Las Asociaciones de Nules y Villareal, integradas en la Federacion Nacional de Asociaciones Independientes, FNAI, denuncian que los citricultores sudafricanos juntos con los exportadores holandeses estan actuando de mala fe saltandose el tratamiento en frio de los citricos sudafricanos

Fuentes desde la salida deSudáfrica nos han informado que se están cargando cítricos sudafricanos sin el pertinente pretratamiento en frío y que tampoco han aplicado dicho tratamiento en frío en tránsito, conforme marca la legislación europea.

Deconfiamos, visto la actitud mostrada entre estos dos paises, Sudafrica y los Paises Bajos, cuyos intereses mutuos vienen de años atrás, haciendo el paripe de que cumplen con lo que marca la normativa comunitaria mientras las secuelas de esta actitud permisiva y tolerada por la UE, ponen en peligro la supervivencia de los citricos españoles. Tenemos delante las gravisimas consecuencias de la llegada del Cotonet de Sudafrcia (Delottococcus aberiae) a España por las laxas inspecciones, malintencionadas hechas en puertos holandeses.

No nos podemos creer que el tratamiento en Frio se vaya a realizar, una vez descargado de los barcos en los centros logísticos de refrigeración. En primer lugar porque es antieconómico: el tratamiento en frío en tránsito de un contenedor refrigerado de 24 pies suele costar entre 300/400 € mientras que la descarga del contenedor del barco, el transporte a unas instalaciones para realizar el tratamiento en frío en suelo europeo ,el vaciado del contenedor, su almacenaje en el centro logístico refrigerado para realizar dicho tratamiento y su vuelta a cargar en un transporte refrigerado quintuplica su precio final; es decir el coste puede llegar a 1500/2000 €.

Y en segundo lugar por capacidad los centros logisticos de refrigeracion de los Paises Bajos no llega a los 35.000 palets, cuando tan solo los 2000 contenedores que esperaban en el puerto de Rotterdam suponen 48.000 palets y aunque tuvieran suficiente, es difícil creer que se utilizaran solo para cítricos, ya que a un puerto llega mucha mercancía que requiere de almacenaje en frio.

No estamos acusando en balde la laxitud de inspecciones en los puertos holandeses, es un secreto a voces, que en los Países Bajos prima lo comercial sobre la seguridad vegetal y alimentaria.
Es inadmisible y la UE no puede consentirlo, porque esta en juego su credibilidad legislativa, que Sudáfrica y los Paises Bajos jueguen al gato y al ratón con la legislación europea, sencillamente es una bomba de relojería cuya responsabilidad de que entre otra plaga y destruya el sector citrícola europeo, seria unica y exclusiubamente de los gobiernos de la UE

Hay que tomar medidas contundentes para asegurar la sanidad vegetal de nuestros cítricos y si Europa quiere reducir el uso de pesticidas y fertilizantes conforme marca la agenda del 2030, debera impedir la entrada de citricos tratados con fitosanitarios que estan prohibidos en la propia UDE

Visto está situación de chanchullo encubierto en la importación de cítricos sudafricanos, nuestros políticos deben de acreditar que el Parlamento Europeo no es un cementerio de elefantes y deben de exigir a Europa que las naranjas sudafricanas desembarquen en los puertos españoles en donde estamos seguros que sí se realizarán las inspecciones pertinentes de si se ha llevado a cabo o no dicho tratamiento en frio.

Asociacioines de Nules y Villarreal, integradas en la Federacion de Asociaciones Independientes FNAI

Las grandes reformas legislativas que han tratado de equilibrar la relación de fuerzas en la cadena alimentaria se han producido, siempre o casi siempre, ‘en caliente’. Han coincidido con períodos convulsos de crisis, de hundimiento súbito más o menos generalizado de los precios en el campo, de protestas callejeras y algarabías protagonizadas por los agricultores o sobre todo, de momentos en los que las frutas y verduras acaparaban muchos más titulares de los debidos a causa de su rápido encarecimiento

La inflación coyuntural de los productos básicos solía estar en el origen del problema y frente a este agravio para los consumidores, los indicadores de tantos observatorios o índices como se han creado en los últimos tiempos, han azuzado el diferencial entre la ruina percibida por el agricultor y el producto casi ‘de lujo’ en el que se convertía su trabajo cuando éste llegaba a los lineales de los supermercados.

Los cambios legales en este terreno se han sucedido y en cada uno de ellos se introducían novedades con una melodía, digamos que agradable, que encajaba con el crítico discurso que defendían los representantes oficiales del campo. Y tras el primer reconocimiento a los avances realizados, a los ‘valientes pasos’ dados por el ejecutivo de turno, después ha llegado sistemáticamente la decepción cuando, con el tiempo, se comprobaba que con tanto cambio en el BOE, en la práctica, nada cambiaba en el campo.

Hagamos un repaso de ello

El amago de Arias Cañete

En 2003, con una escalada en los precios de los alimentos similar a la que hoy también padecemos, el Gobierno –estando al frente del Ministerio de Agricultura, el popular Miguel Arias Cañete- ya barajó regular el doble etiquetado. El ministro reconoció entonces públicamente que estudiaba hacerlo para atender así una histórica reivindicación de los sindicatos agrarios tradicionales –ASAJA, COAG y UPA- pero también dejó en manos de las autoridades de la competencia analizar si se estaban dando prácticas abusivas en el proceso de configuración de los precios. Y esto –la supeditación de la regulación agraria a la estricta normativa de la competencia, tanto nacional como europea- también ha sido otro motivo constante de fricción cada vez que se ha debatido un cambio regulatorio de esta naturaleza.

Pero el anuncio nunca se cumplió, el PP perdió el poder tras las elecciones de 2004 y todas las medidas a este respecto se limitaron a la creación de un Observatorio de Precios de la Alimentación –regulado dos años antes, en 2000- y a aprobar un paquete de medidas para atenuar la escalada de precios de los alimentos, que en nada afectaron a la situación de los agricultores. En su decreto de creación se dejó clara –y así se advirtió reiteradamente en años posteriores, quizá para no soliviantar a las autoridades de la competencia- que las funciones de este observatorio se limitarían justo a eso, a observar y emitir informes sin mayores atribuciones.

Aquel anuncio frustrado, sin embargo, ya obligó a algunos destacados representantes de la gran distribución a tomar partido por la cuestión del doble etiquetado. Fue el caso del director general de Alcampo España, Patrick Coignard, para quien tal etiquetado había “demostrado ser ineficaz cuando se ha implantado en Francia”. La constante mención a lo legislado en el país vecino –por cierto- ha sido también todos estos años otro denominador común. Pocos estudiaban lo regulado allí, menos aún se hacían con el texto original y a duras penas la referencia se basaba en los titulares recogidos por la prensa gala.

Bastaba con apelar, en la mayor parte de las ocasiones, al conocido chovinismo francés para juzgar como bueno los pasos dados allí. Y lo cierto, es que el doble etiquetado en Francia se aplicó por poco tiempo, a pocos productos y nunca fue una iniciativa implementada de manera seria. No resultó ser ni tan automática ni se extendió tanto como se pregonó entonces. Se limitaba a marcar un porcentaje máximo de márgenes comerciales, de forma que cuando éste se superaba, en la etiqueta de estos productos aparecían los dos precios, para que el consumidor supiera cuánto cobraba el agricultor o el ganadero y cuánto tenía que pagar él.

Según dijo entonces el primer ejecutivo de Alcampo, el problema era que al incluir sólo el precio en origen y el de venta al público se perdía toda la información sobre el coste que implica mantener un sistema de suministro que garantizase la calidad. Además, también daría lugar a equívocos porque el consumidor podría confundir el precio en origen con el que paga el hipermercado. Y seguramente tendría razón. Coignard, por otra parte, no se mostró en contra del doble etiquetado pero señaló que si se les obligaban a ello, incluiría información adicional como el precio que paga el hipermercado para evitar que el consumidor pudiera malinterpretar los datos y sacar la idea de que la empresa de distribución aplicaba unos márgenes superiores a los reales. Nadie asumió el reto de clarificar, de una vez por todas, tal cosa. “Nuestra rentabilidad, es decir, beneficio sobre ventas, en frutas y verduras no alcanza el 2%, un porcentaje que es inferior al que existe en Francia”, aseguró.

Con todo, las declaraciones vertidas entonces por el propio ministro Arias Cañete dejaban claro que el margen de maniobra en la fijación de precios en frutas y hortalizas era mucho mayor de lo que, sobre el papel, daría de sí ese 2%: "De lo que se trata es de que haya márgenes comerciales razonables y de que cuando hay una oferta importante en origen que lleva a que desciendan los precios también bajen para los consumidores, y que no se consoliden permanentemente las subidas", dijo el ministro. Subidas–esa es la información que faltaría comprobar- que no necesariamente tenían que ver con la situación del mercado, con los precios pagados al proveedor y menos aún con los precios imputables al agricultor.

El ministro –queda claro- defendía que se aplicasen ”márgenes comerciales razonables” que no castigasen a los consumidores, pero ¿dónde quedaba en tal ecuación los productores que son quienes garantizan un suministro de calidad, seguro y en cantidad suficiente?. Sí, la defensa de los derechos del consumidor ha sido otra de las constantes que han guiado todas las normativas y leyes, tan omnipresente casi como la amnesia por cómo afecta tanta preocupación por la inflación a quienes no la provocan pero sí la padecen, los agricultores.

