El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acompañado de la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se reúne con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de 185 millones de euros para el próximo ejercicio, un 15% más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6% de todo el departamento dirigido por Julio Pérez

Julio Pérez destaca los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido esta semana, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas programáticas que contiene el presupuesto del área de Justicia en el año 2023.

Julio Pérez ha explicado a ambos decanos que, dentro de las cuentas de su departamento para 2023, cuyo montante es de 406 millones de euros, el área de Justicia tiene asignados 185 millones, lo que supone un 45,6% sobre el total y representa un 15% más que en 2019, donde ascendieron a 161 millones.

Según ha señalado, con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, Julio Pérez ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante el encuentro, también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

Afecta a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial

En las nuevas listas figuran unos 5.000 seleccionados de los 20.000 solicitantes que formularon 38.000 peticiones

Ha sido un procedimiento muy riguroso, para garantizar que el personal considerado idóneo sea el adecuado para atender las necesidades de la Administración de Justicia en las islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este jueves, 27 de octubre:

(http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/213/)

la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la constitución de listas de empleo de personal funcionario interino de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado a través de otra resolución aprobada el 10 de febrero de 2021 (BOC número 32, de 16 de febrero).

Según el texto de la resolución, las listas definitivas de los 5.563 admitidos y 28.464 excluidos podrán consultarse en la página web de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia:

(https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/RecursosHumanos/ListasEmpleo/)

en los tablones de anuncios de los decanatos de cada partido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las posteriores resoluciones de este proceso selectivo se harán públicas a través de la página web de Dirección General:

(https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/)

Divididos por islas y por cuerpos, en Tenerife, al Cuerpo de Auxilio Judicial han sido admitidos 611; al de Gestión Procesal y Administrativa, 567; y al de Tramitación Procesal y Administrativa, 1.163. En Gran Canaria, al de Auxilio, 617; al de Gestión, 477; y al de Tramitación, 1.263. En Fuerteventura, al de Auxilio, 60; al de Gestión, 42; y al de Tramitación 127. En Lanzarote, al de Auxilio, 121; al de Gestión, 118; y al de Tramitación, 237. En La Gomera, al de Auxilio, ocho; al de Gestión, seis; y al de Tramitación, once. En La Palma, al de Auxilio, 31; al de Gestión, 26; y al de Tramitación, 60. Y en El Hierro, al de Auxilio, cinco; al de Gestión, otros cinco; y al de Tramitación, ocho.

Las listas de empleo resultantes de este procedimiento, constituidas para cubrir, con carácter interino, las vacantes o sustituciones que se produzcan, correspondientes a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en Canarias, entrarán en vigor el próximo 27 de noviembre, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán sin efecto en esa misma fecha.

La resolución también señala que la integración definitiva en las listas de empleo, con independencia del número de orden obtenido, de aquellos aspirantes que nunca han prestado servicios o no hayan completado al menos un año de servicio como personal funcionario interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de los últimos cinco años, quedará condicionada a la superación de periodo de prácticas tuteladas de 6 meses previsto en la base duodécima de la convocatoria.

Igualmente, explica que contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Conviene recordar que a este procedimiento de selección y nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias, que no se ponía en marcha desde hace 13 años, se han presentado más de 38.300 peticiones correspondientes a 20.000 solicitantes.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, en estas nuevas listas se ha dado mayor valoración a la superación de ejercicios de los procesos selectivos de acceso a los distintos cuerpos y a la formación académica, para garantizar así el nombramiento de personal idóneo para prestar servicio en los órganos judiciales de esta comunidad autónoma. En este sentido, ha querido felicitar al Servicio de Recursos Humanos de su centro directivo por el trabajo efectuado.

Este proceso de selección también incluía el Cuerpo de Médicos Forenses, cuyas listas definitivas de admitidos y excluidos fueron aprobadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el pasado 26 de mayo.

El Gobierno pretende que la norma incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava

Las islas recibirán en junio el 90% de los 15 millones de euros procedentes de los fondos MRR para mejoras de la justicia, correspondientes a las anualidades 2022-2023

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, quiere cambiar el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, que se encuentra ya tramitándose en las Cortes Generales, con el fin de corregir, de forma puntual, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y que se incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava.

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, al término de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Administración de Justicia celebrada este viernes, bajo la presidencia del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en la que, entre otras cuestiones, se ha analizado el estado de la leyes que se encuentran en tramitación, principalmente la de Eficiencia Organizativa, que ya está en el Congreso de los Diputados, a punto de iniciar la fase de tramitación de enmiendas.

Vallejo ha indicado que el nuevo modelo organizativo (NUMO), basado en la estructura de los tribunales de Instancia y con el que se pretende dotar a la Administración de Justicia de un modelo de trabajo mucho más eficiente, parte de la actual estructura judicial de 431 partidos judiciales, pero que, en determinados casos, en los que existe amplio consenso, sería necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial con el fin de unificar algunos de ellos, como ocurre en Puerto de la Cruz y La Orotava.

No es la primera vez que el Gobierno canario efectúa una propuesta en este sentido. Sin embargo, ahora el Ministerio, aunque no tiene previsto una reforma general de la citada Ley de Demarcación y Planta Judicial, entiende que en aquellos supuestos concretos en los que sí hay una posición común de todas las administraciones, como sucede en el caso de Puerto de la Cruz y La Orotava, cabe introducir, a través de una enmienda, tal modificación dentro del proyecto de ley de Eficiencia Organizativa. De ahí que en esta Conferencia Sectorial se haya acordado trasladar a las Cortes la propuesta de Canarias, que insistirá en las justificaciones y motivos que se han dado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en la conformidad de los ayuntamientos.

La Conferencia Sectorial, a la que asisten representantes de las comunidades autónomas, ha aprobado también el cronograma de distribución de los fondos europeos de las anualidades 2022 y 2023, cuyos criterios de reparto ya se habían fijado en la Conferencia Sectorial celebrada en Avilés el pasado 25 de marzo, completando de este modo la totalidad de las transferencias de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para Justicia.

Según ha detallado la viceconsejera de Justicia, Canarias recibirá 15.079.522 euros entre 2022 y 2023, mediante dos transferencias. La primera, en junio de este año, por el equivalente a un 90% de la cantidad, y la segunda, en el año 2023, por el 10% restante.

Este montante se suma a la cantidad ya recibida en 2021, que asciende a 10.079.505 euros y con la que ya se trabaja, ha dicho Vallejo, en distintos contratos públicos destinados a la transformación digital de la Administración de Justicia.

El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación

Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada.

Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.

Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.

En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.

A día de hoy ya se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad anima a reflexionar sobre por qué Canarias está a la cabeza de España en litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional

Julio Pérez señala que en las islas es necesario crear más órganos judiciales, pero recuerda que es un proceso complejo si se sigue el criterio fijado por el Gobierno canario de hacerlo con la plantilla completa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’, según ha anunciado este lunes su titular, Julio Pérez, durante el transcurso de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad celebrada en el Parlamento de Canarias.

A día de hoy, ha dicho Julio Pérez, se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales del archipiélago y, aunque las previsiones iniciales eran que el proceso de implantación finalizara el 30 de junio, el rimo actual de ejecución permite avanzar que dicho proceso finalizará en el mes de mayo.

El nuevo sistema de grabación de vistas permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, que mejora la calidad y seguridad de las grabaciones, y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de descargar todas las grabaciones realizadas en los procedimientos en los que hayan intervenido.

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha señalado que en Canarias la creación de órganos judiciales es una necesidad, pero no es la única medida a adoptar, pues el nivel de litigiosidad es muy alto, como demuestra que a diario los juzgados vean unos mil asuntos.

Julio Pérez ha animado a reflexionar sobre por qué desde el año 2019 esta comunidad autónoma está a la cabeza de España de litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional, aunque la tasa de pendencia 0,43 -indicador que mide la diferencia entre los asuntos resueltos en un juzgado y los pendientes- está por debajo de la media española 0,50, al igual que en la tasa de congestión -cociente entre los asuntos pendientes más los asuntos ingresados y lo asuntos resueltos-, ya que n las Islas es de 1,49 y la media es de 1,6.

