Se acogen a estas ayudas 156 personas físicas y empresas y se subvencionan 26 millones de kilos de pescado

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha iniciado hoy lunes, 16 de diciembre, el abono de 8.284.426,16 millones de euros correspondientes a las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales asumidos por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura del archipiélago relativas al Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA-Poseican).

Estas ayudas se dirigen a compensar los sobrecostes que asume el sector de la pesca y la acuicultura en Canarias, debido a su condición de Región Ultraperiférica, con el fin de equiparar su situación a la del resto de productores de otros territorios de la Unión Europea, para que puedan acceder a los mercados continentales en condiciones de igualdad.

El consejero del área, Narvay Quintero, recordó que los últimos pagos realizados durante la pasada legislatura por los anteriores representantes del Ejecutivo canario fueron los correspondientes a la campaña 2020 y reiteró el compromiso del actual equipo de gobierno de agilizar la tramitación y abono de estas subvenciones, con la convocatoria y ahora resolución de esta convocatoria relativa a 2021, así como con la publicación a lo largo del presente año de la relativa a 2022.

Se acogen a estas líneas un total de 156 beneficiarios, entre ellos microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y personas físicas cuya actividad económica es la producción, cría, transformación y comercialización de determinados productos pesqueros y acuícolas.

De la cuantía total, 1,59 millones de euros corresponden a la producción, cría y cultivo de productos acuícolas en establecimientos de acuicultura de las islas (5,11 millones de kilos), 556.032,54 euros a la comercialización de dichos productos fuera del Archipiélago por vía marítima (2,17 millones de kilos) y 2.603.431,53 millones de euros (2,37 millones de kilos) por vía aérea. A la producción de la pesca industrial de las islas le corresponden 465.459,67 euros (3,6 millones de kilos) y a su comercialización 577.314,3 euros (por 3,6 millones de kilos). Por otro lado, la producción de la pesca artesanal de Canarias percibe 180.631,60 euros (4,88 millones de kilos); su comercialización interinsular 145.619,94 euros (446.686,78 kilos); la comercialización por vía marítima en fresco 537.371,16 euros (2,09 millones de kilos); la congelada 51.547,92 euros (322.174,50 kilos), y por vía área fuera de las islas 1,57 millones de euros (1,43 millones de kilos). En total se subvencionan 26.068.427,93 millones de kilos de pescado.

El texto establece que no son objeto de subvención los productos que, procedentes de un puerto de país tercero en el que haya tenido lugar su descarga en el marco de un acuerdo internacional, hagan escala en territorio de la Unión Europea antes de ser desembarcados en el Archipiélago. Dichas actuaciones se han realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se determina para cada anualidad en la convocatoria.

La Consejería hace efectivo el pago de la ayuda a un total de 93 solicitantes de las islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha hecho efectivo el abono de 5,6 millones de euros correspondiente a las ayudas destinadas a los productores tradicionales de invierno para la campaña 2022, a la que han podido acceder un total de 93 beneficiarios de las islas.

Estos fondos, contemplados en Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), incluyen una ayuda a la hectárea, por valor de 5,3 millones, y otra a la reconversión por importe de 302.000 euros que se incrementa, con una cuantía unitaria máxima que pasa de 14.000 euros en 2022 a 24.000 euros en 2023. Como novedad, esta ayuda pasará a abonarse de los tres años después de la reconversión, a cinco.

Para dicha subvención se abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que correspondieran a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda correspondiente para la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (Submedida 6.1 del PDR 2014-2020) en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores, y que mantengan dicha condición en la presente campaña 2023.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, puso de manifiesto “la apuesta del Ejecutivo regional por diversificar el sector, que se ha materializado principalmente en la mejora de las subvenciones y el número de campañas, aportando más garantía desde el punto de vista económico y facilitando un mayor número de solicitantes”. En esta línea, apuntó que el objetivo “es respaldar al sector, reforzar su competitividad y favorecer un aumento de la renta de los productores de las islas”.

Corresponden a la primera convocatoria para impulsar la micromovilidad sostenible de cero emisiones, que se agotó en menos de un mes. Las ayudas han apoyado la adquisición de 247 vehículos entre ciclomotores, bicicletas y patinetes eléctricos

Dado el éxito de la primera convocatoria, el Consejo Insular de la Energía lanzó en octubre una convocatoria extraordinaria dotada con 150.000 euros

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), ha completado ya el abono de las ayudas de la primera convocatoria de subvenciones para la adquisición de ciclomotores eléctricos, bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y patinetes eléctricos en el ejercicio de 2022, dotada con 100.000 euros.

El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó la buena acogida de este tipo de ayudas, nuevas en Canarias. “Esta primera convocatoria se agotó en menos de un mes, lo que demuestra que los ciudadanos de Gran Canaria quieren apostar por medios de transporte personales sostenibles y desde las administraciones públicas debemos apoyar su esfuerzo, que contribuye al objetivo global de descarbonizar la isla”.

García Brink explicó que desde el Gobierno insular se decidió sacar una convocatoria extraordinaria en el mes de octubre, dotada con 150.000 euros, para que la ayuda pudiera llegar a más personas. “La experiencia nos sirvió para mejorar las bases reguladoras de forma que se agilizara la tramitación de los expedientes y, además, para la convocatoria de 2023 añadiremos otra línea específica de apoyo a la adquisición de dispositivos eléctricos para personas con movilidad reducida”.

