La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria da diez días de plazo de audiencia a la empresa para presentar sus alegaciones a la imposición de una penalización que puede superar 1,2 millones de euros

La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), dependiente de la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, bajo la dirección del consejero Tedoro Sosa, ha remitido a la empresa Electronic Trafic SA un escrito para que presente alegaciones al expediente de penalización por los incumplimientos del contrato “Suministro de Sistemas Inteligentes de Transporte y Servicios Asociados para la Gestión de la Oferta y de Fomento y Acceso al Transporte Público Regular de Viajeros en Gran Canaria”, lo que está motivando retrasos y molestias en la expedición de tarjetas de transportes para los y las usuarias de guaguas de la isla.

Los problemas originados por este servicio, calificados como incumplimiento grave contractual, se manifiestan principalmente en dos afecciones. En primer lugar, "La puesta en compromiso del sistema de información estratégico de movilidad y sus infraestructuras asociadas, pues el contrato en cuestión forma parte de un proyecto global, ocasionando efectos colaterales en la eficiencia, calidad, seguridad y confiabilidad de este servicio público”.

Y, en segundo lugar, “La afección directa al funcionamiento de un servicio público de carácter esencial, con repercusiones inmediatas en un número considerable de usuarios y sus experiencias, lo que compromete la calidad del servicio y su adecuado funcionamiento”.

Ante este procedimiento abierto, la compañía tiene diez días de plazo para presentar sus alegaciones para evitar la imposición de penalizaciones motivadas por deficiencias que podría superar los 1,2 millones de euros, según los criterios recogidos en los artículos 192 y 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el pliego de cláusulas administrativas (PCAP) que rige el contrato, con motivo de la demora y cumplimiento defectuoso del mismo. En particular, por las siguientes faltas muy graves previstas en la cláusula 26 del PCAP: “La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad”. Así como “La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito por el responsable del contrato, (…)”. Y, además, por “El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días (…)”.

Con categoría de bien inmaterial en el ámbito de Canarias, al ser una práctica que se ha mantenido en las islas de Lanzarote y Tenerife

Era una labor realizada por mujeres de condición humilde, casi siempre en zonas rurales, para complementar su precaria economía familiar

El Gobierno, a través de de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha incoado el expediente para que sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial, en el ámbito de Canarias, la técnica artesanal de la Roseta, una práctica que se ha mantenido en las islas de Tenerife y Lanzarote, dada la importancia cultural, artesanal, social y económica que tuvo esta práctica.

Los estudios realizados indican que la protección de esta técnica artesanal debe ser a nivel de Canarias, por ser la misma la misma en todas las partes donde se ha desarrollado, y que a día de hoy se sigue manteniendo en Lanzarote y Tenerife desde su comienzo. No solo tienen en común la misma técnica sino también la forma de repartir la materia prima, la selección de motivos o la recogida una vez terminado el producto.

En ambas islas esta artesanía textil se la conoce como rosetas o rosas y siempre fue un tipo de encaje familiar, que se transmitía de una generación a otra y que permitía su trabajo sin abandonar el seno familiar. En ocasiones se llegaron a crear auténticos talleres en las casas de la propietaria.

Era una labor realizada por mujeres de condición humilde, casi siempre en zonas rurales, que gracias a estos trabajos podían complementar su precaria economía familiar. Debido a que no exige tener un amplio espacio para su desarrollo ni maquinaria especial, salvo agujas e hilo, se hacían en casa, en un horario de tarde-noche, una vez acabada las tareas del hogar o del campo. En ocasiones se reunían en los patios de las viviendas varias mujeres y aprovechaban la ocasión para hablar de lo que pasaba en su entorno. Pero cuando llegaba la noche se echaba mano del quinqué y seguían trabajando para finalizar los encargos recibidos a tiempo.

Estas mujeres contribuían a los escasos ingresos a la economía familiar, las ganancias no eran equiparables al tiempo y modo de producción que se dedicaba a la elaboración de rosetas, pero en épocas de escasez todo era válido para salir adelante.

Las artesanas estaban especializadas en modelos sencillos y era la dueña del taller la especialista en hacer otras rosetas más complicadas y las labores de presillado o de unión para formar los paños. Lo curioso es que el número de roseteras era difícil de calcular porque en los censos del momento se las consideraba amas de casa o sus labores y no aparecía este trabajo, pero sí las contabilizaban las empresas comercializadoras en sus libros de cuentas, donde aparece el nombre de la artesana y su especialidad.

