El especialista en política exterior y migraciones insta a repensar el actual modelo de protección de los derechos humanos, que, a su juicio, se ha quedado obsoleto

El especialista en política exterior, seguridad y migraciones internacionales, Sani Ladan, considera que, en estos momentos, se está produciendo una regresión en el respeto a los derechos humano, no solo en África sino a nivel mundial, por lo que, este jueves 14 de diciembre, instó a repensar el modelo vigente de protección de esos derechos, ya que, a su juicio, se ha quedado obsoleto. Así lo trasladó a las y a los asistentes a la conferencia que ofreció en el patio del Cabildo de Gran Canaria, en el acto organizado por el programa ‘Gran Canaria Solidaria’ de la Consejería de Solidaridad Internacional, que coordina Carmelo Ramírez, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En su disertación, el analista camerunés puso de relieve que “el propio nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo sus fallos, porque no es un tratado internacional y, por lo tanto, no es vinculante”, afirmó. “Es decir, cualquier país lo puede violar, sin que le pase absolutamente nada. Entonces, el punto en el que estamos es de regresión”, argumentó, al referirse al 75 aniversario de esa Declaración Universal, sobre la que hizo un recorrido tanto por su historia en el continente africano como por “las diferentes violaciones que se han producido no solo en África, sino en todo el mundo”, expuso.

En el evento, en el que también participó Carmelo Ramírez, Ladan se refirió, asimismo, a la llegada masiva de migrantes a Canarias desde países africanos y, especialmente, desde Senegal, e incidió en que es preciso tener en cuenta la situación sociopolítica que se vive en ese país “y el apoyo que recibe su actual presidente autoritario, Macky Sall”. Y, con esa premisa, subrayó que una de las primeras medidas es evitar el intervencionismo político, “que es lo que hace la Unión Europea en los países del sur y, en este caso, en Senegal, y es lo que empuja a la juventud senegalesa a salir de alguna manera”.

Igualmente, hizo hincapié en que hay que contemplar que mucha población senegalesa vive de la pesca “y los acuerdos que firma la Unión Europea con Senegal hacen que, de un día a otro, a esa gente les hipotequen las aguas de su país”, añadió, para concluir que, en un escenario en el que existe inestabilidad a nivel político y a nivel económico, la población “tiende a buscarse la vida en otros sitios y eso es lo que está haciendo la juventud”.

En este mismo contexto, sentenció que, con el fin de evitar la tragedia que se vive en el mar, se debe actuar “a través de unas vías legales y seguras, para que las personas que quieren emigrar, lo puedan hacer sin arriesgar sus vidas”.

Por último, reflexionó acerca del trato humanitario que se ofrece para ayudar a las y a los migrantes, y lamentó la falta de lo que denominó “una política migratoria estructural”. Y, a este respecto, opinó que la política migratoria de acogida de los últimos años es una política coyuntural, que responde a las mal llamadas crisis de los cayucos, que se vivieron en 2005 y en 2006, y que se volvieron a ver en 2020 y 2021, en el puerto de Arguineguín. “Es la pescadilla que se muerde la cola, la historia de siempre”, concluyó. “Para responder de manera humanitaria y respetando los derechos humanos, hace falta una política de acogida estructural, sobre todo, siendo un país que está en la frontera, ya sea a través de la frontera sur, en el Mediterráneo central o también aquí, en Canarias”.

La jueza del Tribunal Supremo afgano hasta la llegada de los talibanes al poder, en 2021, afirma que a las mujeres y las niñas de su país les han arrebatado los derechos más básicos

Gulalai Hotak, jueza del Tribunal Supremo de Afganistán hasta la llegada de los talibanes, en 2021, aseveró que "Afganistán es el primer país en el mundo, en el que la mujer no tiene derecho a vivir", en la conferencia que ofreció este jueves, en el patio del Cabildo de Gran Canaria, organizada por la Consejería de Solidaridad Institucional, que coordina Carmelo Ramírez.

En su disertación y bajo el título 'La guerra silenciosa contra las mujeres y niñas afganas', la jueza Hotak sostuvo que, "el dolor que siento es tan grande que con palabras no puedo expresarlo con palabras, porque, en Afganistán, se oye el nombre de la mujer, pero, en realidad, no tiene ningún rol en la sociedad, no vale para nada".

Así, concretó que "el principal problema de las mujeres y las niñas de su país es la falta de permiso para ir a los colegios y para estudiar Educación Superior". Además, incidió en que tampoco tienen acceso al mundo laboral, porque están exclusivamente destinadas a quedarse en casa. "Como los talibanes no les permiten trabajar y las mujeres tienen un papel principal en la ayuda a otras personas de la sociedad afgana, esto hace que esa ayuda tampoco llegue a esas personas", relató.

Estos fueron algunos de los argumentos que expuso Gulalai Hotak en su conferencia, en la que instó a concienciar a la sociedad del grave retroceso que padecen las mujeres y las niñas afganas, debido a que los talibanes les han arrebatado sus derechos más básicos.

Junto a Hotak, en el evento participaron Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y directora regional de Europa, Norte de África y Oriente Medio de la International Association of Women Judges (IAWJ), y Carmelo Ramírez Marrero, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.

Morales denuncia la vulneración de los Derechos Humanos en la atención a inmigrantes y menores en las islas ante la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia

El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha participado en la inauguración del 36º Congreso de Juezas y Jueces para la democracia, ante la presencia de un centenar de congresistas, así como la Ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, la Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia: Ascensión Martín Sánchez. El Congreso se celebra en el Edificio Elder, Museo de la Ciencia, y lleva por título ‘Migraciones, Derechos Humanos y Desigualdades’.

Durante su intervención, Morales recordó que “en Canarias y en Gran Canaria muy particularmente, hemos asistido en los últimos años a severos cuestionamientos de los derechos humanos de miles de personas que llegaban a nuestras costas y no recibían una atención adecuada”. En este sentido, explicó que “Hace apenas unos meses, la Audiencia Provincial de Las Palmas archivó la denuncia presentada contra el Gobierno de España por las condiciones en las que, en noviembre de 2020, se llegó a hacinar en el Muelle de Arguineguín, que se popularizó como el “muelle de la vergüenza”, a 2.600 personas migrantes llegadas por vía marítima, por no apreciar el juez delito en las actuaciones. Sin entrar en consideraciones de tipo jurídico, como representante público y como ciudadano, llama la atención que no se aprecie ilícito penal alguno en las vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el campamento y que fueron ampliamente documentadas. Se hacinó a 2600 personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas”.

Antonio Morales advirtió que el “Nuevo Pacto de Migración y Asilo, así como del Reglamento de Procedimiento de Asilo en los que está trabajando la Comisión Europea, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo. Creo que como sociedad, y eso incluye a la judicatura, no podemos permitir que esto ocurra, y que debemos utilizar todas las herramientas sociales, políticas y legales con las que contemos para oponernos a que nuestras islas se conviertan en un espacio de vulneración de derechos”.

Por último, indicó que el lema de este Congreso “incluye la palabra desigualdad. Y es que no podemos olvidar que somos la frontera más desigual del mundo, y que esta es la causa fundamental de que nos hayamos convertido también en la ruta migratoria más mortífera del planeta. Creo sinceramente que ante esta situación tenemos que elegir. Elegir si queremos convertirnos en un espacio de vulneración de derechos o si por el contrario queremos contribuir activamente a luchar contra las desigualdades y a luchar por la justicia y la dignidad humanas”.

La Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias: Carla Vallejo, destacó a los medios que “Canarias forma parte del fenómeno migratorio y las soluciones pasan por tener un sistema de protección de los derechos humanos que garantice la debida acogida, asistencia y también el cumplimiento de la normativa. Nos enfrentamos a una situación que resulta difícil de gestionar, porque vienen muchas personas a nuestra tierra, buscando una oportunidad, y es importante poner el acento en que la forma en la que lo estamos abordando es siempre poniendo por delante la tutela de sus derechos”, afirmó Carla Vallejo. “Los recursos siempre son escasos en unas circunstancias en las que recibimos a más personas de las que podemos atender. Pero se están haciendo esfuerzos importantes, en el ámbito de la Justicia, de los institutos de Medicina Legal, de la Fiscalía y del Gobierno de Canarias, que está haciendo esfuerzos sin precedentes”.

La viceconsejera de Justicia se refirió a la situación de las y los menores no acompañados, sobre la que detalló que, actualmente, Canarias acoge y tutela a casi 3.000 niños y niñas que han venido no acompañados. “No existe ninguna otra comunidad autónoma en el Estado y es necesario que ese esfuerzo se extienda y que se solidaricen el resto de comunidades”, subrayó, “porque las Islas somos la puerta de entrada de Europa y no podemos convertir este punto en el único en el que se presta la asistencia, porque entonces no es suficiente”.

Por su parte, Ascensión Martín manifestó su esperanza de que las jornadas propicien avances en los derechos humanos y, sobre todo, en el caso de las y los menores migrantes. Además, incidió en que el congreso abordará el modelo que defiende la asociación para la elección de los 12 vocales de procedencia judicial que formarán parte del Consejo General del Poder Judicial. “Es un debate jurídico muy profundo y de extrema necesidad. Queremos que el Consejo General del Poder Judicial se renueve, porque es una anormalidad democrática y un incumplimiento claro del artículo 122 de la Constitución”, recalcó. “Nuestra postura es la renovación inmediata y hemos conseguido que todos los grupos parlamentarios mayoritarios y las asociaciones judiciales coincidan en que se renueve de inmediato y con la actual ley, sin perjuicio de que luego se pueda modificar esa ley y se mejore”.

A este respecto, explicó que existen dos posturas para la elección, el sistema parlamentario, que es la actual, o el sistema de elección directa por las y los jueces, con unas cautelas de forma que estén representadas todas las sensibilidades dentro de la carrera judicial y, proporcionalmente, también las distintas asociaciones judiciales. “Los 12 vocales deben ser de los 5.500 jueces que conforman la carrera judicial y lo importante es que ningún compañero o compañera, asociado o no, se sienta excluido y que todas y todos se sientan vinculados con el Consejo General del Poder Judicial”, concluyó.