Los mantras

Este es un mantra que vienen repitiendo los representantes de la gran distribución cada vez que se toca este tema, sin que nunca se haya dado la posibilidad de corroborar tal aserto. Sí, descontar el beneficio obtenido de lo facturado por las grandes cadenas arrojaría un porcentaje que, efectivamente, se podría situar entre el 1 y el 3% pero, ¿de dónde proceden fundamentalmente, de la alimentación seca y de las marcas de distribución o quizá también en parte de los productos frescos, de la sección de frutas y verduras? Nunca se han desglosado tales márgenes de rentabilidad porque nunca se ha aportado información sobre los precios a los que realmente estas grandes cadenas compran a sus proveedores. Eso sí, como se avanzaba y sin referencias expresas a ninguna cadena, los sindicatos agrarios tradicionales se han hartado a intentar sacar los colores a más de uno ante la opinión pública a golpe de titulares sobre el abismo existente –

Y huelga decir que ni entonces –a comienzos de este siglo- ni ahora aquel Observatorio de Precios sirvió para arrojar luz sobre si estos posibles abusos tenían fundamento real o no.

Porque las grandes cadenas que dominan el mercado hortofrutícola, que concentran la demanda y con ello disfrutan de un mayor poder de negociación frente a una oferta, dividida y atomizada en cientos de comercios/proveedores para cada cultivo, ni se inmutan cuando se ven atacadas con tales argumentos. Los aumentos registrados entre una ruina como la actual –de 10-12 céntimos/kg- pagada al citricultor por sus naranjas y un PVP de 1,60 euros/kg resultan espectaculares. Sí, son también incrementos vergonzosos pero no dejan de ser –como se han cansado de repetir en las últimas décadas- un reflejo de las “ineficiencias” de la cadena de valor, de la “falta de competitividad” del sector en un mercado “tan globalizado”, de los problemas estructurales derivados de un sector “minifundista, con los costes de producción más altos”.

En tales condiciones, esas mismas cadenas señaladas por tan disparatados incrementos en el precio entre el origen y el destino final, apelarán a todo ello –y lo harán con buenas dosis de razón- pero volverán a esgrimir lo razonable de tener márgenes tan ajustados en beneficio del consumidor, aludirán a la intensidad de la competencia entre cadenas –mayor en nuestro país que en la mayor parte de Europa- y alardearán de su apuesta por la producción local y de proximidad aderezando todo ello en sus comunicados de prensa con no menos espectaculares volúmenes de frutas o verduras adquiridas a agricultores de la zona en cuestión, con promociones que destacan el origen local… Nada dirán, en cambio, sobre cómo afecta la oferta creciente, barata y producida en condiciones inasumibles para los europeos, que tales grandes multinacionales adquieren para regular los precios de adquisición a sus suministradores habituales –los españoles y/o europeos-- a la baja.

Supermercados vs fruterías

Desde aquella primera intentona fallida de doble etiquetado de comienzos de la presente centuria, los productos de marca blanca han ido ganando más presencia en los lineales de las grandes cadenas españolas. Y se sabe que es en este segmento –ligado al de la alimentación en seco- donde las cadenas más controlan los márgenes comerciales a sus proveedores o incluso de cara al público.

De otro lado, en el caso concreto de España –donde el peso específico, la cuota de mercado de las fruterías de barrio abastecidas por los mercados mayoristas es sensiblemente mayor que en la mayor parte de Europa- es conocido que los mayores esfuerzos por ganar clientes, donde radican las mayores posibilidades de crecimiento se dan precisamente con las frutas y hortalizas.

¿Qué márgenes aplican para atraer clientes y arrebatárselos a las fruterías?

Así lo refleja, de hecho, el último Panel de Consumo Alimentario editado por el MAPA en noviembre de 2021:

La PNL de 2007 y los estudios del Observatorio

En 2007, durante la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) impulsada por IU-ICV y pactada con PSOE y CiU con el objetivo de informar a los consumidores de la diferencia que existe entre el precio en origen y el de venta final de los productos agrarios. De nuevo, el contexto volvió a ser inflacionista, con los precios de los alimentos desbocados y, otra vez, se volvían a repetir las noticias que hablaban del abismo existente entre lo que cobraba el agricultor por sus cultivos y lo que pagaba por ellos el consumidor. El doble etiquetado, con todo, nunca pasó de la condición de PNL.

El Observatorio de Precios de los Alimentos sí que elaboró esos años una importante batería de estudios sobre la cadena de valor de los cultivos más relevantes del país. En abril de 2009 se presentó el del sector cítrico, que fue actualizado en 2013. Pero, de nuevo, más allá de clarificar el proceso de conformación de los precios, el observatorio volvió a hacer honor a su nombre y se limitó a eso, a observar.

El IPOD, los otros observatorios y las lonjas

En marzo de 2008, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), junto con las organizaciones de consumidores CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y UCE (Unión de Consumidores de España) publicaron, por primera vez, datos del llamado Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos, más conocido como IPOD. Estos datos se presentan el primer martes de cada mes. Sus resultados están basados en el seguimiento de 25 alimentos básicos –hoy son 35- en nuestra dieta.

Este índice ha generado desde entonces infinidad de titulares en prensa, a cada cual más escandaloso, siempre destacando el inmenso diferencial existente entre la remuneración percibida en el campo y el precio en el punto final de venta. Pero el análisis, así realizado, es reduccionista, parcial y de dudoso valor estadístico por múltiples razones. Para empezar, por la propia falta de independencia de las fuentes (no oficiales) que recaban los datos y para continuar porque no se le conoce metodología de trabajo o sistemática alguna (ni tamaño de la muestra, ni ámbito geográfico, ni identificación de los precios obtenidos…).

El IPOD –sin duda una estadística meritoria por cuanto se sigue realizando aún a día de hoy- tampoco considera las peculiaridades de la producción o la comercialización de cada cultivo: por ejemplo en cítricos (naranjas/clementinas y limones) el precio en origen incluye la recolección, cosa que –efectivamente- sería un gasto probablemente imputable al agricultor en el caso de Andalucía pero no así en la Comunidad Valenciana o en Murcia, que lo asume el comercio. El resultado es que mezclar el ‘índice IPOD’ de los melocotones con el de los huevos –por decir algo- no resiste análisis riguroso alguno porque la comparación nunca podrá ser homogénea, ni atiende a las peculiaridades en las que se produce cada alimento.

En 2006, por otro lado, comenzó a operar otro Observatorio de Precios y Mercados promovido por la Junta de Andalucía. Este sí incluye precios en origen (los recabados por los funcionarios); precios en el centro manipulación / Precios centro transformación (ganadería) procedentes de una serie de empresas colaboradoras andaluzas; precios en los mercados mayoristas (Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla) y precios al consumo obtenidos de los datos de consumo a nivel nacional (del MAPA). Se trata de otro loable modelo, más evolucionado y completo pero circunscrito a las producciones andaluzas y limitado por las –en algunos cultivos- pocas empresas (o en el caso de los cítricos, poco representativas) de comercialización que colaboran con esta estadística.

Merecería la pena también destacar el trabajo de los servicios estadísticos oficiales de muchas comunidades autónomas –como Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña…, así como de otras tantas entidades privadas y lonjas (como la de cítricos de Valencia o la de Córdoba) que surgieron con la intención de proporcionar precios de referencia en origen a sus agricultores.

Podría enumerar otras muchas iniciativas de esta naturaleza, a cada cual más voluntariosa, que han servido para poner luz sobre el proceso de configuración de los precios agrarios o que han aportado referencias objetivas al productor para poder defender mejor sus cosechas. Sí, eso es cierto. Pero también lo es que más allá de para mejorar las estadísticas y para exhibir las vergüenzas de tanto abuso infligido al que nadie duda que es el eslabón más débil de la cadena, ¿para qué han servido? o mejor, ¿qué han permitido constatar?, ¿qué sanción concreta se ha impuesto basada en tales números?

La Ley de Mejora de la Cadena

Cuando Miguel Arias Cañete asumió, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy, de nuevo la cartera de Agricultura se encontró con la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria a medio tramitar pues ya había sido promovida en la última fase del agónico último Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que hubo de adelantar las elecciones tras anunciar recortes en el gasto público forzado por la aguda crisis económica. Otra vez, la coyuntura venía marcada por dificultades mayúsculas, definida por la crisis financiera y de la Deuda española y los rumores de que España iba a tener que pedir un rescate a la UE. Y en el campo, de nuevo, los costes de producción se disparaban mientras las grandes cadenas entraban en otra guerra de precios que hundía las cotizaciones en origen.

Arias Cañete sufrió básicamente los mismos o parecidos enfrentamientos soterrados que padeció su predecesora socialista, Elena Espinosa, o más concretamente, su lugarteniente en el ministerio, Josep Puxeu con Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, o peor, con el entonces presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer. El ministro andaluz, efectivamente, tuvo que lidiar con el popular Manuel de Guindos, entonces titular de Economía y con el que pasó a ser máximo responsable de la CNC, Joaquín García Bernaldo de Quirós.

Otra vez, la voluntad reformista se tropezó con las limitaciones de las normas de la competencia. Así se entiende que la regulación no atendiera a las situaciones de venta a pérdida y pese a la insistencia de las asociaciones agrarias, no contemplase tampoco la aplicación de un posible doble etiquetado.

En su haber, sin embargo, cabría reconocer que la obligatoriedad de formalizar contratos de compra-venta acabaría con la perniciosa venta –bien conocida en el sector citrícola- llamada ‘a resultas’ (sin precio y expensas de lo obtenido después en el merado por el comprador). Pero tal precepto en nada sirvió para garantizar unos mínimos beneficios a las explotaciones, ni siquiera para mejorar las cotizaciones. Aquella Ley 12/2013, de 2 de agosto, también supuso la redacción de un Código de Buenas Prácticas Comerciales, un canto publicitario que se perdió por un evidente motivo, que su adscripción y cumplimiento era voluntario.

