Noemí Santana destaca la excelente sintonía con la Agencia de la ONU para los refugiados en la atención a los menores migrantes acogidos en las islas

La representante en España de la Agencia, Sophie Muller, exige un protocolo de reparto en todo el territorio estatal

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, mantuvo una reunión de trabajo con Sophie Muller, representante de ACNUR en España, en la que se despacharon asuntos relacionados con la colaboración que ambas instituciones sostienen a la hora de afrontar la acogida de menores migrantes y refugiados. Tanto desde el área dirigida por Santana como desde la Agencia de la ONU para los refugiados, se ha acordado continuar con ese vínculo y ampliar el espacio de colaboración con la suma de personal y formación.

Santana destacó el trabajo conjunto desarrollado durante la presente legislatura, donde se ha tenido que responder a una crisis migratoria relevante. “ACNUR ha sido un apoyo fundamental para la Consejería. Trabajamos de la mano, especialmente en la formación de nuestro personal técnico. Nos están ayudando en la actuación de la protección internacional de estos niños y niñas y en ese sentido, hemos podido dar pasos agigantados”, subrayó.

Por su lado, la representante de ACNUR en España subrayó que en la reunión celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria viene a reforzar la “excelente colaboración que hemos tenido con la Consejería en los últimos tres años en aspectos como sensibilización o en la información a estos menores de sus derechos. Son elementos muy importantes que nos llevan a buscar todo espacio de colaboración posible”.

Canarias ha recibido en los últimos meses casi 3.000 menores migrantes no acompañados. En estos momentos, la comunidad autónoma tiene la guarda y custodia de 2.442 niños, niñas y jóvenes menores no acompañados. De ellos, alrededor de 400 son susceptibles de solicitar asilo, ya sea por proceder de zonas con conflictos bélicos como Mali o por sufrir discriminación por razones de género u orientación sexual. Existen casos, por ejemplo, de niñas que huyen de matrimonios concertados.

En ese sentido, Santana abordó la importancia de que se ponga en marcha un protocolo de corresponsabilidad entre otros territorios del Estado para poder afrontar en mejores condiciones esta realidad. “Canarias ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en los últimos tres años. Desde hace bastante tiempo es señalado que el marco legislativo de nuestro país para que no solo las comunidades que hacemos frontera tengamos que hacer frente a esta acogida, debiendo ser una cuestión de corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas y de la Unión Europea”, expuso.

Desde ACNUR, Muller también insto a que se produzca esa respuesta desde otras comunidades y que, además, se haga de una forma regulada. “Es urgente trabajar en el reparto entre comunidades. El hecho de que las comunidades receptoras sean las encargadas de todo el trabajo de acogida y tutela de estos niños que llegan en situaciones humanitarias muy graves es una carga muy importante. Debe haber un reparto sistematizado que no se entienda solo como un gesto de solidaridad, algo a largo plazo”, expresó.

En el marco de la reunión, Muller indicó a Santana, que estuvo acompañada por la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y de Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, que en próximas fechas ampliarán su personal en las islas y pondrán a disposición de los menores que pidan protección internacional un servicio de traductores.

A través del reconocimiento, se valoran las situaciones y circunstancias físicas, mentales y sociales que dan lugar a la discapacidad de la persona solicitante

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad, ha gestionado en los dos últimos años un total de 20.295 valoraciones y resoluciones de grado de discapacidad a personas que han solicitado reconocimiento.

En concreto, en el año 2021, se atendió a 12.275 personas a las que se les valoró y resolvió el grado de discapacidad tras su solicitud de reconocimiento, un total de 4.255 más que en 2020, es decir, un 53% más de resoluciones gestionadas.

La consejera Noemí Santana, señala que “el esfuerzo que se ha realizado en el área de Derechos Sociales, con la incorporación de personal, comienza a dar sus frutos y nos pone en el camino adecuado para situar a Canarias en el lugar que merecen las personas con discapacidad”.

