Para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas a tres niveles: Unión Europea, gobierno de España y Comunidades Autónomas

Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA han acordado esta mañana retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas.

El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. “Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.

Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, se debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias.

Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado a nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son “víctimas inocentes”. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo:

Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto.

Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.

Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.

Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.

Solo un 14% de los agricultores, según una encuesta realizada por UPA, utiliza la asociación de cereales y leguminosas como parte de su rotación habitual. El motivo: las múltiples barreras (agronómicas, de mercado o formativas) que encuentran los productores para apostar por esta práctica

España cuenta con casi 12 millones de hectáreas de cultivos extensivos, de las cuales unos 6 millones se dedican a la producción de cereales y alrededor de un millón se dedican a producir cultivos leguminosos, principalmente guisantes, veza, alfalfa, yeros, lentejas y garbanzos. Los agricultores españoles han abandonado en gran medida el cultivo de leguminosas en las últimas décadas por diversas razones, en las que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha ahondado mediante la elaboración de encuestas que arrojan luz sobre la situación de este cultivo en nuestro país.

El trabajo de investigación se ha desarrollado en los últimos meses en el marco del proyecto europeo Leguminose, en el que participan UPA y el CSIC, que trata de fomentar las posibilidades de desarrollo de la técnica conocida como intercropping, basada en mezclas de cereales y leguminosas.

Las encuestas han mostrado datos preocupantes, como que sólo el 5% de los agricultores utiliza las leguminosas para mejorar la fertilidad de sus suelos, frente al 41% que utiliza estiércoles o purines, solos o combinados con fertilizantes minerales. Sobre la asociación entre cereales y leguminosas, apenas el 14% de los agricultores encuestados asegura que la asociación de cereales y leguminosas suele formar parte de su rotación, y el 25% nunca ha oído hablar de esta posibilidad, aunque el 32% cree que hay bastantes probabilidades de que pueda realizar esta práctica.

Entre los motivos de la baja apuesta por implantar las asociaciones de cultivo cereal/leguminosas, el 32% cita la falta de maquinaria adecuada; el 39%, la falta de ayudas específicas –algo que la nueva PAC trata de cambiar– y el 34% la incertidumbre sobre los rendimientos. La falta de formación (23%), la dificultad de venta del producto obtenido (35%) y el control de las malas hierbas (24%), son los otros motivos por los que no se desarrollan más estos cultivos.

Las posibilidades de las leguminosas

El cultivo de leguminosas aporta significativos beneficios al campo, al mejorar la estructura de los suelos y su materia orgánica, algo muy importante en el contexto de crisis climática. Sobre estos aspectos también fueron consultados los agricultores, de los cuales un 78% aseguró haber sufrido episodios de sequía importantes; un 40%, fenómenos de erosión y un 50% episodios de baja fertilidad de sus suelos. Así mismo, el 22,5% aseguró haber sufrido inundaciones y un 70% infestaciones de malas hierbas.

Sobre las ventajas más destacadas que observan los encuestados ante la posibilidad de incorporar leguminosas están la reducción del uso de fertilizantes (señalado por un 47%), el aporte de nutrientes al cultivo siguiente (40%), la mejora de la estructura del suelo (39%), y la colaboración en el control de malas hierbas (35%) y plagas y enfermedades (34%). Precisamente estos dos últimos apartados son considerados como muy importantes y que exigen una monitorización continua por casi uno de cada dos agricultores.

UPA está realizando en estos momentos ensayos en campo en hasta once localizaciones en cinco regiones de España para analizar las posibilidades y los problemas del intercultivo de cereales y leguminosas, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses. Esta información servirá para ayudar a los agricultores a planificar sus siembras, una tarea que cada vez requiere de un mayor asesoramiento.

Preguntados sobre la selección de variedades, el 72,5% asegura hacerlo de manera concreta por su respuesta a enfermedades o por competencia con malas hierbas o que tengan un alto rendimiento y el 77,5% hace la elección basándose en su propia experiencia de años anteriores. Además, el 60% asegura planificar qué cultivos sembrar en la mayoría de la explotación con meses de anticipación, y el 45% elige cultivos que le ayudan a mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo. Sólo el 40% aseguró planificar las siembras en función de las señales del mercado.