A nivel general, había dos formas de recibir el pago por el trabajo, o bien lo hacía la intermediaria, personas que llevaban hilos y modelo y recogía el producto finalizado o a través de las ventitas del pueblo, conocidas como de aceite y vinagre, donde las artesanas llevaban su producto a cambio de alimentos u otras necesidades y luego era desde allí donde se llevaba a las empresas.

En la correspondencia consultada de los exportadores de mayor relevancia en Lanzarote, se ha podido también constatar que no siempre se las conocía con el nombre de roseteras, pues también se las llama operarias o jornaleras.

Si se presta atención a la técnica en sí, se observa que no hay diferencias entre islas, aunque para denominar la base, en Lanzarote el pique es de base de metal redonda o cuadrada, con los orificios donde se insertan los alfileres siguiendo la forma de la pieza deseada que luego se coloca sobre la pelota rellena de arena. Mientras que en Tenerife, el pique es toda la base y la parte superior donde se hacen los orificios para los alfileres es de cuero o escay. En cuanto a los motivos, suelen ser similares, aunque cambia su denominación entre islas pero también entre los pueblos de las islas donde se realiza la práctica.

El Gobierno determina que lo daños causados al yacimiento arqueológico ‘Cañada de la Mar’, con categoría BIC, son irreversibles y muy graves

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Veneguera S.A, tras la visita de inspección realizada junto al Cabildo de Gran Canaria, el pasado 11 de abril, al yacimiento arqueológico de la ‘Cañada del Mar’, un enclave que cuenta con la categoría BIC.

En esta visita de inspección, se verifica que las obras de desmonte y ataluzado de la ladera realizadas por la promotora han provocado daños irreversibles muy graves, al destruir casi en su totalidad cuatro estructuras de piedra seca, a la que se asocian, además, depósitos y materiales arqueológicos como fragmentos de recipientes cerámicos, industria lítica, moluscos marinos o fragmentos de óseos de fauna terrestre presentes en superficie y que, podrían perderse de forma definitiva.

Por otro lado, en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se ha comprobado que las obras han afectado a la delimitación del bien inventariado, transformado parte del espacio, que ha sido aplanado por las máquinas que trabajaban en la zona. En este caso, la responsabilidad sancionadora corresponde a la corporación insular.

Hay que señalar que el área afectada se encuentra dentro de la Zona Arqueológica Cañada de la Mar, declarada Bien de Interés Cultural (BOC núm. 149, de 01/08/2005), y por lo tanto debía contar con autorización del Cabildo Insular de Gran Canaria a tenor del art.73.1 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dispone que: “En los bienes inmuebles declarados de interés cultural o con procedimiento incoado al efecto será necesaria la autorización del respectivo cabildo insular, previo dictamen favorable de la comisión insular, para la realización de cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso.”

En este caso es de aplicación, asimismo, el art.139.a) de la Ley 11/2019, que determina como infracción grave en materia de patrimonio cultural de Canarias: “realizar sin la preceptiva autorización o licencia o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento cualquier intervención o cambio de uso sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias, si ello comporta daños graves.”

En consecuencia, tanto las valoraciones realizadas por la Inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y por la Alta Inspección de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ratifican que esta actuación es constitutiva de infracción muy grave. En este sentido, el apartado 1 del artículo 142 de la ley 11/2019 estipula como sanción para las infracciones muy graves una multa que puede oscilar entre los ciento cincuenta mil un euros y los seiscientos mil euros. La empresa promotora cuenta con un plazo de quince días para presentar sus alegaciones

Los trabajos han afectado de manera grave a elementos y materiales de la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y al yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto dos expedientes por la ejecución de unas obras que se están realizando sin autorización en el Barranco de Veneguera, en el término municipal de Mogán, y que están provocando graves daños a los elementos patrimoniales de la Isla que se hallan en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza.

El acta, elaborada por las y los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que tutela Teodoro Sosa, ha sido notificada igualmente a la promotora de los trabajos, Costa Canaria Veneguera SA, para que suspenda de inmediata las intervenciones, así como a la entidad propietaria del BIC afectado, con objeto de que elabore un proyecto de intervención que deberá ser remitido al Cabildo, para que dé su autorización. Asimismo, se ha dado traslado de estos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por la gravedad de los hechos.

Y es que, en la visita de inspección a ambos enclaves que efectuaron el personal del Servicio de Patrimonio Histórico, junto a varios agentes del Servicio insular de Medio Ambiente, se comprobó que las intervenciones acometidas por la citada promotora en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar, para el proyecto 'Canalización y camino de acceso al Barranco de Veneguera. Tramo II', "han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad".