A través del reconocimiento de la discapacidad se valoran las situaciones que provocan la discapacidad, tanto en el ámbito de la salud física y mental como en el aspecto social (entorno familiar, situación laboral, educativa y cultural), que genera dificultades para la integración social de la persona.

Para obtener el reconocimiento inicial o solicitar la revisión del grado de discapacidad, los solicitantes son valorados por los equipos multidisciplinares de los Centros Base de atención a personas con discapacidad, que serán los encargados de determinar si las personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

El reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33% permite ejercer los derechos que las personas con discapacidad tienen reconocidos en todo el territorio español y acceder a distintos beneficios, prestaciones y servicios.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, destaca la ejecución récord de la Consejería: “Esta inversión récord es fruto del esfuerzo de este Gobierno por poner las herramientas necesarias para que así sea”, indica

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias ejecutó, durante el pasado 2021, el 92% del presupuesto gestionado por el equipo de la consejera Noemí Santana.

El departamento responsable de las políticas sociales del Ejecutivo regional utilizó la casi totalidad de los 521.279.697 euros con los que contaba en las cuentas autonómicas del pasado año, quedando como crédito disponible solo 30 millones, en su mayor parte, remanentes de IRPF y otras partidas que podrán ser usadas durante el presente año.

Noemí Santana, responsable del área, valoró positivamente el dato, que confirma la senda marcada durante el primer semestre del año, en el que la Consejería lideraba la ejecución de todas las áreas del Gobierno regional.

“Esta inversión récord es fruto del esfuerzo de este Gobierno por poner las herramientas necesarias para que así sea: más personal y más herramientas tecnológicas para mejorar la gestión”, indicó.

Manteniendo la inercia de la primera mitad del ejercicio, el capítulo de gastos corrientes, el que se destina a subvenciones o ayudas sociales fue el que concentró una mayor ejecución presupuestaria, con un 94% de los 358.996.056 euros consignados en las cuentas.

Santana, a su vez, destaca que esta inversión por parte del área de Derechos Sociales, permite al Ejecutivo coordinar con las administraciones del Archipiélago una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. “Nunca se había ejecutado tanto dinero en políticas sociales en Canarias: hoy hay más dinero para ayuntamientos, más ayudas sociales y más dinero al sector social que nunca. Cuando más falta hace, más recursos se han ejecutado”, concluyó.

La medida beneficiará a casi 9.200 familias beneficiarias de esta prestación económica en Canarias

Las personas beneficiarias de la PCI, PNC y Fondo de Asistencia Social recibirán a partir del 22 de diciembre, la nómina mensual y el suplemento extraordinario de 250 euros anunciado por Derechos Sociales

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias incrementará a partir de enero de 2022 la actual cuantía que reciben en nómina de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en la misma cuantía porcentual de incremento del IPC en el Archipiélago. Este incremento beneficiará a las casi de 9.200 unidades familiares perceptoras de esta prestación económica lo que implica en torno a unas 13.700 personas beneficiarias.

“Esta medida es una muestra más de nuestra determinación por mejorar está prestación, que a lo largo de la legislatura ha sido modificada en varias ocasiones para tratar de dar una cobertura más amplia a la población que más lo necesita en las islas”, enfatizó la consejera de Derecho Sociales, Noemí Santana.

Por su parte, el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, indicó que “este incremento se realiza con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo por parte de las familias que reciben esta ayuda en Canarias”. El aumento será también de aplicación para los importes mínimos de la ayuda y será efectivo siempre y cuando el IPC de Canarias sea positivo.

El incremento de las cuantías del PCI se suman a las medidas impulsadas por Derechos Sociales con el fin de apoyar a las personas y familias en situación de exclusión o de vulnerabilidad social en las Islas así como para paliar los efectos del Covid-19 en Canarias.