Frutas y hortalizas, porcino y leche explican la subida de la renta agraria en un año marcado por la crisis climática. Cereales, olivar y viñedo se llevan la peor parte. 2023 ha sido el año de consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria y la nueva PAC empieza a aplicarse sin dramas

Los datos lo confirman: 2023 ha sido el peor año de la historia –desde que hay registros– en lo que respecta a la meteorología. Esto ha provocado graves pérdidas en sectores muy importantes de la agricultura española, especialmente en el olivar, el cereal y el viñedo, con reducciones de hasta el 50% del valor de la producción, y con efectos claros en toda la cadena alimentaria, en forma de encarecimiento de los precios a los consumidores.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha realizado su informe del año 2023 sector por sector, con un balance que califican de “descorazonador”, por varios motivos: La cifra global de renta crece un 11% respecto a 2022, lo que se explica por el comportamiento de las frutas y hortalizas, el porcino y la producción de leche, sectores que aportan más de 41.000 millones del total de unos 65.000. Sin embargo, otros sectores de enorme importancia para España, como los cultivos herbáceos, el olivar o el viñedo, han tenido reducciones “brutales”, debido a la mala meteorología, lo que ha disparado las cifras de los seguros agrarios tanto en contratación como en indemnizaciones, así como en subvenciones, que son las mayores de la historia, sufragando hasta el 70% de los costes.

En este contexto, los agricultores y ganaderos han cubierto de forma mayoritaria sus costes de producción que, a pesar de haber bajado respecto a 2022 un 4,6%, se mantienen en niveles “disparados” en comparación con 2020 y 2021. La Ley de la Cadena Alimentaria –con sus sanciones públicas y el nuevo registro de contratos– ha dejado su efecto positivo en un año además muy complejo marcado por la sequía. Se demuestra que es y será una herramienta clave en el futuro de la cadena alimentaria.

2023 ha sido también el primer año de aplicación de la nueva Política Agraria Común. La PAC ha comenzado a aplicarse con un enorme esfuerzo por parte de los y las técnicos de las organizaciones agrarias, que se han encontrado con numerosas dificultades en la tramitación. Pero también es cierto que la nueva legislación deja efectos tangibles ya en el campo español, desmintiendo a las voces agoreras que llevan años tratando de torpedear la reforma.

Retos para 2024
Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles afrontan 2024 con grandes incertidumbres, sobre todo en materia meteorológica, pero también en los aspectos geopolíticos que les afectan en gran medida. UPA está reclamando ajustes en la PAC para adaptarla a la realidad del campo español. Cuestiones como permitir realizar tratamientos en los barbechos, realizar labores superficiales en determinados casos, mantener la reducción de los porcentajes mínimos obligatorios de superficie rotada o que haya una revisión al alza de la admisibilidad de pastos, para favorecer a la ganadería extensiva, son medidas “muy necesarias para los agricultores”, según la organización.

Otros retos muy importantes para 2024 serán seguir incrementando el apoyo público a los sectores afectados por la crisis climática, los costes de producción y los problemas de mercado. También seguir reforzando las políticas contra el despoblamiento, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, como los grupos de población más vulnerables y necesarios para garantizar el futuro del medio rural.

UPA espera también que en este 2024 se den pasos adelante importantes en la redacción de la Ley de la Agricultura Familiar, otra reivindicación histórica de la organización que, junto a la Ley de la Cadena Alimentaria, que debe seguir reforzándose para asegurar su cumplimiento, y la primera PAC orientada a proteger este modelo de agricultura, debe ser uno de los pilares del progreso sostenible de los pueblos y las familias que, viviendo y trabajando en ellos, se dedican a producir alimentos.

Unos días después del ataque francés contra el vino español, UPA describe un panorama desolador en el sector tras la vendimia: precios bajos en origen, costes disparados y un mercado lejos de los niveles prepandemia

El sector del vino vive un momento muy complicado. Ahora que concluye la vendimia de este año, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reunido a su Sectorial Vitivinícola para hacer balance de la campaña, con resultados que tildan de “desoladores”. La rentabilidad de los viticultores se ha hundido hasta el punto de poner en peligro su supervivencia en prácticamente todas las regiones españolas.

