las puertas.

También se ha incluido en estas ayudas las mejoras de las barreras en la comunicación que puedan sufrir estas personas a causa de su discapacidad, por lo que se subvenciona la instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, videoporteros, timbres con elementos luminosos, elementos de señalización, así como otras ayudas técnicas para el hogar de tipo vibratorio, lumínico o auditivo. “Con la concesión de estas ayudas, desde el Cabildo de Gran Canaria reforzamos nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”, remarcó el vicepresidente.

Con esta rúbrica se moviliza una inversión total de más de 29,2 millones de euros para la construcción de cinco promociones de alquiler asequible en los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana

El Ejecutivo asume cerca del 50% de la inversión, mientras que el resto es aportado por el Consorcio (34%) y por fondos Next Generation EU (17%)

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y refuerza la mayor inversión pública en vivienda de la historia del Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, han firmado este miércoles el convenio interadministrativo entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para impulsar la construcción de 126 viviendas públicas en la isla.

Durante el acto también han estado presentes el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega; la coordinadora insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Elena Suárez, y la directora del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Lourdes Armas.

El acuerdo permitirá activar una inversión total de 29.269.779,14 euros. Las actuaciones se integran en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio, y 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España.

Durante su intervención, el consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación de las familias canarias y una de las mayores urgencias sociales a las que debemos dar respuesta. En Canarias esta realidad presenta singularidades que nos obligan, como responsables públicos, a actuar con determinación y a sumar esfuerzos entre administraciones. Ese trabajo conjunto entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias se traduce hoy en un compromiso firme para afrontar la emergencia habitacional desde la cooperación y la acción”.

“Gracias a esta colaboración impulsamos cinco promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible, con una inversión conjunta de cerca de 30 millones de euros, que permitirán la construcción de 126 viviendas en Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana. A partir de comienzos del próximo año iniciaremos su licitación, con el objetivo de que 126 familias puedan iniciar un proyecto de vida en un hogar digno y accesible, avanzando así en uno de los grandes objetivos de las políticas públicas de vivienda”, ha apuntado Rodríguez.

Asimismo, el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha valorado la importancia de la colaboración entre administraciones para ofrecer viviendas públicas a la ciudadanía.

“En definitiva, como digo, el objetivo fundamental es la de poder construir vivienda a la mayor velocidad posible, de carácter protegido para que las clases medias puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas y además con un alquiler asequible, que es el formato que va a garantizar que a medio plazo podamos ir amortiguando la gran carencia que hay en este momento, o por lo menos, la dificultad que hay para acceder a una vivienda en Canarias, como ocurre en el conjunto del Estado. Así que hoy estamos de enhorabuena porque en un medio plazo, podremos tener esa vivienda a disposición”, ha afirmado Augusto Hidalgo.

29 millones de euros para 126 viviendas públicas en Gran Canaria

En concreto, en el municipio de Gáldar se construirán 52 viviendas, distribuidas en dos promociones de 26 viviendas cada una (parcelas M18 y M19), con una inversión de 5.734.646,03 y 5.677.192,14 euros.

Por su parte, Santa Lucía de Tirajana acogerá 29 viviendas públicas, repartidas entre una promoción de 21 viviendas en Casa Pastores y otra de 8 viviendas en la calle Severo Ochoa, que supondrán una inversión de 5.027.637,20 y 1.850.145,01 euros, respectivamente.

Finalmente, en Santa María de Guía se ejecutará una promoción de 45 viviendas en la zona de Pineda, con una inversión prevista de 10.980.158,76 euros.

Una estrategia 360º en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha puesto en valor los avances logrados en política de vivienda en los dos últimos años, recordando que “Canarias vive el mayor impulso de vivienda pública de su historia, con más de 2.000 viviendas en distintos procesos de construcción a través del ICAVI y VISOCAN y una inversión superior a los 300 millones de euros”. Un esfuerzo que, según ha señalado, “ha permitido romper una década de parálisis en la construcción y entrega de viviendas en islas como Tenerife y Gran Canaria”.

Este impulso se consolida, además, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que destinan más de 200 millones de euros a políticas de vivienda. Entre las principales medidas puestas en marcha, el consejero ha destacado el refuerzo de las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven, que beneficiará a cerca de 4.000 jóvenes, las nuevas ayudas a la adquisición de vivienda, la futura Hipoteca Joven, la simplificación administrativa a través de dos decretos leyes ya aprobados y la implantación de instrumentos pioneros como la Vivienda Asequible Incentivada.

“Estamos desarrollando una estrategia integral, una política de vivienda 360º, que combina inversión, reformas normativas y colaboración interadministrativa para acelerar los procesos, reactivar promociones paralizadas desde hace más de una década y generar un cambio estructural duradero”, ha recalcado Rodríguez, quien ha añadido que “el objetivo es dejar atrás el inmovilismo normativo y avanzar de manera sostenida para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades”.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa ampliando el parque público de vivienda en colaboración con cabildos y ayuntamientos, priorizando aquellos municipios e islas con mayor tensión residencial y reforzando el papel de la vivienda pública como eje central de las políticas sociales del Archipiélago.