En este sentido, Bermúdez adelantó que, a partir del próximo 22 de diciembre, se procederá al abono de las nóminas de la PCI, así como del abono de una prestación extraordinaria de 250 euros aprobada por Derechos Sociales. Este suplemento extraordinario se aprueba por segundo año consecutivo para las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, al objeto de paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19. Esta medida afectará a 52.457 familias canarias.

A este respecto, Noemí Santana recordó que “cuando llegamos al Gobierno jamás se había dado un complemento en navidad para las familias que reciben la PCI. Lo dimos el año pasado por primera vez y este año lo volveremos a ingresar”.

Igualmente, el Ejecutivo canario, convalidado por el parlamento de Canarias, ha aprobado un suplemento extraordinario a las personas titulares de la PCI residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte con el fin de ayudar a paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica.

Para hacer frente a estas medidas, Derechos Sociales destinará un montante que supera los 13,2 millones de euro, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, hace unos días en sede parlamentaria.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó hoy la instalación, gestionada por Cáritas Diocesana, único recurso alojativo de la zona sureste de la isla

El centro, que ofrecerá alojamiento a 24 personas sin hogar, completa la atención con el desarrollo de itinerarios personalizados dirigidos a la reinserción social y laboral de sus usuarios

“Contar con un techo bajo el que resguardarse y no vivir en la calle es fundamental para trabajar en la inserción de las personas sin hogar, por eso, resulta crucial el recurso que hoy se inaugura que permitirá la atención y acogida a un total de 24 personas, 18 plazas para hombres y 6 para mujeres, cuya situación de sinhogarismo se ha cronificado”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el transcurso de la visita al nuevo recurso de atención social ubicado en Jinámar.

“La atención a las personas sin hogar es una prioridad de este Gobierno”, recalcó la consejera quien subrayó que su departamento destinará a este recurso gestionado por Cáritas Diocesana, un total de 981.799,63 euros.

Hay que recordar que en materia de atención a de las personas sin hogar, Derechos Sociales ha destinado este año, a través de la linea de subvenciones para las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, un global de 928.872,01 euros que permite la financiación de trece proyectos dirigidos a la Intervención integral con personas sin hogar.

En el transcurso de la visita a la nueva instalación, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien estuvo acompañada por el director general de Derechos Sociales e Inmigración Javier Bermúdez, destacó la importancia de este nuevo recurso para la atención de personas en situación de sin hogar en la zona sureste y sur de la isla. En el mismo se ofrecerá a las personas beneficiarias un centro en el que, además de cubrir sus necesidades elementales de alimentación e higiene, se les ofertará itinerarios personales con el fin de que recuperen su autonomía, se inserten social y laboralmente o que reduzcan los daños de la situación cronificada del sinhogarismo.

Atención 24 horas e itinerarios de inserción sociolaboral

El Centro de Baja Exigencia y Cuidados, ubicado en la zona de Jinámar (Telde), es un proyecto de carácter asistencial y promocional que atiende a personas en situación de sin hogar de cualquier género, religión y/o nacionalidad, ofreciendo un “servicio 24h” destinado a cubrir necesidades básicas tales como alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena), aseo y cuidado personal de las personas acompañadas los 365 días del año, desarrollando a su vez itinerarios personales de asistencia, promoción e inserción, a través de una intervención psico-social y educativa.

Para ello, la instalación contará con un equipo multidisciplinar de profesionales que acompañarán a las personas residentes estableciendo planes de trabajo individualizados e itinerarios de formación, capacitación y empleo que permitan la mejora de su situación y la autonomía e independencia de la persona atendida.

El proyecto promueve una respuesta a la realidad de las personas en situación de sin hogar en el municipio de Telde, comenzando por cubrir sus necesidades más básicas y realizando procesos de acompañamiento en las múltiples dimensiones que intervienen en el fenómeno del sinhogarismo.

El nuevo recurso cuenta con un total de 24 plazas, distribuidas en 3 habitaciones de 8 plazas cada una, 1 en planta baja y 2 en planta alta; dos aseos, dos baños con duchas; un comedor, una terraza, un patio y dos despachos.