Unos días después de que viticultores franceses organizasen una acción violenta en la frontera de los Pirineos contra el vino español, los productores de uva españoles lamentan un ataque que califican de vandalismo. El ataque francés ha sido calificado por UPA de “ilógico e injusto”, pues el contexto en España es aún más complejo que en Francia: La producción este año baja un 15% respecto a 2022, que ya estuvo por debajo de la media, hasta situarse en 34,24 millones de hectolitros de vino y mosto. A pesar de esa escasa producción se están dando importantes problemas de mercado, con bajos precios en origen y altos costes.

El cambio climático está golpeando duramente al sector del vino, provocando un bajo rendimiento y una escasa producción por la sequía, las olas de calor y las lluvias a destiempo. A ello se suma el incremento de los costes de producción en partidas como los combustibles, los abonos o la maquinaria.

Medidas de contención insuficientes

A pesar de las medidas de contención de la oferta puestas en marcha este año, como la cosecha en verde -regulada en once comunidades autónomas- o las destilaciones de crisis en La Rioja, Cataluña, Extremadura y País Vasco, UPA cree que “no han sido suficientes para amortiguar el descenso de precios y fomentar un mercado ya de por sí muy debilitado”.

El consumo de vino sigue bajando en el mercado interior, con un volumen de 9,6 millones de hectolitros (un descenso del 6,4% en el interanual), muy lejos de los más de 11 millones de hectolitros que llegamos a alcanzar en los meses previos a la pandemia. Las exportaciones, a pesar de haberse incrementado en valor, algo lógico dentro del contexto inflacionista, descienden en volumen, marcando una tendencia “muy preocupante” para un país como España, que es el primer exportador mundial de vino en volumen.

“Estamos ante un problema de mercado”, aseguran desde UPA, generado “no por excedentes”, sino por falta de consumo interior y exterior. Además se constata una tendencia del precio a la baja, tanto en precios de uva, como de vino y consumo en la categoría de los tintos, mientras que hay un crecimiento en la demanda de vinos blancos.

Reformas para proteger a los viticultores

Los viticultores creen que es imprescindible reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para proteger la supervivencia del sector productor en el futuro. También la intervención sectorial vitivinícola (ISV), que sustituye en la nueva PAC al PASVE de años pasados, debe modificarse para adoptar mecanismos de gestión acordes con la oferta.

También la cosecha en verde supone para UPA una opción que hay que mantener en determinadas campañas para poder controlar la producción y evitar posibles destilaciones de crisis que además son cuestionables desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Además, UPA va a seguir insistiendo en introducir una medida de ayudas a inversiones en explotaciones vitícolas, porque está incluida en las opciones dentro de la normativa comunitaria, y que ya fue reclamada desde la organización a pesar de que el Ministerio de Agricultura no consideró conveniente su inclusión en el conjunto de medidas de la ISV.

El papel de la Interprofesional

UPA ha calificado de “instrumento vital para el sector” el Plan Estratégico elaborado en el seno de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), con diversos ejes, medidas y acciones, sobre la que actualmente se está trabajando y en la cual UPA apuesta decididamente por medidas como la futura norma de comercialización que tenga por objetivo una autorregulación del sector.

También UPA se ha referido a los ecorregímenes vinculados al sector, señalando la necesidad de fomentar estas medidas, pero también modificando sus condiciones y requisitos para que puedan ser aplicables desde una manera más óptima y rentable para las explotaciones vitícolas.

Una de las grandes verdades, que hemos vivido y escuchado los que nos hemos venido dedicando a la agricultura y la ganadería en los últimos 40 años, ha sido constatar, una y otra vez, nuestra gran capacidad de adaptación a los cambios

Comenzamos por asumir la modernización y la mecanización del trabajo en el campo, la apertura de los mercados tras liquidar los restos del franquismo y el inmenso reto de la integración en Europa, donde inicialmente éramos más temidos que deseados.

Nada más entrar en la Política Agraria Común, empezaron las reformas, una tras otra, hasta ahora mismo; en tanto que la Unión Europea se ampliaba a nuevos miembros, el mundo se globalizaba (para lo bueno y lo malo) y comenzaba a cobrar fuerza la preocupación de los más preocupados del mundo -entre los que estamos nosotros- por las amenazas del cambio climático y la necesaria sostenibilidad de los recursos naturales.