En 2014, fruto del desarrollo de esta Ley, se creó la hoy ya ciertamente popular AICA (Agencia de Información y Control Alimentario), que tenía y tiene por objeto hacer cumplir esta Ley e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate y, tras la correspondiente instrucción, proponer a las autoridades competentes la resolución que proceda o, en su caso, formular denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los resultados de la AICA durante este tiempo son bien conocidos: se publicitan sus acciones –no contra quién sino sólo su número- para acreditar una cierta actividad pero sus resultados, su incidencia sobre los abusos cometidos en el mercado, ha sido nula. Tampoco se la conoce denuncia alguna o actuación coordinada destacable con otras autonomías y menos aún con la autoridad de la competencia. Si las ha habido, que probablemente, no han pasado del rango de la anécdota. ¿Será que no se han dado abusos de posición dominante o casos de venta a pérdidas?; ¿Cuántas sanciones o expedientes ha abierto a quien, sin duda, fija los precios de los productos agrarios, es decir, cuántas actuaciones ha emprendido contra las grandes cadenas?

El otro Observatorio

Con el tiempo, el desarrollo de esta Ley supuso la transformación del ‘antiguo’ Observatorio de Precios Alimentarios en otro Observatorio de la Cadena Alimentaria. El mismo perro con distinto collar. Eso sí, el nuevo centró creó el Sistema de Información de Precios en Origen-Mayorista, que posibilita el seguimiento de la evolución semanal de los precios de 34 productos alimentarios (naranjas y mandarinas incluidas) en los dos niveles comerciales ¿más significativos?: origen y mayoristas. Tampoco parece razonable que la estadística se limite a recoger datos en estos dos únicos eslabones, en primera instancia porque –como se ha visto- los precios de los mayoristas no tienen demasiado que ver con los del canal llamado ‘moderno’ y de mayor relevancia, que es el referido al sistema de suministro de frutas y verduras a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados; en segunda porque tampoco refleja la evolución del eslabón donde seguramente más abusos y encarecimientos (o bajadas artificiales de precio) se dan, que es entre la empresa proveedora y el punto final de venta (en tales cadenas o en las propias fruterías tradicionales).

La venta a pérdidas

Otro de los argumentos recurrentes a la hora de tratar de reforzar la posición negociadora del agricultor frente al resto de agentes de la cadena ha sido la prohibición de la llamada ‘venta a pérdida’. Entiéndase por tal cosa la venta realizada por debajo del bajo coste, o por debajo del precio de adquisición. Se trataba de un factor diferencial de la legislación española sobre la europea, basado en lo regulado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cuyo cumplimiento recae sobre las autoridades autonómicas. Pocos procesos se habían abierto contra grandes cadenas por tal motivo, tampoco fueron nunca especialmente significativas o coercitivas las multas impuestas por ‘venta a pérdidas’ pero lo cierto es que, sobre el papel, ‘sólo’ se exigía para acreditar tal ilícito demostrar (vía facturas) que el precio de venta al público era inferior al precio de compra y que tal práctica afectaba a los intereses de los consumidores.

El 19 de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que esta regulación española en materia de comercio minorista – la que prohibía la venta a pérdida de bienes- era contraria al Derecho de la UE. En diciembre de 2018, forzado por esta sentencia, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y el Comercio en el que se modificaba el artículo de la referida Ley que el TJUE había declarado nulo, el referido a la venta a pérdidas. Dejaré para juristas más autorizados que yo el análisis de los cuatro restrictivos supuestos en los que el nuevo articulado entiende que se puede dar ‘venta a pérdidas’ pero sí diré que si antes de la sentencia era complicado acreditar tal ilícito después de la reforma provocada por ésta, aún ha pasado a ser mucho más complicado.

Real Decreto-ley 5/2020 y Ley 16/2021, de 14 de diciembre

Con los agricultores otra vez en la calle y para dar respuesta a tanta agitación, previa al estallido de la pandemia y al confinamiento, el Ministerio de Agricultura promovió en febrero de 2020 la primera reforma de la Ley 12/2013. Fue la reacción del ministro Luis Planas a la movilización generalizada del campo, y fue tan improvisada la reforma que poco más de un año después tuvo que iniciarse un segundo proceso legislativo para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria 633/2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.

La principal novedad es que por primera vez se reguló la “destrucción del valor en la cadena” y para evitarlo, “cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador”. Nótese que, seguramente por causa de la citada sentencia del TJUE, se pasó a utilizar tal eufemismo para así seguramente evitar hablar de ‘venta a pérdidas’.

En la segunda fase de reforma, iniciada ya bien entrado 2021, ya se obvió en el texto tal circunloquio y se prohibió la venta desleal a los consumidores, que se considerará como "venta a pérdidas", de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición. Acto seguido, en el articulado se matiza –eso sí- que tal cosa se dará “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero” (la Ley de Comercio Minorista reformada a raíz de la sentencia citada del TJUE). Es decir, que se volvía a apelar a sancionar la ‘venta a pérdida’ aún sabiendo que su persecución había quedado ciertamente cercenada por los cambios obligados por aquella sentencia europea.

Con este segundo paso, además, se trató de reforzar la aplicación a todas las operaciones de la cadena del respeto a los llamados ‘costes efectivos de producción’. Para ello, se avanzó que el Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliaría sus funciones “en su tarea de mejorar la transparencia y eficacia de la cadena, mediante la elaboración de informes sobre formación de precios, la actualización de índices de éstos y costes de producción de alimentos”. Con el tiempo y el desarrollo de entidades de control autonómicas –que también permite esta Ley y que ahora se están conformando en algunas regiones como la valenciana o la andaluza- se ha avanzado que habrán también autonomías que publicarán índices de costes de producción de referencia.

Ambos supuestos avances –el vinculado al respeto por el coste de producción y la prohibición de la “destrucción de valor” o “venta a pérdidas”- fueron cuestiones que no pasaron, ni mucho menos, desapercibidas ante –otra vez- las autoridades de la competencia. Efectivamente, en el informe emitido en septiembre de 2020 a propósito del anteproyecto de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió sobre serias flaquezas o carencias de algunos de los pilares en los que se sustentaba el texto. De un lado, señaló la “imprecisión” de la definición sobre costes de producción, alertó sobre la “inseguridad jurídica” que “genera el hecho de que la norma no aclare a quién corresponde la responsabilidad (comprador/vendedor) de verificar que se cumple con el coste efectivo de producción” y que tal complejidad acabaría por favorecer –como así se ha reclamado e ido anunciando- “la utilización de índices comunes como referencia sobre los costes, lo cual puede provocar alineamientos de precios”.

Acción ésta última tendente a la ‘recomendación colectiva de precios’ que sería una práctica contraria al derecho de la competencia, claro. Del otro –y como se adelantaba antes- “la prohibición de la destrucción de valor en la cadena supone de facto una prohibición de venta a pérdida en toda la cadena alimentaria y para todos los operadores que intervienen en la misma”, insistía el organismo encargado de velar por la competencia leal. Para todos menos para la última operación, que es la que se daría –según razona la CNMC- entre el punto de venta final y el consumidor. Es decir, que la venta a pérdida podría estar prohibida en toda la cadena alimentaria pero no así en las promociones del supermercado en su relación con sus clientes, donde estaría regulada por la Ley del Comercio Minorista, que la permite salvo en determinados supuestos que –tras la sentencia del TSUE- resultan de casi imposible demostración. En definitiva, un galimatías jurídico que ofrece un horizonte de inestabilidad y en el que la protección del eslabón más débil de la cadena tampoco parece que esté, ni mucho menos, mejor garantizada.

La actitud de Planas

Lo cierto es que, al menos en cítricos, llevamos una campaña ruinosa, con ventas en orígen de naranjas que en la inmensa mayoría de los casos se han producido por debajo de ‘los costes efectivos’ de producción y aquí nada ha cambiado. Ante tal evidencia el ministro de Agricultura, Luis Planas se justificaba hace unos meses ante la prensa: “La existencia misma de la Ley ya es un factor de protección. ¿Hemos conseguido la plenitud de su aplicación? Aún no, por una razón muy sencilla: porque es un cambio de cultura de 180 grados en las transacciones en el sector”. Y acto seguido, Planas, se veía obligado a contestar con claridad sobre la posibilidad de fijar precios dignos para los agricultores: ”Esa pretensión es inviable, desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios (…) “De lo que se trata es de buscar transparencia y equilibrio, pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado único”.

Vistas pues las limitaciones legales marcadas por el derecho de la competencia –que prohíben la fijación de precios mínimos, que tanto constriñen la persecución de la venta a pérdidas o la imposición de precios en todos los eslabones por encima del coste de producción, porque “facilitaría el alineamiento de precios”- ¿qué nos quedaría para aportar mayor claridad a la cadena y para, en su caso, tener pruebas indiciarias de posibles abusos?.

Las asociaciones independientes lo tenemos claro y hemos formalizado por ello un escrito que remitiremos al ministerio para reclamar el doble etiquetado, entendiendo que éste debe contemplar:

1) Por una cara, la bandera del país origen de producción del producto

2) Por la otra, la trazabilidad de precios, lo que incluiría:

Precio por kg percibido por el agricultor

Precio pagado por la gran superficie por el producto a su proveedor

Precio final de venta al consumidor

Artículo de opinión
Adan Carrilero Mata

El pasado jueves celebramos en el Auditorio Alfredo Kraus la entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Fue una nueva edición de un acto solemne con el que la institución insular conmemora anualmente su fundación. En esta ocasión, su 109 aniversario tiene contenido especial porque las circunstancias que vivimos nos exigen proyectar a toda la sociedad nuestra determinación por salir juntos de estos momentos de incertidumbre que nos amenazan

Nos obligan también a señalar referencias concretas y personales que nos orienten en la dirección por la que debemos transitar. Reconocimos a 19 personas e instituciones que ejemplifican las acciones individuales o colectivas que han ido construyendo el modelo de sociedad que tenemos que defender, sumando esfuerzos públicos y privados, esfuerzos institucionales y de ciudadanía comprometida. Un homenaje a un grupo de personas, entidades y organizaciones que representan lo mejor de nuestros valores cívicos. Y es que son los Honores y Distinciones otorgados por esta institución lo que convierte esta cita en una celebración de lo que somos, en una muestra de una isla que, desde la humildad, no renuncia a tener su propia voz en el mundo. Una voz que se alza, con más razón en este tiempo, como grito en demanda de paz.