La primera tanda de ayudas ha servido para apoyar la compra de 247 vehículos eléctricos de micromovilidad - 23 ciclomotores de categoría L1e-B, 115 bicicletas con motor eléctrico y 109 patinetes de dos ruedas en línea con manillar- entre los primeros solicitantes que reunieron las condiciones de la convocatoria.

Impulsar la movilidad personal eléctrica

Estas líneas de ayudas del Cabildo de Gran Canaria se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal o micromovilidad, entre los que figuran los ciclomotores de categoría L1e-B con una potencia no superior a 4 kilovatios y 45 km/h de velocidad máxima; las bicicletas con motor eléctrico de potencia no superior a 250 vatios y que no superen los 25 km/h y los patinetes de dos ruedas en línea con manillar de hasta 350 vatios de potencia y que no superen los 25 km/h de velocidad máxima.

La cantidad a subvencionar puede alcanzar el 50% del precio de adquisición antes de impuestos, con unos máximos según la categoría y el precio de mercado. Para los ciclomotores, el máximo es de 1.000 euros; en el caso de las bicicletas, alcanza los 600 euros y en el de los patinetes eléctricos, los 150 euros.

La convocatoria solo permite la subvención de un único vehículo eléctrico por beneficiario, independientemente de la categoría.

El área de Derechos Sociales ha tenido un aumento del 206,61% de beneficiarios incorporados al sistema en relación a 2018

La Consejería de Derechos Sociales continúa poniendo al día el sistema de Dependencia y ha abonado en lo que va del presente año 11.090.013,11 de euros con carácter retroactivo a personas que llevaban años esperando por prestaciones económicas en el archipiélago. En 2022, la nómina de estas prestaciones económicas asciende a 64.994.268,31 euros, 13 millones más que en 2018.

La consejera Noemí Santana recalca que necesitamos consolidar este camino para depurar las listas de espera, pero que este pago en atrasos «supone un acto de justicia con las personas que han padecido la gestión de la Dependencia en las islas. Un área que históricamente ha sido la gran olvidada. Desde la Consejería de Derechos Sociales siempre hemos peleado por una mayor financiación y por un refuerzo de los recursos humanos para este área y gracias a ello estamos viendo resultados que nos muestran el camino a seguir».

El área de Derechos Sociales ha tenido un aumento del 206,61% de beneficiarios incorporados al sistema en relación a 2018.

El departamento de Dependencia ha atendido en datos netos durante el mes de noviembre a 527 personas en grado, 817 en PIAS (Programa Individual de Atención) y 851 en prestaciones, lo que supone hasta el mes de noviembre un total de 4899 personas con grado reconocido en 2022, frente a la cifra en negativo de 31 personas de 2018. Además, en este año se ha reconocido a 7017 personas con PIA, frente a las 2.283 de 2018. Mientras que en el caso de las prestaciones económicas reconocidas se alcanza la cifra de 9.021 prestaciones reconocidas en comparación con las 2.390 de 2018

Canarias tiene en la actualidad 33.804 personas con PIA reconocido frente a las 21.638 de 2018. De estas, 18.508 son prestaciones económicas un 44,13 % más que en 2018 (12.841).

Santana recalca que «esta mejoría, que nos permite mirar con optimismo al objetivo de llegar a 2024 erradicando la lista de espera en Dependencia, es producto del esfuerzo colectivo de todo el equipo del área, que comparte el objetivo de situar a las personas dependientes y a sus familias en un lugar prioritario de las políticas sociales de las islas».

Román Rodríguez destaca la diligencia y rapidez con la que el Gobierno ha practicado esta ayuda específica a 6.260 beneficiarios de los sectores más golpeados por la inflación

De la cantidad total devuelta, 1,8 millones se corresponden con el incremento aprobado por Hacienda el pasado 25 de marzo

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha ordenado el abono de 4.426.679,16 euros en concepto de devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo del mes de marzo, que recibirán desde mañana mismo los transportistas, agricultores y ganaderos beneficiarios de la medida.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, precisó hoy que, de esta cantidad, 1,8 millones de euros se corresponden con el incremento de la devolución del 68% al 99,9% aprobada por su departamento el 25 de marzo con efecto retroactivo al 1 de marzo.

“Hemos actuado con diligencia y rapidez para ayudar a los sectores más perjudicados por el incremento del precio del petróleo, de modo que en menos de veinte días 6.260 beneficiarios han podido recibir las cantidades correspondientes al primer mes de vigencia de esta medida extraordinaria, lo que da idea del compromiso del Gobierno de Canarias con todos aquellos a los que la inflación está golpeando más duramente”, señaló.

El vicepresidente explicó que son, precisamente, este tipo de medidas “específicas y puntuales” las más adecuadas para afrontar la subida de precios, por lo que el Ejecutivo seguirá trabajando para articular otras que permitan aliviar la delicada situación económica de nuevos sectores.

Rodríguez subrayó que la ampliación de la devolución del Impuesto Especial de Combustible del 68% al 99,9% elimina de hecho cualquier imposición sobre esta figura para los transportistas, agricultores y ganaderos, puesto que el IGIC está gravado con tipo 0. En la Península, el IVA del combustible es del 21%.

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

De estas cantidades, el Gobierno devuelve desde el año 1986 el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 31 de julio será prácticamente integra.