De hecho, el informe incide en que las obras han supuesto la destrucción de casi la totalidad de cuatro estructuras de piedra seca y, al mismo tiempo, han dejado los restos que se han conservado, como muros, depósitos y materiales, muy expuestos a factores de deterioro, que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de Canarias. Asimismo, han originado la pérdida de parte del propio soporte de este Bien de Interés Cultural (BIC), que ha sido eliminado mediante los desmontes practicados en la margen este del barranco. El documento señala, además, que se desconoce si han desaparecido otros elementos muebles e inmuebles que definen la identidad de este Bien.

Por otro lado, en la inspección desarrollada en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se constató que las actuaciones llevadas a cabo en su zona norte, si bien transformaron parte del espacio, mediante su aplanado con máquinas, no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles.

No obstante, las y los expertos subrayan que este yacimiento está recogido en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, y que en el artículo 229 de sus Normas Generales y Específicas, relativo a las 'Medidas preventivas para actuaciones en elementos, yacimientos, lugares y espacios de valor arquitectónico, etnográfico, arqueológico y paleontológico' se establece que cualquier obra que se lleve a cabo en este tipo de espacios debe contar con la autorización de la administración competente, así como un estudio de impacto arqueológico del mismo, circunstancias que no se dan en este caso. Por tanto, el acta concluye que estos trabajos son contrarios a la normativa.

Con esos argumentos, el Cabildo de Gran Canaria ha trasladado el acta a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a la APMUN, además de notificarlos a la promotora del proyecto, para que pare inmediatamente las obras, y al propietario del BIC, para que elabore un proyecto y solicite la licencia para llevarlo a cabo. Además, se ha informado a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, al Servicio insular de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Mogán.

Las obras de canalización del cauce público fueron solicitadas al Consejo Insular de Aguas, órgano que suspendió la autorización a mediados de febrero pasado al comprobar que se incumplía por parte de la empresa lo establecido en el proyecto. Paralelamente, se iniciaron visitas de los agentes de Medio Ambiente, lo que dio lugar a que se paralizaran las obras, hasta que el pasado 11 de abril se verificó que los trabajos ejecutados modificaban sustancialmente el paraje natural alterando sustancialmente el ecosistema y que la intervención en la zona declarada como Bien de Interés Cultural había provocado posibles daños irreversibles.

El Servicio de Patrimonio Histórico recalca que el yacimiento atesora valores sobresalientes de carácter arqueológico, histórico, industrial, arquitectónico y cultural

La Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con Teodoro Sosa al frente, ha reactivado el expediente destinado a declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, el ingenio azucarero de Los Picachos, situado en el municipio de Telde, que, tal y como señala el Servicio insular de Patrimonio Histórico, atesora "valores sobresalientes de carácter arqueológico, histórico, industrial, arquitectónico y cultural, que lo convierten en un testimonio singular de la cultura canaria".

Este ingenio azucarero, localizado en los Llanos de San Gregorio del municipio teldense, es un yacimiento arqueológico vinculado a la etapa colonial, integrado por restos de estructuras arquitectónicas emergentes, depósitos sedimentarios que contienen evidencias arqueológicas de distinta naturaleza y que pueden ocultar estructuras subyacentes, y el conjunto de acequias y cantoneras de reparto de la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor de Telde, vinculadas a la acequia de la misma heredad.

La Corporación insular ya tramitó ante la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, el expediente para declararlo Bien de Interés Cultural, en marzo de 2018, pero, al transcurrir el plazo de 12 meses desde su incoación, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo regional, dando cumplimiento a lo establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional, declaró su caducidad y resolvió que no podría volver a incoarse hasta dos años después. Ahora, el Cabildo traslada de nuevo el Decreto de inicio de esta declaración BIC a la Administración autonómica, a fin de que se proceda a la anotación con carácter preventivo en el Registro de Bienes de Interés Cultural.

Desde el Servicio insular de Patrimonio Histórico se vuelve a ensalzar este bien como uno de los pocos testigos de la arquitectura industrial azucarera de los siglos XV y XVI existentes en Gran Canaria, y uno de los escasos ejemplos de arquitectura civil e industrial de los inicios de la presencia europea en la Isla. Por ello, es considerado una pieza clave para estudiar, comprender y valorar el patrimonio perteneciente a ese período, así como para conocer y visibilizar las relaciones de dominación y explotación inherentes a los procesos de colonización, mientras que, al mismo tiempo, se convierte en un hito en la defensa y en la sensibilización de los valores, en sentido amplio, del patrimonio cultural.

En concreto, los elementos arquitectónicos del ingenio azucarero de Los Picachos están conformados, en su zona noroeste, por dos pilastras y el arranque de otras dos, y por varios muros construidos en mampostería de cantos, sillares y mortero de cal. Al sur de esas estructuras, se halla un paquete sedimentario correspondiente a zonas de cultivo abancaladas, en el que se aprecian distintos materiales arqueológicos, como numerosos fragmentos cerámicos de formas azucareras, y donde se cree que puede haber más elementos sepultados. Y, al noreste, se distribuyen las cantoneras de reparto de la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor de Telde.

Por tanto, al contar con parte de la estructura, una zona de potencialidad arqueológica importante y construcciones hidráulicas ligadas al ingenio y a la acequia del mismo período que movió dicha industria, Patrimonio Histórico califica este yacimiento como un complejo excepcional para la investigación y el conocimiento histórico y social de Gran Canaria, así como para la puesta en valor del patrimonio asociado al proceso colonizador europeo de la Isla y de su principal motor económico: la industria azucarera. A este respecto, indica que estos restos arqueológicos complementan la información que aportan, al menos, otros dos enclaves relacionados con la industria azucarera de finales del siglo XV a mediados del XVI, localizados en Agaete y en Santa María de Guía.

Y junto a estos testimonios materiales, el Servicio también pone de relieve la trascendencia del yacimiento por su contenido inmaterial, ya que los restos de los ingenios azucareros suponen hoy uno de los pocos vestigios materiales conservados que se pueden asociar a la memoria de la trata de personas y de la esclavitud en la Isla, dado el uso de mano de obra esclava en estas infraestructuras.

Por último, recalca que este bien se ha convertido en un referente histórico y territorial que forma parte de la configuración de la identidad de las vecinas y los vecinos del lugar, así como de la implicación ciudadana en la defensa del patrimonio histórico, en la que reconoce la actividad del colectivo 'Turcón-Ecologistas en Acción', por su actuación en su protección y divulgación.

Intervenciones controladas

Así, se solicita que el ingenio azucarero de Los Picachos sea categorizado como Zona Arqueológica, por ser un "lugar donde existen bienes muebles o inmuebles de interés relevante para la historia de Canarias, cuyo estudio y valoración requieran la aplicación de la metodología arqueológica", como dispone el artículo 23 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio.

Y, para su preservación, una vez iniciado de oficio el expediente y mientras dure su tramitación, se le aplicará el régimen de protección previsto para los bienes ya declarados como de interés cultural y su entorno. De este modo, solo se permitirá la realización de las obras y actuaciones que deban llevarse a cabo por fuerza mayor, y aquellas de conservación y consolidación que sean indispensables para preservar sus valores patrimoniales.

Particularmente, será necesaria la autorización del Cabildo de Gran Canaria, para desarrollar cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso. De esta forma, en los inmuebles situados en los entornos de protección, las acciones en el exterior, las obras de nueva planta, las instalaciones y los cambios de uso precisarán autorización previa de la Corporación insular.

José Antonio Valbuena explica que su Departamento ha planificado los trabajos previos para asumir las competencias el próximo 1 de enero de 2023

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Política Territorial constituirán en próximas fechas una comisión técnica para analizar todos los expedientes en marcha relacionados con la competencia de Costas, que asumirá el Ejecutivo regional a partir del próximo 1 de enero.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que su Departamento ya ha planificado todos los trabajos previos necesarios para evaluar el volumen de expedientes, fijar prioridades y establecer una hoja de ruta “que permita que la transición sea mucho más sencilla para el personal técnico y político que asumirá estas labores”.

En este sentido, Valbuena avanzó que su Consejería realizará este mismo año una ronda de consultas y encuentros con colectivos (grupos ecologistas, patronales hoteleras, Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, etc.), administraciones públicas (cabildos y ayuntamientos) y particulares vinculados a este tipo de expedientes para compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión.

El consejero autonómico recalcó que el “traspaso de estas competencias no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses, pero sí una mayor cercanía por parte de la administración a la hora de analizar estos procedimientos y “un interés claro de proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados”.

Asimismo, Valbuena recordó que este traspaso de competencias también supondrá la delegación de 20 puestos de trabajo por parte del Ministerio, “que se verán reforzados por otros 25 efectivos propios que se crearán en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias”.

“Esta transferencia histórica ha precisado de un gran número de reuniones para alcanzar un acuerdo que situara a Canarias con las mismas competencias que otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que era el objetivo prioritario de este Gobierno”, subrayó Valbuena.