Sin olvidar los enormes progresos en transformación digital y la presión injustificable de los grandes operadores industriales y comerciales para machacar a los productores, conseguir materias primas por debajo de coste y utilizar esas malas prácticas en aras de ganancias propias de competitividad y rentabilidad.

A todo ello nos hemos adaptado y hemos dado cumplida respuesta, provocando leyes que acaban con injusticias, como la de la Cadena Alimentaria, y siendo muy influyentes en los avances de la PAC, entre otras cosas.

Por eso ahora, cuando está a punto de cumplirse el primer año de la nueva PAC, vemos que las y los agricultores y ganaderos familiares, que somos labmayoría en España, nos esforzamos en adaptarnos a los cambios y acogernos a todos los instrumentos que conllevan apoyo económico, tales como los ecorregímenes. Aunque para ello también necesitamos apoyo y reconocimiento a las dificultades que conlleva.

Estamos realmente en el primer paso de un nuevo camino, en el que no solo nos jugamos más o menos ayudas de la PAC de cada cual en cada año, sino una verdadera transformación de la actividad en todos los sectores, adaptada a los condicionantes climáticos, a la sostenibilidad de los suelos, al bienestar animal, a la capacidad de adecuar nuestros productos a los hábitos cambiantes de los consumidores. En fin, una vez más, estar a la altura de los tiempos.

Pero para todo ello hace falta apoyo, asesoramiento, formación, compresión e impulso. Y ante estos retos, nuestro compromiso, el de UPA como organización de la agricultura y la ganadería familiar, tiene mucho valor, como se está comprobando a este año con la intensidad del trabajo en las oficinas territoriales de UPA en toda España. Porque si algo está demostrando la nueva PAC es la importancia estratégica del asesoramiento a pie de campo.

Estamos en puertas del arranque de una nueva legislatura. Torpe será el nuevo Gobierno que se forme si no entiende, de una vez por todas, que las organizaciones agrarias somos sus mejores aliadas para el progreso de la agricultura y la ganadería.

Nuestra esperanza es conseguir, por fin, que quienes asumen responsabilidades políticas y administrativas, como servidores públicos a nuestro servicio, no se dejen atrapar por la ceguera de creer que cuando reivindicamos y nos manifestamos, yexigimos lo que creemos justo, estamos buscando el enfrentamiento agresivo y destructivo. No, al menos, en el caso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

No nos gustan los mensajes catastrofistas sobre Europa como un supuesto gran enemigo del campo español, porque son proclamas siempre envueltas en hipocresía, cuando vemos que muchos de estos mensajeros del desastre son grandes propietarios de tierras, que han sido y son los mayores beneficiarios del esfuerzo fiscal de todos los europeos con la PAC.

En UPA no nos gusta convertir los problemas en excusa y paradigma. Muy al contrario, nuestra misión es desvelar los problemas, denunciarlos, destriparlos y contribuir a solucionarlos. Y además lo hacemos, casi siempre con buen resultado.

Progreso y cambio son los ejes de la lucha sindical. Por eso queremos creer que “Todo cambia”, como escribió el compositor chileno Julio Numhauser en 1982 y que inmortalizó Mercedes Sosa con su voz, en cuyo estribillo se incluyen los versos “cambia lo superficial / cambia también lo profundo / cambia el modo de pensar / cambia todo en este mundo.

En ello estamos.

Editorial del número 295 de La Tierra de la Agricultura y la Ganadería.

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) reclama al Gobierno que "se mantenga firme" en su decisión y que siga siendo un modelo ante sus homólogos en la Unión Europea para que se guíen por el criterio científico

La decisión del voto a favor de renovar la aprobación de uso de glifosato, amparada en el criterio científico, es esencial para la competitividad y sostenibilidad del sector productor agroalimentario

Desde la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), integrada por las organizaciones de agricultores ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos, AEAC.SV, agrupadas para asegurar la sostenibilidad agrícola, queremos trasladar nuestro respaldo al Gobierno de España por su votación a favor de la renovación de glifosato.

La votación, producida el 13 de octubre de 2023 en el seno del conocido como SCoPAFF, el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, que emite dictámenes que informan el trabajo de la Comisión Europea, es una decisión acertada que se fundamenta en el criterio científico, y una clara muestra de apoyo del Gobierno al sector productor español y del conjunto de la Unión Europea.