Nuevamente vuelve a producirse una guerra en Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando la pérdida de miles de vidas, el exilio de millones de personas y una enorme destrucción que costará décadas reparar. Se trata de una agresión injustificable que ha merecido la condena unánime por parte de todos los grupos políticos con representación en el pleno del Cabildo y también nuestra inequívoca solidaridad con el pueblo de Ucrania, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento de muchos pueblos de nuestro vecino continente africano, donde siguen latentes numerosos conflictos y hostilidades. Una de las razones de la migración dolorosa y forzosa a la que se ven abocados.

Como no puede ser de otra manera, desde Gran Canaria siempre defenderemos la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Esta isla de paz se opondrá siempre a que se sustituyan las políticas del bienestar, de convivencia pacífica y democrática y de descarbonización por una economía de guerra, por una carrera armamentística que genera destrucción, muerte, sufrimiento pero también una huella ecológica insoportable.

Esta guerra, que amenaza con extenderse, estalló en un momento en el que los datos apuntaban a que estábamos dejando atrás la sexta ola de contagios del COVID. Una ola que pese a su virulencia ha generado menos afecciones graves, y que, con toda la prudencia, podría dar lugar a una situación de control de la pandemia. Es necesario seguir expresando nuestro homenaje a todas las familias que han perdido a seres queridos en esta crisis sanitaria y entendemos que el mejor homenaje es ayudar a quienes siguen sufriendo esta realidad a nivel sanitario, social, económico o laboral.

Poco a poco estamos recuperando nuestras vidas, reiniciando nuestros proyectos, reabriendo nuestros negocios, recobrando la esperanza y la confianza en el futuro, con la puesta en marcha de nuestra estrategia de adaptación a la crisis climática que comenzó hace décadas y que se agrava día a día. Nos recuperábamos de una crisis económica, la del 2010, que supuso un ataque brutal también a los servicios públicos y una excusa para abrir abismos de desigualdad en el mundo. Por cierto, unos servicios públicos que después, diezmados, han sido la vanguardia para combatir la crisis y sus consecuencias.

Hay que resaltar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo, a veces sin el reconocimiento y la seguridad que merecen. La voluntad de permanencia y renovación de empresarios que han incrementado sus inversiones renovando sus instalaciones turísticas, industriales o comerciales para facilitar la vuelta a la normalidad. El sacrificio de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos para resistir las dificultades de la coyuntura económica. Nos solidarizamos ante las injusticias y desigualdades que las mujeres han visto incrementarse como resultado de esta pandemia. Aplaudimos la innovación y la inventiva de la juventud canaria que a pesar de las dificultades para acceder al mundo del trabajo se esfuerza por alcanzar una preparación que les permita aumentar sus oportunidades. La cantera es admirable.

Y para estar con la mayoría de nuestra gente, especialmente con quienes peor lo están pasando, el Cabildo de Gran Canaria ha priorizado recursos, programas, inversiones, acciones para materializar esa cercanía y reducir el sufrimiento de miles de grancanarias y grancanarios. Somos el instrumento de una sociedad que quiere seguir avanzando unida.

Es necesario compartir alegrías e ilusiones para la década que está germinando en nuestra isla. Estamos liderando el proceso de transición a la soberanía energética que nos permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, además de progresar en las exigencias que nos demanda el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles en tiempos de incertidumbre en los suministros.

Queremos aprovechar los recursos europeos y estatales para modernizar la movilidad, avanzando en la materialización del tren como respuesta sostenible. Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que se aceleren todos los trámites porque Gran Canaria tiene los deberes hechos. Hace apenas unas semanas que celebramos el acto de inicio de las obras de Salto de Chira, un proyecto que va a situar a Gran Canaria a la vanguardia de la innovación para la transición ecológica y energética y para seguir impulsando el sector primario en las cumbres y medianías

Me alegra enormemente que en estas y en otras actuaciones estratégicas citadas todos los grupos políticos presentes en esta institución rememos en el mismo sentido. Y avanzamos juntos también en la modernización de las infraestructuras públicas que mejora la diversificación económica azul, verde, circular y la oferta turística, comercial, industrial y sociosanitaria en los 21 municipios de Gran Canaria.

Es momento de un reconocimiento general por la respuesta social a este tiempo imprevisto y cruel. Y en esta respuesta quiero tener una mención especial al papel de los 21 ayuntamientos de la isla. Hemos y estamos trabajando codo con codo con ellos y además me consta que están realizando un trabajo excepcional que el Cabildo reconoce públicamente. Juntos hemos contribuido también a mostrar nuestra solidaridad con La Palma, de la que tenemos que seguir acordándonos para hacer más fácil su recuperación.

En este contexto de incertidumbre e inestabilidad cobra más importancia si cabe la contribución de los 19 galardonados de esta edición. Mujeres, hombres, empresas, entidades y organizaciones sociales nacidos aquí o venidos de otros lugares para unir su vida, su creatividad y su vocación a esta isla, que desde las más diversas áreas contribuyen día a día a construir una sociedad próspera, una comunidad más fuerte y libre. Un pequeño gran grupo que, este año, refleja la riqueza de nuestra música, desde sus orígenes a sus éxitos más internacionales; nuestra literatura, creada o inspirada en la isla; nuestra diversidad y compromiso social, personal o colectivo; la ciencia y la investigación, el deporte, las iniciativas de emprendedores y emprendedoras, la solidaridad internacional, el ejercicio de la política entendida como servicio público… son todas herramientas poderosas frente a la mayoría de los riesgos que afronta la sociedad actual.

Cada año es extremadamente difícil conceder los galardones ya que dejamos fuera a muchísimas personas y entidades que tienen merecimientos para obtenerlos. Esto nos habla de la increíble vitalidad social de una pequeña isla de poco menos de un millón de habitantes que, sin embargo, tiene figuras destacadísimas en casi todos los campos económico, artístico, social, científico o deportivo.

Creo firmemente en los valores de la isla y de sus gentes. Es esta confianza lo que me guía en la tarea diaria. Me anima cada mañana la seguridad de que pertenecemos a una sociedad excepcional y que tenemos que seguir avanzando, seguros de nuestras capacidades y de nuestro potencial. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria creo que también podemos y debemos estar orgullosos de esta institución que día a día, década tras década, demuestra el liderazgo necesario para garantizar un futuro mejor, como sello de identidad de esta Corporación desde que fue creada.

Hoy Gran Canaria sería otra si no contara con una institución como el Cabildo, que responde a una realidad geográfica, social, medioambiental y económica indiscutible: la isla. Nuestras carreteras empiezan y finalizan todas en la isla, somos un sistema energético aislado, nuestros ecosistemas son singulares, y nuestras economías y dinámicas sociales están configuradas desde la insularidad. Por ello, desde la defensa de una Canarias unida y solidaria, reivindicamos una vez más, el papel de las instituciones locales e insulares, y su capacidad para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de las personas. Soluciones construidas de manera participativa, aprovechando la enorme inteligencia colectiva que atesoramos como pueblo y que está representada por las personas y entidades galardonadas. Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento en nombre de todo el Cabildo de Gran Canaria, de los hombres y mujeres de Gran Canaria.

Los acontecimientos tan dramáticos que estamos viviendo ocupan toda nuestra atención. La guerra se extiende por las ciudades de un país que es un 20% más grande que España y que tiene 44 millones de habitantes, una cantidad similar a la de España. La magnitud de esta agresión nos preocupa por la enorme crisis humanitaria que ha desatado y por la gravedad que supone para la paz y la seguridad mundial. Pero no es una situación realmente nueva. La estamos viviendo aquí al lado con el Sáhara. La hemos vivido en Irak, en Siria, en Afganistán. Quizás por ello somos más conscientes del sufrimiento que padecen millones de personas y expresamos nuestra solidaridad con Ucrania y con los pueblos de Europa central que padecen las consecuencias de la invasión del Gobierno de Vladímir Putin

En medio de este escenario dantesco, imprevisible, hay noticias e imágenes en nuestro día a día que tienen una enorme trascendencia y que, unidas, nos muestran una mejora importante en el mercado laboral, un repunte económico que apuntala la recuperación y que señala que estamos avanzando en una buena dirección, si el conflicto bélico no se extiende o se alarga. Hemos visto hace tan sólo una semana el nuevo paseo de Meloneras con numerosos turistas paseando, visitando los comercios y los restaurantes de la zona y curioseando el yacimiento arqueológico que, como el Faro de Maspalomas, conforma un paisaje para el recuerdo de los miles de viajeros europeos que disfrutan de nuestra tranquilidad y de nuestro clima a orillas del Atlántico. Esta ocupación turística es uno de los principales motivos del crecimiento continuado de la contratación de personal en el último año y de la reducción del paro en nuestra isla. Indica que se ha superado lo peor de las distintas oleadas de la pandemia y que volvemos a los indicadores de antes de la crisis.

Son buenas noticias. Pero hay que resaltar varios aspectos en esta tendencia con la que ha comenzado 2022: en los dos primeros meses del año no solo ha habido un aumento extraordinario de contratos sino que el porcentaje de contratos indefinidos se ha duplicado. Gracias a esta evolución el desempleo ha caído en un año un 22,7%, lo que supone 25.442 desempleados menos. La estadística se dispara respecto a la contratación indefinida, con un incremento de este tipo de contratos de un 235%, a lo que se suma el aumento de un 151% en la conversión de contratos temporales a indefinidos. No parece que la subida del Salario Mínimo Interprofesional haya producido la destrucción masiva de empleos como auguraban las posiciones catastrofistas de algunos sectores económicos y partidos políticos. Al contrario, el 14,7% de los asalariados canarios han visto mejorada su retribución, aunque ello no significa que dejen de ser trabajadores pobres, con ingresos muy bajos, personas vulnerables en una situación de crisis y de alza de precios como la que padecemos.

