“Estamos ante un ejemplo único de cooperación y colaboración entre las administraciones que apostamos por la especialización y a optimización de los recursos”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, durante la firma del protocolo hoy junto al Cabildo de Lanzarote

El nuevo servicio prevé un incremento presupuestario de 10 millones de euros y cubrir “toda la lista de espera de Lanzarote y La Graciosa”

“A partir de ahora, las personas que figuran en las listas de espera serán atendidas directamente por el Consorcio, anticipando incluso la resolución de su expediente”, afirmó la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo

“Hoy asistimos a un acto histórico con la constitución de un consorcio, integrado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote y La Graciosa, que permitirá que ni una persona se quede sin recibir el servicio de dependencia al que tiene derecho, viva en el municipio que viva”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la firma del protocolo por el que se pone en marcha el Servicio de Atención Integral de la Dependencia en la Isla de Lanzarote (SAIDIL).

En el transcurso de la firma del protocolo junto a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, afirmó que “estamos ante un ejemplo único de cooperación y colaboración entre las administraciones que apostamos por la especialización y a optimización de los recursos, evitando así las duplicidades y garantizando la eficiencia de los servicios”.

La implantación de estas medidas permitirá ir progresivamente dejando atrás un servicio asistencialista, consolidando la Dependencia como un derecho garantizado por ley.

“Normalmente, son las personas dependientes o sus familias las que acuden a las administraciones para solicitar una ayuda”, indicó la consejera regional de Derechos Sociales, quien subrayó que, “gracias a este protocolo, son las administraciones las que nos hemos acercado, gracias al esfuerzo e implicación de los municipios, a cada puerta, a cada casa de los vecinos y vecinas de Lanzarote, para calibrar sus necesidades”

De esta forma, a través del nuevo consorcio, Lanzarote contará con un Servicio de Ayuda a Domicilio de ámbito insular y que, progresivamente, se implementarán otros servicios como la telemedicina, la domótica o la teleasistencia avanzada en los hogares.

“Para ello, indicó Santana, contamos con un incremento de presupuesto de 3 millones de euros para 2022 y de 7 millones para 2023. Serán 806 personas las atendidas entre ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal. Eso significa que, junto a la atención que ya se está dando, se cubrirá toda la lista de espera de Lanzarote y La Graciosa.”.

Además, el servicio permitirá incrementar el servicio de teleasistencia hasta llegar a las 194 personas atendidas en 2022, “lo que convierte a Lanzarote en la avanzadilla de un modelo que queremos exportar al resto de islas para seguir dándole la vuelta a la dependencia en Canarias”, subrayó la responsable autonómica de Derechos Sociales.

Por su parte la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, explicó que “a partir de ahora, las personas que figuran en las listas de espera serán atendidas directamente por el Consorcio, que les proporcionará los servicios a los que tengan derecho, anticipando incluso la resolución de su expediente”.

“Tanto la Consejería de Derechos Sociales como el Cabildo de Lanzarote, hemos querido ir más allá y dar cabida en el Consorcio a aquellos ayuntamientos que opten por integrarse en el mismo. Mediante su integración, los ayuntamientos adheridos derivarán al Consorcio aquellas personas a las que ya están prestando atención”, indicó Corujo quien matizó que “la implementación de esta cartera ampliada de servicios tendrá un efecto positivo incluso en la demanda de plazas residenciales, toda vez que el servicio está orientado a garantizar un nivel de asistencia que permita a las personas dependientes continuar residiendo en su propio hogar”.

“Estoy convencida de que esta iniciativa va a suponer un antes y un después en la atención a la dependencia en Lanzarote”, enfatizó.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explica que estas cifras son el resultado de los esfuerzos de mejora en la gestión en materia de dependencia en el Archipiélago

Canarias se encuentra al día en la inclusión de expedientes al sistema informático de datos e información en la atención a la dependencia

El área de Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias ha duplicado las resoluciones de grado en relación a 2019, pasando de las 362 en febrero del año 2019 a las 721 resoluciones de grado en febrero de 2022, lo que supone un incremento del 99,17%, según datos del departamento regional.

Igualmente, también se ha incremento la cifra de resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), pasando de las 375 resoluciones gestionadas en febrero de 2019 las 646 resoluciones de PIA resueltas en febrero de 2022, es decir, un aumento del 72,2%.