La creación de nuevas unidades judiciales, ha subrayado, es unas de las respuestas a esta situación, aunque hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, más aún si se hace con la plantilla completa, criterio seguido por este Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Así, en el año 2019, se crearon cinco, en el 2020, tres, y, en el 2021, cuatro.

A lo largo de su intervención también se ha referido a la importancia de contar con instalaciones adecuadas en las que ubicar los nuevos juzgados y se ha referido de manera especial al Palacio de Justicia impulsado en la capital tinerfeña.

Justicia pone en marcha un sistema de videointerpretación en lengua de signos en seis juzgados de guardia canarios

La herramienta permite la comunicación fluida en tiempo real y asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el sistema de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias, lo que asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía.

Dicha herramienta está operativa para su uso desde el pasado martes, 15 de febrero, en seis juzgados de guardia que cuentan con dependencias específicas. Concretamente en los juzgados de guardia de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

El sistema SVIsual permite la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en tiempo real, a través de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada persona usuaria. Se establece así una comunicación fluida entre ambas partes, gracias a una plataforma tecnológica que funciona como un centro de llamadas, capaz de integrar simultáneamente audio y vídeo, lo que permitirá que las personas con esta discapacidad puedan ser entendidas por el trabajador o trabajadora y viceversa.

A estos efectos, el puesto de trabajo dispuesto para tal fin cuenta con micrófono, cámara, altavoz y doble pantalla, de manera que una de ellas pueda utilizarse para el uso habitual de trabajo y la otra para mostrar la herramienta de vídeo que posibilitará la comunicación.

El sistema resulta accesible a través de la dirección web justiciaencanarias.svisual.org, que carga un entorno gráfico e incorpora un componente de vídeo (para facilitar la visualización entre la persona discapacitada y el o la agente videointérprete) y un componente de chat, que facilita la comunicación escrita.

Con la puesta en funcionamiento del sistema SVIsual, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comienza a dar cumplimiento a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que señala que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este sistema de videointerpretación se irá incorporando progresivamente al resto de los juzgados de las islas en la medida que sus instalaciones lo permitan.

En concreto, la Ley señala que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente, y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas con discapacidad auditiva y visual. Dicha medida se implementaba con la presencia física de intérpretes de signos, a pesar de las dificultades que existen muchas veces para contar con ellos dada su escasez.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa junto al ministro de Justicia de Croacia en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios

Pérez destaca las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de la infraestructura judicial de la capital grancanaria, así como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha participado hoy, junto al ministro de Administraciones Públicas y Justicia de Croacia, Ivan Malenica, en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios. Esta actividad para el intercambio de conocimientos se enmarca en el proyecto Justicia para las empresas en Croacia del Banco Mundial y ha tenido como objeto central el análisis de los estándares de diseño de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Un seminario en el que se ha explorado la importancia del diseño de la organización judicial para mejorar la prestación de servicios de justicia a la ciudadanía y las soluciones que ofrece la jurisprudencia para afrontar reformas de organización, cumplir con los requisitos del debido proceso y permitir condiciones de trabajo sinérgicas y de colaboración.

Durante su intervención, Pérez ha destacado tanto las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de dicha infraestructura judicial y su facilidad para incorporar nuevas tecnologías e instalaciones y servicios, como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad. El inmueble vanguardista, que ha favorecido la concentración y funcionalidad de las unidades y órganos judiciales de capital grancanaria, ocupa más de 12.800 metros cuadrados con una superficie total construida de casi 90.000 metros cuadrados, así como con casi 11.000 metros cuadrados de espacios libres y plazas exteriores, y su estructura de funcionamiento es más la de una ciudad que la de una pieza única.

Tras considerar un honor y una satisfacción que la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria pueda ser objeto de estudio y pueda servir de modelo para otras ciudades del mundo, Pérez ha expuesto que es un modelo y un objeto de estudio también para el propio Gobierno de Canarias, como referencia básica en el avanzado proceso de diseño y posterior construcción de un equipamiento judicial en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Visión de futuro

Sobre la futura infraestructura judicial en la capital tinerfeña, ha detallado que, una vez decidido su emplazamiento, está en curso la elaboración de la normativa urbanística necesaria y que en cuanto sea posible se abordará el proceso de definición de la arquitectura que será muy probablemente, ha manifestado, a imagen y semejanza de la que se llevó a cabo, hace casi dos décadas, en Las Palmas de Gran Canaria, con la esperanza de lograr un resultado similar.