La decisión de votar a favor conlleva, además, un impacto positivo directo para los consumidores españoles y europeos. En un contexto de inflación, se podrá seguir empleando una herramienta que contribuye a la productividad agrícola y que permite llevar a los hogares productos seguros y sostenibles sin encarecer innecesariamente el coste de producción.

El glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura. Nuestros cultivos se desarrollan en un medio ambiente donde tienen que competir con las malas hierbas por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol, lo que puede llevar a grandes pérdidas. Necesitamos controlar estas malas hierbas para poder cultivar con éxito. Para ello, llevamos cerca de 50 años utilizando el glifosato de forma segura.

La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la autoridad competente europea de la que nos hemos dotado los ciudadanos de la UE, ha determinado tras rigurosos estudios científicos, que el glifosato es seguro para los usos a los que está destinado. El criterio científico es la mejor y única garantía para el desarrollo de una producción agroalimentaria sostenible y segura.

La evidencia científica, además, arroja que el glifosato contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la UE en términos de lucha contra el cambio climático al permitir que los agricultores adoptemos prácticas de agricultura regenerativa, como la agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y mejora la calidad del agua. Estas prácticas agrícolas permiten una gestión proactiva para la mejora de la calidad de la tierra y para evitar la pérdida de suelo fértil por elementos como la erosión o la escorrentía.

Por todo ello, desde ALAS, reclamamos al Gobierno que se mantenga firme en su decisión que, amparada en el criterio científico, resulta esencial para la sostenibilidad y competitividad de nuestra producción agroalimentaria, siendo un modelo para sus homólogos europeos en la toma de decisiones basadas en la ciencia.

¿Qué es ALAS?

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sostenible. ALAS está integrada por las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV).

El Concurso de Fotografía del Mundo Rural alcanza las 17 ediciones con una nueva edición dedicada a la innovación y tradición en la producción de alimentos. El plazo de participación estará abierto hasta el 15 de noviembre

Un año más, y ya van 17, los organizadores del concurso FotoRural lanzan una nueva edición de este certamen fotográfico, el mayor de los que se celebran dedicados al medio rural. Este año, su temática central será la “Innovación y tradición en la producción de alimentos”. El concurso, organizado por la Fundación de Estudios Rurales de UPA, la editorial agroalimentaria Eumedia y FADEMUR cuenta con el patrocinio principal del Foro Interalimentario y con la colaboración de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino (INTEROVIC), que patrocinan premios específicos.

El medio rural es el entorno en el que se producen los alimentos con los que se alimenta toda la sociedad. Los y las agricultores y ganaderos son la base de una cadena alimentaria que se completa con las industrias alimentarias, de mayor o menor dimensión, y de carácter más o menos artesanal, y con los establecimientos de la distribución comercial.

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El Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2023 premiará imágenes que muestren esa labor de producción de alimentos, la principal actividad económica de las zonas rurales, y que supone también un importante repositorio de prácticas tradicionales y culturales sobre las que se articula la vida de los pueblos. Unido a ello, la producción de alimentos no es ajena a las importantes innovaciones tecnológicas que se incorporan constantemente a todas las actividades productivas.

El Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2023 centra su temática general en esa labor de producción de alimentos, desde su obtención en las granjas y parcelas, hasta llegar al consumidor tras pasar por distintos procesos de transformación, envasado y distribución. Unos procesos en los que la modernización e innovación se introduce sin perder de vista la tradición.

El Ministerio de Cultura y Deporte continuará patrocinando el premio a la fotografía del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Medio Rural, para el que se valorarán las imágenes que reflejen el conjunto de creaciones basadas en la tradición del mundo rural en España: Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, rituales, fiestas, mitologías y artesanía.

La Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) que entregará el premio a la mejor Fotografía del Ovino y el Caprino en el medio rural en España. FADEMUR continuará otorgando el premio a la fotografía de las Mujeres Rurales, con el patrocinio del Foro Interalimentario, destinado a fomentar la igualdad también en la práctica de la fotografía.

Fotografía comprometida con el medio rural

El concurso, en el que desde 2006 han participado casi 11.000 fotógrafos y fotógrafas repartirá este año más de 3.000 euros en premios a las fotografías que mejor reflejen la realidad del medio rural en España, con especial atención a la agricultura y la ganadería, como actividades imprescindibles en la vida y la economía de los pueblos.

El plazo para participar ya está abierto, y se prolongará hasta el próximo 15 de noviembre. La inscripción y envío de fotografías se puede realizar desde el sitio web oficial del concurso: concursofotorural.es

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que afecta a los rumiantes, está causando complicaciones y pérdidas económicas a los ganaderos. Aunque no se transmite a humanos ni afecta a la calidad de la carne, la EHE provoca problemas y mortandad sobre todo en el vacuno. UPA pide un plan que aborde el problema con medidas de apoyo a los ganaderos

Un nuevo problema se suma a los muchos que afrontan los ganaderos y ganaderas españoles: Se trata de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), una patología detectada por primera vez en España en noviembre de 2022 y que en los últimos meses se ha extendido por varias regiones del país.

La EHE es una enfermedad vírica infecciosa típica de zonas como América del Norte, Australia, Asia y África. Es una patología no contagiosa transmitida por mosquitos de la variedad Culicoides y que afecta a rumiantes domésticos, especialmente el vacuno, y salvajes, como ciervos, gamos y corzos. Los ganaderos deben declarar obligatoriamente si sospechan de síntomas, pero sin embargo no se reconoce como enfermedad “de saneamiento ganadero”, por lo tanto los ganaderos no reciben ayudas por hacer frente a la infección o el sacrificio de sus animales.

La organización agraria UPA ha recogido el sentir de los primeros ganaderos afectados, que están percibiendo un incremento de la mortandad en el vacuno, además de una bajada de la producción. “Esto se suma a la restricción de movimientos del ganado, además de una falta de información que provoca un gran desconocimiento de este nuevo problema de sanidad animal”, según la organización de agricultores y ganaderos.

UPA ya pidió la semana pasada por carta al Ministerio de Agricultura que se tome en serio este problema y convoque una reunión con los sectores y territorios afectados, para diseñar un plan de control y erradicación de la EHE, que incluya medidas de apoyo a los ganaderos, asfixiados por el incremento de los costes de producción.

Cambios en el control de la lengua azul

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido también al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un cambio en el procedimiento de control de la enfermedad de la lengua azul, que ya es endémica en España. Se da el caso de que los ganaderos que quieren enviar animales a matadero tienen que vacunar 21 días antes de ir a sacrificio, más una segunda dosis pocos días antes del sacrificio.

Este procedimiento es “un sinsentido”, según UPA, puesto que al ir a matadero no hay posibilidad de que se produzcan contagios. Además es “un proceso carísimo”, detallan, “porque hay escasez de veterinarios y el precio a pagar es de entre 50 y 100 euros por vaca. Una situación que se ve agravada por el incremento general de los costes de producción”.

Las explotaciones agrarias de titularidad compartida pueden solicitar desde hoy una ayuda de hasta 12.000 euros, en función del número de empleados. Hasta la fecha, a nivel nacional, el programa Kit Digital ha concedido cerca de 280.000 ayudas en conjunto, en todas las convocatorias

Se ha abierto una nueva convocatoria del programa Kit Digital, un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Este programa busca promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. La nueva convocatoria se dirige a comunidades de bienes, explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida y sociedades civiles profesionales y con objeto mercantil.

El programa Kit Digital supone la concesión de un “Bono digital” para las empresas, autónomos y entidades beneficiarias La cuantía del bono puede ser de 12.000 euros, 6.000 euros o 2.000 euros (dependiendo del número de trabajadores de la entidad, empresa o autónomo) para ser invertidos en una o varias soluciones que componen el catálogo del Programa y que son implantadas por “agentes digitalizadores”.

Hasta la fecha y en conjunto de todas las convocatorias abiertas el programa Kit Digital ha concedido cerca de 280.000 ayudas, lo que supone que alrededor de 1.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU han llegado a las pymes y autónomos españolas para implantar soluciones básicas de digitalización.

El campo se digitaliza

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha recordado que en sus oficinas asesoran y ayudan a los agricultores y ganaderos a tramitar este programa. UPA lleva varios meses colaborando con Red.es para facilitar el acceso de sus afiliados y afiliadas al programa Kit Digital. Hasta ahora, la organización agraria ha organizado jornadas informativas, ha desplegado una campaña de difusión y está realizando asesoramientos personalizados a profesionales agrarios.

Desde UPA han asegurado que la tecnología digital abre “grandes posibilidades” para los agricultores y ganaderos y animan a todos ellos a solicitarlo. Las ayudas pueden invertirse en herramientas y apps para conectar a Internet la maquinaria agrícola, en aplicaciones para realizar el cuaderno de campo digital, requisito que será pronto obligatorio, o en sistemas para realizar mapas de rendimientos y de siembras, y optimizar el uso de fitosanitarios, fertilizantes o agua. Otras opciones son las tecnologías digitales de riego o de monitorización de los invernaderos o las granjas.

Los ganaderos también pueden implantar dispositivos para monitorizar su ganado, haciendo uso de tecnologías como el GPS, lo que puede suponer una mejora muy importante en rentabilidad, y en bienestar y calidad de vida, tanto de los animales como de los ganaderos.

Nuestro valor social tiene rango de ley

Todas las instituciones democráticas en España están iniciando en el verano de 2023 un nuevo ciclo político, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y especialmente tras las elecciones generales de 23 de julio, cuyos resultados, dentro de una cierta incertidumbre, parecen apuntar hacia el intento de repetir los pactos que permitan renovar un Gobierno progresista.

Un nuevo periodo legislativo y de gestión política y administrativa cuyo primer reflejo es la diversidad de partidos políticos y coaliciones de orientaciones ideológicas distintas gobernando en un amplio y complejo entramado de instituciones de todo tipo, como síntoma de fortaleza democrática y de compromiso con la gestión pública, aunque cada cual se sienta lógicamente más próximo o alejado de unas u otras sensibilidades políticas.

Por ello, con la ilusión que generan todos los principios, este arranque de legislatura se presenta especialmente propicio para impulsar iniciativas que miren al futuro, busquen soluciones para resolver problemas y, sobre todo, abran nuevas vías de progreso para la mayoría de la sociedad.

Un escenario en el que las organizaciones sindicales, como instituciones fundamentales en una sociedad democrática, tenemos también una gran responsabilidad, reivindicando, negociando y consiguiendo iniciativas legislativas y de gestión.

Algo de esto sabemos en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, llevamos haciéndolo con éxito desde los primeros pasos del más largo periodo de democracia que ha vivido nunca España. Siempre con un objetivo: favorecer el progreso del colectivo mayoritario del campo español, formando por los cientos de miles de explotaciones familiares repartidas por todos los territorios y sectores productivos.

Hemos conseguido avances importantes en la lucha por los precios justos y el sentido común en la cadena alimentaria, hemos sido decisivos para mejorar el plan estratégico de la PAC en España, hemos obtenido apoyos importantes en situaciones críticas por la sequía, la guerra en Ucrania, la inflación… Es nuestro deber y así lo asumimos.

Pero ahora ha llegado el momento de dar un paso más. Necesitamos que la sociedad, a través de sus instituciones democráticas, reconozca la enorme importancia de la agricultura y la ganadería familiar, con una ley específica, que sirva de marco general para poner en valor su dimensión territorial, económica, social, demográfica, sostenible y cultural.

Sabemos que las leyes por sí mismas no hacen milagros, lo estamos viviendo todavía con la Ley de la Cadena Alimentaria. Tampoco pedimos privilegios discriminatorios respecto a otros colectivos. Nuestra propuesta a los partidos políticos -especialmente a los que han incluido esta nueva ley en sus programas electorales- quiere ser una llamada de atención a la sociedad para que la agricultura y la ganadería familiar tengan una consideración especial en todas las políticas que afectan a la vida en los pueblos y el trabajo en el campo.

Estamos hablando de relevo generacional, de generar ilusión en las y los jóvenes para que valoren las oportunidades que ofrece el trabajo en la agricultura y la ganadería, de seguir avanzando en igualdad y progreso para las mujeres rurales, de reforzar las garantías de renta y viabilidad de las explotaciones familiares. En definitiva, de que la Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar ayude a concentrar, sin necesidad de excluir a nadie, los mayores esfuerzos y recursos públicos en la gran red social que sostiene la agricultura y la ganadería en España.

Editorial del número 294 de La Tierra de la Agricultura y la Ganadería.