Otra de las imágenes que se convierten en habituales en nuestro día a día es el enorme volumen de obras en ejecución con las que se mejoran las infraestructuras y los espacios públicos en todos los municipios, gracias fundamentalmente a los planes del Cabildo y de las corporaciones locales. Así lo señala la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que confirma el aumento en un 4, 6% de la inversión pública del Cabildo y los ayuntamientos en el año 2021, frente a la reducción de la del Estado en Canarias en un 32% y la de la Comunidad Autónoma en un 24%. Tendríamos que remontarnos a 2008, antes de la crisis inmobiliaria, para encontrar cifras de inversión cercanas a las alcanzadas el año pasado.

Gran Canaria, además, es la única isla que cuenta con un Plan de Cooperación anual de su Cabildo con los 21 municipios y mancomunidades. Este año asciende a 18 millones de euros, para la realización de 75 actuaciones que supondrán la creación de 350 puestos de trabajo. Esta cifra es importante, pero lo más notable es que la continuidad de este programa ha permitido que entre 2016 y 2021 se hayan invertido más de 131 millones de euros y acometido 827 obras, lo que ha permitido la contratación de más de 2.500 personas. El Cabildo es, además, una de las principales entidades contratadoras de la isla, con un constante trasiego de personas o empresas que prestan servicios a la Corporación.

El Cabildo de Gran Canaria ejecuta en estos momentos obras en la isla por un importe superior a los 1.200 millones de euros en carreteras, platós audiovisuales, Museo de Bellas Artes, Plan Sociosanitario, obras hidráulicas, de depuración y desalación, infraestructuras turísticas, patrimonio histórico, zonas comerciales e industriales, mercados, instalaciones deportivas, impulso a las renovables, etc. El modelo de desarrollo ecosocial que proponemos avanza también hacia la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible verde y azul que garantice nichos de empleos innovadores ligados a la transición energética, la movilidad sostenible, la acuicultura, la investigación, la economía circular, la digitalización... Gran Canaria es la primera isla en disponer de una Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con un presupuesto de 147 millones destinados a infraestructuras (88,6 millones), naturaleza (39,5 millones) gobernanza (15,7 millones) y tecnología (4 millones). Tenemos que avanzar urgentemente en romper nuestra dependencia del exterior de los combustibles fósiles, de los alimentos importados, en la seguridad hídrica…

Además de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia que vamos a pelear por captar, el Cabildo promueve proyectos como Salto de Chira, que movilizará unos 3.000 empleos directos para la construcción, mantenimiento y gestión de la central hidroeléctrica reversible, a lo que habrá que sumar el personal que instalará los parques fotovoltaicos, eólicos, comunidades y almacenamientos energéticos que se pondrán en marcha cuando se garantice la sostenibilidad del sistema con renovables.

Conocedora y sensible con los problemas de un mercado laboral que ha saltado de crisis en crisis durante la última década, de la precariedad en las contrataciones, de la dificultad de las personas más jóvenes para acceder a un empleo, de los problemas para incorporarse al mundo laboral de las mujeres y los mayores de 45 años, así como de las personas con discapacidad, las políticas de empleo del Cabildo se han acentuado en los últimos años y han propiciado la contratación de más de 6.000 personas en este mandato. Tienen una orientación centrada en dar respuestas a las disfunciones del mercado laboral, tal como explicó el consejero de Empleo, Juan Díaz, en el Pleno del pasado mes de febrero al detallar las acciones de su área.

En el mercado laboral actual de la isla las ocupaciones más demandadas son las de vendedores, personal de limpieza, administrativos, camareros, peones de construcción, de la industria, de la actividad agrícola, transportistas, cocineros y albañiles, pero no siempre se encuentran personas con la formación suficiente para su incorporación a una empresa. Por eso se realizan actuaciones desde el Cabildo centradas en el ámbito de la formación, los planes de empleo conjuntos con el Gobierno de Canarias, la garantía juvenil, los incentivos a la contratación, los programas de desarrollo local con los ayuntamientos, las inversiones en centros de formación de municipios y mancomunidades, las lanzaderas de empleo, la construcción de siete centros de formación propios, las labores de asesoramiento y promoción de nuevas empresas y la creación de la Fundación para las Personas con Discapacidad. Por citar solo un ejemplo, el programa de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) ha incorporado a 102 personas en su reciente convocatoria. Son jóvenes que podrán adquirir experiencia durante un año para así poder superar uno de los requerimientos que se establecen por parte de las empresas para la contratación.

En los últimos diez años la economía de nuestra isla ha sufrido duros embates. Primero el de la crisis económica de 2010 y luego el de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El cero turístico se amortiguó con la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque el paro creció en todos los sectores y la inactividad afectó de forma drástica a los autónomos y a muchas pequeñas empresas, a quienes apoyamos con líneas de ayuda desde el Cabildo.

El turismo siempre ha sido, de forma incontestable, el motor mayoritario de la recuperación económica. Nuestro esfuerzo se centra ahora en la búsqueda de una mayor diversificación de nuestra economía. Nos refuerza en esta convicción el conflicto bélico en el Mar Negro, por el que se vuelven a poner en riesgo los datos de recuperación económica, del aumento del número de contratos y de la caída del desempleo en las islas. Se trata de un escenario que afecta de lleno a la Unión Europea de la que formamos parte, con la que compartimos los principios y valores democráticos. De ahí procede casi la totalidad de los turistas que nos visitan. Aunque esta crisis afecta al turismo, también impacta en sectores estratégicos como la energía, el agua, la alimentación, el transporte y las comunicaciones.

Nuestra apuesta tiene que ir necesariamente de la mano de las distintas administraciones, de las empresas, de la Universidad, de los sindicatos, de las onegés. Es la única manera de dar el impulso necesario hacia un modelo sostenible que figura entre las prioridades de nuestra institución. La crisis climática, sanitaria y bélica no hacen más que confirmar la necesidad de que estemos preparados para el futuro, un futuro sostenible en el que el empleo verde crecerá por necesidad, pero también por la firme voluntad del Cabildo en lograr una ecoísla autosuficiente.

Como decían nuestros abuelos, amor no quita conocimiento. Tengo que confesar que esperaba que de la Conferencia de Presidentes saliera un acuerdo para atender solidariamente a los menores no acompañados que están bajo tutela de Canarias, pero no fue así. Y ahora habrá que pedir una modificación legislativa, ya que no basta con voluntades incumplidas

La solidaridad, a estas alturas, ya no puede ser una promesa. Canarias lleva demasiado tiempo asumiendo la responsabilidad de cuidar y atender a casi tres mil menores. La inmigración hacia nuestras islas ha demostrado no ser un fenómeno pasajero, sino una constante ante la que ya no cabe alegar sorpresa o desconocimiento.

El nuevo Gobierno de Canarias renunció expresamente a la política de la confrontación que tantos otros han practicado en el pasado en Canarias. Los partidos firmantes del ‘pacto de las flores’ establecimos que era necesario crear un nuevo espacio de entendimiento con la administración central basado en el respeto mutuo, en la lealtad institucional y en la colaboración y el diálogo. Canarias ha sido en todo momento una Comunidad Autónoma que ha renunciado a crear problemas para pasar a intentar solucionarlos. Renunciamos a la crispación política en un mundo que ya nos parecía demasiado crispado. Y en ese nuevo espacio, lo que Canarias espera es una lealtad recíproca por el Estado.

Es evidente que no habríamos superado los efectos de la crisis de los últimos dos años si no hubiera sido por el apoyo financiero de Europa y de España. Los fondos extraordinarios que se han derivado a las islas han sido fundamentales para superar el mayor desastre económico que ha vivido el Archipiélago en su historia reciente. En el año 2020 perdimos nada más y nada menos que diez mil millones de euros a causa del “cero turístico” provocado por la pandemia. Sufrir una caída del 20% del PIB y seguir vivos es un milagro que solo se explica por la solidaridad de la Unión Europea con España y por el compromiso del Gobierno central con las comunidades autónomas más desfavorecidas, como es el caso de nuestras islas.

Las amenazas que se ciernen sobre las islas en los próximos meses son muy preocupantes. Tenemos razones para pensar que el encarecimiento de los precios del transporte de viajeros y mercancías, la inflación, la crisis energética y las incertidumbres de la guerra de Ucrania pueden terminar lastrando la recuperación turística de Canarias. Una vez más no se trata de un problema del destino (o sea, nuestro), sino de un acontecimiento global sobre el que no tenemos capacidad de influencia.

Es necesario que Canarias pueda incluirse como un capítulo especial en el Plan Nacional de respuesta ante las nuevas incertidumbres. Nuestro Archipiélago importa más de quince mil millones en bienes cada año y un aumento de los fletes y de los costes del transporte puede ocasionar un encarecimiento insoportable de la vida en las islas. Y si a eso se le une una inflación desbocada y un nuevo desplome del sector turístico, nos volveremos a enfrentar, como ya nos ocurrió hace dos años, a una tormenta perfecta que seremos incapaces de superar por nosotros mismos.

Las personas con las que hablo están agobiadas. Les cuesta llenar el depósito de combustible del coche con el que van a trabajar. Han visto cómo se ha disparado el precio de la cesta de la compra por el encarecimiento del transporte. Y la inflación les ha robado una parte muy importante de la capacidad adquisitiva de sus salarios. Y si eso les pasa a las clases medias, no cuesta imaginar el efecto terrible que está teniendo este encarecimiento de la vida para las decenas de miles de personas que ganan menos de quinientos cincuenta euros mensuales, como es el caso de las pensiones no contributivas que, en su mayoría, perciben mujeres de nuestra tierra.

Vamos a defender en el Gobierno que se tomen medidas para que los más débiles puedan ser auxiliados. Estamos por reducir, coyunturalmente, la fiscalidad sobre los combustibles, que en Canarias son esenciales para el transporte. No nos cabe la menor duda de que la ciudadanía de estas islas está esperando una respuesta para superar un nuevo año de dificultades. Y estamos seguros de que nuestro Gobierno va a darla. Y que defenderemos ante las más altas instancias del Estado la adopción de las medidas excepcionales que sean necesarias para atender las necesidades de una tierra excepcional. Otra cosa resultaría impensable para mí.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias

En el pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de febrero aprobamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El texto ha sido consensuado con los ayuntamientos y se aprobará igualmente en los 21 consistorios de la isla. Y es que, aunque en los últimas décadas y años hayamos vivido una progresión positiva en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la llegada de la pandemia y la inestabilidad provocada por los problemas de suministros internacionales, la inflación y la guerra de Ucrania así como el ascenso electoral y el reforzamiento de un movimiento de extrema derecha internacional ponen en riesgo muchas de estas conquistas sociales

En este escenario cobra especial importancia el 8 marzo para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y seguir reivindicando medidas que tengan como objetivo avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además del lacerante drama social de la violencia de género, la muestra más flagrante de la desigualdad de género se produce en el entorno laboral, con especial énfasis en la brecha salarial. La crisis sanitaria está poniendo en serio riesgo el ya de por sí lento proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres: si antes de la pandemia de la COVID 19 se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135 años, según los recientes informes de Intermón Oxfam.

Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral: los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro… De hecho, según el informe 'Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado' de la Fundación Alternativ@s, en 2018 los hombres en España ganaban, de media, un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas ha sido mayor durante la pandemia.

A pesar de que las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren son múltiples y frecuentes.

Además, hay colectivos femeninos que lo sufren en mayor medida. Es el caso de las mujeres migrantes que son especialmente invisibilizadas y discriminadas, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales o directamente en la ilegalidad y prácticamente sin protección y sufriendo, en ocasiones, una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. También las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto en lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo, donde son sometidas, en multitud de ocasiones, a situaciones vejatorias y a la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género.

En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.

¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar y aunque parezca muy evidente hay que apostar por la unión para avanzar en igualdad, tal como reza la campaña institucional que el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado con motivo del 8 de marzo. Una democracia no puede ser plena si discrimina a más de la mitad de la población. Es necesaria la unidad con firmeza de las personas demócratas y de todas las instituciones frente a los discursos de odio que cuestionan derechos elementales.

Pero esta unión también tiene que traducirse en políticas públicas que favorezcan la igualdad desde un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las diversas formas de discriminación que operan de manera simultánea. En este sentido es fundamental incluir la cuestión de los cuidados como una tarea pública y compartida. El cuidado de nuestros niños y niñas o de nuestros mayores, por poner los dos ejemplos más evidentes, no puede seguir siendo asumido casi en exclusiva por mujeres y además sin remuneración.

Hay que fomentar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Es también importante visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género: facilita que las niñas desde temprana edad sepan que pueden desempeñar el trabajo que deseen y que la sociedad en general vaya abandonando aquellas ideas preconcebidas que sean discriminatorias.

Hay que impulsar, como estamos haciendo, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional, social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Esto es especialmente importante en Gran Canaria, ya que las mujeres rurales pueden y deben tener un papel central en el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos promoviendo desde el gobierno insular.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de colectivos con serias dificultades de inserción laboral como mujeres trans, mujeres migrantes, racializadas, de entornos rurales o con diversidad funcional. Hay que promover no solo su integración en el mercado laboral, sino también la generación de puestos de trabajo adaptados a las diversas circunstancias y libres de discriminación.

En definitiva, afrontamos un 8 de marzo con mucho que celebrar pero también con mucho que reivindicar. Porque no podemos permitir que sean las mujeres las que paguen las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria ni que demos ni un paso atrás en el largo camino de la igualdad de derechos. Por eso, por encima de todo tenemos que reivindicar la unión en esta tarea. Porque la unión hace la igualdad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Con más de 300 explotaciones apícolas y casi 11.000 colmenas activas, Gran Canaria es una de las zonas de España con mayor densidad de explotaciones por kilómetro cuadrado. Tal y como ocurre en otros ámbitos de la ganadería, para hacer frente a los nuevos requisitos ambientales y de bienestar animal exigidos, las granjas apícolas deben contar con personas altamente cualificadas que posean básicamente tres características: conocimientos, capacidades y actitudes específicas frente al trabajo de la explotación

La importancia de la apicultura también viene determinada por el crucial papel medioambiental que cumplen las abejas y que está seriamente amenazado. Estos insectos utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse y producir miel, en un proceso que las convierte en las principales responsables de la polinización. Pero es que además en algunos casos, como sucede en Canarias, hay abejas que recogen polen de solo algunas plantas específicas, siendo por tanto fundamentales para la supervivencia de muchas especies de flora autóctona, lo que las convierte en un elemento clave tanto para la conservación de la biodiversidad como para la agricultura. Son imprescindibles para la cadena alimentaria.

Estamos en un momento en el que se está produciendo un brusco descenso de la población mundial de este insecto. Los pesticidas, el cambio climático, las especies invasoras o la contaminación están afectando a su supervivencia. Este proceso es especialmente grave en Canarias y en Gran Canaria, que cuenta con especies endémicas que están siendo desplazadas por la llegada de otras variedades foráneas. En algunos casos, estas especies son depredadoras y muy agresivas, lo que está provocando cambios de comportamiento en nuestras abejas vernáculas, en general muy mansas pero que se están volviendo agresivas como mecanismo de defensa.

En el blog de divulgación ambiental “Abejas de Canarias” se afirma que Gran Canaria es la isla con mayor diversidad de especies de abejas, con 73 especies diferentes, de las que 52 son compartidas con Tenerife. Tenemos una enorme diversidad que proteger, conservar y divulgar. Además, la apicultura es también una fuente de desarrollo sostenible para medianías y cumbres en las que se concentran las colmenas.

Con la idea de potenciar el sector en la isla nació en el año 2018 el proyecto de Escuela de Apicultura de Gran Canaria. Tras tres ediciones y un total de 148 solicitudes de participación, se han capacitado hasta la fecha 34 personas (12 mujeres y 22 hombres). Cada vez más, estos estudios despiertan interés más allá de nuestras fronteras, con solicitudes de alumnos y alumnas que provienen no solo de otras islas o de la Península, sino de países como Polonia o Italia.

Hace unas semanas inauguramos las nuevas instalaciones de este centro de formación. Con una inversión cercana a los 300.000 euros hemos recuperado un edificio que se encontraba en ruinas en medio de un entorno catalogado como suelo de protección natural.

La ubicación de la Escuela de Apicultura es, seguramente, la ideal para este tipo de estudios: cercana a la Granja Agrícola del Cabildo y a la Facultad de Veterinaria y con una flora que permite la supervivencia de las colmenas que sirven de apoyo para las prácticas y, a la vez, está también suficientemente alejada como para no crear molestia alguna a los usuarios de las oficinas, estudiantes o ciudadanía en general. Esta escuela ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de la ULPGC, especialmente de los catedráticos Anselmo Gracia y Antonio Fernández y el veterinario Pablo Pérez Acosta ya que sin su implicación este proyecto no hubiera dado los resultados esperados.

Esta acción es el emblema del Plan Insular de Fomento de la Apicultura, que incluye un amplio rango de actuaciones como el convenio firmado con la ULPGC para la mejora genética de la abeja Negra Canaria que empezará a dar sus frutos muy pronto, con la inminente campaña de cesión de abejas reinas que pretende reducir el nivel de hibridación de las abejas de Gran Canaria en pro de su supervivencia.

Asimismo hemos creado y potenciado la Marca de Garantía, Gran Canaria Calidad para la Miel de Gran Canaria, a la que desde el año 2013 se han adscrito un total de 13 apicultores. En esta línea, gracias al trabajo desarrollado por el Laboratorio Agroalimentario y Fitopatológico del Cabildo de Gran Canaria y con el fin de garantizar su calidad, también implantamos el servicio de análisis de la miel. Se trata de un servicio gratuito para el apicultor que le permite analizar un lote de miel tanto desde el punto de vista fisicoquímico como polínico.

Igualmente contamos con una línea de subvenciones anuales para el sector apícola destinadas a cubrir gastos de funcionamiento y gastos relativos a formación y a otras acciones. Este año hay presupuestados 60.000 € en 4 líneas de concurrencia competitiva. Por último, cada año se realiza el Concurso Oficial de Cata, un gran escaparate para dar a conocer las mieles producidas en la isla.

El incendio de 2019 afectó a muchas colmenas y desde entonces se articularon tres medidas de apoyo a la apicultura. Las dos primeras, la compra de alimento para las colmenas y la adquisición de cera, fueron ejecutadas en un breve periodo de tiempo. Pero la tercera medida, de mayor calado, fue la reposición de gran parte de las colmenas quemadas con la cesión de núcleos elaborados por el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la ULPGC. Desde esa fecha, se han entregado un total de 600 núcleos a los 21 apicultores afectados por el incendio. Se trata de una actuación de gran complejidad ya que estas pequeñas colmenas dependen en gran medida del ciclo natural de las abejas.

Junto con la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela, ese día culminamos el proceso con la entrega del último núcleo a Antonio Eulogio Rodríguez Mendoza, una de las personas damnificadas que con más de 450 colmenas es uno de los apicultores con mayor producción de Canarias.

El plan de apoyo a la apicultura y su nueva Escuela son la vía para el fomento de una actividad referente para el nuevo modelo de desarrollo ecosocial que impulsamos para Gran Canaria. En ella confluyen desarrollo económico en medianías y cumbres, protección medioambiental, formación, innovación y desarrollo y fomento del producto local de calidad. Tenemos el convencimiento de que esta combinación es clave para garantizar un futuro de bienestar para la isla.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

¡Mujer y Cultura! Parece un lema que resuena, como la alarma en el patio de una prisión confundida con otros gritos ¡Mujer y Ciencia!; ¡Mujer y Deporte!; ¡Mujer y Política!.... ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Mujer! Gritos continuados con paradas anuales en la memoria o quizás sería más exacto decir en la desmemoria. Y aquí seguimos enumerando los días, los meses, presas y presos de esta misma condición de la que nos queremos liberar

Como mujer, en individual y en individuo, reclamo nuestra pluralidad como elemento distintivo: MUJERES. En el universo de la cultura, las mujeres, con nombres y apellidos, tienen un doble reto, casi una doble obligación: crear y reivindicar. Y no es esa doble función a la que aspiramos. Aspiramos a crear con libertad y sin límites ni medidas. Y ese espíritu, combativo y de militancia aparentemente moderna, ha sido abanderado por mujeres que fueron antes que nosotras, y que serán después de nosotras. En este mes de marzo orbitarán alrededor de los espacios de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, entre otras muchas en presencia o en esencia, nombres y apellidos: Dolores Campos-Herrero, Mercedes Pinto, Espido Freire, Silvia Rodríguez, Saida Santana, Natalia Medina, Arita Shahrzad o Gina Berndtson. Ellas, poderosas portavoces, conectan con la “artista mujer” que somos y con la historia que aspiramos ser.

Aspiramos a coser libros en el Centro de Artes Plásticas y en nuestro Taller de Grabado, porque las costuras, como las heridas, siempre fueron cosas de mujeres, o así desgraciadamente nos lo hicieron saber, y también por desgracia los libros no siempre fueron cosas de mujeres. Por eso presentamos un proyecto colectivo artístico multidisciplinar, de literatura y obra gráfica, con la participación de 48 mujeres artistas en un diálogo literario y gráfico de mujeres que hablan de heridas. Es cierto que de heridas sabemos todos, algunos más y otros menos, pero de costuras y de cicatrices, por naturaleza e historia, sabemos más nosotras. Por eso Cicatrices, proyecto expositivo y libro de 24 escritoras y 24 diseñadoras gráficas, hace girar el fino papel de la herida y convierte esta propuesta inclusiva, intergeneracional, coral, femenina, reivindicativa y tolerante, en un canto a la vida.

Aspiramos a bailar el mundo en la Biblioteca Insular con un proyecto de danza contemporánea para espacios no convencionales, Danza Arai, creado, dirigido e interpretado por cuatro mujeres de la compañía de Natalia Medina. Ángeles Perea Alfonso, Ángeles Padilla, Vanessa Medina y Bárbara Brehcist son sus intérpretes.

Aspiramos a desplegar tolerancia y visibilidad femenina acompañando a nuestros pares masculinos a Padrón, a la voz de Tomás Morales o a nuestro Galdós, inspirador de emociones, donde la imagen y la palabra se unen para crear un único elemento visual y expresivo que sirve para unirnos a toda

Y aspiramos a representarnos más allá de lo que queremos y necesitamos ser: indianas como Saida Santana que escribe, dirige y protagoniza un monólogo teatral en el que da voz a su propia abuela, campesina canaria emigrante en la Cuba de principios del siglo XX; columnistas como Mercedes Pinto a la que Alicia Llarena da voz en ‘Al volar’, una colección completa de artículos que la escritora publicó entre 1950 y 1951 en el suplemento del diario ‘El País’ de La Habana; retratistas de miradas a la figura de Gina Berndtson, artista sueca con un gran número de obras en la sede de la Casa de Colón; escritoras que hoy se llaman Espido Freire o Noemí Guillermo en la Casa-Museo Pérez Galdós.

Con la exposición colectiva Arte de Mujer donde participan Berbel, Inma Ariola, Dunia Sánchez, Zoraida Rodríguez, Elva Ramírez y Maruja, nos vacunamos contra el machismo, un proyecto en CCA Gran Canaria, que habla de igualdad de género y nuevas masculinidades.

Todas ellas somos todas y quedan muchas en los bordes del camino. No dejemos solas a la artista iraní Arita Shahrzad en la Sala San Antonio Abad; a las poetas en mujeres en la Isla, a los poemarios del dolor, a las plumas en el corazón, a las microfantafabulosas. Búsquenlas porque nos están esperando.

Guacimara Medina. Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

El pasado jueves día 17 de febrero y con la presencia del Presidente del Gobierno de Canarias, la Vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, las alcaldesas de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, la Presidenta de Red Eléctrica de España, el Presidente del Cabildo de Gran Canaria y una amplia representación de cargos públicos y miembros de organizaciones sindicales, empresariales y sociales, se celebró un acto institucional de enorme trascendencia para Gran Canaria y Canarias: de manera simbólica se colocó la primera piedra de la central hidroeléctrica del Salto de Chira

Efectivamente fue un gran día para Gran Canaria y para Canarias. Compartimos con emoción, con esperanza y con orgullo que Salto de Chira sea una hermosa realidad. No hay noticia que mejor pueda cubrir de verde este tiempo lleno de dificultades e incertidumbres. Nuestro pueblo merece que sus grandes sueños se materialicen, los sueños que hablan de proteger una naturaleza y un territorio excepcionales y de avanzar para alcanzar la soberanía energética, hídrica y alimentaria.

Celebramos no solo el comienzo de una gran obra, celebramos el inicio de un nuevo tiempo largamente esperado: la garantía de que un modelo de ecoísla es posible y de que podremos legar a las próximas generaciones una tierra que estamos obligados a proteger. Por ello es también fundamental crear las condiciones para que este archipiélago anclado en medio del Atlántico pueda lograr oportunidades sostenibles de desarrollo reales en el futuro.

Salto de Chira es una herramienta imprescindible para alcanzar esos objetivos, para hacer posible un modelo de progreso ecosocial que garantice nuestra supervivencia. Con el comienzo de las obras abrimos de par en par las puertas a un tiempo nuevo que reafirma a esta isla como tierra de oportunidades, de transformación, de vanguardia y de compromiso medioambiental.

En Gran Canaria, en los dos últimos siglos, hemos tomado decisiones que nos han permitido ser referentes de progreso, de innovación y de vanguardia. Así ocurrió con la construcción del Puerto de la Luz y de nuestro aeropuerto, con la edificación de un entramado de grandes presas que nos hace ser uno de los territorios con mayor densidad en el mundo en estas infraestructuras, con la implantación de una potente red de desaladoras para combatir la falta de agua…

El Salto de Chira pertenece a ese grupo de grandes realizaciones estratégicas que nos permitiráintegrar la protección del medio ambiente, las soberanías energética, hídrica y alimentaria y la descarbonización. Este paso justifica la enorme alegría de este momento.

Gran Canaria está comprometida en la lucha contra la emergencia climática. Hemos aprobado, entre otras cosas, la primera estrategia en Canarias de adaptación y mitigación del cambio climático, impulsado un plan intensivo para implantar y favorecer el autoconsumo y afianzado el Pacto de las Alcaldías por el Clima. El Salto de Chira se incluye y es vital en esta propuesta integral. Es la clave que sostendrá la bóveda de la descarbonización y la soberanía energética de la isla para ir dejando atrás las energías fósiles y llegar a ser un día cien por cien renovables. Es preciso que valoremos desde esta óptica la magnitud de lo que hoy celebramos.

Necesitamos transformar y almacenar energía y a la vez disponer del agua que nuestra geografía y el cambio climático nos limita. Yo he comprobado cómo nuestra gente se ha sumado con entusiasmo a este proyecto cuando ha comprendido que da respuesta a las dos debilidades fundamentales de nuestra situación. He visto a los agricultores y regantes de Cercados de Espino, de Barranquillo Andrés, de Tunte, de Mogán, de Tejeda, de Artenara, de las medianías de Gran Canaria, apoyar esta iniciativa con la misma ilusión con la que vieron cimentarse las presas que hoy nos permiten este enorme salto medioambiental, energético e hídrico.

Este gran proyecto, que ha necesitado 11 años de trabajo, de estudios, de negociación, de consenso, de firmeza y determinación, coloca a Gran Canaria a la vanguardia de la modernidad, de la transición ecológica y por tanto de la conservación de la enorme riqueza medioambiental que nos identifica y que refuerza nuestro sentido de pertenencia a esta isla. Sin duda estamos ante la infraestructura más importante de Gran Canaria de las últimas décadas. Sobre el legado de nuestros predecesores, que construyeron nuestras grandes presas para combatir la secular escasez de agua que nos desertiza y con la urgencia climática que condiciona nuestro porvenir hemos trabajado para diseñar un proyecto de almacenamiento como la gran solución energética verde que Gran Canaria tiene en sus manos.

Esta infraestructura goza de todas las garantías medioambientales. Hemos conseguido que el impacto en el territorio sea imperceptible y, desde luego, incomparable con los enormes beneficios que va a generar. Más del 90% de la central irá soterrada. Está garantizada la protección de la biodiversidad de la zona y de todos sus valores arqueológicos. Se ha hecho un trabajo responsable e interdisciplinar que yo agradezco intensamente.

Gran Canaria ha iniciado con paso firme su andadura hacia una revolución energética que nos va a convertir en una referencia mundial. Estoy convencido de que podemos convertirnos en un modelo a seguir para los territorios insulares del mundo. Salto de Chira es el elemento de cohesión necesario para la penetración de las renovables y el soporte de un mix imprescindible de almacenamiento, para avanzar hacia la democratización de la energía a través del autoconsumo, para implantar un modelo de generación distribuida más flexible. Queda pendiente que por parte de los organismos competentes (se lo dije a la Vicepresidenta, aprovechando su presencia) se agilice la ordenación de la energía eólica marina, con el consenso de todas las partes, para evitar los errores de la eólica en tierra. También es necesario la eliminación urgente de las trabas que limitan el desarrollo de las comunidades energéticas y el autoconsumo en general. Hay que aligerar la pesada carga burocrática que ralentiza la implantación de las energías limpias. Es imperativo impulsar el ahorro y la eficiencia energética, porque la situación es muy grave y no hay tiempo que perder.

Agradezco a toda la sociedad grancanaria su movilización unitaria para defender este gran objetivo. En política hay que hacer lo que se debe y lo que hemos prometido a la ciudadanía, aunque nos cueste. No caben dudas cuando lo que está en juego es el futuro de Gran Canaria y de su gente.

A la hora de los agradecimientos, la lista de nombres que debemos recordar es interminable. Estén seguros de que en la memoria del Cabildo de Gran Canaria estarán registrados en su libro de honor para siempre. Pero yo tengo la obligación de citar al equipo del Consejo Insular de Aguas, encabezado por Yonay Concepción que ha llevado la dirección técnica del proyecto y coordinado el trabajo de distintas áreas del Cabildo de Gran Canaria (Medio Ambiente, Consejo Insular Energía, Política Territorial, Patrimonio Histórico, Obras Públicas y Presidencia), al Gobierno de España, a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al Instituto Tecnológico de Canarias y, por supuesto, a Red Eléctrica de España. Y tengo que decir que a lo largo de estos últimos años hemos podido sostener distintas posiciones con su gente, pero han sido unos grandes profesionales y siempre terminamos agotando el diálogo y el consenso para poder llegar hoy aquí de la mano.

Y también debo incorporar a esta lista de reconocimientos a expertos de la ULPGC, a todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Canarias y claro está, a la sociedad civil en general. Es sumamente importante que en tiempos de desencuentros y de polarización se expresen estas manifestaciones de unidad de acción y de trabajo compartido.

Empezamos a ganar el futuro como siempre lo hemos hecho, con la unidad de nuestro pueblo, con el coraje necesario para superar las dificultades. Encaramos este futuro con la entereza y la tenacidad que aprendimos de nuestra historia para defender que puedan seguir viviendo aquí con dignidad los hombres y mujeres que vendrán detrás de nosotros. La resignación y el pesimismo no pueden ser una opción. Quienes nos pusieron aquí, lo hicieron con la esperanza de que encontráramos soluciones a los problemas. Y en eso estamos. Contamos con el compromiso de todas las administraciones porque el reto es decisivo. Estoy seguro de que el acto del jueves en INFECAR, dando el pistoletazo de salida a las obras del Salto de Chira tiene mucho de compromiso público para hacerlo realidad. No nos debemos olvidar de la aseveración de Simón Benítez Padilla, que tanto hizo por nuestras infraestructuras hidráulicas : "Todo lo debe la isla a su propio trabajo".

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

En las últimas semanas hemos asistido a una polémica exagerada, y utilizada de manera interesada, acerca de la diferencia entre granjas intensivas y granjas extensivas y la insostenibilidad de las primeras frente a las segundas. También aquí en nuestras islas tuvo una enorme repercusión aunque lo cierto es que esa polémica poco tiene que ver con nosotros. Los problemas reales de la ganadería en Canarias en general, y en Gran Canaria en particular, son otros y desde el Cabildo estamos trabajando con el sector para solventarlos

De las 1.232 explotaciones censadas en toda la isla, tan solo el 10,4% tiene más del 80% del censo de la cabaña insular, lo que significa que la inmensa mayoría de las explotaciones ganaderas insulares son de pocas cabezas de ganado. El volumen de negocio que aporta el sector es de unos 45 millones de euros lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto insular.

En los últimos años ha habido una evolución positiva en la ganadería grancanaria. En la última década experimentamos una caída pronunciada de las cabezas de ganado, pero desde el año 2018 se está produciendo una tendencia a la estabilización del ganado en casi todos los subsectores, fundamentalmente en el caprino, ovino y bovino, sin duda por las políticas de apoyo al sector primario y a la ganadería extensiva.

En estos momentos, el 99,3% de las explotaciones de bovino tienen menos de 543 cabezas de ganado. Es decir, y vuelvo a insistir, que la polémica sobre las macrogranjas está muy alejada de nuestra realidad insular. La ganadería en Gran Canaria es extensiva, sostenible, apegada al territorio, al paisaje, a las tradiciones y a la identidad de nuestro pueblo.

Para afianzar este modelo el Cabildo de Gran Canaria puso en marcha el Programa Insular de Desarrollo de la Ganadería Sostenible que engloba diferentes acciones estratégicas con el objetivo de obtener una mejora de las condiciones de producción y transformación de determinadas instalaciones ganaderas, para mejorar la competitividad de las explotaciones y reducir los costes. Este programa se engloba dentro del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria.

El Plan contempla acciones de formación, con más de 28 cursos específicos al año para el sector ganadero así como la Escuela de Ganadería y Pastoreo y la de Apicultura, ambas actualmente en su cuarta edición. Asimismo se están realizando importantes inversiones, como la del centro de reproducción animal de razas autóctonas ganaderas en el Polígono Agroganadero de Corralillos (con 900.000 € )o las nuevas instalaciones de la Escuela de Apicultura (220.000 €). Especial mención merece la línea de ayudas iniciada en 2019 para la implantación de Energías Renovables o de medidas para la eficiencia energética. Se han beneficiado 60 explotaciones por un importe superior a 1,2 millones de euros. También las subvenciones para la ejecución de mejoras sanitarias, ambientales, funcionales y estéticas que han llegado a 55 explotaciones con un importe total igualmente de 1,2 millones de euros.

Otra de las prioridades que hemos asumido es la de la mejora en la gestión de los residuos ganaderos a través de la Planta de Gestión de Residuos Agroganaderos cuya instalación en el Polígono de Corralillos en Agüimes está en trámite: una planta de biogás destinada a la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano y otros subproductos de origen vegetal generados por el sector primario de Gran Canaria.

La inclusión de la economía circular en el sector ganadero es fundamental. Para eso se está fomentando el uso de subproductos ganaderos en agricultura a través de un censo de más de 70 explotaciones ganaderas en los 21 municipios grancanarios por el que se ofrecen gratuitamente los residuos generados (estiércoles, purines, sueros, etc.) a las explotaciones agrícolas que lo deseen para su uso, tanto para las labores de fertilización como en la lucha contra plagas y enfermedades de los cultivos en Gran Canaria. La modernización de la gestión también se refleja en el I+D+i, especialmente centrado en la mejora genética de las razas ganaderas autóctonas.

Se impulsa de la misma manera la investigación y el desarrollo de la abeja negra canaria (a través de un convenio con la ULPGC) y la mejora genética de la raza caprina majorera, ovina canaria, bovina canaria y porcina negra canaria, en virtud de subvenciones a las asociaciones de criadores de razas ganaderas autóctonas.

No obstante, el elemento clave para la pervivencia, consolidación y crecimiento del sector son las ayudas específicas al sector ganadero y quesero, que para este año 2022 cuentan con un presupuesto de 2,9 millones de euros. Los ganaderos y ganaderas de Gran Canaria están sufriendo un enorme problema por los aumentos de los costes de los insumos. Estamos hablando fundamentalmente del crecimiento del precio de los alimentos para el ganado como consecuencia de la inflación y los problemas de suministro derivados de la pandemia, pero también del aumento del coste de la luz o el combustible.

Y para contribuir a paliar esa situación, hemos creado una partida específica de 2 millones de euros para este año 2022 centrada en la compensación del incremento del precio de la alimentación animal. Será una subvención ágil y de concesión directa, que se asignará en función de las cabezas de ganado y que podrá solicitarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria: https://sede.grancanaria.com/es que esperamos poder abrir en las próximas semanas.

Este es un primer paso, pero vamos a seguir trabajando con el sector para compensar una situación que creemos, se va a mantener en el tiempo. En una mesa de trabajo creada recientemente con el sector ganadero se ha acordado un plan de trabajo que incluye diferentes actuaciones. En colaboración con las distintas cooperativas y asociaciones agrarias vamos a realizar un estudio de costes de producción de los principales productos ganaderos que sirva como referencia en el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Ya está en marcha con personal de la Consejería y el apoyo de COAG Canarias.

Asimismo, estamos intermediando con las principales cadenas de hipermercados y de supermercados (se consume desde ahí el 62% de los productos) así como con las empresas insulares transformadoras de la leche para que sean sensibles a la situación actual y que no solo el sector primario sea quien soporte la subida de costes generalizados de la transformación y comercialización.

Vamos a seguir potenciando igualmente el forraje local, a través del Plan Forrajero de Gran Canaria, del que ya participan 65 agricultores y ganaderos, con 120 hectáreas en cultivo en las medianías norte de la isla. Si bien nunca se producirá un volumen suficiente para suplir lo que se importa, sí tiene margen de crecimiento para sustituir una parte con ayudas específicas para ello.

En la línea de trabajo encaminada a sensibilizar, concienciar y formar a la ciudadanía en las ventajas del consumo del producto local, seguiremos con la programación que realizamos cada año de ferias de ganados, jornadas como la del cordero o del baifo, encuentros insulares de concursos y catas, exposiciones en certámenes internacionales o muestras como las de Expoagro o Gran Canaria Me Gusta.

En definitiva, desde 2015 el Cabildo está comprometido en el desarrollo e impulso de un sector ganadero sostenible y extensivo, que contribuya a la conservación del paisaje, a la lucha contra los incendios, a generar empleo de calidad, a evitar la despoblación de las zonas rurales y a reducir las importaciones que generan una mayor huella ecológica. Un sector arraigado en los saberes tradicionales pero también volcado en la modernización y la innovación, valorado por los consumidores y que se complemente con el sector agrícola, turístico y gastronómico. Sin duda un pilar imprescindible para la transformación económica, social y ecológica que estamos implementando y que denominamos ecoísla.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.