Además de destacar las calidades, cualidades y características, ha indicado que la experiencia del uso de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria- inaugurada en enero de 2014- es altamente satisfactoria, y ha resaltado que se forjó con una visión de futuro y con una franca posibilidad de crecimiento y facilidad para incorporar nuevas tecnologías, instalaciones y servicios.

Respecto al impacto de la infraestructura en el área urbana circundante, el consejero ha ensalzado asimismo sus valores urbanísticos y ha explicado que el edificio se inserta en la ciudad y contribuye a mejorarla, a hacerla más vivible y bella, y hace que sea más fácil que sea sentido como propio por todos los habitantes de la ciudad, no solo por las personas usuarias de la infraestructura judicial.

El consejero ha reconocido a las personas que contribuyeron en la ejecución del proyecto judicial de Las Palmas de Gran Canaria, entre las que ha nombrado al equipo de arquitectos, en la persona de José Antonio Sosa, y al funcionario de larga experiencia Joaquín García Gómez, quienes han participado en el seminario web.

Seminario Web

Durante el mismo, se ha descrito la Ciudad de la justicia de Las Palmas desde las perspectivas del poder judicial, el arquitecto y la empresa constructora. Respecto a la perspectiva judicial, se ha centrado en el vínculo entre la modernización de los tribunales y sus beneficios para la prestación de servicios de justicia, mientras que el arquitecto ha presentado los conceptos impulsores del diseño para la materialización de la Ciudad de la Justicia y los impactos del proyecto en el área urbana circundante.

En cuanto a perspectiva de la construcción, se ha ofrecido una visión general del proceso de construcción y su gestión sobre el funcionamiento de los juzgados durante la construcción, así como los retos y lecciones aprendidas y extraídas del proceso.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad inaugura el ciclo de conferencias ‘Más allá de la violencia física. Respuestas frente a las violencias ocultas’, al que se han inscrito más de 700 personas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, resaltó en la inauguración del ciclo de conferencias Más allá de la violencia física. Respuesta frente a las violencias ocultas, el papel fundamental de la Justicia en la erradicación de la violencia de género ya que es la responsable de proveer de un sistema de protección efectivo a las víctimas y una respuesta a las agresiones que sirvan a los fines de prevención general.

Estas jornadas, que se celebran hasta este viernes, han sido organizadas por la Viceconsejería de Justicia, dependiente de la Consejería que dirige Julio Pérez, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, y a ellas se han inscrito más de 700 personas en las modalidades presenciales y en línea.

El consejero apuntó que la violencia machista cuenta con el sostén de un sistema de convivencia construido sobre la desigualdad y el distinto reparto de roles entre hombres y mujeres y con la tradicional celebración de las exhibiciones de poder y dominio que se le atribuye a los hombres, frente al rol pasivo y cuidador de las mujeres.

Así, expuso la idea de que las formas más evolucionadas del machismo no requieren de la violencia física, y eso las conviertes en un arma de destrucción mucho más letal dado que la víctima queda atrapada en un clima de terror, desprecio y chantaje donde es incapaz de reconocerse como tal y, por tanto, de pedir ayuda.

Pérez, que estuvo acompañado por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mónica Fumero, insistió en que la Justicia, aparte de ser una Administración eficaz que resuelve procedimientos, debe ser también un servicio público en el que las víctimas deben sentirse “escuchadas y protegidas”.

Muestra de ello es la puesta en marcha de forma pionera en las Islas del proyecto piloto de juzgado especializado en infancia, o la ampliación a todas las islas de la red de Puntos de Encuentro Familiar. Así mismo, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también ha hecho hincapié en profundizar en la formación e implicación de todos los agentes a través de jornadas como las inauguradas ayer, cursos específicos realizados en colaboración con el Instituto Canario de Administración Pública y los Colegios de la Abogacía o poner en marcha servicios específicos como la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas, que fue explicada durante la jornada de este jueves por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.