La nueva normativa permitirá reducir los plazos para obtener la ayuda, al pasar de dos procedimientos a uno

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, considerar el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen.

Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla-León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas dependientes y a sus familias. Cabe recordar que la nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de enero de 2025 superó los 12,4 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 29.441 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 58% en tan solo 18 meses de legislatura.

“Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas -en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la ratio es de 1,38 por persona, la media nacional es 1,40- y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de enero de 2025, se otorgaban 65.078 prestaciones, 21.410 prestaciones más que al inicio de esta legislatura”, desveló.

“En definitiva, esta legislatura supone un punto de inflexión en lo que a gestión de la Dependencia se refiere. Está claro que nos gustaría resolver de un día para otro los expedientes, pero por el momento no se puede. Entre otras cosas, la financiación del Estado, que tiene que ser al 50%, sigue siendo escasa. El esfuerzo económico que se realiza desde esta Comunidad Autónoma, incluidos los cabildos, que no olvidemos que son los que tienen los centros residenciales, es muy superior a la que se espera de cualquier autonomía”, añadió la titular del departamento.

El consejero Sebastián Franquis, tras el visto bueno del Consultivo, elevará al consejo de Gobierno la aprobación definitiva del decreto para su entrada en vigor antes de final de mes

Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen preceptivo en el que da su aprobación al decreto de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, que permitirá a cerca de 10.500 familias que habitan como inquilinas de una vivienda protegida, acceder a la propiedad de esta. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras obtener el aval del Consultivo, el consejero Sebastián Franquis volverá a elevar al Consejo de Gobierno la próxima semana este decreto para su aprobación definitiva, publicación en el Boletín Oficial de Canarias y entrada en vigor antes de final de este mes.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda mediante este decreto, ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

De esta forma, tal y como se afirmó el consejero Sebastián Franquis, con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

El trámite de información pública ha conseguido 41.297 propuestas a distintos artículos y 4.147 alegaciones de administraciones, colectivos y asociaciones de las islas

El Consejo de Gobierno ha solicitado este jueves, 6 de octubre, el dictamen al Consejo Consultivo sobre la futura Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, tras la correspondiente toma en consideración por parte del Consejo.

De esta manera, el proyecto legislativo afronta sus últimos pasos antes de su fase definitiva. Una vez obtenga el dictamen favorable del Consejo Consultivo regresará al Consejo de Gobierno para su última aprobación y posterior remisión al Parlamento de Canarias, para su tramitación correspondiente como proyecto de ley.

Esta ley impulsa la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza a través de la regulación de la custodia del territorio, una herramienta para canalizar la labor colectiva de preservación.

Además, aclara las competencias y fija criterios homogéneos para facilitar la cogobernanza entre los distintos niveles de la administración. Se facilita a los ayuntamientos la creación de planes locales de biodiversidad y vida silvestre que incorporen los esfuerzos de la ciudadanía para el desarrollo de un nuevo modelo ecológico en nuestras ciudades a través de corredores de vida silvestre, siempre según las estrategias insulares de biodiversidad.

El proyecto legislativo ha logrado una gran participación ciudadana durante su exposición pública de consulta previa, con 41.297 propuestas registradas a distintos artículos y 4.147 alegaciones de administraciones públicas, particulares, entidades, asociaciones y colectivos de Canarias, lo cual vendrá a enriquecer y mejorar esta iniciativa legislativa.

En su articulado, se establece una regulación de la protección de la biodiversidad marina en el marco de las competencias autonómicas; se aborda el problema de las especies exóticas invasoras, regulando las vías de entrada y dispersión y las acciones necesarias para revertir la situación actual; se regula el acceso a recursos genéticos; se pone en marcha una regulación básica de montes que impulsa el Plan Forestal de Canarias, y y se sientan las bases para la regulación de la contaminación lumínica.

También se contempla la ampliación de la red de áreas protegidas de Canarias, la mejora de la regulación de infracciones en la naturaleza, con la incorporación del nuevo catálogo de infracciones finalizado en 2021, y se reconoce la agravante de infracciones en parques nacionales y reservas naturales.