“Estas cifras ponen de manifiesto que vamos por el buen camino y, sobre todo, ponen de relieve el esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, en concreto, de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad para mejorar y agilizar la gestión de expedientes en materia de dependencia en las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien señaló que, como muestra de ello, es que, “en la actualidad, no contamos con ningún expediente por incluir en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISSAD), mientras que en febrero de 2019, la cifra de expedientes por incluir era de unos 5.000, con lo cual hoy estamos al día”.

Santana hace alusión al esfuerzo e implicación para trabajar en la mejora de la gestión de la Dependencia en Canarias al incremento de personal técnico y profesional del área, ya que se ha pasado de contar 124 trabajadores de 2019 a los 192 profesionales y técnicos actuales, es decir, 68 personas más, lo que supone un incremento del 54 por ciento.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote sientan las bases de un plan de trabajo común para la creación de más plazas sociosanitarias con las que atender las demandas de la ciudadanía lanzaroteña

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana, mantuvo el miércoles, 5 de marzo, un encuentro virtual con la presidenta del Cabildo insular, María Dolores Corujo, en el que también participó la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, en el que abordaron la necesidad de trazar una hoja de ruta común en la creación de más plazas para la atención de personas en situación de dependencia y de discapacidad en la isla.

Durante el encuentro, Santana expresó la vocación del Gobierno regional en este proceso de trabajo compartido con el cabildo lanzaroteño. “El compromiso es claro: antes de que acabe la legislatura, Lanzarote contará con más plazas sociosanitarias”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Cabildo lanzaroteño planteó la posibilidad de incluir el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia, con el fin de que sea cofinanciado por el Gobierno de Canarias. “Necesitamos imperiosamente un cambio en el modelo de cuidados, fortaleciendo el sistema de atención a la dependencia. Nuestro objetivo es promover un cambio de modelo de atención residencial, para hacer de los centros residenciales entornos amables, cercanos y próximos a la comunidad donde las personas mayores han vivido y quieren seguir viviendo”, aseguró.

Tanto la consejera regional de Derechos Sociales como la directora general de Dependencia han valorado positivamente las propuestas planteadas por el Cabildo de Lanzarote y se han comprometido a estudiar las opciones más eficaces para integrar el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia.

Derechos Sociales ha encargado a la entidad pública Fundación Tutelar Canaria la elaboración de los programas individuales de Atención (PIA)

La Dirección general de Dependencia y Discapacidad ha encargado a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el fin de reducir la actual lista de espera de personas dependientes que ya tienen reconocido su grado de dependencia.

“Esta medida es un instrumento más para reducir las listas de espera, junto a las 50 personas que han iniciado su labor en el mes de enero en la Dirección General de Dependencia. Será un refuerzo al importante trabajo que está desarrollando el personal del área”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

“De hecho, destacó Santana, el refuerzo de personal en el área de Dependencia ha empezado a ofrecer resultados, mejorando en datos como en la resolución de 634 altas en el mes de febrero en el PIA, cifra que triplica las resueltas en febrero del pasado año”.

Por su parte, la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, explica que el objetivo de este encargo, para lo cual se ha destinado una partida de 647.487,60 euros, es “disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias”.

“El objetivo prioritario de esta Dirección general es dar respuesta a las personas que se encuentran a la espera de ser atendidas a través de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para lo cual se ha procedido a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación y reducir la actual lista de espera existente en materia de atención a la Dependencia en las Islas”, matiza la directora general.

En concreto, se ha optado por contratar a un total de 18 trabajadores sociales y 6 auxiliares administrativos que trabajarán en la reducción del número de expedientes en los que ya consta resolución de reconocimiento de grado pero se encuentran pendientes de la elaboración del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

“Es decir, se trata de reducir la lista de personas a las que ya ha sido reconocida su situación de dependencia y que no están siendo atendidas”, aclara la responsable de Dependencia quien puso en énfasis la necesidad por parte del Ejecutivo de adoptar medidas organizativas y de reforzamiento de los recursos humanos que participan en los procesos de gestión y de valoración de grado y de elaboración de los Programas Individuales de Atención.

Con este fin, desde Dependencia se ha hecho el encargo a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, para la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el objetivo de disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias.